El vicepresidente segundo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page acusó ayer a los agricultores levantinos de llevar meses pidiendo un riego de socorro para salvar los limoneros y los naranjos de Murcia y Alicante y que sin embargo haya hoy «millones de kilos sin recoger que se van a podrir».

Pese a estas duras acusaciones, García-Page abogó por una «nueva» política de agua que sea «consensuada» en el conjunto de España y «destierre» enfrentamientos entre comunidades autónomas ya que «el trasvase solo puede significar en el futuro más follón, menos futuro y menos solución».

El portavoz del Ejecutivo autonómico recordó que se van a poner en marcha nuevas políticas en materia de agua y recomendó «evitar el ruido de partido y anteponer los intereses generales a los que tienen que ver con vinculaciones de tipo electoral». Afirmó que desde Castilla-La Mancha no se quiere contribuir a «ningún» tipo de ruido artificial, sino que sobre un problema tan de fondo como el agua se hable a fondo «para evitar malas interpretaciones y demagogia».

Optimismo del PP

También ayer, el coordinador regional del Grupo de Diputados del PP en el Congreso, Alejandro Ballestero, se mostró «optimista» y «convencido» de que sus compañeros de formación valencianos y murcianos, votarán a favor del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, cuando llegue el momento. El diputado popular reiteró que el PP apoyará en la Cámara Baja el nuevo texto autonómico, pero habrá que esperar a ver en qué términos lo hace el PSOE, «porque es una pena, pero no es el PP no tiene mayoría en el Congreso» para sacarlo adelante.

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, trasladó ayer su apoyo «incondicional» a los responsables de la Plataforma en Defensa del río Tajo en su aspiración a que se establezca un caudal mínimo de cantidad y calidad a su paso por Talavera de la Reina.

Cospedal, en declaraciones a los medios, manifestó que Talavera de la Reina necesita de manera «urgente e inexcusable» que se fije ese caudal mínimo, exigido por una directiva de la UE, que además sería fundamental para garantizar el agua para toda la comunidad autónoma.

Añadió en este sentido que el Gobierno regional tiene la «obligación inexcusable» de defender que haya agua en Talavera y en el resto de la comunidad y lamentó que, de momento, no haya presentado ninguna alegación al plan especial de sequía que prepara el Ministerio de Medio Ambiente y en el que no aparece el citado caudal mínimo.

Asimismo, la jefa de la oposición afirmó que el PP y la Plataforma coinciden en la necesidad de invertir en obras hidráulicas, en obras para la modernización de los regadíos, para la reutilización del agua, y para mejorar el saneamiento y el abastecimiento en toda la comunidad.

Por su parte, el coordinador de la Plataforma, Miguel Ángel Sánchez, trasladó a Cospedal su preocupación por la gestión que se hace del agua en la comunidad y por la «debilidad» con la que el Gobierno regional defiende los intereses de la comunidad.

Advirtió de que el plan especial de sequía es «un panfleto» que busca perpetuar el trasvase Tajo-Segura y emplazó a cada administración afectada a que cumpla con su deber porque ahora «se gestiona el futuro del agua en España para los próximos 20 ó 25 años y tenemos la impresión de que nos quedamos fuera».

Sánchez dijo que el Tajo debería llevar en Talavera 30 ó 35 metros cúbicos por segundo, con lo que quedaría garantizado el caudal del cauce medio y el abastecimiento para las poblaciones.

La sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ha rechazado la petición de la Junta de Usuarios del Vinalopó de suspender cautelarmente las obras del nuevo trazado del trasvase desde el Júcar.

En un auto hecho público ayer, el TSJ considera que las obras, «de interés general», se verían sometidas a «pérdidas de tiempo importantes» de acordar su suspensión en tanto se resuelve el contencioso interpuesto por los usuarios contra el acuerdo de la sociedad estatal Aguas del Júcar, por el que se adjudicaba la ejecución de los nuevos tramos.

El Tribunal advierte también del «importante calado ambiental» de la infraestructura, y del riesgo de «pérdida de la financiación europea», ya que la suspensión «paralizaría políticas ambientales».

La Junta de Usuarios interpuso el contencioso el pasado verano, al entender que el acuerdo de Aguas del Júcar por el que se adjudicaban los contratos de proyecto y ejecución de obra en los cinco tramos del trasvase Júcar-Vinalopó que modifican el trazado inicial violaban la directiva marco del Agua de la Unión Europea (UE), al no garantizar el abastecimiento. El contencioso sigue su curso, por lo que está pendiente de la sentencia que pueda dictarse en su día.

«Varapalo»

El consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, se mostró ayer «muy satisfecho» con la decisión del TSJ, ya que se trata de «la segunda ocasión en que la Justicia da un varapalo a la Junta Central» -en la primera, en marzo de 2006, un juez de lo Mercantil falló a favor del propio Marugán, después de que los usuarios denunciasen que no era competente para paralizar el trasvase original-.

El entusiasmo del consejero de la sociedad estatal fue más allá, y llegó a solicitar a Martínez que dimita como presidente de la Junta de Usuarios. En opinión de Marugán, la decisión del TSJ «inhabilita totalmente a Andrés Martínez como interlocutor con la Administración», por lo que «debería presentar su dimisión».

Para el consejero, que no ceja en su empeño de identificar a Martínez con el PP -pese a su expresa desvinculación de la «batalla política»-, éste se muestra «más interesado en defender los intereses de los populares que los de los agricultores».

El presidente de la Junta de Usuarios, por su parte, replicó que «los únicos que me pueden hacer dimitir son aquellos que me apoyan», es decir, los miembros de la Junta. Respecto a las apreciaciones de Marugán, Martínez consideró que se trata de «valoraciones políticas», por lo que evitó referirse a ellas.

En cualquier caso, lamentó la ausencia de respuesta por parte de Aguas del Júcar a su oferta de diálogo para consensuar la explotación del trasvase, que ayer mismo reiteró por tercera vez en dos meses a través de un nuevo comunicado, y que ya ha sido transmitida a la sociedad y a Medio Ambiente.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, dijo hoy que, si bien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha acordado denegar su petición de paralizar cautelarmente las obras del nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, «el recurso continúa bajo procedimiento».

TALAVERA. La Plataforma en Defensa del Tajo considera que el plan especial ante situaciones de alerta y sequía que ha elaborado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) está realizado «exclusivamente» para mantener el trasvase Tajo-Segura.

Los portavoces de la Plataforma, Miguel Angel Sánchez y Miguel Méndez, presentaron ayer en rueda de prensa las alegaciones que han realizado al citado plan y exigieron que la Junta y el Ayuntamiento talaverano «pongan todo su esfuerzo» en paralizar este proyecto.

El plan especial ante situaciones de alerta y sequía del Tajo es un documento de 2.400 páginas, cuyo período de presentación de alegaciones concluyó ayer mismo, y que establece las medidas que se adoptarán en la cuenca en períodos de sequía y que, según la Plataforma, pretende «consagrar» el trasvase, informa Efe.

Miguel Angel Sánchez recalcó que rechazan este documento y piden a la Confederación que lo retire porque, entre otros motivos, este organismo no utiliza cifras reales del agua que fluye por el río y tampoco ha hecho estudios para establecer un caudal ecológico como en otras cuencas. «El Plan se ha hecho para seguir con el trasvase Tajo-Segura y mirando al río Segura, no al río Tajo», sostuvo el portavoz.

Opinó que los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y de la CHT «están cometiendo un delito grave porque no están vigilando los intereses del río Tajo y de los 10 millones de personas que beben agua de su cuenca sino que hacen un plan para garantizar el mantenimiento de por vida del trasvase», y calificó a la Confederación del Tajo como la «Confederación del Segura II».

Explicó que «la táctica de la Confederación es ahorrar todo el agua posible en la cuenca para tener más agua en la cabecera y poder trasvasar al Segura» y reiteró que desde 1979 la cuenca del Tajo se ha gestionado «mirando los intereses de Murcia» y que esta situación continúa en el plan sobre situaciones de alerta y sequía.

Recordó que la ciudad de Talavera, que es la mayor de España a orillas del Tajo, queda fuera de este plan especial y al no establecerse un caudal mínimo podría darse la situación de que Murcia tuviera agua para riego pero no los regantes de Talavera de la Reina.

Respecto a la Junta, Sánchez recordó que el presidente regional, José María Barreda, se mostró dispuesto a defender un caudal ecológico para el Tajo en Talavera en la reunión que mantuvo con responsables de la Plataforma hace unas semanas. No obstante, dijo que «nos preocupa la tibieza» del Gobierno regional en esta cuestión y recordó que el plan es «una bofetada» a la Junta en cuanto que establece lo contrario de lo que prevé el Ejecutivo autónomo respecto al trasvase.

El Ministerio de Medio Ambiente ha remitido una nota en la que matiza que el canal Segarra-Garrigues «no responde a ningún trasvase del río Ebro», ya que el proyecto de regadío en la provincia de Lérida es «un territorio que forma parte plenamente de la cuenca del Ebro, concretamente de un afluente, el Segre». En este sentido, hay que aclarar que, técnicamente, un «trasvase» es cuando se desplaza agua de una cuenca hidrográfica a otra, siendo una «transferencia» cuando el líquido elemento se moviliza pero dentro de una misma cuenca hidrográfica. No obstante, el ciudadano de a pie tiende a utilizar los dos términos como sinónimos.

El departamento de Narbona, que insiste en que el proyecto «regará hasta 70.000 hectáreas» dentro de la propia subcuenca del Segre, por lo que concluye que «los retornos del regadío también volverán, por gravedad, al río Segre, de donde salen los caudales». Esta situación da pie a la aseveración de que «ni una sola gota del río Ebro se utiliza fuera de su cuenca».

La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, aseguró ayer en Albacete que “el 92 por ciento de la superficie de regadíos de Castilla-La Mancha utiliza sistemas orientados al uso racional del agua”, a través de riego por aspersión o por goteo, destacando que la región es pionera en esta materia “aunque algunos no lo quieran ver”.

En este sentido, Mercedes Gómez, que mantuvo una reunión con la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, destacó el esfuerzo del Gobierno regional y de los agricultores castellano-manchegos en esta materia, señalando que en los últimos diez años se ha realizado una inversión de más de 351 millones de euros, asumida al 50% entre la Administración regional y los propios agricultores.

Así, la consejera afirmó que “Castilla-La Mancha es mucho más eficiente en el uso racional del agua que otras Comunidades Autónomas”, asegurando que la superficie de regadíos que utilizan estos sistemas es del 77 por ciento en Murcia o del 48 por ciento en la Comunidad Valenciana.

De esta forma, la consejera explicó que en Valencia y Murcia se utilizan 20.000 metros cúbicos por hectárea para regadíos, mientras que en Castilla-La Mancha esta cantidad es desde 1.000 metros cúbicos en riegos de apoyo hasta 5.000 metros cúbicos en el caso de frutas y hortalizas.

“Esto supone que Castilla-La Mancha es capaz de ahorrar 70 hectómetros cúbicos de agua al año, es decir lo que consumirían 700.000 personas, es decir dos de cada tres castellano-manchegos”, manifestó Mercedes Gómez.

Además, la consejera recordó que más de 120.000 hectáreas están conectadas al Sistema Integral de Asesoramiento a los Regantes, que se desarrolla en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha, que permite informar a los regantes, día a día, sobre las necesidades de agua de sus cultivos, dependiendo de la humedad del suelo, de la planta o del aire, para que puedan utilizar el mínimo de agua posible.

Mercedes Gómez destacó que en la provincia de Albacete hay 70.000 hectáreas modernizadas, de las 138.000 hectáreas de superficie de regadío, señalando que, además, hay en marcha obras muy importantes como el riego de apoyo al viñedo de Fuenteálamo, “que va a ser una de las obras más importantes de la provincia”.

15. Enero ´07 – El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, destacó el pasado viernes en Guadalajara, el esfuerzo que han hecho los agricultores castellano-manchegos en la modernización de regadíos.

Barreda hacía estas declaraciones en alusión a las críticas vertidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hace unos días en un medio de comunicación en el que acusó a los agricultores de nuestra Comunidad de regar a manta.

A este respecto, y en respuesta a preguntas de los periodistas, el presidente señaló que aprovechó la Conferencia de Presidentes para informar a Aguirre de los datos reales sobre el regadío en Castilla-La Mancha.

En este sentido, anunció que va a enviar a la responsable del Ejecutivo madrileño un documento detallado sobre la ejecución y actuaciones de los riegos en Castilla-La Mancha con la finalidad de que Aguirre no se vuelva a equivocar cuando hable de nuestra agricultura.

En concreto, según los datos del Ministerio de Agricultura, Castilla-La Mancha es la Región de España que dispone de un mayor porcentaje de superficie con sistemas de riego eficientes, ya que el riego por aspersión más goteo representa el 92% de la superficie total de regadío.

Asimismo, Barreda explicó que en Castilla-La Mancha la superficie regable es inferior a la media nacional y a las extensiones que a este respecto se dedican en Comunidades Autónomas como Valencia y Murcia. Precisamente, esa situación de desventaja es lo que respalda las reivindicaciones que desde Castilla-La Mancha se hacen por una mejora de nuestro regadío.

Además, según explicó el presidente, la modernización de los regadíos en Castilla-La Mancha es ejemplar y “está más avanzada que en Valencia y Murcia”.

12. Enero ´07 – El vicepresidente de Asaja Albacete, Eduardo Esteso, lamentó ayer la cesión de derechos de agua de los regantes de la Mancha Oriental a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque tendrá «consecuencias negativas» en la economía de la provincia, puesto que afectará a sectores como el del transporte o los fitosanitarios.

Esteso durante una rueda de prensa explicó 25.000 hectáreas no se regarán y, por tanto, no generarán beneficio en sectores como el transporte.

Recordó que una hectárea de remolacha genera unos ingresos de unos 1.200 euros por hectárea y que este dinero no se «moverá» este año en la provincia.

Calificó de «ejemplar y perfecto» el comportamiento de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) que decidieron voluntariamente restringir un 20 por ciento su uso del agua y se preguntó «por qué no hacen lo mismo los regantes de Alicante y Valencia».

Denunció que el Plan Especial del Alto Guadiana «pretende cargarse de un plumazo 50.000 hectáreas de regadío» y apuntó que las 25.000 que no se regarán en Albacete son «temporales», aunque en el Alto Guadiana son «definitivas».

Además, Esteso advirtió que «con estas medidas va a desaparecer un patrimonio que es muy importante».

MADRID. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, explicó ayer que la III Conferencia de Presidentes concluyó con un «acuerdo muy mínimo» sobre agua porque él se opuso «frontal y radicalmente» a la exigencia de los presidentes del PP de que «se hablara en términos de santificar y eternizar el trasvase Tajo-Segura».

En rueda de prensa en el Senado tras una reunión a puerta cerrada que finalizó en torno a las 21.00 horas, Barreda señaló que el único acuerdo en la materia fue la creación de una Conferencia Sectorial específica, y achacó la falta de más avances a que los presidentes del PP rechazaran la cogestión autonómica del agua.

Barreda valoró, sobre todo, la creación de un consejo formado por cuatro presidentes -del que él formará parte junto a los de Andalucía, Manuel Chaves; La Rioja, Pedro Sanz; y Madrid, Esperanza Aguirre- que se encargará de elaborar el programa de funcionamiento interno de la venidera Conferencia de Presidentes, que se centrará en el cambio climático.

El presidente castellano-manchego reconoció haber ejercido una «negativa frontal» que impidió el consenso debido a la «condición «sine qua non»» impuesta por los presidentes del PP sobre la referencia al trasvase Tajo-Segura, ya que existía una «profunda y cualitativa discrepancia».

Negativa de Murcia y Valencia

En sentido inverso, Barreda también manifestó que para el consenso a la propuesta del Gobierno de aumentar la coparticipación autonómica en la gestión del agua tan sólo faltó que se aunaran dos comunidades autónomas (Murcia y Valencia), estando la «inmensa mayoría» de las otras a favor.

Así, dijo que le parecía «muy duro» que un presidente autonómico pueda negar algo tan acorde con el Estado de las autonomías y señaló que quienes se oponían no han dado «ningún razonamiento convincente» contra la corresponsabilidad en la gestión del agua.

«No hemos retrocedido ni un sólo milímetro» en la «reivindicación histórica de Castilla-La Mancha», enfatizó Barreda para exponer que la falta de un importante acuerdo en la Conferencia en materia de agua no le ha «extrañado» porque conocía la postura de Valencia y Murcia.

Reiteró la «imprescindible» necesidad de que Castilla-La Mancha adquiera competencias sobre recursos hídricos que completen las que tiene en urbanismo, medio ambiente, vivienda, agricultura u ordenación del territorio, para ejercer éstas «coherentemente», y auguró que la cogestión será una realidad «más pronto que tarde».

Preguntado acerca de su supuesta negativa a que en las conferencias sectoriales de agua se aborde el tema de los trasvases, Barreda señaló que él no se opondrá y que le ha parecido entender que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quería esto y que para él «tanto mejor».

Barreda explicó de forma somera los acuerdos en materia de inmigración, como la creación de otra Sectorial en esta materia, o el documento sobre investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aprobado.

El documento sobre I+D+i para Castilla-La Mancha «es muy importante, no es baladí», dijo Barreda antes de explicar que el montante que corresponda a la región lo destinará al centro de investigación en hidrógeno de Puertollano y en los centros de energía solar fotovoltaica de concentración.

TOLEDO. El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, reprochó ayer a la vecina Comunidad de Madrid que no vigile la calidad del agua que llega al Tajo porque, si este río «está como está es porque una parte importante se va a otro sitio y también porque lo que nos llega como agua depurada es más que discutible, por lo que deberían mandar el mejor agua al Tajo».

De esta forma el vicepresidente segundo y portavoz de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, respondía a las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que criticó a Castilla-La Mancha por «regar a manta».

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que la Región de Murcia «tiene una economía pujante y unos regadíos absolutamente productivos, todos ellos con sistemas de goteo que consumen una cantidad pequeñísima, comparado con los riegos a manta que está habiendo ahora por inundación en grandes partes de Castilla-La Mancha».

«La palabra «manta» es polisémica -dijo el portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha- y hay muchas declaraciones ´manta´ y también mucha gente «manta»», por lo que recomendó a Esperanza Aguirre que se preocupe de enviar agua limpia al Tajo.

Poner en aprieto

Así, el portavoz del Gobierno regional instó a la presidenta madrileña a «informarse» porque la región es la Comunidad que tiene «el mayor grado de optimización en sus regadíos», con el 92 por ciento.

Además, García-Page aprovechó para arremeter contra la candidata del Partido Popular a la Junta, María Dolores de Cospedal, ya que afirmó que estas palabras de Aguirre ponen «en un aprieto considerable» a la que fue consejera de Transportes del Ejecutivo madrileño y actual presidenta del Partido Popular en la Comunidad autónoma, aunque aclaró que esta última firmó un acuerdo que dice «lo contrario» que señala Aguirre.