La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó el viernes en el Consejo de Ministros un informe sobre el uso sostenible del agua en el sector agrario, en el que se recogen los datos sobre la importancia del agua en el sector agrario desde el punto de vista económico, social y medioambiental,  las actuaciones desarrolladas para lograr un mayor ahorro de los recursos hídricos, así como los objetivos de la nueva programación 2009/2013.

El informe parte de un análisis sobre los retos que se plantean para la gestión de los recursos hídricos, tales como la cobertura de las necesidades básicas de la población, la preservación de la integridad de los ecosistemas minimizando el impacto sobre el medio, la búsqueda de soluciones equitativas dirigidas a compartir los recursos entre todas las artes interesadas y la gestión de situaciones de riesgo como las sequías o inundaciones, planteando frente a ello la necesidad de aplicar una gestión integrada y dirigida a un uso sostenible y una adecuada protección del agua.

En relación con la importancia del agua desde la perspectiva económica, se destaca el uso por parte del sector agrario de los recursos hídricos, con una utilización del 63,3 por ciento del total, resaltando la estabilidad lograda en la demanda y consumo  gracias a las políticas de ahorro de este recurso.

En este sentido se destaca la evolución de los sistemas de riego, con la incorporación de tecnologías más avanzadas,  resaltando que más del 60 por ciento de los regadíos españoles han mejorado su eficiencia, con lo que se ha logrado que el riego localizado, como técnica de ahorro de agua, supere ya al riego por gravedad, habiéndose duplicado en 2006, la diferencia con respecto al año anterior.

Desde el punto de vista social se manifiesta la importancia del agua como factor que favorece la vertebración del territorio, reduciendo los procesos de despoblamiento y mejorando la calidad de vida del medio rural, favoreciendo, con la aplicación de las nuevas tecnologías, la generación de empleo de mayor cualificación y la incorporación de regantes a la sociedad de la información.

Por otra parte, y desde la perspectiva medioambiental, se resalta el papel del agua en el mantenimiento de determinados ecosistemas, en la restauración hidrológico-forestal, en la lucha contra la desertización, o en la eliminación del CO2 de la atmósfera.

Otro de los aspectos abordados en el informe es el fomento de los sistemas de producción sostenibles, recogiendo, entre otras actuaciones del MAPA, la promoción de sistemas  productivos más eficientes como la producción integrada, con normas que inciden directamente en el ahorro del agua, el Plan de agricultura ecológica, que ha situado a España en una de las primeras posiciones en el ámbito mundial en superficie ecológica, con 926.390 hectáreas, o la publicación de guías de buenas prácticas, entre ellas la de la condicionalidad, en la que se contempla la protección de las aguas subterráneas, promoviendo la práctica de buenas condiciones agrarias y medioambientales.

En cuanto a las actuaciones en pro del ahorro del agua, se resaltan la aplicación de nuevas tecnologías mediante iniciativas como el telecontrol que centraliza la información y maniobra la red de riego desde un centro de control; la red de estaciones agroclimáticas con las que se mejora la información sobre necesidades hídricas y el observatorio del regadío, que el MAPA tiene previsto establecer para dar a conocer como se gestiona el regadío.

Otras actuaciones destacadas son  el proyecto CORENET 2006/2010, impulsado por el MAPA, la Federación Nacional de Regantes y las Comunidades de Regantes, para la modernización y fomento del ahorro de los recursos hídricos, iniciativa para la que se ha habilitado una subvención de 200.000 euros, o la formación de regantes para dar a conocer la tecnología existente en el sector del regadío, en la que se han venido invirtiendo también 200.000 euros anuales.

Otro aspecto importante entre las actuaciones a favor del ahorro del agua es  la incorporación de otros recursos no convencionales al regadío como las desaladoras, cuyas aguas riegan 50.000 hectáreas de terreno, con un volumen utilizado de 350 hectómetros cúbicos anuales o las depuradoras, que proporcionan agua para el riego de 100.000 hectáreas y un volumen de 400 hectómetros cúbicos al año.

En esta línea constituye también un elemento importante el Plan de Choque 2006/2007 de obras urgentes para la mejora y consolidación de regadíos, con actuaciones coordinadas entre los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente por valor de 2.400 millones de euros y un ahorro anual estimado en 1.200 hectómetros cúbicos, cuyo presupuesto de obras en ejecución, adjudicadas o de próxima adjudicación ha alcanzado ya el 78 por ciento de lo programado.

Dentro del análisis de la situación actual se plantea el cierre del Plan Nacional de Regadíos, que en la actualidad ha logrado un grado de ejecución en superficie del 108 por ciento de lo programado. De este Plan, que se ha ido ampliando continuamente como consecuencia de la aprobación de los distintos Planes de sequía, quedan pendientes actuaciones sobre una superficie de 100.000 hectáreas, con un coste de cierre de 330 millones de euros.

Por último se abordan las perspectivas de futuro, destacando la programación 2008/2013, cuyo objetivo se centrará en la modernización y el ahorro del agua,  señalándose que es necesario definir actuaciones más acordes con las directrices del actual programa operativo de desarrollo rural 2007/2013, según lo definido en el Plan Estratégico Nacional y en el Marco Nacional.

El informe el viernes presentado, se fundamenta en el documento sobre el uso sostenible del agua en el sector agrari situación actual y perspectivas de futuro, presentado el jueves en el marco de la Jornada organizada por el MAPA con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

MURCIA. Pocas horas duró la tregua en la batalla entre comunidades tras el anuncio de la reforma de la Ley de Aguas propuesto por la ministra de Medio Ambiente. Varios gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, realizaron serias objeciones al texto que Cristina Narbona pretende aprobar antes de fin de mes.

Las críticas más severas procedieron ayer del Gobierno murciano, cuyo consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, criticó que Castilla-La Mancha «ganará más peso y protagonismo. Aunque el Ministerio diga que va a tener la última palabra, eso no es una garantía. Se va a liar todo más todavía», puntualizó.

Para Cerdá, «el Gobierno socialista es especialista en hacer la ley y dejar la trampa». «Esta reforma es una falacia porque el Ministerio hace dejación de sus funciones y ningunea a la Región de Murcia». Asimismo, calificó el borrador de «sospechoso y misterioso» porque no plantea ninguna novedad y enfrenta todavía más a los territorios.

«Los problemas sin resolver»

«Las comunidades autónomas siempre han sido consultadas, no sé a qué viene esto ahora. ¿En qué hemos avanzado con cambiar el nombre de confederación por el de demarcación? Lo cierto es que los problemas reales de falta de agua siguen sin resolverse», manifestó a este diario. Explicó que él es ya vicepresidente del órgano de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura y que los regantes también están representados; al igual que los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El consejero considera que al Gobierno socialista «sólo le interesa hacer más concesiones a las comunidades autónomas porque debe responder a los intereses de determinados grupos de presión». Con referencia al trasvase Tajo-Segura, explicó que la prioridad del Gobierno murciano es que desaparezca la fecha de caducidad del 2015 del Estatuto de Castilla-La Mancha. Dijo que Cataluña recibe un trato diferente, y en este sentido criticó «las disposiciones misteriosas y oscuras que suele incluir el Gobierno socialista en sus leyes», ya que se «plantea la construcción de infraestructuras para el Delta del Ebro, mientras no hay ninguna reseña sobre a la única cuenca con déficit estructural de agua de España», explicó. «¿Por qué dejan la puerta abierta para los trasvases en Cataluña y no para Murcia?», dijo en referencia al trasvase del Segre autorizado por el Ministerio.

Cerdá lamentó además que «el Ministerio deje fuera de la ley a los verdaderos gestores del agua, a los usuarios y regantes», y criticó que en vez de buscar soluciones «vuelva a poner tasas y a penalizar el consumo». Advirtió de que los técnicos de su departamento estarán «atentos y expectantes», ya que el Gobierno murciano «se opondrá a cualquier norma que perjudique los intereses de los murcianos en el pleno del Consejo Nacional del Agua que deberá aprobar este borrador».

Lamentó que el Ministerio apenas haya dejado tiempo para estudiar la amplia reforma de la Ley de Aguas. Señaló que el Ejecutivo murciano ejercerá sus competencias a la hora de construir sus propias plantas desalinizadoras, ya que la nueva norma obliga a pedir la correspondiente autorización al Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, anunció que el Ejecutivo regional no va a pedir las competencias de la cuenca interna de El Albujón, que carece de agua, ya que a su juicio no hay que «trocear» la demarcación hidrográfica del Segura.

Criterio por kilómetros

Tampoco está demasiado satisfecho el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, al que no convence la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población.

«La representación según la población -dijo el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page- es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse». Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo: «La población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.

Finalmente, también anda bastante preocupada la Administración socialista de Andalucía, cuya consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, expresó ayer a la ministra del ramo, Cristina Narbona, la «preocupación» del Gobierno andaluz por «el encaje» del artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, que reclama la gestión del río Guadalquivir, en la nueva Ley estatal de Aguas.

Encaje en el Estatuto

Coves, quien departió unos minutos a solas con Narbona tras la inauguración en Sevilla de la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, negó que haya «discrepancias» entre ambos gobiernos respecto al borrador de la reforma de la Ley de Aguas, que reserva al Ejecutivo central el 51 por ciento de los votos en los órganos de gestión de las cuencas hidrográficas que transcurran por más de una comunidad autónoma. «Obviamente, nos preocupa cómo va incidir esa reforma de la Ley de Aguas en el desarrollo del Estatuto de Autonomía», dijo Coves.

El artículo 51 del Estatuto andaluz, que ayer entró en vigor tras su publicación en el BOE, reclama para la Junta de Andalucía la gestión del Guadalquivir a su paso por territorio andaluz. La consejera reiteró que la reforma de la ley estatal de Aguas y el traspaso de las competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía están en una fase «muy inicial» y vaticinó que esta negociación será «larga», dada la envergadura y complejidad de esta cuenca.

El recurso de Ibarra

Respecto al recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto de Andalucía en relación al Guadalquivir, cuya cuenca discurre en una mínima parte por tierras extremeñas, Fuensanta Coves señaló que si hay algún artículo del texto autonómico andaluz «que ha sido revisado por multitud de juristas para que no sea inconstitucional» es, precisamente, el 51.

«Tengo la sospecha de que el pronunciamiento que haya, si se presenta el recurso de inconstitucionalidad, será de que estamos dentro del marco de la Constitución, porque se ha cuidado muchísimo la redacción y el contenido de ese artículo; las razones por las que el señor Ibarra recurre el Estatuto serán otras, pero no son estrictamente de legalidad», concluyó.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

En este marco tendrá lugar  una mesa redonda bajo el lema “Afrontando la escasez de agua” en la que participarán catedráticos, representantes de la Federación de Comunidades de  Regantes,  ecologistas, organizaciones agrarias y responsables de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

20. Marzo ´07 – El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha organizado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, una Jornada sobre “El uso sostenible del agua en el sector agrario, situación actual y perspectivas de futuro”, que tendrá lugar en la sede del MAPA el próximo jueves, 22 de marzo.

En este marco se organizará una mesa bajo el lema “Afrontando la escasez de agua”, en la que participarán catedráticos de las Universidades de Madrid y Valladolid,  directivos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, de SEO-Birdlife, de ASAJA y responsables de los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.

Mediante esta Jornada el MAPA potencia un debate para analizar la gestión del agua en el sector agrario, no solo desde una perspectiva meramente económica, sino también social y medioambiental, con objeto de encontrar respuestas a los retos que se plantean: la gestión sostenible de un recurso escaso, mediante la mejora de la eficiencia en su uso, favoreciendo a la par la calidad de las aguas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se une así a la iniciativa de la FAO de promover, mediante la celebración de actividades concretas, la conciencia pública y el debate, en torno a la gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos disponibles, y en particular de su uso en el sector agrario.

Ni vinculantes, ni determinantes. El Gobierno de la Nación seguirá manteniendo el control de los grandes ríos para decidir futuros trasvases. El Ejecutivo de Aragón y los partidos de aquella comunidad no podrán impedir que el Estado plantee futuras transferencias del Ebro a otras cuencas hidrográficas, en caso de que sea necesario. Los aragoneses no podrán vetar legalmente esta posibilidad, aunque de facto pongan todas las trabas imaginables. Aragón podrá emitir informes preceptivos ante cualquier nueva transferencia, pero no serán vinculantes. Tampoco podrán hacerlo Cataluña ni Andalucía; esta última en el caso del Guadalquivir.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobada el pasado jueves en el Congreso, deja la planificación última del Ebro en mano del Estado, con la participación de las comunidades. Las regiones ribereñas tendrán mayor participación que antes, pero no decisión sobre los trasvases y la planificación general. Otra cosa distinta es la voluntad política del momento de promover o arrinconar esta opción. También es cierto que el Estado tenía antes las manos más libres que ahora en la gestión de las cuencas intercomunitarias y en la política trasvasista.

La conclusión del Estatuto de Aragón es un nuevo aviso a las pretensiones de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma que más ha legislado sobre la política del agua en su nuevo texto estatutario con el propósito de controlar al máximo los ríos Tajo, Guadiana y Júcar, principalmente. La norma seguida en el Congreso de los Diputados con los cinco estatutos aprobados hasta ahora, de salvaguardar las competencias exclusivas del Estado sobre los ríos intercomunitarios, se aplicará igual en Castilla-La Mancha, aseguran desde el Ministerio de Medio Ambiente y el PSOE murciano.

De esta forma, se da por hecho que será eliminada del texto la alusión a la fecha de extinción del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Políticamente, el Gobierno central ya se ha pronunciado en diversas instancias sobre la continuidad del acueducto. Asimismo, podría corregirse gran parte de la redacción de la disposición transitoria que establece la necesidad de un informe «precepctivo y determinante» de la Junta de Comunidades sobre cualquier trasvase o intercambio de agua. Con el uso de la palabra «determinante», en lugar de «vinculante», se pretende evitar que ocurra lo mismo que en Cataluña, donde quedó eliminada esta prerrogativa del texto final.

En la oportunidad de esos informes se incluyen además las cesiones de derechos y los futuros bancos de agua, que rechaza abiertamente Castilla-La Mancha. En el último año y medio se ha autorizado el envío de casi 130 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura en cuatro operaciones -la última se estudia esta semana- para comprar derechos de agua a los regantes madrileños de Aranjuez y Estremera, por parte de los regantes murcianos y de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Sustitución de caudales

Otra prerrogativa que entra de lleno en la esfera estatal es la «sustitución progresiva de los caudales» del Tajo-Segura por aguas desalinizadas, a lo cual aspira el pacto de Barreda (PSOE) y Cospedal (PP). El director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Adrián Baltanás, ha asegurado que no habrá canje de aguas desalinizadas por aguas del Tajo, sino que las primeras son un complemento al trasvase.

El cuarto punto más polémico es la fijacion de nuevos caudales ambientales y ecológico en el río Tajo, unido a las nuevas necesidades de agua de Castilla-La Mancha que deben ser recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo que se está revisando y que debe ser aprobado en el año 2009. El nivel de participación de Castilla-La Mancha en los órganos decisorios y de gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo -y en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, a la cual también aspira- no llegará al extremo de dominar este organismo, aunque sea a través de la nueva estructura de demarcaciones. El Estado se asegurará la mayoría y el control, según la nueva reforma de la ley de aguas.

Mínimo ecológico

El mayor peligro sobre los volúmenes excedentarios trasvasables al Segura se encuentra, técnicamente, en la fijación de nuevos caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez, como principal punto de referencia en el curso alto de este río. Duplicarlo o aumentarlo en un 50 por ciento (ahora es de 6 metros cúbicos por segundo) implicaría una merma considerable de los excedentes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ésta es una de las cuestiones por las cuales mostró mayor interés el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura en su reunión con el presidente Rodríguez Zapatero.

De todas las reformas estatutarias referidas al control de los ríos, la de Castilla-La Mancha es la más amplia y ambiciosa. El texto ha entrado recientemente en el Congreso de los Diputados y muy probablemente no estará aprobado hasta después de verano. Las reivindicaciones castellano manchegas ocupan un capítulo entero de su Estatuto, con ocho artículos y una disposición transitoria dedicada exclusivamente a liquidar el trasvase Tajo-Segura.Las comunidades autónomas que la han precedido no han ido tan lejos. Cataluña, por ejemplo, sólo dedica explícitamente al agua un artículo con cinco apartados. Andalucía, por su parte, refleja un sólo artículo al agua y otro breve a la cuenca del Guadalquivir. Y Aragón, se centra en la coparticipación en los órganos de gestión, de acuerdo con la Constitución; así como en la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de su territorio.

Aportaciones del Ebro

Esta reserva ya venía recogida en el Pacto del Agua de Aragón de 1992, y fue asumida después por el Plan Hidrológico Nacional del PP. En este sentido, los caudales que podían ser trasvasados anualmente desde el Ebro ya tenían descontada esa reserva, apuntan en el Partido Popular. Esto quiere decir, a juicio del PP, que los 6.550 hectómetros no invalidan futuros trasvases, sobre todo teniendo en cuenta que las aportaciones del Ebro al Mediterráneo en su desembocadura oscilan entre los 10.000 y 15.000 hectómetros cúbicos en los últimos años.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla repetirá la operación del año pasado y comprará más de 35 hectómetros cúbicos de agua a los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez. Los miembros del Comité Ejecutivo de este organismo han sido citados para el próximo jueves con el fin de estudiar el precontrato de compra de los derechos de agua de esta comunidad de regantes madrileña ribereña del Tajo. El objetivo del Ministerio de Medio Ambiente es constituir otra reserva estratégica en los pantanos de la cabecera del Tajo para garantizar todas las necesidades de abastecimiento, tanto en el Tajo como en la cuenca del Segura, mediante la adquisición de derechos de agua.

El último Consejo de Ministros de febrero dejó la puerta abierta a esta posibilidad, toda vez que los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía sumaban en esa fecha 340 hectómetros, una cantidad similar a la del año pasado. Con el fin de tener totalmente cubiertos los abastecimientos de 2,5 millones de personas en Murcia, Alicante y Almería, este año se volverá a repetir la operación.

Esta nueva compra de agua mediante el intercambio de derechos -una fórmula regulada por real decreto que es la antesala de los bancos de agua que tiene previsto introducir el Ministerio de Medio Ambiente en la nueva reforma de la ley de aguas- culminará cuando lo autorice la comunidad de regantes del Canal de las Aves, y después deberá ser ratificada por el Ministerio. Estos volúmenes corresponden a la concesión anual del Tajo de estos agricultores madrileños.

El precio será probablemente inferior al del año pasado, ya que no habrá que abonar indemnizaciones por los cultivos ya realizados en Aranjuez, teniendo en cuenta que este año se ha adelantado la operación. En la anterior compra se abonaron 28,8 céntimos por cada metro cúbico. La tarifa del Tajo para abastecimientos ronda los 13 céntimos.

Pendientes de Mazarrón

En la situación actual, es muy probable que la Mancomunidad de Canales del Taibilla precise este año natural de las aportaciones máximas de la cabecera del Tajo que le atorga la ley, cifrado en 123 hectómetros cúbicos en destino, ya que no contará con los pozos de emergencia del acuífero de Calasparra. Asimismo, la segunda planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar no habrá alcanzado su techo de producción anual; y está pendiente además la nueva unidad de Valendentisco (Mazarrón) cuyas obras están en la última fase. Los más de 35 hectómetros que se comprarán representan un 15% del abastecimiento total del Taibilla.

Con la adquisición de derechos de agua, el Ministerio de Medio Ambiente va haciendo frente a la delicada situación en la que se encuentra la cabecera del Tajo, ya que en el último año y medio ha permitido la compra de más de 125 hectómetros cúbicos a dos comunidades de regantes madrileñas, la de Aranjuez y la de Estremeras, que han cedido temporalmente sus concesiones a cambio de un precio superior al de la tarifa del Tajo-Segura.

La anterior operación autorizada a principios de este mes por el Ministerio de Cristina Narbona ha sido la compra de 31 hectómetros para los regadíos de Murcia y Alicante.

Pese a tratarse de concesiones de agua de fuera del territorio de Castilla-La Mancha, el Ejecutivo de José María Barrera se opone a ellas y ha anunciado la presentación de recursos.

El director general de Regadíos y Desarrollo Rural asegura que «existe una obsesión enfermiza con la Región, frente a otras comunidades como Cataluña o Andalucía de las que no se hacen informes».

Bernal pide a los responsables socialistas de la Confederación Hidrográfica del Segura que «defiendan los intereses de los murcianos» y desmienta «punto por punto» el informe de una organización ecologista.

16. Marzo ´07 – El director general de Regadíos y Desarrollo Rural, Julio Bernal, alertó ayer de «una nueva campaña de desprestigio sobre el uso y gestión del agua en la Región de Murcia». En este sentido, Bernal advierte de que esta actuación «supone una estrategia que surge con la única finalidad de mancillar la imagen de una región que se sitúa a la cabeza de España en los diferentes parámetros de gestión de los recursos hídricos». «Venimos asistiendo desde hace ya mucho tiempo a campañas que pretenden desprestigiar la imagen de la Región en el uso del agua, mientras que los murcianos reutilizamos las aguas depuradas, modernizamos nuestros regadíos y aprovechamos de manera sostenible nuestros acuíferos», explicó.

A este respecto, Bernal añadió que estas informaciones se difunden además “con una fijación enfermiza en la Región, frente a otras comunidades de las que no se dice nada, como Cataluña o Andalucía. También es significativo que el informe se centre sólo en municipios del interior como Caravaca de la Cruz y Cehegín, y no se menciona nada de municipios socialistas como Lorca o Jumilla”, señaló.

 Se trata por tanto, según apunta el director general, de una campaña “impulsada desde la trastienda de un partido que no duda en perjudicar la imagen regional para convertirla en un puñado de votos”.

Así mismo, Bernal pidió a los responsables socialistas de la Confederación Hidrográfica del Segura que “defiendan los intereses de los murcianos”, ya que este órgano dependiente del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente “es el único que tiene las competencias directas para defender y garantizar este uso adecuado de los recursos hídricos”, y desmienta “punto por punto” el informe de una organización ecologista hecho público hoy.

Julio Bernal remarcó que es el Estado “el responsable máximo de esta situación”. “Suponiendo el caso de que hubiese algún tipo de regadío ilegal, y no entiendo que sea así, sino que se trate de regadíos donde se haga una mala aplicación del agua, quien tiene las competencias para perseguirlo son las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente, y por tanto del Estado”, señaló.

Julio Bernal recordó que la publicación de informes similares ha llevado a los principales agentes sociales y económicos de la Región a expresar en varias ocasiones su rechazo, al considerar que estos estudios presentan una imagen completamente distorsionada, con el consiguiente perjuicio para sectores fundamentales para la economía regional como la agricultura o el turismo. Precisamente, estos agentes han resaltado la necesidad de aunar esfuerzos, dentro y fuera de la Región, para la cooperación en una campaña de concienciación social sobre la necesidad de agua en la cuenca del Segura.

Para el director general, este tipo de acciones de desprestigio se repetirán en un futuro próximo. De hecho, vaticina que la misma estrategia que se utilizó en su momento para desacreditar el proyecto del trasvase del Ebro, volverá a reproducirse con respecto a la continuidad del Tajo-Segura. “Todo esto no deja de ser una campaña orquestada, porque dio sus frutos en su momento con la defunción de aquel trasvase y como ahora la campaña del Gobierno socialista es ir eliminando los aportes del Tajo-Segura, vuelven a la carga con el mismo argumento y con la misma cantinela”, añadió.

Bernal se pregunta por los intereses que existen detrás de un informe en el que se incide de nuevo en la idea de que en la Región se llevan a cabo supuestos robos de agua o se explotan pozos de manera ilegal. Se pregunta además si estos intereses tienen relación con los motivos que llevaron al fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a denunciar robos de agua en Murcia; una acusación en la que los hechos han demostrado que resultó ser infundada.

Bernal subraya que “este análisis parcial sobre la utilización del agua en Murcia, surge desde una perspectiva sesgada, al centrar todas sus críticas exclusivamente en una región, y sin tomar en consideración los datos relativos a la gestión eficiente del agua, en especial en cuanto a reutilización, depuración y modernización de regadíos”.

Julio Bernal subrayó que “estos son estudios que realizan organizaciones que reciben cuantiosas subvenciones del Ministerio y que están al albur de lo que éste les demanda. En este momento, por parte de varios departamentos del Ministerio se sostiene la idea de que hay que demostrar que el agua no se debe utilizar en Murcia, que no hacen falta para los regadíos y que no son necesarias más aportaciones por que tenemos suficiente”.

“Sin embargo, nuestras pruebas son concluyentes, en esta Región sigue existiendo un déficit estructural reconocido por parte de todos los departamentos y estudios técnicos del Estado, lo ponga el Ministerio de Medio Ambiente como lo quiera poner y nosotros no tenemos otra cosa que tratar de hacer los deberes que nos corresponden”, apostilló.

El director general de Modernización de Regadíos aseguró que “ante la escasez de agua que afecta a la Región de Murcia, y la ausencia de soluciones por parte del Gobierno central -que es el que cuenta con las competencias y tiene la obligación de posibilitar el acceso igualitario y justo al agua de todas las comunidades-, el Ejecutivo murciano entiende como una prioridad el desarrollo de los sistemas que permitan aprovechar al máximo este preciado recurso.

“Por ello, un total de 46 depuradoras están ya en servicio, en construcción o en trámites de licitación, con una capacidad de 500.000 m3/día en la Región. Además, se han invertido más de 500 millones de euros en infraestructuras de depuración y sistemas colectores, con ayudas de fondos europeos, lo que permite que el 99% de la población de núcleos urbanos esté conectado a red de saneamiento”, detalló.

Por último, el director general indicó que “frente a los estudios que señalan a Murcia como una comunidad donde se despilfarra el agua, se encuentra el hecho de que la Región reutiliza 110,5 hectómetros cúbicos al año, una cifra que representa el 25% del total de agua de España, siendo la media nacional del 3%.  Y en lo relativo a la modernización de regadíos, el 85 por ciento de los cultivos han incorporado técnicas de modernización y nuevas tecnologías, frente al 12 ó 15% de la media nacional”.

MURCIA. La denuncia realizada ayer en Murcia por la organización Greenpeace, de que la cuenca del Segura no es deficitaria y de que malgasta más de 800 hectómetros en regadíos ilegales y usos indebidos, fue contestada por la Confederación Hidrográfica, que ha desacreditado los datos de esta organización por falta de rigor. «Lamento que Greenpeace se obstine en manejar datos sin actualizar. No se corresponden con la realidad», manifestó el presidente del organismo de cuenca, José Salvador Fuentes Zorita. El responsable de aguas de esta organización ecologista, Julio Barea, presentó el informe llamado «El negocio del agua en la Cuenca del Segura», que considera basado en datos oficiales y según el cual sobrarían 308 hectómetros al año si se hiciera un consumo responsable. Esos volúmenes servirían para dotar a los ríos de caudal ecológico y para recuperar los acuíferos.

Como hiciera Adena el año pasado, también con datos sin actualizar, Greenpeace pone el Segura como ejemplo de la mala gestión del agua y parte de la base de que hay 812 hectómetros mal utilizados, de los que 632 corresponden a 65.500 hectáreas de regadíos ilegales de los últimos 10 años, al margen de otros anteriores. Considera asimismo que los recuros renovables disponibles son de 1.360 hectómetros, incluyendo el máximo total trasvasable del Tajo de 600 hectómetros cúbicos, lo cual no se corresponde con la realidad. Barea apunta que los datos están sacados del Plan de Cuenca del Segura, aprobado hace 10 años, pero no coinciden con las cifras oficiales del organismo de cuenca, según las cuales el déficit estructural es de 460 hectómetros, frente al supuesto superávit de 308. En este sentido, el informe da por buenos unos datos del Plan de Cuenca del Segura, pero rechaza otros.

Asimismo, los datos de Greenpeace se quedan cortos con los aportados justo en marzo del año pasado por Adena, según los cuales había 100.000 hectáreas ilegales de regadíos.Julio Barea indicó que en la cuenca del Segura hay unas 253.000 hectáreas de regadíos reconocidas, pero no supo indicar si las 65.000 hectáreas supuestamente ilegales estaban dentro o fuera de este cómputo.

«Canjes ilegales»

Barea señaló que el Segura es el río europeo con más presas por kilómetro, lo que hace que el exceso de infraestructuras sea ineficaz y destructivo para los sistemas fluviales. Como «principales responsables de los problemas de la cuenca» apunta a «la proliferación de regadíos ilegales y al sector turístico. Denuncia asimismo que la Administración «está permitiendo el robo de agua y el canje de caudales». La organización ecologista cree también que existe un «entramado ilegal de tuberías» de más de 200 kilómetros en el Campo de Cartagena y en Murcia.

«El mayor problema es la mala gestión», subraya, a la vez que sostiene que «la Administración de justicia no actúa contra las extracciones ilegales». En este punto, indicó que el informe estaba desfasado, ya que respondía a datos de julio del año pasado, y que la situación actual era distinta.

Otro de los problemas que detecta es que no se reutiliza toda el agua, sino sólo la mitad. Destaca igualmente la fuerte reducción del caudal del Segura, «que en más de 40 kilómetros sólo cuenta con aguas residuales y a su desembocadura llega sólo con un cuatro por ciento».

La presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que no se pronunciará sobre la decisión de la Junta de recurrir el trasvase de agua aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de febrero hasta que conozca el texto de la denuncia, pero añadió que «lo más seguro» el PP lo apoyará.

En declaraciones a los periodistas en Valdepeñas (Ciudad Real), De Cospedal indicó que en muchas ocasiones se han producido trasvases sin que se hayan recurrido, por lo que habría que saber cuál es la diferencia que ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a hacerlo en esta ocasión.

La líder del PP hizo hincapié en que cuando se habla de regadío hay que diferenciarlo de cuando se habla de consumo humano, porque éste último «nunca se puede recurrir», pero cuando se trata de regadío «primero son los regantes de Castilla-La Mancha» que están sin agua, agregó.

María Dolores de Cospedal está empeñada en desactivar uno de los argumentos más comunes de los regantes levantinos, que acusan a la Junta de Castilla-La Mancha de no haber invertido en los últimos veinte años «ni un solo euro» de los que han venido pagando como contraprestación al agua del trasvase Tajo-Segura. Si llega a ser presidenta de esa comunidad, Cospedal ha prometido «hacer las inversiones que nunca ha hecho el PSOE en materia hidráulica».

En Talavera de la Reina, donde clausuró unas jornadas de su partido sobre fiscalidad y empleo, De Cospedal replicó así a las críticas del diputado del Congreso del PSOE Alejandro Alonso acerca de unas declaraciones realizadas por la líder regional del PP a la cadena de televisión Telemadrid. Alonso había considerado «preocupante» que De Cospedal dijera que si su partido llegara al Gobierno, invertirá mucho dinero para que en Valencia y Murcia disfruten del agua, «con lo que transmite dudas respecto a la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha».

De Cospedal matizó que sus palabras fueron las que siempre ha dicho, «que estamos dispuestos a hacer las inversiones que nunca ha hecho el Partido Socialista en materia hidráulica». La presidenta del PP castellano-manchego añadió que si Castilla-La Mancha tiene agua, también lo tendrán la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y, por ello, recomendó al Gobierno de Barreda que «en los pocos meses que le quedan hasta las elecciones inicie alguna obra para que se vea que tiene interés en solucionar el problema del agua en Castilla-La Mancha».

TOLEDO. El Comité Federal del PSOE aprobó, en su reunión de ayer, el Programa Marco y el Manifiesto Autonómico que inspirarán los programas electorales locales y autonómicos, con los que las candidaturas socialistas concurrirán a los comicios del próximo 27 de mayo.

Precisamente, uno de los puntos de dicho Manifiesto Autonómico recoge la reivindicación de Castilla-La Mancha de que las comunidades autónomas participen en los órganos de gestión del agua. Dicho modelo autonómico incluye políticas hidráulicas en las que la planificación y gestión del agua se haga de acuerdo al marco competencial establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía; se prevé que las comunidades autónomas participen en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, así como la creación de una Conferencia Sectorial del Agua.

En este contexto, el secretario de Organización de los socialistas de Castilla-La Mancha, Patrocinio Gómez, aplaudió la inclusión de esta medida en el Manifiesto Autonómico y recordó que se trata de una iniciativa que en su día hizo el presidente de Castilla-La Mancha, «y que está cargada de sentido común y de racionalidad».

Las propuestas del Programa Marco apuestan por: higiene democrática y lucha contra la corrupción; seguridad, convivencia y civismo; una fiscalidad más cómoda y unos presupuestos con participación ciudadana; una regulación de tráfico para conseguir un tráfico más tranquilo.

Los próximos retos del modelo autonómico pasan por culminar las reformas estatutarias de todas las comunidades autónomas; favorecer instrumentos multilaterales y bilaterales de cooperación; mejorar la financiación autonómica y crear espacios fiscales propios que garanticen la corresponsabilidad fiscal. Además, se ratificaron las listas a las elecciones autonómicas y municipales.