Estaba previsto que se celebrase después de Semana Santa, sin embargo, al cierre de la presente edición y finalizado el mes de abril, aún está por convocar el Pleno del Consejo Nacional del Agua que decidirá por votación la posibilidad de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Aguas presentado por el Ministerio de Medio Ambiente. Entre los asuntos más polémicos que se pondrán encima de la mesa está la conocida »Ecotasa», que la Reforma de la Ley de Aguas en su artículo 114 denomina »Recuperación del coste de los servicios del Agua». Pero la Ley de Aguas da para mucho más…

Aún no hay fecha concreta pero quedan pocos días para la reunión del Pleno del Consejo Nacional del Agua, donde se decidirá la aprobación o no del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

En el mes de marzo, el secretario general del Consejo Nacional del Agua, Teodoro Estrela, remitió una carta a los miembros del Consejo informándoles de su decisión de retrasar el pleno, previsto inicialmente para finales de dicho mes, ante la solicitud de varios de sus integrantes de disponer de más tiempo para el estudio de las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

¿Por qué las modificaciones?

Estas modificaciones vienen motivadas por la Directiva Marco del Agua que obliga a una importante adaptación de la normativa nacional en materia de aguas en un proceso complejo de respeto a las competencias reconocidas en la Constitución.

»Se trata de una Ley nueva para un país moderno», explica el Ministerio de Medio Ambiente en el texto refundido.

Dos principios sostienen todo el esquema de la normativa: la sostenibilidad del recurso y la prevención de su deterioro y de los sistema acuáticos. (art. 1.2)

Según informan desde el Gobierno, no se trata de integrar únicamente mediante coletillas determinados aspectos medioambientales, sino de construir todo un desarrollo legislativo que busca armonizar el uso del recurso con su salvaguarda, de aquí que este espíritu de protección ambiental impregne todo el articulado.

Este planteamiento es radicalmente diferente de aproximaciones anteriores, donde el agua era un recurso que había que regular. »La protección de los ecosistemas es una de las garantías esenciales de la sostenibilidad del recurso», explica el texto.

Puntos polémicos

La nueva Ley incluye importantes puntos no exentos de polémica como el artículo 114 y el 36. El primero trata sobre la »Recuperación del coste de los servicios del agua», conocida por el sector como »Ecotasa». Por su parte, el artículo 36 establece la composición del Comité de Autoridades Competentes —el órgano superior de dirección y cooperación en las demarcaciones hidrográficas dependientes de la Administración General del Estado—.

Con respecto a la »Recuperación del coste de los servicios del agua», en principio, los regantes valoraron positivamente la decisión de aplazar hasta 2010 la puesta en marcha de dicha tasa, así como la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC, frente a la potestad que se arrogaba el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, son muchos los argumentos empleados por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) contra la ecotasa que asegura que la política de precios del agua no es un mandato de la directiva comunitaria (Ver cuadro inferior).

Competencias

El artículo 36 también está trayendo bastante cola, sobre todo tras el traspaso de competencias sobre las aguas del Guadalquivir.

La Ley de Aguas establece que en la composición del Comité de Autoridades Competentes la Administración General del Estado tendrá la mitad más uno del número legal de miembros, de tal manera que no se vulnere el régimen competencial establecido por la Constitución.

Sin embargo, el Estatuto Andaluz, en su artículo 51, asegura que la Comunidad autónoma tendrá las competencias exclusias en las aguas que transcurren por su territorio.

Ante esta aparente contradicción, que ha desatado las quejas y hasta las denuncias de »inconstitucionalidad» por parte del presidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirma que la normativa aún está en proceso de elaboración y que aún es »prematuro» decir cuál será el tratamiento para el Estatuto Andaluz.

Autoridades Competentes

La composición del Comité de Autoridades Competentes que establece la Ley de Aguas también es motivo de polémica, pues, los regantes solicitan su integración en los comités de cada confederación hidrográfica, de manera que estos no sean »órganos meramente políticos, —pilotados exclusivamente por la Administración Central y las autonomías— los que dispongan del máximo poder de decisión, al margen de los Consejos de Cuenca y de los propios usuarios», según denuncia Fenacore.