La Unión Europea ha decidido archivar la denuncia de la Generalitat Valenciana contra la derogación del trasvase del Ebro. Así lo aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso para informar de la situación medioambiental en España.

«Hemos tenido desencuentros con algunos gobiernos autonómicos en esta materia, que deberían ser interpretados por los ciudadanos y por los gobiernos con el mayor respeto posible a las instituciones europeas», señaló la máxima responsable en materia medioambiental.

Tras una reunión del Colegio de Comisarios, la Comisión Europea decidió el pasado 21 de marzo archivar la denuncia del gobierno valenciano contra la derogación del trasvase. El ejecutivo levantino presentó dicha queja en julio del año 2004 en la que se oponía al decreto ley que modificaba el Plan Hidrológico Nacional y derogaba el trasvase, alegando un posible incumplimiento del derecho comunitario.

Según la ministra, el texto que acompaña el archivo de esta denuncia es «muy esclarecedor». Además, añadió que la Comisión Europea no tiene «ninguna duda» de que el Gobierno de España está actuando dentro de lo que exige la legislación europea en materia de agua.

La responsable del Ministerio de Medio Ambiente hizo hincapié en que el archivo de la denuncia hace patente que en España no se ha incumplido ninguna directiva comunitaria al derogar el trasvase del Ebro, ya que la Comisión Europea no ha apreciado vulneración alguna de la normativa de la UE.

CONFLICTO DE INTERESES «En política de agua, cuando comenzó esta legislatura», destacó la ministra, «España era objeto por parte de la Comisión Europea de un gravísimo conflicto de intereses porque el anterior Gobierno se empeñaba en solicitar 1.200 millones euros para el trasvase del Ebro».

Recordó que la Comisión Europea no llegó a financiar ese trasvase, y según Narbona, hay informes «contrarios a su financiación, que se conocieron antes de que se iniciase la presente legislatura»; de ese dinero, añadió, «no se obtuvo ni un euro».

Sin embargo, continuó, todas y cada una de las actuaciones del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) en las cuencas mediterráneas han recibido financiación europea. «Este programa se sometió a un proceso de evaluación estratégica y cumple las exigencias de las normativas medioambientales», indicó.

Por otra parte, la Comisión Europea dictaminó ayer que los proyectos de plantas desalinizadoras respetan la normativa medioambiental comunitaria, en concreto la directiva sobre Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y en lo que respecta a posibles impactos sobre las praderas de posidonia oceá

Los ríos Júcar a su paso por las provincias de Cuenca y Albacete y el río Alberche a su paso por la provincia de Toledo incumplen, en alguno de sus tramos, los criterios de calidad establecidos por las autoridades comunitarias.

Así lo revela el informe anual de la Comisión Europea sobre la calidad de las aguas de baño en la UE, realizado a partir del estudio de 1.863 playas y 171 ríos y lagos en España.

El informe de la Comisión Europea se refiere al río Júcar a su paso por Cuenca, mientras que en Albacete no cumplieron las normas las aguas de algún tramo del río Júcar en Alcalá del Júcar.

En Toledo, el documento recoge que la misma situación se produjo en un tramo del río Alberche.

Por otra parte, el informe recuerda que la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España el pasado año por haber eliminado sin justificación entre 1991 y 2006 de su lista oficial de zonas de baño unos 700 lugares.

Esta es la situación de falta de datos para decidir la calidad que existe al menos en tres lugares de las Lagunas de Ruidera, en el término de Ossa de Montiel.

La CE explicó que en la actualidad está examinando la respuesta enviada por las autoridades españolas.

El documento revela que en la UE el 96,1% de las zonas costeras y el 88,6% de los ríos y lagos cumplieron las normas de calidad de las aguas de baño.

Aunque en las playas la calidad de las aguas decreció ligeramente, la Comisión considera que se trata de una situación «estable, dado que el porcentaje es casi idéntico al de 2005», explicaron fuentes comunitarias.

El documento pone de manifiesto que en España no se prohibió el baño en 2006 en ninguna playa, ni siquiera en las que incumplieron los estándares de calidad.

Las mismas fuentes explicaron que «el verdadero reto» para España está en mejorar la situación de ríos y lagos, con un mayor control del vertido de aguas residuales.

El Senado secundó ayer la propuesta del Partido Popular para que el Gobierno apruebe cuanto antes un Plan Nacional destinado al control de las especies invasoras que empiezan a proliferar en España y que hacen peligrar los ecosistemas a los que se trasladan. El pleno de la Cámara Alta dio luz verde a una moción parlamentaria de siete puntos en la que los populares apuestan por programas de prevención, medidas regulatorias del comercio y tenencia de animales, campañas de sensibilización, más coordinación entre todas las administraciones y que se promueva una iniciativa a nivel europeo.

En la iniciativa parlamentaria, que ahora es de obligado cumplimiento para el Gobierno, los populares muestran su enorme preocupación por la llegada de especies foráneas a hábitats que no son los suyos, lo que provoca alteraciones en los ecosistemas en que se introducen, ya que compiten por el alimento y desplazan con ello a otras especies similares.

Esta iniciativa, que fue calificada por varios portavoces como muy oportuna, nada política y espacio para el consenso, contó sólo con el sorprendente voto en contra del PSOE, cuya marca tripartita en Cataluña, la Entesa, sin embargo se posicionó a favor. Antes de la votación, el Grupo Socialista propuso una enmienda de sustitución que descafeinaba la moción de PP, reduciendo sus siete puntos a uno muy imprecis que se estableciese una estrategia nacional de coordinación.

Según el portavoz de Medio Ambiente del PP, Javier Sopeña, el problema de la llamada “invasión biológica” supone una de las mayores amenazas a la biodiversidad autóctona, con consecuencias no sólo ecológicas, sino también socioeconómicas y sanitarias. De ello, recordó, están alertando organismos internacionales como la Unión Mundial por la Naturaleza, y sobre ello están trabajando ya asociaciones ecologistas y científicas. Sopeña destacó que en España ya se han celebrado dos congresos sobre esta materia, cuyas conclusiones el PP ha hecho suyas en esta moción parlamentaria.

El senador popular insistió también en las enormes pérdidas económicas que supone la proliferación de especies ajenas a nuestros hábitats. A falta de informes nacionales, dio un dato procedente de EEUU, donde se estima que este problema origina pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares.

En la exposición de motivos de la moción, el PP argumenta que en España existen más de 40 especies exóticas llegadas de distintos países del mundo y que se han instalado, a veces con gran perjuicio en la flora y fauna local, en suelo español. Se trata de peces, moluscos, aves, mamíferos y plantas, entre las que destaca el mejillón cebra, que ya ha colonizado la cuenca del Ebro y se ha extendido a la del Júcar. Esta especie ya ha causado tres efectos inesperados: ha dañado las centrales eléctricas que toman agua de estas cuencas, ha devorado el fitoplancton y ha reducido el nivel de oxígeno del agua.

En la iniciativa se cita también al siluro, un pez gigantesco devorador de peces pequeños que puede superar los dos metros de longitud y los 90 kilos de peso, y al visón americano, más peligroso que el europeo, ya que contagia enfermedades nuevas que pueden ser letales para el animal autóctono. Asimismo, el PP considera perjudiciales los efectos de que haya cada vez mayor presencia en España de ejemplares de cotorra argentina, malvasía canela, lucio-perca y cangrejo americano, entre otros.

Para paliar esta situación, la moción del PP contiene hasta siete medidas concretas que van desde la aprobación del Plan Nacional hasta el desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación social dirigidas a que la sociedad perciba la gravedad del problema. El PP propone que se evite la proliferación de estas especies a través de medidas de control o erradicación de las mismas; que se ponga en marcha un programa de prevención, para que se frene la entrada de estas nuevas especies; que se regule el comercio y tenencia de especies exóticas; que se elabore un proyecto de Ley específico sobre la materia; que se creen mecanismos específicos de coordinación entre los distintos Ministerios afectados, las CC.AA. y los ayuntamientos, y, por último, que se promueva una iniciativa común a toda la Unión Europea para la elaboración de una directiva en materia de especies exóticas invasoras.

Los abastecimientos y regadíos del sureste tendrán que esperar al menos una semana más para recibir agua del Tajo, ya que el Ministerio de Medio Ambiente decidió ayer tarde aplazar la reunión de la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura que estaba prevista para esta mañana en Madrid. El aplazamiento se produjo a media tarde, horas después de que el Ministerio informara oficialmente de la convocatoria. Los regantes han expresado su malestar por esta decisión y no alcanzan a entender los motivos. La nueva reunión se realizará probablemente el próximo miércoles 6 de junio.

Este retraso puede estar motivado por la decisión que tomó por la mañana la Comisión de Medio ambiente del Congreso de los Diputados de solicitar un envío de 20 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo al parque nacional de Las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real. Dicha propuesta ha salido de las filas del Partido Popular, en línea con la proposición no de ley firmada el pasado mes de febrero por el portavoz de esta formación, Eduardo Zaplana, tal como informó La Verdad. El PP, además, pretendía que las derivaciones de agua a Daimiel se ejecuten de forma permanente por parte del Gobierno central.

Zaplana no tuvo en cuenta las necesidades de los regadíos de Almería, Murcia y Alicante cuando presentó esta solicitud que ahora ha sido respaldada por el Congreso. Todo lo que se derive de la cabecera del Tajo para otro fines va en detrimento de los recursos disponibles para los abastecimientos y la agricultura. La propuesta del PP tiene por otra parte mal encaje técnico, ya que ha sido el Ministerio de Medio Ambiente el que se ha opuesto reiteradamente a derivar agua del Tajo a Las Tablas debido a que ese caudal se habría perdido por el camino, ya que el cauce natural por donde debe discurrir estaba muy seco. Las últimas lluvias pueden haber variado el estado del terreno.

Los regantes no se explican cómo el PP del Levante se erige en defensor de ellos y sin embargo proponen en el Congreso una derivación para Las Tablas, en lugar de pedir al menos otra para los cultivos.

La Comisión debía estudiar hoy la petición de unos 40 hectómetros cúbicos para los abastecimientos y de 170 para los regadíos. Para estos últimos, la cantidad que probablemente pensaba proponer el Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el Plan de Cuenca del Segura, oscilaba entre los 50 y 60 hectómetros cúbicos, lo mínimo para atravesar el verano. Iba a decidir el Consejo de Ministros del viernes.

En los pantanos de la cabecera del Tajo existen ahora unos excedentes de más de 200 hectómetros cúbicos que son oficialmente trasvasables al Segura. Ayer, en el Congreso de los Diputados, todos los grupos apoyaron la proposición no de ley del PP, para que la Comisión de Explotación evaluara hoy la situación tras la últimas lluvias y proponga un envío a Las Tablas, «garantizando que no haya despilfarros». La propuesta fue enmendada por el Grupo Socialista, ya que se instaba al Gobierno a asegurar el carácter permanente de la derivación de agua del trasvase Tajo-Segura.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, reclamó ayer a su homólogo en la sociedad estatal Aguas del Júcar, Juan José Moragues, que abra un periodo de reflexión sobre el proyecto del trasvase, al considerar que la debacle electoral del PSOE en los municipios del Vinalopó, donde debe llegar el agua del Júcar, ha reforzado la posición de la Junta en su oposición al cambio del proyecto.

Martínez identificó la derrota de los socialistas y la victoria del PP en ayuntamientos paradigmáticos como Villena y Aspe, como un movimiento claro de la provincia de Alicante contra la «imposición del Ministerio de Medio Ambiente de un trazado y una toma del agua alejada del sentido común. Las urnas han sido claras y ello debiera conducir a que se recuperara el diálogo, nosotros seguimos dispuestos a sentarnos y negociar el proyecto para que al Vinalopó llegue agua de calidad y la toma en Cullera no la garantiza». El presidente de la Junta Central abogó, de nuevo, porque Aguas del Júcar cambie el punto de la toma de caudales del Azud de la Marquesa al Azud de Antella, unos veinticinco kilómetros aguas arriba «donde el agua sirve tanto para el riego como el abastecimiento».

Martínez recordó, en este sentido, que «hasta el Azud de la Marquesa llega agua del mar y existe un informe de Greenpeace en el que se advierte de que la captación de caudales en Cullera podría provocar un avance de la cuña salina por el cauce del Júcar, lo que provocaría un problema grave».

La debacle electoral de los socialistas en el Vinalopó se ha producido en cinco -se incluye a Banyeres que no forma parte de la Junta Central pero se había incorporado al proyecto- de los ocho ayuntamientos que atendieron la llamada el consejero-delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, y aceptaron, algunos con acuerdos plenarios, firmar un convenio con la empresa estatal para recibir agua del Azud de la Marquesa, dirigida principalmente para el riego de jardines y el baldeo de calles.

Tras la consulta electoral del pasado domingo, municipios donde gobernaba el PSOE como Villena, Aspe y Elda han pasado directamente a manos de los populares y por mayoría absoluta. Emblemático es el caso de Aspe, ayuntamiento dirigido por los socialistas desde que retornó la democracia a España y uno de los fundadores de la Junta Central, donde el PP consigue la mayoría absoluta. Su todavía alcalde, Roberto Iglesias, llegó a actuar, incluso, como vicepresidente de la Junta Central al heredar de su predecesor, el fallecido Miguel Iborra, la representación de los denominados abastecimientos. Municipios y entidades que iban a recibir agua potable del Júcar-Vinalopó y que se quedaron fuera del trasvase tras el cambio del proyecto. Iglesias se ha ido a la oposición.

Por otro lado, otras poblaciones que se habían adherido al nuevo proyecto como Onil y Banyeres, donde el PSOE tenía la vara de mando, también pasan al PP. Aguas del Júcar sólo conserva el apoyo de Tibi -mayoría absoluta del PSOE- y queda por ver qué sucederá en Biar, donde los independientes pueden devolver también el poder al PP. Ninguno de los futuros alcaldes y alcaldesas populares ha anunciado oficialmente cual será su posición sobre el Júcar-Vinalopó, pero nadie duda de que habrá rectificación y, por lo tanto, Aguas del Júcar se quedará sin los socios que consiguió tras meses de lucha contra la Junta Central. La única futura primera edil que ya ha comentado en público que ya tiene tomada la decisión es Celia Lledó, virtual alcaldesa de Villena, quien en la noche del domingo llegó a proclamar que lo haría en el primer pleno.

Reforzado en sus tesis, el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, insistió ayer en «reclamar al Ministerio que reflexione y se dé cuenta de que el Vinalopó no quiere su trasvase. Estoy cansado de tender la mano y la vuelvo a tender. Como cambiar la toma el tema quedaría resuelto porque lo único que pedimos es agua de calidad».

Por otra parte, las cuencas del Júcar y del Segura son las únicas que no se han visto beneficiadas tras las últimas lluvias. Durante la pasada semana los embalses del Júcar y Segura perdieron 3 hm3.

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso apoyó ayer por unanimidad que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura evalúe las nuevas circunstancias tras las últimas lluvias y autorice una derivación de 20 hectómetros cúbicos a las Tablas de Daimiel, garantizando que no haya despilfarros, informa Efe.

Todos los grupos apoyaron una Proposición No de Ley del PP, que fue enmendada por el Grupo Socialista, en la que se instaba al Gobierno a asegurar el carácter permanente de la derivación de agua del trasvase Tajo-Segura al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) para asegurar su conservación.

La diputada del grupo popular Carmen Quintanilla puso de relieve que dicho Parque Nacional atraviesa en la actualidad uno de los momentos más críticos de su historia y presenta tan sólo 15 hectáreas encharcadas de las 1.750 con las que cuenta la superficie total. Considerado uno de los más importantes humedales de España y de Europa, fue declarado Parque Nacional en 1973 y Reserva de la Biosfera en 1981, recordó.

Agregó que este entorno natural, que es elegido todos los años por cientos de especies de aves acuáticas como lugar de nidificación, corre el peligro de desaparecer sin que desde el Gobierno, «principal responsable de su mantenimiento y conservación, se haya hecho nada».

DESDE ENERO DE 2004. Quintanilla indicó que el último trasvase de agua que recibieron Las Tablas de Daimiel desde la cabecera del Tajo se produjo en enero de 2004, con el Partido Popular al frente del Gobierno de España, con la derivación de 15 hectómetros cúbicos. Por ello, consideró que es el momento idóneo para ese trasvase después de que las últimas precipitaciones hayan hecho posible que empiece a correr agua por el río Cigüela, aunque es aún insuficiente para poder encharcar en su totalidad el parque nacional.

El diputado socialista Alejandro Alonso, que defendió la enmienda de su grupo, destacó la importancia de los valores biológicos y ambientales de las Tablas y su influencia social y económica. Reconoció que desde hace tiempo atraviesa una situación difícil, que achacó a la sobreexplotación de los acuíferos sobre los que se asienta el parque, y defendió la adopción de medidas, entre las que incluyó los trasvases, siempre que se realicen con prudencia y en casos de urgencia. Aseguró que el Gobierno está ultimando un plan de sostenibilidad del Alto Guadiana, que resolverá de manera definitiva los problemas de sobreexplotación, a la vez que está llevando a cabo una política de adquisición de fincas en el entorno del parque para asegurar la no extracción de agua. El Ministerio de Medio Ambiente ha optado por comprar terrenos en la zona para liberarlos de la presión de los pozos y de las extracciones de agua.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó ayer el Programa de Voluntariado en Ríos para el año 2007 y la Guía de Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas. La ministra ha estado acompañada por el secretario general de WWF/Adena, Juan Carlos del Olmo.

Este proyecto, de acuerdo con los objetivos del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, permitirá la restauración de la calidad ambiental de los cauces fluviales, así como los valores ambientales asociados a éstos, ayudando a paliar los efectos de sequías o inundaciones.

El Programa de Voluntariado en Ríos forma parte del Plan Nacional de Restauración de Ríos que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente, cuyas actuaciones no se centran exclusivamente en el cauce sino también en la recuperación de los ecosistemas de ribera degradados, puesto que la vegetación ribereña ayuda a reducir las inundaciones, los daños por erosión de los márgenes y contribuye a la depuración y mejora de la calidad del agua, sin olvidar su contribución al mantenimiento del equilibrio biológico de la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente activa el Programa de Voluntariado en Ríos como un instrumento más para transmitir a los ciudadanos, grupos sociales y diferentes entidades un sentimiento de responsabilidad compartida sobre el entorno natural, de manera que se genere en las personas conciencia de su capacidad de intervención en la resolución de los problemas ambientales. Con su desarrollo se pretende impulsar en todas las cuencas una red de estable de voluntarios involucrados en la conservación y restauración de los bosques y ríos de ribera.

El objetivo del programa, cuya inversión asciende a cerca de 500.000 euros, es contribuir con la ayuda de los voluntarios a la restauración de los ecosistemas de ribera degradados por la acción continuada del hombre, dotando de un nuevo significado a los beneficios que proporcionan los ríos en su estado natural.

Guía de Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas

Por otro lado, se ha elaborado la Guía de Voluntariado en Ríos y Riberas cuya redacción ha estado a cargo de un grupo de trabajo coordinado por WWF/Adena. Este protocolo determina las condiciones en las que se deben desarrollar este tipo de actuaciones.

La guía se ha redactado de manera consensuada y participativa y recoge las experiencias en el desarrollo de programas de voluntariado ambiental en ríos y riberas de los últimos años en España.

Convocatoria 2007

Se trata de la primera convocatoria del Programa de Voluntariado en Ríos que pretende impulsar, en el entorno de las cuencas, una red estable de voluntarios involucrados en la conservación y restauración de los ríos y bosques de ribera.

Además, busca mejorar la coordinación y cooperación entre los diferentes agentes sociales implicados en las acciones sobre el Dominio Público Hidráulico, de manera que se asegure una comunicación fluida y se rentabilicen al máximo los recursos disponibles.

El ámbito territorial de las actuaciones de voluntariado es únicamente el correspondiente a las cuencas hidrográficas intercomunitarias (Norte, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro).

Podrán presentarse todas aquellas organizaciones que legalmente respondan a los requisitos marcados en la Ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado. El perfil de los proyectos se clasifica en cuatro categorías:

• Actividades de diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos.

• Actividades de conservación y mejora del ecosistema fluvial.

• Actividades de información y sensibilización para implicar a la ciudadanía.

• Actividades de restauración del patrimonio y de fomento del uso público.

Los proyectos no podrán exceder la cuantía máxima de 30.000 euros.

El plazo de presentación de propuestas finaliza en 30 de junio de 2007 y durante los meses de junio y julio se comunicará cuáles han sido los proyectos seleccionados para la presente campaña.

El Ministerio de Medio Ambiente analizará las propuestas presentadas en base a la guía que se ha elaborado para el diseño y ejecución de programas de voluntariado y seleccionará las que cumpliendo los requisitos legales, sean más adecuadas a los objetivos del Programa.

La inscripción de los voluntarios se realizará una vez se comuniquen los proyectos seleccionados. Su inscripción se realizará a través de las organizaciones que vayan a realizar las actuaciones de voluntariado. La fecha máxima de finalización de las actividades propuestas será el 30 de noviembre de 2007.

La reserva de agua en los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) aumentó en 12 hectómetros cúbicos la última semana y alcanza ya los 456 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone un 18,43% de su capacidad total. Sin embargo, las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han disminuido en 3,79 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 794,05 hectómetros, lo que supone un 23,73% de los 3.346,6 hectómetros cúbicos de su capacidad total.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía (Cuenca) tiene seis hectómetros cúbicos más que hace siete días y llega a 249 hectómetros cúbicos, el 15,19% de su capacidad, que es de 1.639 hectómetros.

El pantano de Entrepeñas (Guadalajara) tiene seis hectómetros cúbicos más que la semana anterior y embalsa ahora 207, el 24,79% de su capacidad, que es de 835 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó el 2 de marzo un trasvase de 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura.

El trasvase de estos 38 hectómetros cúbicos se distribuye en el trimestre marzo-abril-mayo y el destino es abastecer a la población atendida por la Mancomunidad Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses dependientes de la entidad pública Galasa.

En cuanto a la disminución de las aguas del Júcar, según informaron ayer fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, once han aumentado el nivel del agua almacenada, once lo han disminuido y cinco lo han mantenido.

Incremento más acusado

El embalse que ha registrado el incremento más importante ha sido el de Arenós, que ha recibido 3,26 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúa al 47,84% de sus 136,9 hectómetros cúbicos de capacidad total.

También aumentaron los niveles del embalse de El Naranjero, con un incremento de 2,49 hectómetros cúbicos; o el de La Muela, con un incremento de 1,90 hectómetros.

Los descensos más significativos se han registrado en el embalse de Cortes II, Tous-La Ribera y Sichar.

El Ayuntamiento de Tobarra ha informado a la población, mediante un bando, de que el agua de la red de este municipio no es potable, por lo que recomienda que no la consuman especialmente los grupos de riesgo como lactantes, embarazadas o personas con problemas gástricos.

El bando de la alcaldía, que se hizo público ayer, afirma que un escrito de la Consejería de Sanidad ha comunicado al Ayuntamiento tobarreño «que el agua no es apta para el consumo, por la existencia de un exceso de nitratos en la red de abastecimiento, y observado asimismo un exceso de sulfatos».

En un segundo bando, también con fecha de ayer, el alcalde en funciones, David Díez, informa de otra comunicación en la que la Consejería de Sanidad comunica que en la pedanía de Los Mardos el agua incumple la normativa «por no estar adecuadamente desinfectada», por lo que no debe consumirse hasta que se corrija la situación.

Se da la circunstancia de que, tras producirse una situación similar, en marzo del año pasado la Diputación de Albacete invirtió 180.000 obras en la instalación de unos equipos de filtrado que, según aseguró, solucionaba estos problemas en el agua.