El alcalde de Almansa, Antonio Callado, acompañado por concejales del equipo de gobierno, visitaron ayer el estado actual de las obras de limpieza y dragado del Pantano, que comenzaron hace unos meses.

Callado recordó que el consistorio almanseño lleva unos 11 años detrás del proyecto de limpieza del embalse, desde el año 1996, fecha en la que el ayuntamiento comenzó a negociar. El proyecto fue encargado por la Confederación Hidrográfica, el ayuntamiento asumió la propiedad del pantano mientras que la Junta de Comunidades realizó los diques y repoblación en la cuenca; por último, el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de limpiar la presa.

Modificaciones

Callado indicó que el proyecto ha sido modificado en varias ocasiones, pero que finalmente, y tras negociaciones del entonces Presidente Regional, José Bono, del propio alcalde, y del Consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, se consiguió incluir el proyecto y las obras a acometer en el Plan Hidrológico Nacional.

El proyecto cuenta con financiación europea, y además está co-financiado a un 70% por el Ministerio, el 25% la Junta de Comunidades y el 5% el Ayuntamiento. La Confederación Hidrográfica del Júcar adjudicó a finales del pasado año a la Unión Temporal de Empresas Rover Alcisa Construred Obras y Servicios la limpieza del pantano entre las 27 propuestas presentadas.

El precio de adjudicación rondaba los 5’8 millones de euros. Una baja del 14’5% sobre el presupuesto inicial y que rebajaba la cantidad a aportar por el Ayuntamiento en 50 mil euros.

«Es una obra para la historia, ya que después de cien años acometemos una obra histórica para la limpieza del mismo», añadió Callado, que espera que el pantano vuelva a convertirse y recuperar la función que cumplía en su momento, centrada en un depósito de aguas para retener las avenidas o crecidas de aguas que podían inundar la carretera o el ferrocarril, y también como un espacio medio ambiental y ecológico con una reserva de agua.

Además, podría abastecer a la población, en el caso de que fuera necesario, con ayuda de una planta potabilizadora.

El alcalde mostró su satisfacción al poder ver hecho una realidad las obras de limpieza de la presa almanseña y señaló que se extraerán más de 50.000 camiones de lodo, tierra y barro para que se pueda llegar hasta su completa limpieza. Las obras para la limpieza y dragado del pantano de Almansa dieron en febrero, unos trabajos que suponían la materialización de un anhelado y ambicioso proyecto que ha llevado más de diez años, y en el que el consistorio, tal y como prometió en el 1996, ha adquirido la propiedad del embalse.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica se ha encargado de la redacción del proyecto, mientras que el Gobierno central asume los costes del proyecto de limpieza, y la Junta de Comunidades se encarga de repoblar la cuenca de dicha zona.

La presa o pantano de Almansa, es una de las más antiguas de España, y de Europa. Es una presa de gravedad, con una altura de 25 metros y una longitud de coronación de 86 metros.

Se construyó en el Siglo XVI, comenzando las obras en el año 1578. Con el paso de los años, se han ido elevando sus muros, por la colmatación de sedimentos.

Esta presa, una de las más antiguas de Europa y la más antigua de España dentro de su categoría, hubiera podido suponer, en un futuro, un peligro para las personas, los bienes, y la infraestructura pública colindante, ya que la vía férrea se sitúa a tan solo 200 metros y la autovía Madrid-Valencia-Alicante, a sólo 500 metros.

El pantano ha perdido su funcionalidad, manteniéndose las puertas cerradas en un estado muy deteriorado.

Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, así como las Cooperativas Agrarias (CCAE) y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) han pedido esta mañana al secretario general de Industria, Joan Trullén Thomàs un aplazamiento de las tarifas eléctricas «al menos hasta que exista una liberalización total de mercados real y efectiva», ha asegurado a AGROCOPE, Andrés del Campo, presidente de FENACORE.

Aunque del Campo, ha dicho que no han obtenido ningún compromiso por parte del Gobierno, se ha mostrado esperanzado, y cree que lograrán un nuevo aplazamiento.
De lo que se trata, es de que «no se inicie la aplicación de estas tarifas hasta que no esté totalmente liberalizado el mercado», ha apuntado el presidente de FENACORE.

La aplicación de las nuevas tarifas, hay que recordar que se trata de una normativa de la Unión Europea, perjudicaría la renta de los agricultores y «supondría un paso atrás en la modernización de los regadíos», ha dicho Del Campo.

En la misma línea se ha mostrado el director del Gabinete Técnico de UPA, Javier Alexandre, que en declaraciones a AGROCOPE ha dicho que el Ministerio de Indutria ha iniciado la reunión «dando por sentado que las tarifas de riego iban a desaparecer» y ha terminado, con «por lo menos» el compromiso del secretario general de «trasladarde al ministro Clos esta misma tarde» las reivindicaciones del sector agrario.

En su opinión Industria tiene un «profundo desconocimiento del sector agrario», por lo que ha calificado el encuentro como «razonablemente bueno» ya que «hemos podido trasladar las características y especifidades del campo».

También el secretario general de COAG, Miguel López, cree que ha sido sólo una «toma de contacto» y que aunque sí se va a crear un grupo de trabajo de todo el sector, para examinar cómo se arbitrarán las nuevas tasas hasta la liberalización del mercado, en julio de 2008, no «creemos que sea bueno obligar al sector a seguir una normativa que va a perjudicarnos aún más». Según López, el sector está viviendo un proceso de reestructuración profundo y acoplándose a una serie de reformas, remolacha, algodón, vino etc…que no se pueden asumir y que están encareciendo demasiado la profesión.

Además, en su opinión es necesario que no sólo Industria participe en este tema sino también los ministerios de Economía y Hacienda. Tampoco cree que se den las circunstancias necesarias porque no existe una liberalización real del mercado eléctrico, ya que «hablamos del campo y no tenemos subestaciones suficientes que permitan una competencia leal».

Si entran en vigor las nuevas tarifas a partir del 1 de julio, tal y como anunció ayer el secretario general de COAG, «movilizaremos al sector a nivel estatal si antes de esa fecha no obtenemos una moratoria», ha reiterado.

En representación del Ministerio de Agricultura también ha estado presente el director de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo.

El director general de Acuamed, Adrián Baltanás, visitó ayer las obras de la desalinizadora de Torrevieja junto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Salvador Fuentes Zorita, para subrayar la «normalidad» en el desarrollo de las obras y reiterar el compromiso de que la instalación esté operativa a finales de 2008 o primeros meses de 2009.

Sin embargo, existen indicios que apuntan a que las obras no van a ser el camino de rosas que ayer se anunció si la Generalitat insiste en boicotear las obras. Según pudo saber Levante-EMV , la conselleria de Infraestructuras y Transporte ha retrasado seis meses la respuesta a una petición formal para que las tuberías de toma de agua de mar y la de vertido de salmuera utilicen los diques del puerto de Torrevieja. Tras casi seis meses de silencio, Acuamed presentó un recurso y la respuesta llegó en solo una semana: un largo listado de documentos que según la conselleria no se aportaron en su día por la empresa gubernamental y sin los cuales no pueden conceder la servidumbre que corresponde a la Generalitat por tener transferidas las competencias en puertos.
Por otra parte y pese a la normalidad que reivindicaban Baltanás y Fuentes Zorita, lo cierto es que las obras no han despegado hasta hace una semana. Las tres semanas que el Consell tuvo paralizada la desalinizadora y las dificultades de acceso al reciento por la CV-95, de titularidad autonómica han pasado factura
Baltanás dijo estar «razonablemente» orgulloso de la que la Comisión Europea haya decidido no tramitar la denuncia de la Generalitat Valenciana sobre presuntas irregularidades en el trámite medioambiental del proyecto. El máximo responsable de Acuamed, la empresa que ejecuta el Plan AGUA, recordó que el escrito del Comisario Europeo de Medio Ambiente descarta la denuncia tras indicar «expresamente» que el proyecto no tiene ningún impacto ambiental en los espacios de la Red Natura 2000 próximos a la planta desalinizadora y sobre los que el conseller Esteban González Pons vaticino un apocalipsis, «es decir, ni en el Parque Natural de las lagunas de la Mata y Torrevieja, ni en el LIC de Cabo Roig y las praderas marinas». En este sentido afirmó que la notificación «confirma que Acuamed ha actuado correcta y adecuadamente en todo momento, que no hay un impacto ambiental significativo y que en todo caso al conseller de Territorio no le interesa mucho el Medio Ambiente y si paralizar la obra». Baltanás se mostro orgulloso también al interpretar que la Comisión establece «quien esta del lado del interés general de la ciudadanía, que en este caso son 2, 4 millones de habitantes y 65.000 regantes de Murcia y Alicante». Por su parte Fuentes Zorita recordó las restricciones del verano de 2003 que se han evitado este año gracias a las desalinizadoras ya construidas.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reprochó ayer la actitud de «victimismo» al tiempo que afirmó que «en torno al agua se tiende a mentir mucho. Cuando se acabe la demagogia, se acabará con la política con minúscula», apostilló. En Molina de Segura, Narbona subrayó la «apuesta del Gobierno de España y del PSOE por preservar una agricultura tan próspera como la vuestra, de preservar el tejido agrícola, a través de más agua y de más calidad», para lo que «hay que tener un abanico de posibilidades».

«No hay que ser tan dependientes de la cabecera del Tajo, sino tener alternativas que nos hagan las libres», defendió Narbona, quien especificó que, a tal fin, se está trabajando en la modernización de regadíos, la reutilización de las aguas depuradas, y la propia desalación, todo ello en combinación con los recursos del Tajo-Segura.

Narbona aseguró que «el Gobierno de España se está comprometiendo de forma nítida, porque nuestra voluntad política es utilizar el trasvase Tajo-Segura», insistió.

Greenpeace ha aplaudido que la Confederación Hidrográfica del Segura haya decidido hacer público el inicio del estudio «del entramado de tuberías que distribuyen ilegalmente agua detraída desde los cauces, pozos ilegales y del trasvase Tajo-Segura», según informó este organización, recogiendo la información publicada por ABC. Narbona hizo alusión a la investigación abierta por la Confederación y destacó que se ha acrecentado la vigilancia en Murcia, en alusión a las críticas de Greenpeace a la Administración socialista.

Estas nuevas tarifas deberían haberse hecho efectivas el pasado 1 de enero pero los usuarios consiguieron demorar su puesta en marcha hasta el 1 de julio del presente año.

El Real Decreto 809/2006 establecía originariamente una revisión al alza de la tarifa eléctrica que emplean los regantes desde del 1 de julio de 2006 y disponía, además, la desaparición, a partir del 1 de julio de 2007 de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión que aplican actualmente los regantes, lo que podría suponer un incremento de costes para los agricultores del orden del 400% en términos de potencia instalada. En la actualidad, el 25% del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

La Federación de Regantes considera la aplicación de estas nuevas tarifas eléctricas puede frenar el proceso de modernización y transformación de regadíos  -con el consiguiente ahorro de agua que éste conlleva-  ya que supondrá un encarecimiento de la factura eléctrica de entre un 20 y un 40% en función de las distintas zonas regables.

Según Fenacore, el proceso de modernización de regadíos, que ha pilotado el Ministerio de Agricultura, ha conllevado la transformación de los sistemas de riego por gravedad a los nuevos mecanismos de riego por presión (aspersión, goteo, etc.). Estos —a diferencia de los sistemas tradicionales, que apenas precisaban de electricidad- requieren un alto nivel de energía eléctrica para su funcionamiento, por lo que conllevan para los agricultores un esfuerzo económico adicional al ya de por sí derivado del propio proceso de modernización.

Según datos de Fenacore, en los últimos años el precio de la electricidad para la agricultura de regadío se ha incrementado en un 30,3% para todos aquellos regantes que se han mantenido en el mercado regulado, mientras que para las comunidades que se han acogido a los precios del mercado, por la liberalización del sector eléctrico, el precio ha aumentado en torno a un 42%.

Según la Federación la liberalización del mercado eléctrico, en lugar de bajar costes, como se esperaba, ha generado una fuerte subida de precios por parte de las empresas comercializadoras, lo que ha obligado a multitud de regantes a acogerse al mercado regulado o tarifario. No obstante, con la reciente revisión al alza de las tarifas, el mercado libre podría recuperar sus posiciones de hace algunos años con precios más asequibles para los usuarios.

La Comisión de Energía de Fenacore se reunió ayer para consensuar su postura

La Comisión de Energía de Fenacore, que reúne a representantes de comunidades de regantes de toda España, se reunió ayer con el fin de consensuar la postura a adoptar de cara a la reunión de mañana. Este grupo de trabajo estudia la posibilidad, entre otras, de solicitar ofertas conjuntas de suministro eléctrico si el mercado libre retorna a los niveles de precios en que se situaron el año 1999 y finales de 2005; o bien, reivindicar el establecimiento de una discriminación horaria que permita la disminución del coste del kilowatio/hora.

Asimismo, solicita al Ministerio de Industria que estudie detenidamente la repercusión que las nuevas tarifas eléctricas pueden tener sobre el regadío español, de manera que se apliquen de una forma diferenciada, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y geográficas de los diferentes cultivos. En su opinión, la aplicación “indiscriminada” de estas nuevas tarifas puede poner en peligro la viabilidad del proceso de modernización de regadíos y de una parte importante de la agricultura del país, hasta el punto de poder hacer desaparecer una parte del regadío de agricultura continental.

El portavoz del Instituto Nacional de Meteorología, Angel Rivera, explicó ayer que el frente borrascoso está estancado en el Golfo de Cádiz, pero envía «turbonadas» hacia el interior de la Península que provocan «un rosario de tormentas» caracterizadas por las fuertes rachas de viento y ls intensas lluvias.

Estas tormentas, matizó, suelen estar muy localizadas y pueden afectar de una forma severa a una localidad o a una infraestructura y ser casi inapreciable a unos pocos kilómetros.
Según Rivera, las tormentas, que ayer se repitieron prácticamente en los mismos escenarios que el pasado martes, seguirán afectando hoy al oeste de Murcia, Albacete, Toledo y Ciudad Real.
De momento, estas precipitaciones están teniendo una incidencia muy directa en la cuenca del Guadiana y en menor medida en la del Júcar y Tajo, aunque todavía es pronto para hacer una evaluación definitiva sobre su impacto en los embalses.
Por lo que respecta al pronóstico para hoy, el INM ha excluido a la Comunidad Valenciana de las áreas donde las tormentas, de generarse, suponen algún riesgo para bienes o personas. Por su parte, el CEAM estima que tras el paso de los restos de tormentas generadas en Castilla, hoy los cielos quedarán muy poco nubosos. No obstante es posible que se genere nubosidad de evolución por la tarde que incluso podría generar algunas precipita ciones.

El río Júcar y su entorno preocupa a la Plataforma para la Defensa de la Ribera del Júcar. Con ocasión de las elecciones municipales del próximo domingo, Graciano Armero Berlanga, perteneciente a la citada Plataforma, ha remitido una carta a La Tribuna en la que cuestiona a los ciudadanos de Albacete, Mahora, Madrigueras y Motilleja, todos ellos municipios ribereños del ríoJúcar, si «los aspirantes a alcaldes han incluido en sus programas un legado de vida», en referencia a si los candidatos «piensan respetar este río y a su entorno».

En su escrito, Graciano Armero hace un repaso por la reciente historia de lo que califica como «legado de vida y patrimonio geológico» que es un «bien no renovable y sí, en cambio, susceptible de destrucción por desaprensivos promotores que usan el vientre en lugar de la cabeza, que colocan el interés económico antes que la solidaridad intergeneracional».

Graciano Armero asegura que 1998 «salvamos de la especulación urbanística en Motilleja un paraje llamado Dehesa Boyal, zona que baña el río, protegida por su alto valor paisajístico y ecológico». En julio de ese año se anunció que una urbanización proyectada en ese paraje no se podía lleva a cabo en el lugar elegido.

Desde la Plataforma para la Defensa de la Ribera del Júcar, Graciano Armero trae a la memoria lo que «considerábamos un atentado a la naturaleza», el Campo de Golf Las Pinaillas, asegura que el complejo deportivo se realizó con la condición de que no se urbanizaría en los alrededores, y se pregunta «si se cumplirá la palabra».

En otoño de 2005, el Ayuntamiento de Madrigueras, que cuenta con mayoría de Izquierda Unida, rechazó «otro disparate de un sinfín de chalets -según afirma el escrito de Graciano Armero- pensado para el paraje de La Pedrera, frente al Campo de Golf, sobre los peñascos de Cuasiermas en la margen izquierda del río», y, tras recordar que las palabras del alcalde de la localidad fueron «no voy a consentir otro pueblo a ocho kilómetros del nuestro. Madrigueras», pregunta con ironía si tomará ejemplo el próximo primer edil de este municipio.

Por último Armero Berlanga destaca que la Administración Local, desde Toledo, se ha pronunciado en contra de una pretendida permuta para construir en el citado paraje protegido de la Dehesa Boyal en Motilleja, «que ya salvamos en el 98 -afirma Armero-».

Graciano Armero reclama a los ediles que resulten elegidos que tomen nota y sean responsables porque «la Junta de Comunidades sí lo es y ha sido muy clara».

Para concluir, Armero asegura que «confiamos en que los alcaldes que salgan el día 27, en Albacete, Mahora, Madrigueras y Motilleja, alcaldes ribereños, usen la cabeza, sean solidarios y sepan, sobre todo que sepan. De lo contrario, no tendré inconveniente en llamarles ‘necios’, del latín ‘scire’ (saber), precedido de partícula negativa». Finaliza Graciano Armero su escrito agradeciendo a Ecologistas en Acción, a la formación política Izquierda Unida y al Partido Popular, quienes se han manifestado «defendiendo claramente unos valores en los que muchos creemos, porque usamos la cabeza, somos solidarios y sabemos», concluye.