Nota de Castilla-La Mancha
La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, destacó esta semana el incremento en un 200% del presupuesto del Gobierno de Castilla-La Mancha destinado a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y pidió la colaboración de las organizaciones agrarias y de UCAMAN “para convencer a nuestros agricultores de la necesidad de esta estructuras”.

En este sentido, la consejera, que explicó  en Albacete la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha de cara a la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, se refirió al reducido número de OPFH de la región, donde sólo hay 15, de las que 9 pertenecen a la provincia de Albacete.

Presupuesto “insuficiente”

Mercedes Gómez aseguró que “es insuficiente” el techo presupuestario del 4,1% que va a mantener la Comisión Europea para los fondos de programas operativos de los productores de frutas y hortalizas en la reforma de esta OCM, destacando que la petición, tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Castilla-La Mancha es incrementar al 6% este porcentaje de financiación destinado a actuaciones de promoción, formación, seguros de cosecha o comercialización del sector.

Actualmente, las 15 OPFH de Castilla-La Mancha reciben de la Comisión Europea dos millones de euros de los cuatro millones de euros destinados al desarrollo de sus programas operativos.

Además, según manifestó la consejera, con la nueva OCM se quiere establecer una reserva del 20% de ese fondo a medidas medioambientales, lo que, a su juicio, “es excesivo, teniendo en cuenta que los agricultores ya realizan este tipo de medidas en sus explotaciones porque son muy respetuosos con el medio ambiente”.

Por otro lado, Mercedes Gómez, que valoró positivamente la intención de la Comisión Europea de flexibilizar la normativa en materia de comercialización de los productos del sector de frutas y hortalizas, trasladó la preocupación del Gobierno regional ante “el desinterés total” de la comisión por exigir a productores, fundamentalmente de China, que exportan productos como el ajo, la cebolla o el champiñón, cumplir la misma normativa que se establece para los productores europeos.

Por último, la consejera se refirió a la propuesta de integrar al sector de frutas y hortalizas en el sistema de Pago Único, a través del “pago desacoplado”, mostrando el rechazo, tanto del Gobierno regional como del sector, de la propuesta de la Comisión Europea de suprimir la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en superficies que ya cobran estas ayudas por otros sectores.

Visitas a empresas del sector

En este contexto, Mercedes Gómez visitó algunas empresas y cooperativas del sector de frutas y hortalizas de la provincia de Albacete.

En primer lugar, la consejera recorrió las instalaciones de la empresa “Hortícola Albacete, S.A”, ubicada en el polígono industrial Campollano de Albacete, dedicada al envasado de productos frescos, conservas y congelados, con una facturación de 12 millones de euros y 244 trabajadores, el 80% de los cuales son mujeres.

Esta empresa es pionera, en España y Europa, al utilizar, gracias a un acuerdo comercial con una empresa sueca, un formato único en la conservación de verduras: el tetrapack, para lo que ha realizado una inversión de más de 8,5 millones de euros, contando con la colaboración de la Consejería de Agricultura, a través del programa FOCAL.

Posteriormente, Mercedes Gómez se desplazó a la pedanía albaceteña de El Salobral, donde procedió al acto de inauguración de la cooperativa “CORYMAR”, dedicada, aparte de la producción de cereales, a la comercialización de cebolla y, en breve, se sumará a las 15 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que hay en Castilla-La Mancha.

Esta sociedad cooperativa, que nació de la unión de dos cooperativas, cuenta con 223 socios y cinco trabajadores fijos.

La consejera aprovechó esta visita para destacar que Albacete es la principal productora de cebolla de España, mostrando su interés por esta cooperativa y su deseo “de dejar de comercializar nuestra cebolla a granel para comercializarla con nuestra propia marca y con nuestra propia Indicación Geográfica Protegida porque así nos garantizaremos que el valor añadido de estas producciones se lo lleven nuestros agricultores”.

Por la tarde, Mercedes Gómez visitó, en el municipio albaceteño de Bonete, las instalaciones de la empresa “Bonechamp”, dedicada a la producción de setas y champiñón, que cuenta con 16 trabajadores.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró hoy que el «rigor» y la «prudencia» con que el Gobierno ha administrado los embalses de la cabecera del Tajo han permitido garantizar el agua de abastecimiento «desde el principio de esta sequía» en las cuencas del Tajo, Júcar y Segura.

Narbona, quien visitó las obras de construcción de la presa de Ibiur en Baliarrain (Guipúzcoa), admitió, en declaraciones a los periodistas, que la denegación de aportaciones de agua para regadío desde la cabecera del Tajo «ha causado en muchos momentos tensiones» con la Comunidad Valenciana.

«Pero es verdad que, si no nos hubiéramos negado a esos desembalses, seguramente hace bastante tiempo que no se podría trasvasar ya absolutamente nada desde la cabecera del Tajo para abastecimiento», insistió.

Argumentó que en el último año se han aprobado muy pocas aportaciones de agua para regadío y que, como alternativa, el Gobierno ha «regulado la posibilidad de cesión de derechos de agua desde regantes de la cuenca del Tajo a la del Segura», lo cual «ha permitido, al menos, la supervivencia de los cultivos leñosos del Segura, que es un objetivo prioritario».

La ministra, quien señaló que su departamento debe equilibrar las reivindicaciones de las comunidades autónomas con la defensa del interés general, envió un mensaje de «tranquilidad» al gobierno castellano manchego «porque es verdad que lo que se destina a regadío» se emplea en «explotaciones agrarias de alto valor añadido» que habrían recibido mucha más agua de los embalses de la cabecera del Tajo en los dos últimos años si las condiciones hidrográficas hubieran sido mejores.

La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la demanda presentada por Ecologistas en Acción y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica para que anulara y dejara sin efecto una resolución de la Conselleria de Cultura que rechazaba iniciar la declaración de la huerta de Valencia como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de parque cultural. Si el TSJ hubiera aceptado los argumentos de los demandantes Cultura debería haber iniciado el expediente de declaración de BIC y se deberían haber acordado «la suspensión de licencias e instrumentos de ordenación». Se habrían visto afectadas «las parcelas o campos regados por las ocho acequias del Turia en los que extiende su jurisdicción el Tribunal de las Aguas de Valencia y las comunidades de regantes que administran el agua de las acequias de Tormos, Mestalla, Rascanya, Favara, Quart, Benàger, Faitanar, Rovella y Mislata».

El TSJ considera considera en la sentencia que todo este ámbito no merece protección porque «el ámbito territorial al que se pretende extender [la figura de parque cultural] es excesivo», en línea con los mismos argumentos que planteaba la Conselleria de Cultura. El tribunal añade que «aunque originariamente su elemento configurador fuera la huerta, en la actualidad se ha transformado en centros urbanos con importante implantación poblacional que no permite su declaración como parque cultural». Ésta última es, además, una figura legal que tiene una «limitación espacial que, en modo alguno, cabe considerar extensible a un ámbito territorial tan amplio como el pretendido» por los demandantes.
El TSJ concluye así que la huerta no puede ser parque cultural «por las posibles dificultades que, sin duda, comportaría su protección y conservación efectiva». Y por la transformación que ha sufrido. «La realidad urbana de los municipios afectados con el correspondiente asentamiento poblaciones y la transformación del suelo agrícola con destino a otros usos ponen de manifiesto la imposibilidad real de acogerse a la categoría» de parque cultural. Curiosamente, esta misma sección utilizó similares argumentos para desestimar un recurso contra la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en La Punta, ya que consideró que no destruiría un paisaje valioso ya que la huerta ya estaba degradada.
Por último, el TSJ evita dejar algún cabo suelto y concluye que no debe iniciarse el expediente de BIC ya que «como es sabido su iniciación comporta la inmediata adopción de unas medidas limitativas del uso del suelo que no estarían justificadas en este caso por la imposibilidad del objeto final del expediente».
La sentencia es firme y no cabe recurso ya que se resuelve en aplicación del derecho autonómico cuyo máximo interprete es el TSJ. Como no existe un órgano superior al TSJ no se permite alegar. En el caso de que la legislación aplicable fuera estatal si cabría un recurso ante el Tribunal Supremo.
Por último, la Generalitat pretendía que no se admitiera a trámite el recurso «porque aún cabía recurso de alzada» ante la secretaria autonómica. Sin embargo, el TSJ recuerda a Cultura que fue la misma conselleria quien indicó a Ecologistas en Acción que acudieran directamente al contencioso-administrativo. «Una indicación errónea por lo que carece de fundamento la inadmisión del recurso».

El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, que se pretende llevar de forma consensuada el próximo 1 de febrero a las Cortes Generales, va a reactivar de forma activa e intensa el debate nacional del agua cuando se ponga en marcha en el Congreso de los Diputados su correspondiente trámite parlamentario. Al menos en eso sí ha sido eficaz la reforma pactada entre el presidente de la Junta, José María Barreda, y la presidenta y candidata del PP, María Dolores de Cospedal.

El fin del trasvase Tajo-Segura que recoge el nuevo texto castellano-manchego, según pactaron en su día Barreda y Cospedal, es un asunto ciertamente controvertido que ha provocado fuertes divisiones en dos direcciones políticas: división territorial, con las comunidades del Levante abiertamente en contra de poner fin al trasvase, y división interna tanto en el PSOE como en el PP en función de sus intereses territoriales.

Es previsible que el Estatuto de Castilla-La Mancha abra, por tanto, fisuras en el Congreso en los grupos parlamentarios socialista y popular, aunque de momento nadie quiera reconocerlo.

Murcia y Valencia

Este miércoles, el diputado toledano Alejandro Ballestero, coordinador parlamentario del PP de Castilla-La Mancha, se ha mostrado convencido en rueda de prensa de que los diputados populares de Murcia y Valencia apoyarán el nuevo Estatuto castellano-manchego, con todo lo que eso conlleva, es decir, incluido el fin del trasvase, al que desde estas comunidades levantinas se vienen oponiendo hasta ahora con total rotundidad.

Ballestero aseguró ser «optimista» y dijo estar «convencido» de que los diputados del PP murcianos y valencianos, que lideran respectivamente los presidentes de estas comunidades, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, van a dar en el Parlamento su voto favorable al Estatuto de Castilla-La Mancha. Evidentemente, tal como están las cosas en este momento, sería casi un milagro.

División en el PSOE

El diputado toledano del PP dijo que su partido apoyará el nuevo Estatuto, pero no confía nada en que el PSOE haga lo mismo, a la vista de las diferencias internas que hay también en este partido. Según Ballestero, habrá que ver en qué términos se expresan los socialistas, «porque es una pena, pero el PP no tiene mayoría en el Congreso». En este sentido, el diputado popular acusó a Barreda y al PSOE de votar «una cosa y la contraria».

Alejandro Ballestero dijo, por otro lado, que la presidenta y candidata del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, «defenderá de forma audaz y eficaz los intereses dela región», frente a un Barreda «que se pliega a las directrices de su partido». Para el parlamentario del PP, en el origen de esta controvertida situación en torno al agua está la política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya unión inicial con Esquerra Republicana de Catalunya acabó con el trasvase del Ebro y perjudicó fuertemente a Castilla-La Mancha. 

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que la política en materia de aguas que han desarrollado los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente durante el año 2006 ha supuesto un claro avance en la modernización de los regadíos ya existentes, «pero no en la puesta en marcha de infraestructuras hidráulicas que garanticen el acopio y suministro de agua en épocas de sequía».

El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, estima que el Plan de Choque contra la sequía, aprobado con carácter de urgencia el pasado marzo, permitió «agilizar la ejecución de diversas obras de modernización y consolidación de regadíos durante el año pasado».

Sin embargo, el presidente de los regantes españoles lamenta que apenas se haya avanzado en la construcción de obras de regulación y de trasvases intercuencas, así como en la potenciación de otras medidas de gestión de la demanda, como son la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas depuradas.

Por otro lado, la federación de regantes cree que durante el 2006 se produjo un giro hacia la planificación hidroilógica, «protagonizada por las comunidades autónomas y motivada por intereses políticos que, de continuar así, impedirá corregir los desequilibrios existentes entre las distintas cuencas hidrográficas de toda España». Dentro de tal política destaca la doctrina de trasvase cero propugnada por el Ministerio de Medio Ambiente para los agricultores que dependen del Acueducto Tajo-Segura.

Interferencias autonómicasEn este sentido, la federación considera un «desacierto político» que los estatutos de autonomía de Cataluña, Aragón y Andalucía hayan entrado a regular los ríos, cuando se trata de una competencia exclusiva del Estado, «ya que los ríos que atraviesan varias regiones deben ser planificados y gestionados por las confederaciones hidrográficas, con la participación de los usuarios y las comunidades autónomas a fin de evitar que se produzcan guerras del agua y enfrentamientos territoriales».

Por otro lado, Andrés del Campo juzga que la denominada fiscalidad verde también debería plantearse la alternativa de compensar económicamente a quienes contribuyen con su actividad al mantenimiento del medio ambiente. Así, defendió los efectos positivos que ejerce el regadío sobre el entorno, como son la aportación de oxígeno a la atmósfera por la función de fotosíntesis y su papel de auténtico sumidero de dióxido de carbono.

Fenacore lamenta igualmente la «pérdida de representación» que durante este año han sufrido los regantes «a favor de sindicatos, ecologistas y otras organizaciones» en los órganos de gobierno de las confederaciones hidrográficas, así como en otros órganos consultivos de la Administración central, como son el Consejo Asesor de Medio Ambiente, del que ha sido excluida la propia federación. Ante esta situación, Andrés del Campo reclama un aumento de la representatividad de los regantes dentro del número total de usuarios de las cuencas hidrográficas, «en justa proporcionalidad a los respectivos intereses».

Finalmente, el presidente de Fenacore indica durante el último año se generó un amplio debate sobre las ventajas y desventajas de la desalación. En este ámbito, Del Campo considera que la desalación debe ser considerada como una medida complementaria de otra fuente principal (superficial o subterránea), ya que su coste elevado, según los regantes, haría inviable la actividad, principalmente, en las zonas regables alejadas de la planta desaladora o del interior de la Península, donde las producciones son menos rentables.

La candidata del PP a la Junta, María Dolores de Cospedal, manifestó ayer que está de acuerdo con el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, respecto a la necesidad de «evitar la demagogia y tener una política clara sobre el agua en materia nacional».

A preguntas de los medios antes de reunirse con representantes de la Cámara de Comercio de Toledo, De Cospedal apuntó, sin embargo, que es al Gobierno central «al que le corresponde buscar ese consenso» para garantizar el derecho al agua «que tenemos todos los españoles» y establecer las medidas para que «en aquellas regiones donde no tienen agua la tengan y en las que tenemos agua, la podamos disfrutar y enriquecernos de ella».

En cuanto a las declaraciones realizadas la pasada semana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre el riego «a manta» en la región, Cospedal apuntó que cualquier consideración que se pueda hacer en contra de Castilla-La Mancha siempre va a tener la réplica del PP regional y de su presidenta», pero «si lo que se pretende es que entre en discusiones para el disfrute del PSOE, no lo voy a hacer», indicó.

Sobre la posible falta de acuerdo en materia de agua con los «populares» murcianos y valencianos, la presidenta del PP de la región recordó que Mariano Rajoy «ha dicho que en materia del Estatuto de Castilla-La Mancha la voz y la decisión la tiene el PP regional y nos ha dado libertad de opinar lo que sea mejor para los ciudadanos».

Cospedal realizó estas declaraciones antes de reunirse con los representantes de la Cámara de Comercio de Toledo para compartir con «los empresarios, comerciantes e industriales de Toledo y la provincia mis propuestas e inquietudes y escuchar las aspiraciones y deseos que puedan hacerme».

Los expertos participantes en el quinto Foro Permanente de la Tribuna del Agua de la Expo 2008 apostaron por intensificar el uso de las tecnologías en la agricultura ante la crisis en la gestión de los recursos hídricos que existe actualmente a nivel mundial.

La sesión del pasado martes, dedicada al «Agua y la agricultura», fue moderado por la periodista Inmaculada Mardones y contó con el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, la coordinadora de Análisis Económico del Ministerio de Medio Ambiente, Josefina Maestu, el presidente de la Confederación del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, y el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Alfonso Calera.

Calera, quien acudió en representación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, de la que s catedrático, se refirió a la «revolución silenciosa» que ha supuesto la explotación de aguas subterráneas hecha por cientos de miles de agricultores españoles y al problema que conlleva de gestión incontrolada.

La participación de todos los agentes implicados y la transparencia son, en su opinión, los dos ejes fundamentales para mejorar la gestión del agua en la agricultura, además del conocimiento de los usos y necesidades de cada territorio.

Calera también apostó por el empleo de los sistemas de observación de la tierra desde satélites para conocer las necesidades hídricas de los cultivos, un método que han puesto en práctica, dijo, los regantes de la Mancha oriental

Por su parte, Josefina Maestu afirmó que en la agricultura española existe dos realidades, una que utiliza el 9 por ciento del agua y genera el 76 por ciento de valor añadido y otra que con el 58 por ciento produce sólo el 5 por ciento.

Maestu y el presidente de la CHS afirmaron, además, que el actual Plan Nacional de Regadíos es «inviable» ya que no hay agua superficial y subterránea para atender la demanda de este programa, unos 9.000 hectómetros cúbicos de agua más.

Más regadíos en La Mancha
Emiliano García-Page realizó, por otro lado, una encendida defensa de los regadíos y señaló que Castilla-La Mancha es una región en “permanente” demanda de regadíos y, añadió, “nos gustaría que se hubieran facilitado su instalación desde el Estado durante los distintos gobiernos”. Para el vicepresidente del Gobierno manchego, la política regadíos es determinante para una agricultura moderna y apostó por “introducir mejores técnicas para que no pueda hipotecar otros desarrollos”.

Para García-Page en España “existe agua para beber y dar salida al desarrollo económico”, por lo que apostó por la necesidad de establecer un nuevo Plan de Regadíos.

En cualquier caso, el vicepresidente se olvidó de mencionar el informe del Ministerio de Medio Ambiente que en enero de 2005 calificaba estos regadíos de “extensivos, altamente consumidores de agua, especializados en cultivos excedentarios, fuertemente subvencionados, escasamente rentables y sometidos, con frecuencia, a las incertidumbres derivadas de la Política Agraria Común”.

El mismo informe destaca que la superficie regada en Albacete se ha incrementado un 50% en los últimos diez años, mientras que en la Comunitat Valenciana ha disminuido 22%.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page acusó ayer a los agricultores levantinos de llevar meses pidiendo un riego de socorro para salvar los limoneros y los naranjos de Murcia y Alicante y que sin embargo haya hoy «millones de kilos sin recoger que se van a podrir».

Pese a estas duras acusaciones, García-Page abogó por una «nueva» política de agua que sea «consensuada» en el conjunto de España y «destierre» enfrentamientos entre comunidades autónomas ya que «el trasvase solo puede significar en el futuro más follón, menos futuro y menos solución».

El portavoz del Ejecutivo autonómico recordó que se van a poner en marcha nuevas políticas en materia de agua y recomendó «evitar el ruido de partido y anteponer los intereses generales a los que tienen que ver con vinculaciones de tipo electoral». Afirmó que desde Castilla-La Mancha no se quiere contribuir a «ningún» tipo de ruido artificial, sino que sobre un problema tan de fondo como el agua se hable a fondo «para evitar malas interpretaciones y demagogia».

Optimismo del PP

También ayer, el coordinador regional del Grupo de Diputados del PP en el Congreso, Alejandro Ballestero, se mostró «optimista» y «convencido» de que sus compañeros de formación valencianos y murcianos, votarán a favor del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, cuando llegue el momento. El diputado popular reiteró que el PP apoyará en la Cámara Baja el nuevo texto autonómico, pero habrá que esperar a ver en qué términos lo hace el PSOE, «porque es una pena, pero no es el PP no tiene mayoría en el Congreso» para sacarlo adelante.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, acerca de las declaraciones de la pasada semana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre el riego «a manta» en Castilla-La Mancha, confirmó que esto demuestra que «no sabe como se llama» puesto que la denominación es de «riego a manto». Explicó el diputado regional al respecto que esta fórmula solo se utiliza en el 10 por ciento de los casos de la superficie de regadío en Castilla-La Mancha, frente al 70 por ciento de Madrid.

En este sentido, recordó que, históricamente, la región «ha tenido negados los derechos a regar» y dijo que lo que se pretende no es «blindar el río», sino «liberarlo» porque los que tenían los derechos eran los agricultores de Murcia y Levante.

Por su parte, la Unió de Llauradors criticó las «abusivas extracciones» de agua del Júcar en Castilla la Mancha para los cereales de regadío