El Gobierno aragonés ha autorizado a los servicios jurídicos a interponer las acciones legales oportunas en defensa de los intereses de Aragón si la Agencia Catalana del Agua no da marcha atrás en su Plan Hidrológico 2010-2015, en exposición pública hasta el 23 de julio. El vicepresidente, José Ángel Biel, insistió ayer en que recurrirá a los tribunales para pedir su nulidad si la Generalitat no tiene en cuenta las 18 alegaciones que presentan de nuevo por extralimitarse en sus competencias y romper la unidad de cuenca con el fin de asegurarse agua suficiente para abastecerse.

Es la segunda vez que Aragón recurre la gestión hidráulica de la comunidad vecina. En mayo, lo hizo con 16 alegaciones al Programa de Medidas y al Informe de Sostenibilidad de dicho plan. Sin embargo, la Agencia Catalana del Agua no ha contestado y se ha limitado a decir que resolverá sobre todo ello de una sola vez y, según fuentes cercanas, que lo hará de forma expresa incluyéndolo o no en el propio plan, que posiblemente se apruebe antes de las elecciones catalanas, previstas para este otoño.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer las 18 alegaciones al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, antiguamente denominado Plan Hidrológico, que incluye las 16 ya presentadas más la parte normativa del propio plan. Entre ellas, que se suspenda su aprobación.

EL PROCEDIMIENTO Y es que la aprobación de cualquier plan, incluso el de cuencas internas, debe obtener el visto bueno del Consejo Nacional del Agua. Además, en los planes que afectan a determinadas cuencas, como en este caso la del Ebro, las competencias hidráulicas son del Consejo de Gobierno de las respectivas confederaciones, en este caso de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Nada de todo esto se está realizando hasta ahora.

El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, explicó ayer que Aragón solicita a la Generalitat que rehaga el documento, cuyo plazo de exposición pública se ha ampliado desde finales de junio al 23 de julio. El Gobierno de Aragón entiende que incurre en importantes extralimitaciones competenciales. La principal, que se adueña como soberana del agua de toda la delimitación geográfica de Cataluña, planificando incluso caudales del Ebro y del Júcar, así como ríos compartidos como el Noguera Ribagorzana, el Segre, el Matarraña o el Algars.

Según el Gobierno de Aragón, en el documento Cataluña se apropia unilateralmente de varias masas de aguas subterráneas, lo que representa una violación de la Directiva Marco de Aguas de 2000. Tal acción, para el Ejecutivo aragonés, está al margen de cualquier amparo legal.