La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) aseguró ayer en un comunicado de Prensa que es «rotundamente falso» que se vaya a sacar agua a 4.000 metros de profundidad con la ayuda de satélites como afirmó el domingo el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, al que pide «que no traslade su ignorancia a los ciudadanos».

La Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad del Gobierno de Murcia anunció la semana pasada que iba a realizar un estudio sobre los acuíferos de la cuenca del Segura para analizar las masas de agua subterráneas «para realizar una mejor gestión» de las mismas.

«Es rotundamente falso que su objetivo sea extraer agua a 4.000 metros de profundidad, como han afirmado algunos miembros del Gobierno murciano y del Partido Popular», asegura la CHS.

Ante las declaraciones de Cerdá considerando la «inviabilidad» del proyecto, la CHS expresó su «estupefacción ante la capacidad de exhibir ignorancia que se demuestra por parte del Ejecutivo regional con ánimo, suponemos, de hacerla extensiva a todos los ciudadanos y ahondando en la tremenda manipulación de que hace objeto todas las cuestiones relacionadas con la política hidráulica».

Investigación

«No existe ningún proyecto para extraer agua a 4.000 metros de profundidad, sino una investigación mediante imágenes por satélite para conocer las características de las masas de agua subterránea existentes hasta dicha cota utilizando las más modernas tecnologías que existen en el mundo», añade la fuente.

«Si algo semejante, un estudio análogo, se hubiera llevado a cabo durante los ocho años que gobernó en la CHS el Partido Popular, probablemente la gestión de las aguas subterráneas se hubiera realizado de otra manera, probablemente algunos agricultores no habrían gastado inútilmente su dinero reprofundizando pozos donde no habían recursos y probablemente alguno hubiese podido atender mejor sus cultivos si hubiera sabido con exactitud donde sí había recursos disponibles», agrega la fuente.

La Comisión de la Sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar, reunida el pasado viernes en Valencia, aprobó eximir por motivos sociales a un grupo de unos 150 regantes de la Mancha Oriental de las últimas restricciones aprobadas para la zona.

Estos 150 regantes son agricultores a título principal, dueños de explotaciones de regadío situadas en las proximidades del cauce del Júcar cuya superficie es menor de 10 hectáreas. Dado el pequeño tamaño de sus explotaciones, la aplicación de los últimos recortes por sequía les había abocado al cierre.

Como se recordará, en noviembre pasado, los regantes de la Mancha Oriental se habían «autoimpuesto» un recorte del 20% en sus asignaciones de agua. Con posterioridad, la Confederación había añadido un 20% más, del que ahora estas pequeñas explotaciones quedan exentas.

«Estamos hablando de una medida de muy escaso impacto desde el punto de vista hídrico, porque el consumo de todas estas explotaciones no llega ni de lejos al medio hectómetro», explicaba ayer el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Agustín González, «pero desde el punto de vista social, el beneficio que se obtiene es grande, porque este grupo de personas carecía de alternativas, no tiene otra fuente principal de ingresos que no sea la actividad agraria».

La medida resultó aprobada por una amplia mayoría en el seno de la Comisión de la Sequía del Júcar, como también se aprobó que los regantes de la Mancha Oriental en similar situación, pero cuyas explotaciones tengan entre 10 y 20 hectáreas de superficie, vean aliviadas las restricciones que se les aplican aunque en un grado menor.

«Para ser exactos, tendrán que aplicar un veinte por ciento, que es lo que aprobamos en la Mancha Oriental de forma voluntaria y un diez por ciento más, en total, un 30% menos», explicó el presidente de la JCRMO.

González también explicó que la representación de Castilla-La Mancha, esto es, el gobierno regional, se abstuvo a la hora de aprobar estas medidas «pero no porque se opusiera a ellas, sino porque en principio nuestra gobierno regional se opuso radicalmente a cualquier tipo de restricción a la Mancha Oriental».

El Consell ha ganado la batalla del agua en la opinión pública valenciana. Los defensores del trasvase del Ebro, derogado por el Ejecutivo que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero, son cada vez más, según el sondeo que la empresa Grup Marest ha elaborado para Levante-EMV . Un 56,3% de los encuestados cree que el remedio a la escasez de agua que sufre la Comunitat Valenciana es trasvasar el agua desde el río Ebro, como reclama insistentemente el Ejecutivo que preside Francisco Camps. Este porcentaje es incluso mayor que el registrado en el sondeo de Grup Marest del pasado mes de enero. Entonces un 51,3% de los ciudadanos ya ha apostaba por esta infraestructura frente a otras soluciones.

El incremento de cuatro puntos en apenas tres meses puede tener un clara explicación si se atiende a las fechas en que se realizaron las entrevistas personales; en la semana del 28 de abril al 5 de mayo. En aquel momento, todas las televisiones llevaron a los hogares de los valencianos las imágenes del Ebro desbordándose como consecuencia de las fuertes lluvias que cayeron en Aragón. Esta circunstancia fue aprovechada por los populares valencianos para intensificar sus críticas al Ejecutivo central por paralizar el trasvase y ahondar en su argumento de que el Ebro tiene agua de sobra para donar a la Comunitat.

El agua preocupa poco

Aunque el problema del agua preocupa más bien poco a los valencianos (sólo el 6% lo considera una preocupación), el discurso del Consell de defensa del Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha calado hondo. No solo la postura popular gana apoyos, sino que disminuye el porcentaje de valencianos que confía en la alternativa al problema hídrico que se defiende desde el Ministerio de Medio Ambiente. Así, solamente un 34% remediaría la escasez de agua mediante las desalinizadoras y los medios de ahorro que propone el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el sondeo de enero, la política hídrica de los socialistas contaba con algo más de respaldo; un 37,5%.
La fuga de apoyos a la política hídrica del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana coincide además con la polémica desatada por la construcción de la desaladora de Torrevieja. El Consell, que aduce motivos medioambientales, ha acudido incluso a los tribunales para tratar de paralizar una obra que el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Cristina Narbona, considera prioritaria para paliar el déficit hídrico.

Baja el porcentaje de indecisos

Por otro lado, el colectivo de indecisos también ha disminuido. Mientras que hace tres meses un 11,2% rehusaba pronunciarse sobre el problema del agua, hoy el porcentaje de no sabe no contesta baja al 9,3%.
Como ya ocurrió en el sondeo del pasado mes de enero, en Alicante, la provincia que más está padeciendo la falta de recursos hídricos, es donde se concentra mayor número de defensores del trasvase.
Casi un 59% está con el Consell frente a un 33,3% que prefiere una política de agua que no pivote sólo en la obra pública. Con todo, los menos entusiastas con las propuestas del Gobierno se concentran en Valencia. Sólo un 31% cree que iniciativas como el programa Agua pueden solucionar las privaciones hídricas.
Los ciudadanos de Castelló son los únicos que no se han decantado de forma tan clara a favor del Consell en la batalla del agua. Los defensores del trasvase bajan a un 47,3% y prácticamente empatan con los que confían en las políticas de Madrid (un 46,3%). En la anterior encuesta del pasado mes de enero, el porcentaje que apoyaba las medidas del Ejecutivo central ascendía al 48,7%, mientras que los defendían el trasvase no llegaban al 42%.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, acusó ayer al PSOE de «incoherente» y de una «falta total de proyecto político», tras anunciar «un día una cosa y al día siguiente la contraria», en relación a las manifestaciones realizadas estos días por la Confederación Hidrográfica del Segura sobre las garantías de agua para las nuevas urbanizaciones durante el próximo año.

El responsable de Agua del Gobierno murciano afirmó en un comunicado que «no se sabe quién manda en la CHS, si el presidente o el comisario de Aguas», debido a que el responsable de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, «un día dice que no hay agua para tantas viviendas, y a los pocos días, el comisario, Manuel Aldeguer, asegura que va a haber para todas».

Para Cerdá, estas manifestaciones son «fruto de la mala conciencia de los socialistas murcianos» por «haber privado a esta Región de tener unos caudales disponibles de por vida para abastecimiento, pero sobre todo para agricultura», en referencia al trasvase del Ebro. El responsable de la Consejería de Agua subrayó que la situación actual de sequía que padece Murcia «es consecuencia de la traición que los socialistas murcianos han hecho a la Región» al votar en contra del trasvase del Ebro. Un proyecto que, a juicio de Cerdá, «estaba iniciado y adjudicado» y que «hubiera sido la solución definitiva para los problemas de déficit hídrico» que padece la Comunidad, «tanto para abastecimiento, pero sobre todo para la agricultura, el sector más perjudicado por la escasez de agua», apostilló el consejero.

Coste energético

En relación al anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, que pretende extraer agua a 4.000 metros, el responsable de Agua del Gobierno regional calificó de «barbaridad» que «mientras el Ebro se desborda en superficie, se busque agua a tanta profundidad». «Extraer agua a 4.000 metros es inviable bajo el punto de vista económico por la cantidad de energía que se necesitaría para aflorarla a la superficie», explicó Cerdá. También resaltó la «incongruencia» del Ministerio de recurrir siempre a la Directiva Marco Europea» cuando esta norma «lo primero que dice es que hay que preservar los acuíferos», por lo que añadió que con estas medidas «no sólo los acuíferos más superficiales se van a ver afectados, sino que también quieren esquilmar los más profundos».

Cerdá puso de relieve que las actuaciones anunciadas por el Ministerio suponen «un desconocimiento total de lo que es una planificación hidráulica, que es la que necesita España».

La escasez estructural de recursos hídricos que afecta a las cuenca del Segura ha obligado al Gobierno a endurecer la lucha contra el robo de agua en pozos ilegales de la Vega Baja. Así, en lo que va de legislatura, los servicios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han incoado hasta 376 expedientes por extracción irregular de agua, según datos del Ejecutivo.

Desde 2004, las tres cuencas más deficitarias de España -Segura, Júcar y Taj- – acumulan 1.513 infracciones, lo que supone el 20% del total, que llega a las 7.846. No obstante, estas tres mismas confederaciones concentraron el 40% de los expedientes iniciados durante la legislatura anterior.
Según cifras oficiales, la cuenca del Segura cuenta actualmente con más de 3.000 pozos ilegales que extraen al año unos 200 hectómetros cúbicos. Para Juana Serna, este tipo de pozos «representan un problema gravísimo si tenemos en cuenta la situación de sequía que vivimos, por ello -añade- el Ejecutivo central ha intensificado la vigilancia en las cuencas y va a aumentar bajo su gobierno el número de policías fluviales para luchar contra estas prácticas» .
Según la diputada socialista, el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto endurecer las penalizaciones por extraer agua en pozos ilegales. «La intención del Ministerio -apunta Serna-, es que la próxima Ley de Aguas califique como delito los robos de agua, y no, como sucede hasta ahora, como una infracción administrativa».

Medidas insuficientes

Medio Ambiente ha eliminado de esta legislación el apartado que legalizaba los pozos irregulares, unos 500.000 en toda España. Además, la Comisión Europea mantiene abierta una investigación sobre la utilización de estos pozos en la provincia de Alicante, que en caso de probarse, supondría que numerosos agricultores podrían quedarse sin las subvenciones de la UE.

Esta semana el conflicto entre la Generalitat y el Gobierno ha dado un paso más. El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado el conflicto positivo de competencias entablado por el Ejecutivo contra la decisión del Consell de paralizar las obras de construcción de una desalinizadora en Torrevieja en un parque natural.

El alto tribunal no se ha manifestado sobre el fondo del conflicto. Únicamente ha aceptado la petición del Gobierno, que se ha acogido a una prerrogativa especial para frenar la actuación de una comunidad autónoma. Ahora, el Constitucional ha proporcionado un plazo de tres semanas para que cada parte dé sus argumentos y tendrá que tomar una decisión en un periodo máximo de cinco meses.

La Generalitat lo tiene claro. Los servicios jurídicos del Consell trabajan ya para preparar una demanda civil y penal contra la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y contra todos aquellos que hayan contribuido a dañar el parque natural con las obras, un perjuicio que puede ser irreparable.

El Gobierno autonómico tomará esta iniciativa si el Tribunal Constitucional les da la razón, pero no descartan acometerla también si la decisión es contraria, ya que se trata de un posible delito contra el medio ambiente.

Argumentación
Los argumentos del Gobierno y la Generalitat son diferentes. El Ejecutivo defiende que es una obra de interés general, por lo que la autonomía no tiene competencias para paralizarla.

Medio Ambiente, a través de la empresa Acuamed, sostiene que tiene toda la documentación en regla para poder ejecutar las obras. En este sentido, destacaron que la Generalitat cuenta ya con toda la documentación pertinente.

Fuentes de Territorio sostienen que han actuado en este caso como contra cualquier otra infracción urbanística producida en un paraje protegido. Se ha abierto un expediente, impuesto una multa y exigido que se rehaga el mal causado. El Consell reitera que él es la autoridad competente para proteger un parque natural. Sólo en el caso de que Medio Ambiente justifique la inexcusabilidad para elegir ese lugar o no otro, esa infraestructura se podrá excluir. Sin embargo, esta semana los técnicos de la Conselleria de Territorio han dado un varapalo a Medio Ambiente al negar la “inexcusabilidad” del lugar escogido.

Acuamed presentó nueve propuestas alternativas. La Conselleria denuncia la falta de documentación y estudios detallados y afirma tajante que de la documentación sobre el proyecto “no se desprende la inexcusable ubicación de la planta territorial en el ámbito territorial propuesto”.

El informe es también desfavorable con los cuatro lugares elegidos por el Ministerio para verter la salmuera. Los técnicos de Territorio denuncian la falta de información para poder hacer un estudio serio sobre estas zonas. Por ello, las obras se han reiniciado sin todos los permisos exigidos.

En cualquier caso, el Gobierno ha optado por el enfrentamiento. Ha recurrido al Constitucional y tiene cinco meses para continuar con las obras. Un tiempo más que suficiente para avanzar en las obras sin que haya marcha atrás y el daño sea ya irreparable.

La Conselleria de Territorio ha cerrado prácticamente esta legislatura con la aprobación de tres proyectos emblemáticos que suponen más de 20.000 viviendas, la mayor parte de promoción especial.

Durante esta semana se ha reclasificado el estadio de Mestalla para la construcción de los edificios previstos, pero además, se ha dado luz verde a Nou Milen.ni en Catarroja. que supone la construcción de más de 11.500 viviendas , el 50 % de protección oficial.. En el caso del Gran Manises se ha aprobado 9.400 viviendas, el 69% de protección oficial.

Durante este semana el juzgado ha archivado la querella que el PSPV interpuso por prevaricación, malversación, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y ordenación del territorio contra el alcalde popular y dos miembros de su equipo de Gobierno por el PAI de Porchinos, donde se construirá la futura ciudad del Valencia.

Actuar contra los denunciantes
Ahora, le toca a los denunciados por el PSPV que pueden actuar contra los denunciantes, ya que el auto es muy duro contra los denunciantes al informar que no constan informes que sustenten la demanda.

Por otro lado, el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, aprovechó su visita a Castellón esta misma semana para lanzar una propuesta de elaborar una propuesta de plan general autonómico.

El objetivo de esta iniciativa es que de forma definitiva queden plasmados los terrenos protegidos y cuales podrán ser reclasificados y evitar así cualquier tipo de especulación. De esta forma, el Consell tomará la iniciativa en la ordenación territorial y creará el marco sobre el cual podrán actuar las administraciones municipales.

La Comisión de Sequía del Júcar aprobó ayer la petición realizada por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) para que se redujese la restricción «adicional»·de riego de un 20% para pequeños agricultores del tramo medio del río, es decir los de la zona que se vio afectada por la Oferta Pública de Adquisición de Derechos de riego.

De esta medida se beneficiarán un total de 125 pequeños agricultores a título principal, según explicó ayer el presidente de la JCRMO, Agustín González. La propuesta ratificada en la Comisión de Sequía permitirá que los agricultores cuyas explotaciones tengan menos de 10 hectáreas no sufran ninguna restricción adicional. En el caso de los agricultores con explotaciones cuya superficie se sitúe entre las 10 y las 20 hectáreas la restricción de riego pasará del 20% aprobado por la CHJ inicialmente al 10%.

Desde la JCRMO se defendió esta propuesta ante el temor de que estos agricultores no pudiesen hacer frente a la restricción y llegasen al extremo de tener que abandonar su actividad.

En la Comisión además se aprobó, con el voto en contra de los usuarios valencianos, una reducción del 25% sobre los caudales asignados el año pasado a aquellos regantes de Valencia que riegan con aguas superficiales. Además 6,3 hectómetros se destinarán a hacer frente a la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental., según apuntó González, quien reiteró que dada la situación de sequía es «lógica y razonable» la reducción a los regantes levantinos.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, trasladó ayer a los miembros de la comisión permanente de la sequía, entre los que se encuentran los representantes de los principales sistemas de regadío valenciano, que gracias a las últimas lluvias, el anunciado recorte de suministro de aguas superficiales -un 40% respecto a los ya reducidos suministros de 2005- serán finalmente del 25%, con posibilidad de recortar todavía más esta cifra si la situación, como se espera, evoluciona favorablemente en los próximos días.
Moragues admitió ayer la importancia de las últimas precipitaciones y resumió el alcance de las mismas desvelando que el sistema Turia, hasta hace poco en situación de emergencia, había abandonado este estatus que queda reducido de momento, al Júcar.
Las aportaciones del río valenciano han permitido almacenar 297 hm3, todavía por debajo de los 313 del año pasado. Sin embargo mientras en marzo las aportaciones naturales a Loriguilla ocupaban el 4º lugar en la serie histórica, un mes después es la novena peor y con tendencia a mejorar.
En cualquier caso Moragues recordó que el déficit de aguas superficiales, si se confirma finalmente -cree que la situación puede evolucionar más favorablemente en los próximos días-, puede ser cubierto con aguas subterráneas, para las que se ha autorizado un límite de 85 hm3 frente a los 38,73 hm3 del pasado año. No obstante, Moragues aclaró que se trata de el valor «máximo» asumible , gracias a la recuperación de los acuíferos y a las posibilidades que ofrecen los pozos abiertos, pero que finalmente podrían no ser necesarios.
Vertidos en el Turia
Juan José Moragues, inscribió dentro de la «normalidad» que el abastecimiento a Valencia tome ya 3 metros cúbicos por segundo del Júcar (más calidad) y uno del Turia cuando a lo largo del último año la proporción ha sido prácticamente al contrario. Sin embargo, el edil del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro ha anunciado un expediente a la CHJ por la paralización de la planta de Manises debido a la mala calidad del agua.
Moragues lamentó la existencia en el Ayuntamiento de Valencia de «dos planos: el del trabajo diario y el de la acción política».En el primero existe un programa de vigilancia e investigación en el que las instituciones colaboran para localizar los «vertidos clandestinos» de amonio al Turia, detectados por primera vez en 1999, con 9 episodios en 2004, 9 en 2005, 7 en 2006 y uno en 2007 que paralizó la potabilizadora de Manises durante 5 horas.
«Se han instalado medidores de calidad en continuo y cada vez que se detecta un vertido en el Turia se manda más caudal desde Tous para evitar que el abastecimiento no se resienta. Además ningún Gobierno había invertido como éste 15 millones de euros para hacer más robusto el abastecimiento de Valencia.Sin embargo hay quien prefiere -en alusión al edil-responder a esta realidad anunciando un expediente que no nos comunica y lo que es más preocupante, poniéndose la venda antes de que se produzca la improbable herida de un desabastecimiento de Valencia».

Las lluvias de las últimas semanas han posibilitado que los embalses de la cuenca del Túria dejen de estar en situación de emergencia y los del Júcar mejoren “claramente”. Así lo aseguró ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, que anunció un incremento de la aportación de agua del Júcar para abastecer a Sagunto, Valencia y su área metropolitana.

El agua que consumían 1,5 millones de ciudadanos hasta ahora provenía del Turia en su mayor parte, con 3 m3/s, y 1 m3/s del Júcar, debido a la crítica situación de sequía que padecían los embalses de Alarcón y Contreras. Tras la Comisión Permanente de Sequía celebrada ayer, la Confederación del Júcar decidió que el abastecimiento de Valencia y su área metropolitana se reparta entre las dos cuencas a partes iguales.

El Ayuntamiento de Valencia había solicitado disponer de más agua del Júcar por la mala calidad del Turia. En los últimos 10 meses se ha tenido que parar la planta de Manises, que potabiliza agua del Turia, por vertidos. El presidente de la Confederación del Júcar achacó el aumento de la toxicidad del agua a vertidos de amonio que se producen siempre por las noches, durante unas tres horas. Para evitarlos, el organismo ha reforzado la seguridad con un guarda.

Según Moragues, la cantidad de agua disponible es ahora “semejante al año anterior, cuando hace un mes era bastante peor”, señaló.

En los dos últimos meses el promedio de precipitaciones se ha incrementado en más de 100 milímetros cúbicos. Si entre el 1 de octubre de 2006 hasta el 12 de febrero de 2007, la precipitación media era de 191 milímetros cúbicos, a fecha 19 de abril de 2007 “alcanza los 327”, precisó.

Con estos datos, el Júcar está situado en su octavo año más seco, es decir, las aportaciones de los grandes embalses han mejorado “ligeramente”, aunque todavía están muy lejos de salir de la situación de sequía en la que se encuentran desde hace ya tres años. Concretamente, estos embalses cuentan en estos momentos con un volumen de agua de 297 hectómetros cúbicos, “ligeramente por debajo de los 313 del año anterior”, matizó.

Tras las restricciones de agua a los regantes que se abastecen de estos embalses, Moragues aseguró que se está ahorrando agua. “Le estamos ganando a la sequía”.

Si la situación del Júcar continúa en emergencia, la del Túria es algo mejor. Sus embalses se encuentran en su noveno año más seco, por debajo de los dos últimos años aunque “se están recuperando”, según el presidente de la Confederación, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Sin embargo, las aportaciones de sus embalses “siguen siendo muy bajas” ya que hay “un total de 99 hectómetros cúbicos embalsados frente a los 167 hectómetros que había en 2006”. Esto significa que “aunque el Túria ya no está en emergencia, sí está claramente peor que el año pasado”, apostilló.

Moragues resaltó que con las 135 nuevas instalaciones puestas en marcha entre éste y el año pasado –118 pozos y 17 rebombeos– “se podrá extraer un mayor volumen de aguas subterráneas”, que pasarán de 39 hectómetros en 2006 a 85 este año en las masas de agua subterránea de Valencia Sur, Buñol-Cheste y Sierra del Ave”.

Las últimas lluvias han permitido además recuperar los acuíferos y “se pueda disponer de más agua de ellos”. Sin embargo, matizó que la medida cuenta con “limitaciones y controles importantes”, ya que se va a impedir extraer más de un hectómetro cúbico de un pozo y más de 10 de un mismo sector.

El presidente de la CHJ anunció también su intención de que la Comisión Permanente de Sequía establezca que el suministro a los riegos tradicionales con agua superficial del Júcar, esté en torno al 75 % de la que tuvieron el año anterior. El incremento de disponibilidad de agua subterránea y de agua reutilizada permitirá, según Moragues, que los regadíos tengan “semejante volumen hídrico al año anterior”.

La secretaria federal de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín, dijo hoy que la modernización de regadíos en Castilla-La Mancha ha permitido ahorrar más de 70 hectómetros cúbicos al año, cantidad que cubriría las necesidades de abastecimiento de 700.000 personas.

Valentín, que ofreció una rueda de prensa en Toledo para hacer balance de los tres años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que Castilla-La Mancha se sitúa entre las primeras comunidades autónomas que hacen un uso racional del agua.

En este sentido, la también diputada regional del PSOE explicó que el 92 por ciento de la superficie de regadío de la región utiliza sistemas de riego por aspersión o localización.

Además, Matilde Valentín destacó que «el fuerte compromiso» del presidente regional, José María Barreda, ha conseguido que los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua se sitúen en primer lugar.

Por otro lado, indicó que la inversión sanitaria por habitante en Castilla-La Mancha supera la media nacional y está por encima de comunidades como Valencia, Madrid o Cataluña.

Valentín subrayó la importancia de este dato, si se tiene en cuenta que, con el crecimiento demográfico, la población atendida en la comunidad autónoma se ha incrementado en 250.000 personas, lo que dijo «es como si se hubiera incorporado una sexta provincia» a la comunidad autónoma.

Por todo ello, Matilde Valentín destacó que Castilla-La Mancha está a la cabeza en gasto social en España, donde señaló que el actual Gobierno socialista ha demostrado que es posible mantener una buena situación económica al mismo tiempo que se invierte en políticas sociales.