Un grupo muy reducido de profesores universitarios de la Universidad de Albacete se encuentra detrás de las dos sentencias judiciales más perjudiciales contra los intereses estratégicos valencianos que se recuerdan en los últimos años: la de 20 de octubre de 2004 del Tribunal Supremo por la que se anulan varios artículos del Plan Hidrológico del Júcar-incluido el que posibilita el trasvase Júcar-Vinalopó- y la de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que declara no conforme a derecho la tramitación de impacto ambiental del tramo del AVE entre Motilla y Valencia.
Aparentemente, la Fundación para el Progreso de Albacete que logró anular el PHJ y la Iniciativa Cívica por Albacete que pide la paralización del ave Motilla-Valencia no son la misma organización, aunque mantienen muchos elementos comunes que apuntan en dirección contraria: ambas carecen de una sede física, han mantenido siempre buenas relaciones con el poder político en Castilla-La Mancha y comparten el mismo asesor legal y los mismos portavoces.
Desde el «Decreto Romero»
En ambos casos, el artífice de los recursos legales que cuestionan dos infraestructuras básicas para el desarrollo de la Comunitat Valenciana es el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Albacete Francisco Delgado Piqueras, experto en legislación de aguas y de medio ambiente que figuró entre el selecto grupo de investigadores a los que el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, pidió opinión sobre el Plan Hidrológico Nacional. La Fundación para el Progreso de Albacete, a la que Delgado Piqueras asesora legalmente, nació en en el lejano 1988 cuando se inició el conflicto por el agua del Júcar suscitado por el conocido Decreto Romero, que proyectaba convertir en regadío con aguas superficiales del Júcar casi 100.000 hectáreas en la Manchuela.
El proyecto no prospero, pero en la Mancha siguieron haciendo pozos hasta alcanzar las 100.000 hectáreas con la complicidad de todas las administraciones. Incluso el ex presidente castellano-manchego José Bono llegó a celebrar el Día del Agua participando en actos convocados por la Fundación en los que «colaboraba» económicamentela Junta de Comunidades
Posteriormente, la Fundación fue especialmente activa durante la negociación del PHJ, cuyo texto final fue pactado por el propio Bono, Eduardo Zaplana y los responsables de Medio Ambiente Isabel Tocino y Jaume Matas.
Después de apoyarse en la Fundación, Bono consiguió un acuerdo político muy ventajoso para Castilla-la Mancha, que este año ya ha consumido más recursos del Júcar que sus usuarios tradicionales valencianos, pero no impidió que la Fundación presentara el recurso que ha derivado en sentencia firme contra el PHJ.
Mismo portavoz, misma estrategia
El último portavoz conocido de la Fundación, que explicó a Levante-EMV las consecuencias de la sentencia, fue otro profesor, catedrático de la Escuela Técnica Universitaria de Ingenieros Agrónomos y experto en teledetección aplicada los regadíos de la Universidad de Albacete: Alfonso Calera Belmonte, que hace unos días reaparecía en Alcázar de San Juan, pero esta vez como portavoz-miembro de Iniciativa Cívica por Albacete y no para hablar del agua, sino del AVE.
Sin embargo, la portavoz oficial de este colectivo es Nuria Garrido, profesora universitaria experta también en derecho ambiental y adscrita al mismo departamento que Francisco Delgado, con el que está casada
Iniciativa y Fundación alegaron inicialmente contra el trazado del AVE pidiendo siempre la opción más al sur, al igual que el Gobierno de José Bono. Sin embargo, una vez que el ex presidente castellano-manchego alcanzó un pacto con Gallardón, Zaplana y Valcárcel, con el beneplácito de Álvarez Cascos, en el que arrancó que el AVE pasara por Cuenca y se hiciera un ramal a Toledo, Bono se retiró formalmente de la pelea mientras la Iniciativa, con los mismos protagonistas que en el caso del Júcar, seguía adelante con el resultado conocido.