El presidente de la Diputación, Pedro Antonio Ruiz, y el delegado de Obras Públicas de la Junta, José Eduardo Martínez, visitaron en Minaya el nuevo depósito de agua construido por estas dos entidades. La alcaldesa, Llanos Casas, agradeció la diligencia en la redacción y ejecución del proyecto, que ha supuesto una inversión de 150.000 euros, y tiene una capacidad de 750 metros cúbicos

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla comprará unos 36 hectómetros cúbicos de agua para abastecimiento a la Comunidad de Regantes del Canal de las Aves, en Aranjuez, cuyo contrato de cesión de derechos se rubricó el pasado 28 de marzo.”

El comité ejecutivo de la MCT, reunido ayer en su sede en Cartagena, valoró positivamente este contrato de cesión “como medida para garantizar los recursos del Trasvase Tajo-Segura precisos en el año actual”, según informó el organismo encargado del abastecimiento de 2,5 millones de habitantes en las provincias de Murcia y Alicante.

El delegado del Gobierno en la MCT, Isidoro Carrillo, explicó que entre octubre de 2006 y abril de este año el aumento de la demanda de agua de abastecimiento creció 2en un escaso porcentaje”, alcanzando el 1,3% y, por tanto, “inferior al incremento porcentual de la población”.

A su juicio, esto ha sido posible gracias al “mantenimiento de las medidas reductoras del consumo adoptadas en la situación de alerta en que nos encontrábamos”.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) acudirá a la Comisión de Sequía del Júcar que se celebra hoy en Valencia con una propuesta bajo el brazo encaminada a evitar que pequeños agricultores a título principal que desarrollan su actividad en la zona correspondiente al tramo medio del río (área ésta en la que recientemente se produjo una Oferta Pública de Adquisición de derechos de riego) se vean abocados a abandonar su actividad.

Según explicó el presidente de los regantes albaceteños, Agustín González, desde la JCRMO pretenden que a los agricultores que no acudiesen a la Oferta Pública de Adquisión no se les aplique la restricción del 20% que impuso posteriormente la Confederación.

En este sentido, González manifestó que lo que se pretende es que se excluya de forma excepcional de esta restricción adicional a estos regantes.

Por hectáreas

Así, la propuesta que el responsable de la JCRMO someterá a la Comisión de Sequía pasa por la eliminación total de esta restricción a aquellos agricultores a título principal que regenten una explotación de 10 hectáreas o menos.

A la par desde la Junta Central también solicitarán que la restricción de riego para los agricultores con explotaciones con una superficie de entre 10 y 20 hectáreas sea sólo del 10%. González destacó la importancia de adoptar esta medida para que estos agricultores, que no suponen un grupo numeroso dentro del cómputo global de la JCRMO, puedan mantener su actividad.

Por otra parte, en la reunión de la Comisión de Sequía de hoy también se analizará la situación del sistema Júcar prestando especial atención al nivel de reservas existente en estos momentos, según afirmó González.

Como viene siendo habitual desde la Confederación se plantearán «los posibles escenarios» a los que se podría tener que hacer frente hasta que el próximo 30 de septiembre finalice el año hidrológico. Paralelamente se dibujarán las posibles medidas a adoptar.

González aseguró que no esperan que en esta reunión la CHJ apruebe nuevas restricciones de riego.

El secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo González Aizpiri, comunicó ayer oficialmente a Aguas del Júcar (acuaJúcar) su decisión de no someter las modificación del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La decisión, adoptada tras estudiar las alegaciones presentadas por la distintos departamentos de la Conselleria de Territorio y Vivienda que dirige Esteban González Pons – algunas fuera de plazo- y los ayuntamientos de Alzira, Barxeta, Cullera y la Font de la Figuera. supone la desaparición del único obstáculo que estaba impidiendo el inicio de las obras, ya adjudicadas y con el proceso expropiatorio en marcha.
Según la resolución ministerial, el proyecto de modificación «no supondrá un incremento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, la producción de residuos, los vertidos a cauce públicos ni del uso de los recursos naturales respecto a la previsto en la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida sobre el proyecto original con toma en el azud de la Marquesa emitida el 8 de mayo de 2006.
El secretario general, a la vista del informe emitido por la dirección general de Calidad y Evaluación Ambienta concluye también que la modificación introducida al trazado no afecta negativamente a las áreas de especial protección.
La Generalitat había mostrado su disconformidad aludiendo a posibles afecciones indirectas sobre el Parque Natural de La Albufera (Lugar de Interés Comunitario -LIC- y Zona de Especial Protección para las Aves-ZEPA)) y también sobre el LIC «Desembocadura y Frente Litoral Xúquer», argumentos que fueron rebatidos en el proceso por el promotor de las obras, acuaJúcar.
Según fuentes de la citada empresa las obras podrían arrancar de «inmediato» en los nuevos tramos, aunque no está claro todavía si habrá una ceremonia de «primera piedra» debido a la proximidad del proceso electoral.

Tal y como dijo el presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, la innovación tecnológica y el desarrollo económico que vive España han de ser paralelos a la cohesión social, al uso sostenible de los recursos naturales y a la reducción de la contaminación.

La nueva política del agua del Ministerio de Medio Ambiente se basa en el desarrollo sostenible y en la implementación de aquellas infraestructuras que lo propicien. El Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), eje de la política hidrológica de este ministerio, marca unos objetivos muy claros respecto al cuidado del agua para garantizar el ahorro y la eficiencia en su uso, la disponibilidad y la calidad del suministro, y la preservación y restauración de sus ecosistemas asociados.

El Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Gobierno Aznar incluía una adaptación insuficiente de la Directiva Marco del Agua (DMA) y se alejaba de manera evidente de las exigencias europeas e internacionales, como ponen de manifiesto los informes negativos de la Comisión Europea al trasvase del Ebro y el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que señalaba las carencias del PHN en cuanto a racionalidad económica y sostenibilidad ambiental e instaba a una profunda modificación del mismo.

El preceptivo informe de seguimiento del PHN de noviembre de 2005 -se hace cada cuatro años- manifestó que la inversión comprometida para el periodo 2001-2008 cubría apenas una tercera parte de lo planificado y que el grado de ejecución en el periodo 2001-2003 apenas fue del 15% de lo presupuestado.

El actual Gobierno, a través del Programa AGUA, está llevando a cabo antes de la ejecución de las obras ‘de interés general del Estado’ previstas en el PHN una evaluación económica, técnica, social y ambiental y un estudio de recuperación de costes. En muchos casos se ha considerado necesario modificar y reorientar algunas inversiones. Pero ello nunca ha supuesto una paralización de la inversión en política del agua. Al contrario, el Ministerio de Medio Ambiente ha incrementado la inversión respecto a la anterior legislatura, pasando de 1.065 millones de euros en 2000 a 1.850 millones previstos en 2006.

La licitación en 2006 se situó en 3.660 millones de euros, casi tres veces más que la cifra media del periodo 2000-2004, como consecuencia de las actuaciones del AGUA en las cuencas mediterráneas y por el impulso de las obras contempladas en el PHN, las adjudicaciones en 2006 alcanzaron los 2.500 millones, un 50% más respecto a ese mismo periodo. Las previsiones para 2007 mantienen un alto nivel de licitación y la inversión ejecutada rondará los 3.000 millones. Las comunidades más beneficiadas serán la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, que alcanzarán cifras superiores al doble de lo ejecutado en 2000-2003.

Como revelan estas cifras, el Programa AGUA no ha propiciado un retraimiento inversor, sino un relanzamiento de la inversión en infraestructuras hidráulicas y un cambio de orientación hacia obras eficaces, eficientes y ambientalmente sostenibles.

Las grandes obras hidráulicas hechas en el pasado cumplieron su servicio en un momento histórico diferente, en el que el desarrollo se basaba en el almacenamiento de agua superficial para el riego de grandes extensiones de cultivo y en la canalización para que los españoles ‘no pasaran hambre’ porque era una sociedad con fuertes carencias socioeconómicas. Ahora estas obras desempeñan otras funciones: ahorro de agua, prevención de inundaciones, abastecimiento urbano, etcétera. Por ello, este ministerio desea mejorar el patrimonio hidráulico, para lo que ha hecho un inventario de presas y se incorporará a la Ley de Aguas el reglamento de Seguridad de Presas y Embalses.

Las infraestructuras que promueve el AGUA, basadas en el desarrollo sostenible, van dirigidas a la modernización de regadíos (Plan de Choque 2006-2007), a la creación de nuevas estaciones de depuración y reutilización de aguas, a nuevas captaciones, a prevención de avenidas y a desalinización. Siempre bajo el parámetro del diálogo, el consenso y el respeto al medio ambiente.

Los recursos de agua adicionales que aportarán estas obras cada año se estiman en 231 hm3 por optimización de infraestructuras de regulación, almacenamiento y distribución; 137 hm3 por la reutilización de las aguas depuradas (exigidas a todos municipios costeros) con la incorporación de tratamientos terciarios y la potenciación de redes separativas; 74 hm3 por nuevas captaciones, y 621 hm3 año por desalinización.

La desalinización será la principal fuente generadora de agua en el futuro y ya lo es en el presente en determinadas zonas de España como Canarias. Tengamos en cuenta que el agua de mar supone el 97% del agua del mundo y que la sequía que padecemos desde hace tres años no es algo excepcional, pues el cambio climático está propiciando su aumento en la frecuencia y en la severidad.

Hay que estar preparados para ello. Desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos tomando medidas eficaces, duraderas y responsables y apostamos por la inversión sostenible. No podemos hipotecar el desarrollo de nuestro país con una política hidráulica basada en la improvisación o en el electoralismo.

Jaime Palop. Director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente

El pleno del Senado ha aprobado sin ningún voto en contra y con cinco abstenciones -cuatro senadores de ERC y uno de ICV- la reforma del Estatuto de Aragón, en un texto que presta especial atención a los recursos hídricos de la región.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la cámara alta, al igual que hiciera con el trámite de los estatutos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Zapatero mostró su «satisfacción» por la aprobación del texto y lo calificó de «exitoso e inteligente» por el acuerdo alcanzado sobre el agua.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón ordena a las instituciones públicas aragonesas velar «especialmente» para evitar transferencias de agua. Una de las novedades del nuevo texto es que reconoce que en las inversiones del Estado en Aragón se ponderarán «con carácter prioritario» la superficie, la especial orografía del territorio y el carácter fronterizo de la Comunidad.

La tercera reforma del Estatuto habla del agua hasta en tres ocasiones. En el artículo 19 obliga a los poderes públicos a velar para evitar trasvases de sus cuencas hidrográficas. En el 72 indica que, para la defensa de estos derechos, Aragón emitirá un «informe preceptivo» sobre cualquier propuesta de transferencia de aguas, mientras que el Gobierno de España deberá propiciar «de forma efectiva» el acuerdo entre las Comunidades que puedan resultar afectadas. Por último, la disposición adicional quinta hace referencia al Pacto del Agua de 1992 para garantizar una reserva de agua para «uso exclusivo de los aragoneses», de 6.550 hectómetros cúbicos.

En el nuevo texto se mantiene la redacción del artículo 48, donde se establece la suscripción de un acuerdo bilateral de cooperación, entre el Estado y la Comunidad Autónoma para concretar la participación territorializada de Aragón en los tributos generales, posibilidad que existe en el Estatuto aragonés desde 1996 pero que hasta ahora no se ha puesto en práctica.

Por otra parte, las enmiendas mantenidas por ICV, ERC y CiU sobre el catalán y el aragonés fueron de nuevo rechazadas, por lo que el texto fue aprobado tal y como salió del Congreso.

Más competencias exclusivas

Como novedad, se regula la creación de una comisión mixta Estado-Comunidad de asuntos económico-financieros dentro del marco establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La comisión deberá constituirse en un plazo de seis meses desde que el Estatuto entre en vigor y deberá resolver el litigio entre ambas administraciones sobre la cesión del rendimiento de determinados tributos.

En todo caso, se recoge expresamente el concepto de «lealtad institucional» como principio en el que se asientan las relaciones entre Aragón y el Estado y como compensación por parte de éste último cuando adopte decisiones que supongan un gasto inesperado para las arcas autonómicas.

Además, se posibilita la creación de una Agencia Tributaria propia que colaborará con la del Estado, de forma paritaria. En total, se incrementa el número de competencias exclusivas de 41 a 59 y se incluye un artículo específico sobre la Policía Autonómica, con la potestad para crearla en el marco del Estatuto.

El nuevo Estatuto incluye un nuevo título sobre la Administración de Justicia y otro sobre derechos y deberes de los aragoneses y principios rectores de las políticas públicas, entre los que se incluye la obligatoriedad de desarrollar las actuaciones necesarias para el regreso a Aragón de los bienes de su patrimonio que están fuera de su territorio.

El texto, que pasa de seis títulos -cinco más el preliminar- a diez y de tres disposiciones adicionales a seis, incluye 115 artículos (frente a 61) y, por primera vez en su historia, contaba con un preámbulo con un prolijo detalle histórico de la trayectoria de Aragón que fue drásticamente recortado en el trámite parlamentario en el Congreso.

El portavoz del Gobierno regional afirmó que el debate sobre el agua es de carácter nacional y que Castilla-La Mancha reclama la participación de las comunidades autónomas en él, recordando que, aunque todas las opiniones son importantes, la función del Gobierno de Castilla-La Mancha es defender los intereses de la región

El vicepresidente segundo y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó ayer que el Ejecutivo regional recurrirá la resolución del Ministerio de Medio Ambiente del 26 de febrero de 2007 que autorizaba un contrato de cesión temporal de derechos de agua entre la comunidad de regantes del Canal de Estremera y el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, al considerar que no ofrece garantías jurídicas ni medioambientales. 

Emiliano García-Page señaló que las motivaciones del recurso no son sólo institucionales, ya que el Gobierno castellano-manchego no comparte la filosofía de compraventa del agua, y además considera que puede entenderse como un trasvase encubierto que se hace sin las garantías legales establecidas para cuando se trata de trasvases «de verdad».  

Así, apuntó que los volúmenes de agua que son objeto del contrato, 31,05 hectómetros cúbicos, no están avalados en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, además de la precariedad de los embalses de cabecera y dijo que el Gobierno de Castilla-La Mancha antepone la defensa de los intereses de la región «a cualquier tipo de consideración de tipo ideológico o partidario».  

El portavoz del Gobierno castellano-manchego aseguró que en la región «no nos gusta como filosofía» que se vayan comprando y vendiendo unos derechos que son de otorgamiento público, y que cuando se hacen concesiones de agua a determinados regantes es atendiendo a un determinado interés o una determinada utilidad social. «Además, no creemos que sea una solución al problema general de la gestión del agua en España», añadió. 

El recurso que se presenta contra la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, indicó García-Page, se plantea en un momento en el que también se está llegando a acuerdos estratégicos para el desarrollo de  infraestructuras hidráulicas en Castilla-La Mancha.

«Lejos de que alguien pueda sorprenderse, -añadió-, creo que está en el funcionamiento normal de las instituciones democráticas saber qué papel le corresponde a cada institución y el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a hacer dejación si vemos que están en juego alguno de los intereses que afectan a la región.  
Respecto al apoyo del PSOE murciano a los regantes de esa comunidad autónoma, García-Page señaló que el debate sobre el agua es de ámbito nacional y dijo que Castilla-La Mancha reclama la participación de las comunidades autónomas en el mismo.  , y eso es perfectamente compatible con una política de entendimiento en otras áreas y otros aspectos»

Así, señaló que en este aspecto, «para nosotros prima la cuestión territorial. No es que no nos importe lo que diga el Gobierno de Murcia o el PSOE de Murcia; obviamente todo importa y todo hay que manejarlo con respeto, pero primero están los intereses regionales. Esa es la función que le corresponde al Gobierno de Castilla-La Mancha, lo diga quien lo diga», concluyó.

Sacar más agua de los acuíferos subterráneos y a mayor profundidad, bajando hasta los 4.000 metros, en lugar de los 1.000 actuales. El Ministerio de Medio Ambiente presentó ayer en Murcia una tecnología desarrollada por la Academia de Ciencia Rusa que permitirá detectar mediante satélite las masas de agua subterráneas en los más profundo

de la cuenca del Segura. El objetivo es incrementar el ritmo de explotación de los acuíferos para poder hacer frente al déficit

estructural de la cuenca. Estos recursos serán destinados a los regadíos y a fines medioambientales. Los acuíferos actuales, como se sabe, están en su mayoría sobre explotados.

Asimismo, el Ministerio de Cristina Narbona quiere tener «un mejor conocimiento» de los acuíferos «de cara al nuevo plan hidrológico que se encuentra en fase de redacción y que marcará la gestión de los recursos hidráulicos durante los próximos años». De esta forma, quiere conocer cuánta agua puede sacar del subsuelo, con el fin de fijar qué otros volúmenes llegarían desde otras cuencas por medio de trasvases. Si se determina que existe más agua subterránea, aunque sea a 4.000 metros, eso rebajaría el déficit oficial del Segura, que es ahora de unos 450 hectómetros anuales. También podría repercutir en los caudales trasvasables, que están fijados en un máximo de 600 hectómetros anuales del Tajo.

El Ministerio recuerda que ahora «la utilización de las aguas subterráneas es intensiva para atender una parte muy importante del regadío, así como para aportar caudales a los cauces permanentes y a los humedales».

Pruebas en Castellón y Madrid

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, explicó ayer en rueda de prensa junto al presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, que hasta el mes de septiembre no se conocerán los resultados sobre la localización, delimitación y volúmenes de agua que se puedan extraer. Se utilizará una tecnología llamada Tomografía Remota Técnica, basada en imágenes de satélite que captan las masas de agua subterráneas por diferencia de radiación. Está desarrollada por la empresa Trabajos de Investigación Hidrogeológica, S.A., cuyos responsables apuntaron ayer que ya se ha probado de forma experimental en Madrid y Castellón. En la cuenca del Segura ya se han realizado las primeras mediciones.

Según Serrano, el Ministerio se había mostrado al principio escéptico con esta tecnología, aunque ahora cree que será satisfactoria. Aclaró que no se trata de buscar grandes sorpresas sobre los datos actuales, sino que los importante es mejorarlos con más conocimientos. La investigación se desarrollará sobre 27.000 metros cuadrados de la cuenca, y uno de los objetivos principales es «determinar las zonas con condiciones favorables para la explotación».

En su visita a Murcia, Antonio Serrano no pudo precisar ayer qué volumen de recursos ha aportado el Programa Agua del PSOE en los tres últimos años. Señaló en rueda de prensa que no disponía de esos datos y que los pediría. Con la derogación del Trasvase del Ebro, el Ministerio se comprometió a aportar con su plan alternativo 1.053 hectómetros cúbicos anuales a las cuencas mediterráneas. Hasta ahora, la producción de agua desalinizada en Murcia y Alicante es de 72 hectómetros, frente a los 280 comprometidos. Asimismo, a nivel global el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió aportar 620 hectómetros con desalinización.

Cuando queda un para el final de la legislatura, Serrano no rebatió estas cifras, y subrayó que «vamos a llegar a esos 280 hectómetros con las actuaciones previstas por Acuamed, Acuasegura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla». Sin aportar datos, el secretario general para el Territorio indicó que «los objetivos cumplidos por la Confederación Hidrográfica del Segura son altísimos». Explicó que en los tres últimos años «los resultados son satisfactorios porque las inversiones se han multiplicado por cuatro» respecto al anterior periodo del Partido Partido. Igual de satisfactorios consideró los resultados de la Mancomunidad del Taibilla para garantizar los abastecimientos, que permitirá cubrir el déficit que arrastraba.

Asimismo, el número dos del Ministerio de Medio Ambiente anunció que la futura desaliniadora de Águilas ya tiene todas las autorizaciones administrativas para comenzar la obras. Respecto a la planta de Torrevieja, Antonio Serrano añadió que la obras han entrado en la normalidad después de que el Tribunal Constitucional haya dado la razón al Ministerio de Medio Ambiente frente a la paralización del Gobierno valenciano.

Nadie acepta dar por concluida la sequía, pero lo cierto es que las últimas lluvias han situado los embalses del río Júcar, los más castigados por el déficit de caudales, en niveles muy similares a los del año pasado por estas fechas, lo que en la práctica permitirá disponer, si así lo aprueban las comisiones de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del mismo volumen de agua para regadío que en 2006 en el que se redujo en un 40% los caudales entregados a los regantes.

No obstante, en el conjunto de la cuenca hidrográfica los embalses se encontraban ayer con 696,38 hectómetros cúbicos (un 20,81% de su capacidad), frente a los 783,62 (23,51%) del pasado año. Quizá por ello una fuente de la CHJ ironizaba afirmando que se había pasado en un par de semanas del estatus de «miserables al de muy pobres». Sin embargo los volumenes de agua embalsada certifican que Alarcón almacena ya 119,55 hm 3 frente a 130,17 del pasado año, Contreras alcanza el nivel del 58,65 hm 3 frente a 65,51 y el de Tous llegaba ayer a 115,68 hm 3 por 117,03 almacenados tal día como hoy, 17 de abril, de 2006.
El déficit, pues, se centra en el río Turia, muy esquimaldo a lo largo del último año para compensar demandas como la de la ciudad de Valencia, que hasta el inicio del ciclo de sequía se atendía mayoritariamente con aguas del Júcar.
Así, al dia de ayer los embalses del sistema Turia ( Arquillo San Blas, Benagéber, Loriguilla y Buseo) se encontraban al 34,68% frente al 54,87% del pasado año.
En los sistemas que afectan a la provincia de Castelló: Palancia, Mijares y Cenia no se esperan problemas pese a que existe todavía una apreciable diferencia respecto al año anterior, con el 37,71% de agua embalsada respecto a la capacidad total frente al 40,18%.
Sin embargo, en la CHJ se espera que los caudales fluyentes que circulan por los ríos como consecuencia de las lluvias equiparen definitivamente el nivel de agua embalsada en apenas una semana o dos a lo sumo, antes incluso de que haya necesidad de desembalsar caudales para inundar el arrozal.
De hecho, el Júcar entregaba en Alarcón 19 metros cúbicos por segundo y 7 en el embalse hidroeléctrico de Uña, aguas arriba, en la Serranía conquense, y llegaba con algo más de 10 metros a Tous. Se trata en todos los casos de caudales muy por encima de los que se registraban el pasado año y que tienen su origen en las escorrentías generadas por las últimas precipitaciones.
También los caudales base del Turia y Mijares se han incrementado hasta superar los 8,1 y los 6 metros cúbicos/segundo a la entrada de los embalses de Benagéber y de Arenós, respectivamente.
Ayer el optimismo era la nota predominante en muchas comunidades de regantes valencianas aunque nadie quiere, por razones obvias, lanzar la campanas al vuelo y apuntan que lo que ocurra en las próximas semanas será «determinante» para el balance final del año hidrológico.
El terreno-apuntan- está saturado de agua y todas las precipitaciones que se registren en cabecera acabarán en forma de escorrentía en los embalses mientras que en las planas litorales la tierra está saturada de humedad y no es necesario liberar agua regulada en los pantanos a excepción de la que requiere la inundación del arrozal.
De momento y para el final de semana los pronósticos apuntan una cierta inestabilidad en forma de lluvias aunque su alcance es, de momento, una incógnita.