La reserva hidráulica está al 64,7% de su capacidad total. Actualmente hay 35.040 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución de 36 hm3 (el 0,1%) con respecto a los niveles de la semana anterior.

Esta semana, la cuenca Norte I ha aumentado 16 hm3 con relación a la semana pasada, mientras que la cuenca del Duero ha disminuido 45 hm³.

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Galicia Costa se encuentra al 77,9%

Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 82,5%

Norte II (Asturias y Cantabria) al 85,7%

Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) al 90,1%

Cuencas internas del País Vasco al 90,5%

Duero al 89,8 %

Tajo al 64,5 %

Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 66%

Cuenca Atlántica Andaluza al 52,6%

Guadalquivir al 48 %

Cuenca Mediterránea Andaluza al 35,5%

Segura al 22,9%

Júcar al 23,7%

Ebro al 77,9%

Cuencas internas de Cataluña al 52,4%

El titular de Medio Ambiente y Desarrollo Rural asistió ayer a la firma de un convenio de colaboración entre el presidente de la Diputación de Cuenca y el secretario general para la Biodiversidad para la ejecución de actuaciones del Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces en de la cuenca hidrográfica del Júcar.

17. Mayo ´07 – El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, señaló ayer que el acuerdo suscrito en 2005 entre el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha supuesto “dar la vuelta a la situación que existía en la provincia de Cuenca”.

En este sentido, destacó que mediante este acuerdo histórico se da solución a la falta de infraestructuras para el abastecimiento humano y se ejecutan actuaciones en materia de mejora medioambiental en la provincia conquense.

Martínez Guijarro, que asistió a la firma de un convenio de colaboración entre el presidente de la Diputación de Cuenca y el secretario general para la Biodiversidad para la ejecución de actuaciones del Plan de restauración hidrológico-forestal y protección de cauces en esta provincia dentro de la cuenca hidrográfica del Júcar, hizo hincapié en la importancia de la colaboración entre administraciones “para solventar los problemas que afectan a los ciudadanos”.

Así, agradeció al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar el respaldo que han dado a todos los proyectos presentados por las diferentes administraciones para mejorar las condiciones ambientales de la región.

Igualmente, mostró su satisfacción por la firma de este convenio que permitirá mejorar de forma notable el ecosistema fluvial de la provincia de Cuenca. “El río Júcar es un río muy emblemático para la ciudad en especial y para el conjunto de la provincia en general”, aseveró.

El convenio suscrito ayer permitirá la ejecución y financiación de actuaciones del plan de restauración hidrológico-forestal y protección de cauces de la Confederación Hidrográfica del Júcar en esta provincia y beneficiará a un total de 82 municipios.

El período de ejecución del acuerdo corresponde a las anualidades 2007-2010 y cuenta con un presupuesto total de 66 millones de euros, de los que 4’3 se invertirán en una primera fase. La financiación de las obras corresponde a la Confederación del Júcar, en un 70%, y a la Administración provincial y local, en un 30%.

Giro de 360º

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, manifestó que cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero tomó posesión en 2004 se encontró una realidad “bastante preocupante”.

Según explicó, el Gobierno del PP había comprometido en el Plan Hidrológico Nacional una inversión cercana a los 2.000 millones de euros en Castilla-La Mancha pero, hasta finales de 2003, la cuantía tan sólo alcanzaba los 64.

“Con este convenio, la Confederación Hidrográfica del Júcar va a invertir 66 millones de euros entre las diversas actuaciones que contempla, es decir, sólo una Confederación y en una única provincia está invirtiendo más de lo que había invertido el anterior Gobierno de España en toda Castilla-La Mancha en tres años”, aseveró.

Asimismo, Serrano indicó que el Gobierno central ha apostado de manera “clara y decidida” por el desarrollo rural sostenible. De hecho, explicó que en estos momentos va camino del Congreso la Ley de Desarrollo Rural Sostenible encaminada al fomento de actividades ligadas a la agricultura agroalimentaria, el turismo sostenible y una utilización adecuada de los recursos naturales.

Finalmente, el presidente de la Diputación de Cuenca, Luis Muelas, manifestó que la firma de este convenio cierra un ciclo tras la consecución de convenios semejantes con las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, en 2004, y del Guadiana, en 2005. El grado de ejecución de las obras incluidas en ambos convenios, de los que se beneficiarán unos 80 municipios, supera ya el 85%.

Acondicionamiento del Huécar

Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad visitaron junto con el alcalde de Cuenca, José Manuel Martínez Cenzano, las obras de acondicionamiento que se han realizado en el cauce del río Huécar a su paso por la capital.

Con un presupuesto de un millón de euros, el objetivo de estas obras ha sido la mejora paisajística del río, de forma que el cauce creado artificialmente hace años se asemeje lo máximo posible a un cauce natural.

Para ello se ha eliminado la solera de hormigón y se ha adecuado el lecho del cauce y sus márgenes. Asimismo se han llevado a cabo tratamientos fitosanitarios y de revegetación, dotando al río de un caudal permanente. Finalmente se potenciará un uso social, recreativo y educativo.

El Gobierno reforzará los medios materiales y humanos para mejorar la protección del medio ambiente en la Cuenca del Tajo y controlar los pozos de agua ilegales, las extracciones de áridos en lo ríos, los vertidos o la navegación.

Los ministros del Interior y Medio Ambiente, Alfredo Pérez Rubalcaba y Cristina Narbona, firmaron ayer en la sede de la Confederció Hidrogáfica un acuerdo que reforzará este control del uso ilegal del agua.

POR FERNANDO ROJO. MADRID.

No había pasado ni un año desde la goleada de José Bono sobre Adolfo Suárez Illana cuando el presidente castellano-manchego fue reclamado por Zapatero para llevar la cartera de Defensa. Se adivinaba como una jugada perfecta para que su eterno delfín, José María Barreda, contara con tres años de margen en los que lanzar su propia candidatura desde el privilegiado sillón del palacio de Fuensalida. Enfrente, el PP de Castilla-La Mancha seguía tan dividido y confuso como siempre. Incluso cuando parecía que José Manuel Molina se perfilaba ya como un buen competidor, el alcalde de Toledo terminó retirándose, lo que obligó a los populares a improvisar un cabeza de cartel apenas unos meses antes de la convocatoria electoral.

A última hora, María Dolores de Cospedal fue la elegida para intentar asaltar uno de los fortines socialistas más seguros. De origen albaceteño, pero con toda la carrera realizada en Madrid, Cospedal se presentaba como una incierta y desconocida aspirante que remotamente podría inquietar a un Barreda que, primero como consejero, luego como vicepresidente y finalmente como máximo mandatario, lleva dos décadas pisando la moqueta de la Junta de Comunidades.

Pero la candidata del PP ha aprovechado muy bien el tiempo. De los más de veinte puntos que sacaron los socialistas a los populares en 2003, hoy las encuestas menos favorables le otorgan una desventaja de unos trece puntos. Su primera decisión crucial fue la de pactar con Barreda la reforma del Estatuto de Autonomía, en la cual se incluye la derogación del trasvase Tajo-Segura en 2015. De no haberlo hecho, el PSOE podría haber monopolizado un asunto tan sensible como el del agua y habría supuesto una auténtica sangría de votos para los populares. Además, ha conseguido lo que no fueron capaces sus predecesores: unir a las agrupaciones provinciales, hasta ahora auténticos reinos de taifas incapaces de aglutinar esfuerzos en torno a un candidato.

Mientras tanto, Barreda ha sabido utilizar todos los resortes que le brinda el poder para ir vendiendo su gestión, continuista con la línea marcada por su mentor político. Su principal empeño ha consistido en liderar un discurso antitrasvasista que le ha granjeado muchas adhesiones internas. Por contra, el gran lunar de estos tres años que acaba de cumplir al frente de la comunidad fue el trágico incendio de Guadalajara ocurrido en julio de 2005, en el que perecieron once miembros de un retén y se quemaron 13.000 hectáreas. Ni siquiera la discutible gestión de aquella catástrofe ha mermado su popularidad, la más alta de entre todos los presidentes autonómicos en España.

En clave nacional

En este escenario, la única esperanza del PP consiste en apelar al fiel votante de centro derecha que le apoya en las generales y europeas. Incluso en las situaciones más adversas, como el 14-M, los populares obtuvieron mayor número de sufragios que los socialistas en todas las provincias excepto en Ciudad Real. Si extrapoláramos esos resultados, Cospedal obtendría la mayoría. Precisamente para intentar llevar el juego al terreno nacional, Rajoy se volcará en Castilla-La Mancha como en ninguna otra autonomía.

Zapatero hará justo lo contrario y no estará presente en ningún acto de campaña de los que se celebren en la comunidad, probablemente para no exacerbar el rechazo que los castellano-manchegos muestran hacia algunas de sus decisiones, como la excarcelación del terrorista De Juana Chaos o la negociación con ETA. A cambio, intentan aprovechar el tirón que siempre tuvo Bono incluso entre el electorado de derechas. El veterano político albaceteño, actualmente apartado de la primera línea de fuego, está participando activamente en esta campaña para apoyar a su protegido en mítines estratégicamente repletos de banderas españolas.

Los dos grandes partidos arrancarán la campaña electoral en la Comunidad y en Murcia con el agua como eje fundamental de sus discursos. Tras conocer la visita de Zapatero a Murcia para respaldar a su candidato, Camps y Valcárcel recuperaron el frente hídrico que ha unido esta legislatura a las dos regiones, y protagonizarán un acto en Orihuela, una localidad cargada de simbolismo en la reivindicación del trasvase del Ebro. Mientras el PP siempre ha mantenido la reivindicación del derogado trasvse del Ebro, el jefe del Ejecutivo se enfrenta en su visita a Murcia a la imposibilidad de defender el mismo discurso que el presidente de Castilla-La Mancha. Barreda prevé instrumentalizar a su vez la cuestión hídrica desde la óptica castellano-manchega, para la que resulta más rentable defender el fin del Tajo-Segura. El agua, pues, será el tema central en el arranque de la campaña electoral este viernes.

Una reunión extensa, profunda y de máximo nivel permitió ayer a los miembros del Comité de Crisis de la cuenca del Segura alcanzar nuevos acuerdos económicos con el Gobierno de la nación para paliar las pérdidas de los tres años de sequía. A cambio, ambas partes decidieron dejar para después de las elecciones todo lo referente al Trasvase Tajo-Segura y, en concreto, Al nuevo desembalse de socorro de 170 hectómetros cúbicos que pedían los regantes. Esta solicitud se tratará en la reunión periódica y ordinaria de la Comisión de Explotación del Acueducto prevista para la primera semana de junio, según informaron ayer fuentes del Ministerio de Medio ambiente y de los regantes.

Esta decisión se tomó en plena campaña, tras meses de reproches del Levante al Gobierno, y se eludió el trasvase para evitar una explosión de indignación en La Mancha, según fuentes bien informadas.

El encuentro en La Moncloa contó con la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega; las ministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y de Agricultura, Elena Espinosa, y el presidente de la Confederación del Segura. Enfrente estaban los miembros del Comité de Crisis que representan a regantes, empresarios y sindicatos de Murcia, Alicante y Almería.

Excedentes por lluvias

Dejar para después de las elecciones el nuevo desembalse del Tajo al Segura no representa un contratiempo, puesto que las últimas lluvias han dado un pequeño respiro y porque, además, la Comisión de Explotación debe reunirse dentro de un mes para estudiar qué caudales se pueden derivar, toda vez que los pantanos de la cabecera del Tajo almacenan 185 hectómetros excedentarios. De igual forma se dejó aparcada la petición de los regantes de anular la parte del Estatuto de Castilla-La Mancha que postula liquidar el trasvase en el año 2015, y forzar a su vez un pronunciamiento inequívoco del Gobierno que garantice su continuidad del acueducto.

Con el Tajo al margen, De la Vega sí atendió el resto de peticiones del Comité de Crisis que ya fueron planteadas en septiembre y que se traducen en más ayudas económicas, exención de cánones e inversiones. Se empezarán a devolver los 40 hectómetros de deuda que reclaman los regadíos. Esta devolución será gradual.

Asimismo, se prorrogará el decreto de sequía, que mantiene la compra de derechos de agua a otras cuencas y la condonación de una parte importante de la tarifa del acueducto Tajo-Segura. Otro de los compromisos apunta a una tarifa eléctrica específica y más barata para los regadíos, que consumen mucha energía con los bombeos de agua. También aumentarán las inversiones para las obras de mejora de los canales del trasvase, con el fin de reducir las pérdidas durante el transporte de caudales. Los proyectos y cultivos que se han visto anulados por falta de caudales en los dos últimos años serán estudiados también para ver compensaciones económicas.

Precio del agua

Más indefinido quedó el compromiso para rebajar el precio del agua desalinizada para los cultivos. El Ministerio la oferta ahora a 39 céntimos el metro cúbico. Una comisión técnica se encargará de buscar una fórmula para rebajar ese precio, ajustada al principio de recuperación de costes de la Directiva Marco de Agua. Narbona anunció un segundo Programa Agua para la cuenca del Segura basado en más inversiones para modernizar regadíos y más producción de agua desalinizada, aunque no concretó.

El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, aseguró ayer que la vicepresidenta primera del Gobiern, María Teresa Fernández de la Vega, «podría autorizar al menos el envío de 83 hectómetros del trasvase Tajo-Segura si emplea la fórmula electoralista que utilizó hace un año para remojar la proclamación del candidato socialista en la Región, y más del doble si aplica la Ley». De esta forma se refirió el consejero murciano a la reunión que De la Vega mantendrá hoy, en La Moncloa, con los miembros del Comité de Crisis de la Sequía de Murcia, Alicante y Almería.

Así, Cerdá recordó que, en mayo de 2006, los pantanos de la cabecera del Tajo acumulaban cerca de 350 hectómetros y el Gobierno de Zapatero «autorizó un «chorrico» de 20 hectómetros el mismo día en que se celebró el mitin Pepiño Blanco-Saura». Un año después -explicó-, los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 63 hectómetros más, «por lo que si aplican su propia receta deberían autorizar 83 hectómetros, los 20 autorizados en 2006 más los 63 adicionales que hay en estos momentos».

El responsable de Agua de Murcia insistió en que en la actualidad hay 413 hectómetros en los embalses de cabecera del Tajo, de los que 173 son excedentes, por encima de la línea roja de los 240 hectómetros que marca la Ley para poder trasvasar, por lo que -según Cerdá- la vicepresidenta «debe atender las demandas de los agricultores murcianos para asegurar las plantaciones y los riegos de verano, sin ningún tipo de cortapisa legal ni política». Además, se preguntó «por qué el Gobierno central no ha aprobado mucho antes un riego de socorro para la agricultura murciana, pese a haber excedentes más que suficientes para no comprometer en absoluto el abastecimiento humano».

Garantía para el Tajo-Segura

El consejero del Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel instó a la vicepresidenta del Gobierno a que «abandone la ambigüedad que existe en el Ejecutivo socialista respecto al futuro del acueducto» y que «diga, y escuchemos en público, que el trasvase Tajo-Segura no se toca».

Por otra parte, criticó las declaraciones realizadas el sábado por Rodríguez Zapatero, en el mitin que ofreció en Talavera de la Reina, donde dijo que el Gobierno central no tomará ninguna decisión en materia de agua sin contar con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, denunció ayer que «los murcianos pagamos tarifa de isla con el agua por el capricho político de condenarnos a la desalinización». Cerdá contestó así tras ser preguntado sobre el descenso del consumo en Murcia que publican ABC y La Verdad.

Según las publicaciones, cuando se construyan todas las desalinizadoras programadas, la población de la cuenca del Segura estará pagando el agua más del doble que en 2004, «año en el que curiosamente se derogó el trasvase del Ebro», resaltó el consejero murciano.

Cerdá aseguró que «la Región de Murcia es la segunda Comunidad de España con el agua más cara, tan sólo por debajo de Canarias, e incluso se paga más que en las islas Baleares», señaló tras la presentación de la XXIV edición de la Feria Agrícola del Mediterráneo (FAME 2007).

El consejero murciano se basó en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que señalan que mientras que en el resto de España el precio medio del agua está en 0,96 euros el metro cúbico, en Murcia se paga el agua a 1,41 euros el metro cúbico, «casi el doble que un café de Rodríguez Zapatero», ironizó.

En cuanto al consumo, explicó que «mientras que la media española está en 171 litros por habitante y día, la media de la Comunidad de Murcia es de 161 litros por habitante y día. Unos datos que incluyen no sólo el agua de grifo, sino también el consumo de las industrias y las empresas».

Además, según los datos suministrados por las empresas distribuidoras Aguas de Murcia, en la capital de la Región el consumo medio bajó en diciembre a 120 litros por habitante y día, mientras que en el año 2006 fue de 124, «y eso que se ha incrementado la población», subrayó.

En este sentido, el consejero resaltó que «los murcianos somos los que más ahorramos y más cara pagamos el agua, por lo que nos penalizan nuestro poder adquisitivo», y se preguntó «por qué no se aplica la misma vara de medir a otras comunidades», porque, dijo, «Murcia está dentro de una realidad geográfica, la península Ibérica, en la que hay suficientes recursos disponibles, y somos conejillos de indias de la ineficacia socialista».

El concejal del Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, calificó de «inaudito» que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) «no cumpla con su trabajo» y «responsabilice de ello a la ciudad de Valencia»,

Sanchis, quien se expresó en estos términos en relación a las declaraciones realizadas ayer por la CHJ sobre la disminución de caudales circulantes del pasado martes en los municipios valencianos de Paterna, Manises y Quart de Poblet, manifestó su «indignación» por el hecho de que la confederación «achaque al suministro de agua de la ciudad de Valencia una mortandad de peces», señaló.

En este sentido, el responsable del Ciclo Integral del Agua indicó que la teoría de la CHJ es «de locos», ya que, en su opinión, «si hay mortandad es por la falta de custodia de los vertidos en el cauce del río Turia que debería controlar la confederación y no lo hace».

Asimismo, aseveró que es «obligación» del organismo hidrográfico «proporcionar a la ciudad el caudal suficiente y un agua de calidad, que no nos obligue a parar continuamente la planta potabilizadora».

La secretaria de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «deje de hacer demagogia» con el agua y afronte las inversiones en infraestructuras necesarias para resolver las carencias hídricas que sufren distintas zonas de España. Entre ellas citó a Aragón. Sáenz de Santamaría, que visitó Calatayud para reunirse con responsables locales del PP y el líder regional de este partido, Gustavo Alcalde, así como con representantes de asociaciones y colectivos ciudadanos bilbilitanos, no quiso respaldar expresamente la reivindicación del trasvase del Ebro que sigue defendiendo el Levante.

Afirmó que la postura del PP a nivel nacional en materia de agua es que ésta debe ser una cuestión «de Estado», que ha de incluir el principio de «solidaridad», pero subrayó que «la solidaridad empieza por uno mismo», en alusión a las necesidades hídricas de Aragón y a los embalses pendientes de construir que quedaron recogidos en el Pacto del Agua de 1992.

«Seguidismo» de Iglesias

Según la secretaria de Política Autonómica del PP, en la cuenca del Ebro, sus comunidades autónomas, caso de Aragón, son los primeros territorios que «tienen el derecho y la necesidad de aprovechar las aguas que ven pasar, para que puedan servirse del agua y hacer de ello un elemento de riqueza, en lugar de verlo correr hasta la desembocadura».

Sáenz de Santamaría acusó a Zapatero de «utilizar el agua electoralmente», en lugar de afrontar inversiones pendientes como las del Pacto del Agua. Asimismo, aprovechó para criticar el «seguidismo» del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ante las líneas que marca Zapatero desde Madrid, «le vayan bien o mal a Aragón». Afirmó que, en lugar de «hacer el caldo gordo», Iglesias debe tener «el arranque de pedir» y Rodríguez Zapatero impulsar las infraestructuras pendientes «en vez de hacer demagogia».

El «ejemplo» del Estatuto

La secretaria de Política Autonómica del PP se refirió también al reformado Estatuto de Autonomía de Aragón, que entró en vigor el lunes. Afirmó que su aprobación ha sido un «ejemplo» y un «éxito de consenso», algo que lamentó que no se haya producido en otros procesos de reforma de estatutos de autonomía. En este sentido, se refirió a una entrevista al ex-presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, publicada ayer por un periódico italiano y en la que, según Sáenz de Santamaría, «ha hecho un ejercicio de sinceridad, al reconocer que un Estatuto al margen de la Constitución había sido un error».