La captación de agua del canal Júcar-Turia para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Valencia y su área metropolitana se ha vuelto a ver en unas condiciones extremas durante los días 8 y 9 de marzo, por falta de caudales en el canal Júcar-Turia, según informan fuentes del Ayuntamiento de Valencia.

Desde las 3 de la madrugada del día 8 se ha observado un descenso en el caudal que aporta la Confederación Hidrográfica del Júcar para su potabilización en la Planta Potabilizadora del Realón desde la que se suministra Valencia, según los datos recogidos por la Concejalía del Ciclo Integral del Agua.
Este nivel, que debe ser superior o igual a 2 metros de calado, se ha visto reducido hasta poco más de 80 centímetros, lo cual ha reducido los caudales de agua potabilizados en esa planta, sin que haya sufrido restricciones la población gracias al esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Valencia y el aporte desde los depósitos de regulación del sistema. «Esta situación es una más de las numerosas incidencias que se vienen registrando en los cauces que suministran a las Plantas Potabilizadoras, que en diversas ocasiones han provocado la paralización de su actividad potabilizadora, por no disponer de agua suficiente o en buenas condiciones en los cauces o canales, y que son consecuencia de la nefasta política hídrica de la ministra Cristina Narbona» ha subrayado el concejal del Ciclo Integral del Agua, Ramón Isidro Sanchis.
El Ayuntamiento de Valencia inició el pasado 7 de febrero un expediente a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que controlara y mejorara su gestión en los cauces. En ocho meses se han llegado a registrar 12 incidencias por contaminaciones o bajadas de nivel. «Ante esta situación, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento se ha visto obligada a requerir de nuevo a la Confederación Hidrográfica de Júcar para que normalice la situación y sea consciente de los graves problemas que pueden generar la falta de suministro de agua potable a causa de una deficiente gestión en los cauces públicos» , ha indicado Ramón Isidro.

La Comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera celebrará junta general el día 25 de marzo, en el Auditorio del Ayuntamiento de Balazote. Entre los asuntos a tratar incluye la aprobación de la gestión y cuentas del 2006, fijación de cuotas, y el proyecto de modernización y consolida- ción de los regadíos de la comunidad de Regantes , adaptación al nuevo sistema de riegos y secregación de la comunidad Prados Carrasca.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, dijo ayer, al término del Consejo del Agua, que el Ministerio de Medio Ambiente aprobará en 15 días el Plan Especial de Sequía destinado a evitar o minimizar los efectos de la falta de agua en esa cuenca.

Fuentes Zorita subrayó la importancia de este plan, que consideró imprescindible para el Segura, que actualmente se encuentra «en situación de emergencia». Explicó que la cuenca del Segura «se caracteriza por la escasez de recursos, lo que se ha venido acentuando en los últimos 25 años debido a que las aportaciones naturales a los embalses son bastante inferiores y no entran recursos suficientes» en los pantanos.

Según dijo, con este plan se trata de definir mecanismos para la previsión y detección de situaciones de sequía, así como de fijar umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías, y de definir medidas para conseguir, por ejemplo, minimizar los efectos negativos en el abastecimiento urbano de la falta de agua. La del Segura ha sido la primera cuenca hidrográfica que ha llevado a cabo este trámite.

El coordinador de parlamentario nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha criticado hoy duramente las manifestaciones de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, en las que señalaba que «como responsable político tengo que buscar una solución, que no es solo decir que se tiene que terminar el trasvase, también me comprometo a invertir mucho dinero en que los murcianos y los valencianos puedan disfrutar del agua, también me he comprometido a eso…».

Alonso se ha preguntado si esta es la política hidráulica que defiende la candidata del PP: «invertir el dinero de los castellano-manchegos para que los valencianos y los murcianos puedan disponer de más agua. Porque eso es lo que ha dicho esta señora».

Para el responsable socialista, resultan muy preocupantes y graves este tipo de manifestaciones porque no es la primera vez que la candidata del PP muestra «dudas» en torno a los intereses hidráulicos de Castilla-La Mancha. Alonso recordó que en el poco tiempo que lleva en la región ha manifestado diferentes posiciones contradictorias sobre la fecha de caducidad del trasvase «dijo que no, luego que sí, luego que ni a favor ni en contra y luego parece ser que sí».

Con Zaplana a cuestas

También recordó Alonso las recientes declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, quien «habló abiertamente de una pacto entre el PP de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia para mantener el trasvase Tajo-Segura».

Con todos estos precedentes y las últimas declaraciones de la candidata del PP, Alonso indicó que «nos surgen muchas dudas sobre las verdaderas intenciones de De Cospedal. No sabemos si va a defender los intereses de los castellano-manchegos o ha venido a defender los intereses de quienes la nombraron».

Por último, el responsable socialista exigió a De Cospedal y a los dirigentes del PP regional que, «de una vez por todas mantengan una posición mucho más clara y más firme en lo que se refiere a la defensa de los intereses hidráulicos de nuestra región».

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aprobó ayer en Valencia la propuesta realizada por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) de ampliación de la oferta pública de adquisición (OPA) de hasta el 60% de los derechos a extraer aguas subterráneas.

Esta oferta, que culminó a finales del pasado mes de enero y que estaba dirigida a los regantes del tramo medio del río, se ampliará con las mismas condiciones tras la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación celebrada ayer en Valencia.

Según explicó a este diario el presidente de la JCRMO, Agustín González, los regantes interesados en adherirse a esta nueva oferta de cesión temporal de derechos podrán hacerlo en un plazo de siete días desde el momento en el que se publique esta nueva convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La propuesta de ampliación surgió tras los resultados obtenidos en la primera convocatoria cuando se esperaba que la adhesión de regantes fuese mucho mayor de lo que finalmente resultó.

González indicó en este sentido que la nueva oferta pública de adquisición completará la anterior con la que se pretendían ahorrar entre 55 y 60 hectómetros. Así, con la ampliación el reto es conseguir dejar de extraer los 17 hectómetros que habían quedado sin cubrir en la oferta inicial.

El presidente de los regantes albaceteños recordó que en esta segunda fase tendrán prioridad aquellos regantes que ya se adhirieron a la convocatoria anterior.

En la Junta de Gobierno de la Confederación también se analizaron las alegaciones que los distintos colectivos implicados han presentado al Plan Especial de Sequía. En este sentido los denominados regantes tradicionales, del Levante, volvieron a dejar claro su convencimiento en cuanto a su prioridad en el uso del agua y en cuanto a los volúmenes asignados incluso en épocas de sequía.

El 64% de los regadíos españoles han mejorado desde 2004 su eficiencia al incorporar tecnologías más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente, según recogen los datos de la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

Algunas de estas mejoras se han producido gracias a sistemas más eficaces en el ahorro de recursos hídricos que distribuyen el agua por goteo o microaspersión, frente el riego por gravedad, caracterizado por el reparto del agua en la superficie de la parcela mediante surcos, o directamente desde las acequias o canales.

Según el estudio, del total de superficie de regadío en España, que asciende a 3,3 millones de hectáreas, el riego localizado se utilizó en el 41,6% de la superficie, es decir, en 1,3 millones de hectáreas frente al riego por gravedad que ocupó el 35% con 1,1 millones de hectáreas.

Asimismo, estos dos sistemas representan el 76% de los regadíos, situándose en posiciones inferiores el riego por aspersión, utilizado en el 22,5% de la superficie.

Análisis

El análisis de los regadíos españoles establece relaciones con los principales sistemas de riego utilizados en la agricultura, tanto sectorialmente como territorialmente, estudiando la distribución de dichos sistemas en las comunidades autónomas. En relación con el territorio, las principales regiones con superficie de riego fueron Andalucía con 927.957 hectáreas, el 28% del total estatal, Castilla-La Mancha, con 426.674 hectáreas (13,9%), Castilla y León, con 414.659 hectáreas (12,5%) y Aragón, con 378.869 hectáreas (7,6%).

Sobre los sistemas, se constata el uso de riego localizado principalmente en Andalucía, con un 44,5%, mientras que el sistema por aspersión se encuentra más concentrado entre Castilla León, Castilla La Mancha y Andalucía, representando todas ellas más del 70%. El riego automotriz se concentra en las comunidades autónomas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, distribuyéndose la superficie regada por gravedad entre Aragón y Andalucía.

Por sectores, destacó el predominio del riego localizado en el olivar y viñedo, por encima del 85%, seguido por los frutales y los cítricos con más del 60%. Por otro lado, la mitad de la superficie de hortalizas, incluidas las de invernadero, se regó con estos sistemas más modernos, realizándose el resto por gravedad y aspersión.

El sistema de riego también se utilizó para la mitad de la superficie dedicada a tubérculos y cultivos industriales, como la remolacha, el girasol o el algodón. Sólo los cereales y las plantas forrajeras fueron cultivos en los que el riego por gravedad ocupó 60% de su superficie.

La gestión sostenible de los recursos hídricos es el tema de las jornadas internacionales WEX The water and enviromental exchange (El agua y el cambio medioambiental) que reúnen en Sevilla a 130 expertos. Representantes gubernamentales, empresas privadas e instituciones internacionales, como la Unesco, debatirán sobre cómo abastecer a la población con un recursos tan limitado y sin sobreexplotarlo. En las jornadas, que se celebrarán hasta el viernes, participaron ayer Richard Meganck, director del Instituto para la Educación del uso del Agua, y Juan Corominas, director de la Agencia Andaluza del Agua, entre otros.

Arabia Saudí, un país de 24 millones de habitantes que con sus 30 plantas desalinizadoras es el primero en el mundo en convertir el agua del mar en potable, presentará su experiencia de creación de infraestructura a través de la cooperación público-privada.

«La gestión del agua ha estado siempre totalmente en manos del Gobierno, pero hace cuatro años hemos puesto en marcha soluciones en colaboración con empresas privadas», comentó ayer el profesor de Ingeniería Civil e Hidrología Abdulaziz S. Al-Turbak.

«El 50% del agua potable que se consume actualmente en nuestro país procede de plantas desalinizadoras, pero a un elevado coste; aún teniendo en cuenta que en Arabia Saudí el petróleo es muy barato. El alto precio del agua desalada hace que en la agricultura se emplee, en un 90%, agua procedente del subsuelo, un recurso limitado que pone en peligro la existencia de los acuíferos subterráneos», explicó ayer en Sevilla Al-Turbak.

El futuro, según el representante saudí, es la instalación de plantas que producen electricidad y desalinizan agua, una solución mucho más costosa para lo que han buscado la colaboración de empresas privadas. «Hemos construido también 230 pantanos en todo el país que recogen un billón de metros cúbicos de agua», añade Al-Turbak, quien ha mostrado mucho interés por la tecnología desarrollada en España que permite desalar agua a un coste tan bajo que puede usarse para la agricultura.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, defendió ayer los travases como una más entre otras medidas para hacer frente a la sequía mediante la planificación y el control de los recursos.

En declaraciones previas a la jornada técnica «Restricciones para el Regadíos: Planes de Sequía y Caudales Ecológicos», organizada por FENACORE en Madrid, el presidente nacional de los regantes afirmó que la solución a la escasez de lluvias en España pasa por la construcción de obras de regulación y trasvases entre cuencas debidamente justificados.

Del Campo -cuya comunidad de base son los regantes del Pantano del Gadalmellato, en Córdoba (cuenca del Guadalquivir)-, también abogó por medidas de gestión de la demanda como modernización de regadíos, bancos públicos del agua, recarga de acuíferos o la reutilización del aguas residuales.

La jornada contó con la asistencia del aragonés César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de Regantes del Ebro, quien restó importancia a los postulados trasvasistas del presidente nacional, postulados que no escuchó ayer durante su intervención en la jornada aunque sí ha oído en otras ocasiones. «La Federación Nacional se ha pronunciado varias veces sobre este tema -explicó Trillo en conversacion telefónica-. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, aunque sí hay una mayoría que defiende los trasvases… pero se puede convivir con eso». El representante del Ebro recalcó que «lo que hay entre los regantes es un sentimiento unánime de que hay que incrementar las obras de regulación», si bien reconoció que «también una parte importante del regadío nacional piensa que la solución pasa por los trasvases».

En la junta directiva de la Federación Nacional hay otro representante del Guadalquivir y dos más del Júcar y de la huerta de Murcia (cuenca del Segura). El anterior Plan Hidrológico Nacional (PHN) -que efectivamente defendió en su día Andrés del Campo-, pretendía llevar agua del Ebro al Júcar, el Segura y también a Almería, cuyos invernaderos forman un mar de plástico visible desde el espacio, y que tiene mucho más cerca el Guadalquivir, navegable en su último tramo.

Más allá de los trasvases, Trillo subrayó que «lo prioritario es que la cuenca (del Ebro) tenga garantía de agua, eso para empezar, y hoy por hoy no la tenemos». En la jornada, expuso un estudio sobre la repercusión de la sequía de 2005 y 2006 en Riegos del Alto Aragón, sistema en el que se estima que los regantes perdieron 60 millones de euros en estos años y las empresas ligadas al sector otros 30.

Pero lo malo a su juicio no es la sequía por falta de lluvias, sino la que provoca la falta de infraestructuras, como ocurre este año, en el que -explica- se han desperdiciado grandes recursos por falta de embalses, entre otras cosas por el retraso de proyectos como Biscarrués. Al igual que el presidente nacional de los regantes, Trillo insistió en que los planes de sequía son «insuficientes», por más que en su caso haya felicitado a los responsables de la Confederación del Ebro por la gestión realizada.

Además, recordó que diversos técnicos sostienen que el cambio climático obligará a incrementar la regulación en un 20 o un 25%, como planteó ayer el profesor de la Universidad de Lérida Antonio Palau incluso para mantener los caudales ecológicos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha está ultimando otros dos recursos que afectan a sendos acuerdos tomados el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros referentes a las cuencas del Tajo y del Segura.

Además del recurso anunciado el pasado martes al real decreto de febrero de este año que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, los servicios jurídicos de la Junta están ultimando otros dos acuerdos del Ejecutivo Central tomados también en febrero.

El primero de ellos se refiere al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero, por el que se autorizó el trasvase de once hectómetros cúbicos para regadío a la cuenca del Segura.

El otro de los acuerdos que se va a impugnar se refiere a la autorización del Gobierno a la compra de 31 hectómetros cúbicos por parte de los regantes murcianos a los agricultores de Estremera (Madrid), en la cuenca del Tajo.

El portavoz del Gobierno Regional y vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que los motivos que han llevado al Ejecutivo regional a impugnar este tipo de decisiones es que «contravienen el ordenamiento jurídico y los intereses de la comunidad autónoma», dijo.

En este sentido, la Junta considera que el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas se ha fijado de manera «inadecuada», sobreestimando el peso del Júcar y del Segura en lo que se refiere a las cuencas intracomunitarias en el Levante, modificando la proporcionalidad en sus órganos de gestión en perjuicio de Castilla-La Mancha.

García-Page indicó que al Gobierno Regional «no le va a temblar el pulso» en la defensa de los intereses de la región y si los planteamientos e iniciativas políticas no son suficientes, se acudirá a la vía judicial, señaló.

Preguntado por la postura del Gobierno Central, que insiste, tal y como le comunicó el presidente Rodríguez Zapatero, al presidente de los regantes murcianos, en que mantendrá el trasvase Tajo-Segura, el portavoz de la Junta dijo que «es normal que tenga que haber una cierta contemporización y que el debate no se anticipe» a la discusión del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados.

«Lo tenemos muy clarito y no vamos a bajar la guardia. No permitiremos que el trasvase solucione el futuro del Levante», agregó el portavoz de la Junta, quien insistió en que por primera vez se están dando alternativas a la cuenca del Segura con la construcción de las desalinizadoras.

En este sentido, indicó que resulta «paradójico» que las comunidades autónomas de Valencia y Murcia que van a beneficiarse de un agua desalada, competitiva y cuyas obras, además, está acometiendo la Administración del Estado, «estén poniendo pegas a la construcción de estas plantas porque prefieran seguir utilizando un agua más barata y más cómoda».

Por otra parte, García-Page dijo ayer que el Ejecutivo Autonómico está «abierto a consensuar» con el PP el proyecto de Ley Audiovisual de Castilla-La Mancha y en especial aquellos aspectos que a la oposición le parezcan «más controvertidos». A preguntas de los periodistas, García-Page respondió a las críticas el PP que tachó este proyecto de «auténtica ley mordaza» y anunció una enmienda a la totalidad. El portavoz de la Junta «invitó» al PP a mantener una disposición abierta para llegar a un consenso en una normativa que Castilla-La Mancha «necesita» y negó que tenga una «intención de controlar absolutamente nada».