Desde 2004 el Estado cobra un 300% más cara el agua a la ciudad de Valencia y su área metropolitana». Así lo criticó ayer el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchís, ante el anuncio de que el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido aumentar de nuevo el canon estatal que cobra a la ciudad y que va incluido en el recibo del agua.

Isidro Sanchís cifró el aumentó total de lo que deberán pagar los valencianos por el agua en un millón de euros «por la nefasta gestión en los recursos hídricos» y subrayó que «desde la llegada de la señora Narbona se ha pasado de pagar 2,1 céntimos por metro cúbico consumido a 6,4 céntimos, lo que supone un 300% de subida repercutida al ciudadano».

«La ministra Narbona cuando derogó el trasvase del Ebro aseguró que a Valencia llegaría más agua, de mejor calidad y más barata, pero hoy tenemos justo lo contrario y todos los valencianos estamos pagando su ruinosa gestión», denunció el delegado del ciclo integral.

El anuncio del Ministerio de Medio Ambiente se ha conocido esta semana cuando informó de la subida de los cánones de regulación que se cargan a los usuarios de agua potable de Valencia y de su área metropolitana, así como a los usuarios agrícolas. El objeto de estos cánones es cubrir los gastos de explotación y conservación de las obras de regulación de las aguas (pantanos y otras obras hidráulicas) y se repercuten a los beneficiados por dichas obras. Las subidas son de un 121,6% para el subsistema de los pantanos Benagéber-Loriguilla, un 83,12% para Contreras y un 58,12% para el pantano de Tous durante el presente ejercicio.

«La mala gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha conllevado a que el agua del Júcar (embalse de Alarcón) escasee y se incrementen los costes de la misma en cuanto a las indemnizaciones que han de pagarse», aseguró el concejal quien respecto a la calidad del agua constató que «desde el Ayuntamiento de Valencia llevamos un año denunciando la falta de calidad del agua servida por la CHJ, que ha provocado nada menos que 21 paradas de la planta potabilizadora de la ciudad debido a la turbidez y contaminación del agua procedentes del Júcar y del Turia donde la CHJ está obligada a realizar el mantenimiento y la vigilancia de posibles vertidos».

La reserva hidráulica está al 65,4% de su capacidad total. Actualmente hay 35.395 hm³ de agua embalsada, lo que representa un aumento de 1 hm3 con respecto a los niveles de la semana anterior.

Esta semana, la cuenca del Duero ha aumentado 35 hm3 con relación a la semana pasada, mientras que la cuenca del Ebro ha disminuido 28 hm³.

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Galicia Costa se encuentra al 78,4%

Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 84,1%

Norte II (Asturias y Cantabria) al 88,8%

Norte III (País Vasco excepto sus cuencas internas) al 90,1%

Cuencas internas del País Vasco al 95,2

Duero al 90,9%

Tajo al 65,8 %

Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 66,1%

Cuenca Atlántica Andaluza al 51,7%

Guadalquivir al 48,2%

Cuenca Mediterránea Andaluza al 35,4%

Segura al 21,3%

Júcar al 23,4%

Ebro al 79,1%

Cuencas internas de Cataluña al 52,6%

Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Donosita-San Sebastián con 25,7 litros por metro cuadrado.

Los regantes murcianos y alicantinos del trasvase Tajo-Segura no ocultan su enfado con el PP, ya que consideran que este partido ha puesto en peligro el riego de socorro para este verano con caudales de la cabecera del Tajo, como publicó ABC. Si el Consejo de Ministros atiende la petición del Congreso de los Diputados de enviar 20 hectómetros al parque nacional de Las Tablas de Daimiel -como ha pedido el PP en una proposición no de ley recién aprobada- los cultivos del Sureste sólo tendrían 10 hectómetros para los cuatro próximos meses.

El Partido Popular se apresuró ayer a presentar otra iniciativa en el Congreso para que se envíe 70 hectómetros a los regantes del Segura, según anunció el parlamentario murciano Alberto Garre. Los populares tratan de enmendar el error cometido al dejar de lado a los regantes, pero las cuentas siguen sin salir si hay que derivar agua a Las Tablas.

La iniciativa, firmada por el portavoz del PP en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana, argumenta que las lluvias registradas en los últimos días han propiciado una «mejora significativa» en la mayoría de los embalses, de manera que «la reserva hidráulica se sitúa en el 65,4 por ciento de su capacidad total». Resalta, además, que aunque «no todas las cuencas han registrado comportamientos similares», la del Tajo «ha sido la más beneficiada por estas lluvias», hasta el punto de que ha aumentado, según datos del PP, 139 hectómetros cúbicos en relación a la semana previa.

A estudio

El Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación del Segura están estudiando el alcance de la proposición no de ley aprobada en el Congreso, para saber hasta qué punto obliga al Consejo de Ministros para enviar los 20 hectómetros a las Tablas de Daimiel, en menoscabo de los caudales para los regadíos.

La propuesta auspiciada por el Partido Popular se ha aprobado justo cuando Castilla- a Mancha ha recibido las últimas lluvias, lo que se interpreta como bueno o malo: por un lado el cauce natural que conduce el agua del Tajo a Daimiel está húmedo y puede facilitar el transporte con pocas pérdidas; pero por otro la zona podría sobrevivir unos meses gracias a esas precipitaciones.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, trata de averiguar qué postura va a tomar el Ministerio, que ha retrasado la reunión de la Comisión del Tajo a la próxima semana.

Según las reglas de explotación del acueducto, en la situación actual se pueden desembalsar 23 hectómetros por mes. El Consejo de Ministros estudia autorizar un envío para cuatro meses, con el fin de no volver a reunirse en agosto. Esto supone que habrá 92 hectómetros trasvasables, de los que hay que restar los abastecimientos y probablemente Daimiel.

Del Amor no oculta su preocupación con la situación que ha creado el Partido Popular. «Nos ha sentado muy mal. No entendemos por qué han presentado esta propuesta ahora, cuando llevamos muchos meses esperando un riego de socorro. Estamos muy preocupados, ya que si se envía agua para la población y para Daimiel, sólo quedarían 10 hectómetros para los cultivos. A ver qué decide el Consejo de Ministros».

El diputado del Partido Popular por Murcia, Alberto Garre, que es secretario de la Comisión de Medio Ambiente, no asistió ese día a la reunión porque atendió otro frente con el Estatuto de RTVE. Anunció ayer que su grupo ha presentado en el Congreso una iniciativa urgente para instar al Consejo de Ministros a que envíe 70 hectómetros para los regadíos del Sureste. Niega que el Partido Popular haya hecho un flaco favor a los regantes, ya que a su juicio el Gobierno central «no se ve obligado» a enviar agua a Las Tablas de Daimiel, pese a la decisión de la Comisión.

No es el mejor momento

Admite que «no se ha presentado en el momento más oportuno. Esa propuesta venía desde marzo -apoyada por Eduardo Zaplana- y se ha visto ahora, pero no tiene por qué ejecutarse, puesto que ha llovido en la zona».

En contra del parecer de los regantes, el diputado Alberto Garre insiste en que no se perjudica el riego de socorro solicitado.

El Senado secundó ayer la propuesta del Partido Popular para que el Gobierno apruebe cuanto antes un Plan Nacional destinado al control de las especies invasoras que empiezan a proliferar en España y que hacen peligrar los ecosistemas a los que se trasladan. El pleno de la Cámara Alta dio luz verde a una moción parlamentaria de siete puntos en la que los populares apuestan por programas de prevención, medidas regulatorias del comercio y tenencia de animales, campañas de sensibilización, más coordinación entre todas las administraciones y que se promueva una iniciativa a nivel europeo.

En la iniciativa parlamentaria, que ahora es de obligado cumplimiento para el Gobierno, los populares muestran su enorme preocupación por la llegada de especies foráneas a hábitats que no son los suyos, lo que provoca alteraciones en los ecosistemas en que se introducen, ya que compiten por el alimento y desplazan con ello a otras especies similares.

Esta iniciativa, que fue calificada por varios portavoces como muy oportuna, nada política y espacio para el consenso, contó sólo con el sorprendente voto en contra del PSOE, cuya marca tripartita en Cataluña, la Entesa, sin embargo se posicionó a favor. Antes de la votación, el Grupo Socialista propuso una enmienda de sustitución que descafeinaba la moción de PP, reduciendo sus siete puntos a uno muy imprecis que se estableciese una estrategia nacional de coordinación.

Según el portavoz de Medio Ambiente del PP, Javier Sopeña, el problema de la llamada “invasión biológica” supone una de las mayores amenazas a la biodiversidad autóctona, con consecuencias no sólo ecológicas, sino también socioeconómicas y sanitarias. De ello, recordó, están alertando organismos internacionales como la Unión Mundial por la Naturaleza, y sobre ello están trabajando ya asociaciones ecologistas y científicas. Sopeña destacó que en España ya se han celebrado dos congresos sobre esta materia, cuyas conclusiones el PP ha hecho suyas en esta moción parlamentaria.

El senador popular insistió también en las enormes pérdidas económicas que supone la proliferación de especies ajenas a nuestros hábitats. A falta de informes nacionales, dio un dato procedente de EEUU, donde se estima que este problema origina pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares.

En la exposición de motivos de la moción, el PP argumenta que en España existen más de 40 especies exóticas llegadas de distintos países del mundo y que se han instalado, a veces con gran perjuicio en la flora y fauna local, en suelo español. Se trata de peces, moluscos, aves, mamíferos y plantas, entre las que destaca el mejillón cebra, que ya ha colonizado la cuenca del Ebro y se ha extendido a la del Júcar. Esta especie ya ha causado tres efectos inesperados: ha dañado las centrales eléctricas que toman agua de estas cuencas, ha devorado el fitoplancton y ha reducido el nivel de oxígeno del agua.

En la iniciativa se cita también al siluro, un pez gigantesco devorador de peces pequeños que puede superar los dos metros de longitud y los 90 kilos de peso, y al visón americano, más peligroso que el europeo, ya que contagia enfermedades nuevas que pueden ser letales para el animal autóctono. Asimismo, el PP considera perjudiciales los efectos de que haya cada vez mayor presencia en España de ejemplares de cotorra argentina, malvasía canela, lucio-perca y cangrejo americano, entre otros.

Para paliar esta situación, la moción del PP contiene hasta siete medidas concretas que van desde la aprobación del Plan Nacional hasta el desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación social dirigidas a que la sociedad perciba la gravedad del problema. El PP propone que se evite la proliferación de estas especies a través de medidas de control o erradicación de las mismas; que se ponga en marcha un programa de prevención, para que se frene la entrada de estas nuevas especies; que se regule el comercio y tenencia de especies exóticas; que se elabore un proyecto de Ley específico sobre la materia; que se creen mecanismos específicos de coordinación entre los distintos Ministerios afectados, las CC.AA. y los ayuntamientos, y, por último, que se promueva una iniciativa común a toda la Unión Europea para la elaboración de una directiva en materia de especies exóticas invasoras.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó ayer el Programa de Voluntariado en Ríos para el año 2007 y la Guía de Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas. La ministra ha estado acompañada por el secretario general de WWF/Adena, Juan Carlos del Olmo.

Este proyecto, de acuerdo con los objetivos del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, permitirá la restauración de la calidad ambiental de los cauces fluviales, así como los valores ambientales asociados a éstos, ayudando a paliar los efectos de sequías o inundaciones.

El Programa de Voluntariado en Ríos forma parte del Plan Nacional de Restauración de Ríos que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente, cuyas actuaciones no se centran exclusivamente en el cauce sino también en la recuperación de los ecosistemas de ribera degradados, puesto que la vegetación ribereña ayuda a reducir las inundaciones, los daños por erosión de los márgenes y contribuye a la depuración y mejora de la calidad del agua, sin olvidar su contribución al mantenimiento del equilibrio biológico de la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente activa el Programa de Voluntariado en Ríos como un instrumento más para transmitir a los ciudadanos, grupos sociales y diferentes entidades un sentimiento de responsabilidad compartida sobre el entorno natural, de manera que se genere en las personas conciencia de su capacidad de intervención en la resolución de los problemas ambientales. Con su desarrollo se pretende impulsar en todas las cuencas una red de estable de voluntarios involucrados en la conservación y restauración de los bosques y ríos de ribera.

El objetivo del programa, cuya inversión asciende a cerca de 500.000 euros, es contribuir con la ayuda de los voluntarios a la restauración de los ecosistemas de ribera degradados por la acción continuada del hombre, dotando de un nuevo significado a los beneficios que proporcionan los ríos en su estado natural.

Guía de Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas

Por otro lado, se ha elaborado la Guía de Voluntariado en Ríos y Riberas cuya redacción ha estado a cargo de un grupo de trabajo coordinado por WWF/Adena. Este protocolo determina las condiciones en las que se deben desarrollar este tipo de actuaciones.

La guía se ha redactado de manera consensuada y participativa y recoge las experiencias en el desarrollo de programas de voluntariado ambiental en ríos y riberas de los últimos años en España.

Convocatoria 2007

Se trata de la primera convocatoria del Programa de Voluntariado en Ríos que pretende impulsar, en el entorno de las cuencas, una red estable de voluntarios involucrados en la conservación y restauración de los ríos y bosques de ribera.

Además, busca mejorar la coordinación y cooperación entre los diferentes agentes sociales implicados en las acciones sobre el Dominio Público Hidráulico, de manera que se asegure una comunicación fluida y se rentabilicen al máximo los recursos disponibles.

El ámbito territorial de las actuaciones de voluntariado es únicamente el correspondiente a las cuencas hidrográficas intercomunitarias (Norte, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro).

Podrán presentarse todas aquellas organizaciones que legalmente respondan a los requisitos marcados en la Ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado. El perfil de los proyectos se clasifica en cuatro categorías:

• Actividades de diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos.

• Actividades de conservación y mejora del ecosistema fluvial.

• Actividades de información y sensibilización para implicar a la ciudadanía.

• Actividades de restauración del patrimonio y de fomento del uso público.

Los proyectos no podrán exceder la cuantía máxima de 30.000 euros.

El plazo de presentación de propuestas finaliza en 30 de junio de 2007 y durante los meses de junio y julio se comunicará cuáles han sido los proyectos seleccionados para la presente campaña.

El Ministerio de Medio Ambiente analizará las propuestas presentadas en base a la guía que se ha elaborado para el diseño y ejecución de programas de voluntariado y seleccionará las que cumpliendo los requisitos legales, sean más adecuadas a los objetivos del Programa.

La inscripción de los voluntarios se realizará una vez se comuniquen los proyectos seleccionados. Su inscripción se realizará a través de las organizaciones que vayan a realizar las actuaciones de voluntariado. La fecha máxima de finalización de las actividades propuestas será el 30 de noviembre de 2007.

Greenpeace ha aplaudido que la Confederación Hidrográfica del Segura haya decidido hacer público el inicio del estudio «del entramado de tuberías que distribuyen ilegalmente agua detraída desde los cauces, pozos ilegales y del trasvase Tajo-Segura», según informó este organización, recogiendo la información publicada por ABC. Narbona hizo alusión a la investigación abierta por la Confederación y destacó que se ha acrecentado la vigilancia en Murcia, en alusión a las críticas de Greenpeace a la Administración socialista.

Estas nuevas tarifas deberían haberse hecho efectivas el pasado 1 de enero pero los usuarios consiguieron demorar su puesta en marcha hasta el 1 de julio del presente año.

El Real Decreto 809/2006 establecía originariamente una revisión al alza de la tarifa eléctrica que emplean los regantes desde del 1 de julio de 2006 y disponía, además, la desaparición, a partir del 1 de julio de 2007 de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión que aplican actualmente los regantes, lo que podría suponer un incremento de costes para los agricultores del orden del 400% en términos de potencia instalada. En la actualidad, el 25% del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

La Federación de Regantes considera la aplicación de estas nuevas tarifas eléctricas puede frenar el proceso de modernización y transformación de regadíos  -con el consiguiente ahorro de agua que éste conlleva-  ya que supondrá un encarecimiento de la factura eléctrica de entre un 20 y un 40% en función de las distintas zonas regables.

Según Fenacore, el proceso de modernización de regadíos, que ha pilotado el Ministerio de Agricultura, ha conllevado la transformación de los sistemas de riego por gravedad a los nuevos mecanismos de riego por presión (aspersión, goteo, etc.). Estos —a diferencia de los sistemas tradicionales, que apenas precisaban de electricidad- requieren un alto nivel de energía eléctrica para su funcionamiento, por lo que conllevan para los agricultores un esfuerzo económico adicional al ya de por sí derivado del propio proceso de modernización.

Según datos de Fenacore, en los últimos años el precio de la electricidad para la agricultura de regadío se ha incrementado en un 30,3% para todos aquellos regantes que se han mantenido en el mercado regulado, mientras que para las comunidades que se han acogido a los precios del mercado, por la liberalización del sector eléctrico, el precio ha aumentado en torno a un 42%.

Según la Federación la liberalización del mercado eléctrico, en lugar de bajar costes, como se esperaba, ha generado una fuerte subida de precios por parte de las empresas comercializadoras, lo que ha obligado a multitud de regantes a acogerse al mercado regulado o tarifario. No obstante, con la reciente revisión al alza de las tarifas, el mercado libre podría recuperar sus posiciones de hace algunos años con precios más asequibles para los usuarios.

La Comisión de Energía de Fenacore se reunió ayer para consensuar su postura

La Comisión de Energía de Fenacore, que reúne a representantes de comunidades de regantes de toda España, se reunió ayer con el fin de consensuar la postura a adoptar de cara a la reunión de mañana. Este grupo de trabajo estudia la posibilidad, entre otras, de solicitar ofertas conjuntas de suministro eléctrico si el mercado libre retorna a los niveles de precios en que se situaron el año 1999 y finales de 2005; o bien, reivindicar el establecimiento de una discriminación horaria que permita la disminución del coste del kilowatio/hora.

Asimismo, solicita al Ministerio de Industria que estudie detenidamente la repercusión que las nuevas tarifas eléctricas pueden tener sobre el regadío español, de manera que se apliquen de una forma diferenciada, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y geográficas de los diferentes cultivos. En su opinión, la aplicación “indiscriminada” de estas nuevas tarifas puede poner en peligro la viabilidad del proceso de modernización de regadíos y de una parte importante de la agricultura del país, hasta el punto de poder hacer desaparecer una parte del regadío de agricultura continental.

Los regantes del Acueducto Tajo-Segura llevan recogidas unas 35.000 firmas dentro de su campaña de defensa del trasvase y en contra del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que pretende eliminar esta obra en el año 2015. La campaña tiene como objetivo llegar al medio millón de apoyos para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. De momento, la operación se ha centrado en la provincia de Murcia, y se extenderá a las regiones limítrofes. Por otra parte, la Comiición Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura se reunirá próximamente para proponer nuevos envíos de caudales a Murcia, Almería y Alicante.

¿Cuántos kilómetros de tuberías recorren el subsuelo de la Región de Murcia? ¿Ocupan terrenos de dominio público hidráulico o surcan propiedades privadas? ¿Transportan caudales legales o ilegales sin concesiones autorizadas, y en qué cantidades? Son algunos de los interrogantes que piensa resolver el Ministerio de Medio Ambiente para dar la razón, o quitársela, a los distintos grupos ecologistas que, como Greenpeace, siguen denunciado un supuesto tráfico ilegal de caudales en la cuenca más seca de la Unión Europea.

El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica, Manuel Aldeguer, reveló ayer a La Verdad que van a contratar a una empresa de asistencia técnica para que se encargue de escudriñar palmo a palmo el subsuelo de Campo de Cartagena y Mazarrón, donde los ecologistas han puesto el foco de sus denuncias.

Greenpeace, en su revista trimestral, mantiene sus críticas sobre la gestión del agua en el Segura, ya que a su juicio la Administración central en manos del PSOE no ha resuelto el presunto mercado ilegal de agua en esta zona.

Compromiso con Greenpeace

En concreto, indica que «existe una red de tuberías ilegales que se extiende hacia Mazarrón, Águilas y el Campo de Cartagena». Añade que el Ministerio de Medio Ambiente «acaba de comprometerse con Greenpeace a estudiar esa red, cartografiarla y hacerla pública. Hoy sólo conocemos doscientos kilómetros de tuberías ilegales. Un trabajo que han tenido que realizar los propios ecologistas para denunciar el problema por que la Confederación Hidrográfica todavía no lo ha hecho».

En la misma línea, los ecologistas llegan al extremo de afirmar, aunque sin pruebas, que ese entramado de tuberías «sirve para vender el agua del Trasvase Tajo-Segura entre particulares, pero también el agua que se extrae de los miles de pozos ilegales abiertos que existen en la región».

El rigor de los datos que presenta Greenpeace sobre la gestión del agua en la cuenca del Segura está en entredicho después del informe que presentó meses atrás concluyendo que existía un superávit de agua de un total de 308 hectómetros cúbicos anuales debido al uso fraudulento de 812 hectómetros. Esto les valió que el Ministerio de Medio Ambiente desacreditara dicho informe.

Aldeguer rebajó ayer el tono de las nuevas denuncias de Greenpeace y explicó que primero hay que averiguar si las tuberías discurren por terrenos de dominio público, ya que si lo hacen por propiedad privada la cuenca no tiene nada que hacer.

Concesiones oficiales

«Lo que deben entender los ecologistas es que las tuberías no son legales ni ilegales -matizó Aldeguer-. Otra cosa es que el agua que transporten tengan o no concesiones oficiales. Todo eso lo estamos investigando, y se completará con el Programa Alberca que iniciamos hace tres años para conocer al detalle todos los usos y aprovechamientos de la cuenca del Segura».

Pozos propios

El comisario de Aguas recordó asimismo que las comunidades de regantes cuentan con sus pozos propios, y que el agua para el riego de los campos está asignada específicamente a cada zona.

«Si el agua saliera fuera de su zona de riego -explica Manuel Aldeguer-, necesitaría contar con una cesión de derechos. En el caso de que no se cumpliera ese trámite, entonces se consideraría ilegal», sentencia el comisario.