Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 48,33 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 696,38 hectómetros, lo que supone un 20,81% de los 3.346,6 hectómetros cúbicos de su capacidad total.

Según informan fuentes de la CHJ, de los 27 embalses adscritos a la Confederación, 22 han aumentado el nivel del agua, dos lo han disminuido y tres, mantenido.

El embalse que ha registrado el incremento más importante ha sido el de Alarcón, que ha recibido 11,69 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúa al 10,69%.

Los dos pantanos en los que el nivel de agua se ha reducido han sido los de El Naranjero, que ha sufrido un descenso de 1,01 hectómetros cúbicos, y el de Alcora, con una reducción de 0,01 hectómetros.

Las lluvias no han alterado los niveles registrados en los embalses de La Muela, que se encuentra al 63,92% de su capacidad; Almansa, al 11,50% de su capacidad; y el de Algar, que sigue seco.

Por sistemas, el de Alicante (Marina Baja/Serpis) se encuentra al 60,51% de su capacidad; el Júcar, al 17,02%; el del Turia, al 34,68%, y el de Castellón (Palancia/Mijares/Cenia), al 37,71%.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, acentuó ayer su discurso ecologista y se atribuyó la «salvación» del río Júcar, con la decisión del Gobierno de modificar la toma del trasvase previsto hacia las tierras del Vinalopó. El candidato socialista contó con graves problemas con las organizaciones contrarias a cualquier tipo de transferencia hídrica -principalmente «Xúquer viu»-, a cuenta de su defensa de la ejecución de las obras.

Ayer, el secretario de Medio Ambiente de su partido, Francesc Signes, organizó un acto de lavada de cara en Sueca, donde Pla se rodeó de detractores del trasvase, como el presidente de la Comunidad de Regantes de la citada localidad, José Fortea.

Bajo el lema de «Salvemos el Júcar», el secretario general de los socialistas valencianos dio con la fórmula mágica: «Es posible garantizar agua al Vinalopó sin menoscabar las reservas del Júcar y, por tanto, asegurando recursos hídricos a los regantes de La Ribera».

Sin embargo, no dedicó tiempo a explicar cómo es posible plasmar dicha declaración de intenciones. En esa línea, reclamó para sí el voto el 27-M, frente al «Consell de Camps, que se ha dedicado a enfrentar a los ciudadanos de las comarcas de la Comunidad».

Acabamos de asistir a un nuevo intento por parte de la Generalitat Valenciana y de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó de abrir la discusión de la toma del Trasvase Júcar-Vinalopó. Para ello la Generalitat Valenciana ha pagado un informe de unas 600 hojas donde se concluye que ya no hay que llevar sólo 80 hectómetros cúbicos del Júcar al Vinalopó si sobra agua, sino que hay que llevar 157 Hm3 anuales desde el Júcar sin pararse a pensar si están y si se perjudica a alguien.

Pues la realidad es que estos 157 Hm3 en Cortes de Pallás no están y nadie espera que estén. Es más, con las previsiones de reducción de recursos por el cambio climático, la precariedad actual de recursos en el Júcar se va a ver incrementada. El estudio presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo prevé una reducción de aportaciones en el Sistema Vinalopó de un 20% por el cambio climático y por tanto una mayor demanda de agua del Júcar. Pero se olvidan, y no les importa, que el Júcar también va a sufrir reducción de aportaciones y que existen unos usos de agua en nuestra cuenca que actualmente ya son difíciles de atender por la escasez de recursos y que en un futuro la situación todavía será peor.

En cuanto a perjudicados por la toma del trasvase en Cortes de Pallás, todos los que usan actualmente el agua del Júcar. Eso de que si no hay sobrantes no se trasvasará no se lo cree nadie. La realidad es que cuando en un río se incorpora un nuevo usuario, por muchos derechos que tengan los usuarios anteriores, al final, se reparte el agua que hay entre todos. No somos tan inocentes para creernos que si no hay sobrantes no se va a trasvasar porque todo el mundo sabe que no hay sobrantes y siguen erre que erre con la toma, porque saben que si se abre el agujero va a ir agua a costa de quien sea y los primeros afectados vamos a ser, como siempre, los regadíos tradicionales del Júcar y la Albufera.

Con la situación actual del Júcar, y la previsión es que empeore, cada gota de agua que se derive en Cortes de Pallás se le quita a alguien. Sabemos que los primeros afectados seríamos los regantes, tanto los tradicionales como los del Canal Júcar-Turia. Pero quitar agua a los regadíos tradicionales no supone sólo que se dejen de regar una serie de parcelas o que se pierdan determinadas cosechas. Supone también una importantísima afección a la Albufera, ya que los únicos recursos de calidad que recibe son a través de nuestros sistemas de riego, principalmente de Sueca y la Acequia Real del Júcar. La Albufera está es una situación crítica y no puede soportar un mayor recorte de aportaciones del Júcar.

La otra gran demanda que se vería afectada es la del abastecimiento de Valencia. Que no se le olvide a nadie que Valencia y su área metropolitana beben principalmente de aguas del Júcar. Desde hace un año, el abastecimiento de Valencia ha tenido que tomar parte del agua del Turia y en todo este tiempo no han cesado las quejas de los responsables políticos del agua de Valencia que querían el agua del Júcar que la del Turia era de peor calidad. Si le quitamos agua al Júcar en Cortes de Pallás, la situación actual del abastecimiento de Valencia podría repetirse muchas veces, incluso ser permanente.

500.000 hanegadas de los regadíos tradicionales del Júcar, 250.000 hanegadas de los regadíos del Canal Júcar-Turia, el abastecimiento de 1.500.000 de habitantes de Valencia y su area metropolitana, el futuro abastecimiento de los pueblos de las Riberas del Júcar, el abastecimiento de Sagunto, la Albufera y resto de zonas húmedas del Júcar y del Turia, etcétera Somos muchos los afectados por la toma del trasvase en Cortes de Pallás. Creo que es hora de que la Generalitat Valenciana asuma su error y rectifique.

*Presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca.JOSÉ PASCUAL FORTEA

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a los servicios jurídicos de la Junta para que recurran la resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se autorizaba la cesión temporal de derechos de agua entre los regantes del Canal de Estremera y los del Acueducto Tajo-Segura.

El consejero de Agricultura, Juan Cotino, se manifestó ayer en contra de la reforma de la Ley de Agua en la que trabaja el Gobierno y sostuvo que tiene «algunos puntos» con los que está «radicalmente en contra». Cotino se reunió ayer en Castellón con la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana y regantes de la cuenca del Ebro y calificó de «inviable» una subida del precio del agua sin que existan subvenciones de la Unión Europea para regar. El consejero sostuvo que la reforma «implicaría el incremento del precio del agua, lo que hace inviable para los regantes el poder regar sus campos», pese a que el anteproyecto ha sido variado, retrasa hasta 2010 el uso de la tasa universal sobre el agua y fija por ley que sólo subirá cada año la inflación. Aún así, el consejero dijo que aunque todavía no se ha establecido la cantidad en que podría subir el precio del agua, «en algunas zonas de Alicante y Murcia, este año ha subido más del 50%». «No se puede proponer una ley que pone sobre los hombros de los agricultores más peso del que ya tienen actualmente», señaló.

Así, vaticinó que, de aprobarse esta medida, el incremento de precios se reflejará en los consumidores, «ya que si el agricultor no tiene posibilidad de regar a un precio competitivo, al final los costes repercutirán en las cosechas y, eso se verá en el precio final del producto en los mercados».

Además, tras el encuentro hizo hincapié en que uno de los aspectos incluidos en la modificación de la ley con los que la Generalitat está «completamente» en desacuerdo es que «se quite peso específico a los regantes, que son los usuarios que mayoritariamente utilizan el agua, y se les dé a otras entidades» de las que, en cambio, reconoció que «pueden tener representación, pero no a costa de la pérdida de peso de los regantes, que son los que la usan más».

El consejero se refirió también a las propuestas efectuadas por algunos gobiernos autonómicos para «blindar» los ríos que atraviesan sus territorios con el fin de impedir el trasvase de agua a otras zonas. Así, la reforma prevé limitar los trasvases pactados entre cuencas a cinco hectómetros cúbicos. Según Juan Cotino, el río «no puede ser un bien particular de una comunidad autónoma y se debe gastar entre todos de forma solidaria».

La adjudicación de obras mediante las que se abastecerá a no menos 26 municipios de la provincia de Cuenca del entorno del Acueducto Tajo-Segura y la firma ayer del convenio que permitirá la adjudicación en los próximos meses del Plan de Desarrollo Sostenible de los municipios ribereños son dos noticias que, según destacó ayer el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, José Molina, «rematan muy bien» este año y la presente legislatura.

Una legislatura que, en materia de agua, afirmó que la región ha vivido un cambio «como de la noche al día», al pasar de las «buenas palabras y de algunas cuestiones bien conseguidas en planes hidrológicos, pero donde no había ni un duro encima de la mesa, a las obras» de infraestructura hidráulica previstas.

Como ejemplo, remarcó que el 88 por ciento de las 56 actuaciones previstas en el denominado Acuerdo del Agua alcanzado el 14 de marzo de 2005 entre el presidente regional, José María Barreda, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, están en algún nivel de tramitación, muchas de ellas terminadas, la gran mayoría en ejecución y otras adjudicándose o firmándose el convenio para su adjudicación. Según Molina, ese fue un acuerdo «sin precedentes y de enorme trascendencia» para la región y por ello criticó el «desconcierto del PP, que en todos estos meses se ha dedicado a cuestionar el propio acuerdo y su valor». A su juicio, esta reacción «sin duda alguna» fue motivada por la «mala conciencia» de los ‘populares’ al ver cómo un Plan Hidrológico Nacional que tenía aprobado un anexo segundo con un «importante volumen de inversiones», en los años de Gobierno de Aznar «prácticamente no se invirtió un solo euro y hubo niveles de ejecución absolutamente ridículos en esa materia».

Centrándose en la adjudicación de obras a Hidroguadiana para abastecer a unos 26 municipios conquenses del entorno del Acueducto Tajo-Segura, por un importe cercano a los 25 millones de euros, consideró que ésta es una obra «emblemática» porque supone corregir una de las mayores «injusticias» históricas, ya que muchos de los pueblos que veían pasar por delante el agua del trasvase hacia el Levante se quedaban «sin una gota de agua». Con esta actuación, los habitantes de la zona tendrán garantías de abastecimiento de agua en calidad suficiente, aseguró, ya que hasta ahora se abastecían de acuíferos sobreexplotados.

En cuanto al convenio sobre el Plan de Desarrollo Sostenible del entorno de los municipios de Entrepeñas y Buendía, explicó que también persigue corregir «injusticias históricas» con los pueblos de la cabecera del Tajo.

Dos obras, éstas, que, en su opinión, ponen de manifiesto que «obras son amores y no buenas razones» y no tienen «nada que ver con alguna denuncia que se hacía anteayer, muy exagerada, cuando se decía que el agua del trasvase irá para un desarrollo urbanístico desmedido», apuntó.

Ecologistas. Ante dicha denuncia, expresada por Ecologistas en Acción, Molina argumentó que si el agua del Tajo-Segura fuera destinada a un desarrollo urbanístico desmedido «Castilla-La Mancha sería la comunidad más poblada de toda España».

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de los dictámenes de sus confederaciones hidrográficas, ya advirtió en julio del 2005 que no había agua suficiente para las miles de viviendas proyectadas. Además, según advertía ayer el diario El País, entre las cuencas con mayor porcentaje de dictámenes contrarios a esta creciente expansión urbanística están las del Júcar, el Segura y el Guadiana, por lo que no se salvaría ni uno solo de los proyectos albaceteños. Y es que, como ya ha denunciado Ecologistas en Acción en numerosas ocasiones, la provincia de Albacete está apostando por la edificación en horizontal, es decir, adosados, y los campos de golf, cuando el abastecimiento actual ya parte de acuíferos y ríos sobreexplotados.

En el informe Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha Ecologistas en Acción cuestiona ocho proyectos por su respeto al medio ambiente y viabilidad por su ubicación y por la cantidad de agua que necesitarían. Éste es el caso, según el informe ecologista, de Las Higuericas y Espartalia, en Hellín, que prevén la construcción de 2.180 chalets y viviendas; La Losilla, en Chinchilla, que prevé la construcción de más de 2.000 chalets y un campo de golf, Cuasiermas Golf, en Madrigueras, que prevé 300 chalets a orillas del río Júcar o el proyecto de Ossa de Montiel, que incluye 4.000 chalets en una urbanización junto al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

De Norte a Sur

Pero no hace falta irse a las zonas más verdes de la provincia para encontrar urbanizaciones con campos de golf, ya que Ecologistas nombra también en su informe dos proyectos en Montealegre del Castillo, con más de 5.400 viviendas, y una urbanización en La Roda con 1.500 viviendas y un campo de golf de 27 hoyos.

Ecologistas en Acción pone en tela de juicio todas estas macrourbanizaciones porque, en su opinión, se carece de una estrategia de ordenación territorial y, sin embargo, se opta por un elemento permanente e irreversible como es el ladrillo en zonas de alto valor medioambiental. La organización pone el grito en el cielo cuando hace los cálculos de los planes del Corredor del Henares y La Sagra, ya que juntos llegarán a las 300.000 nuevas viviendas en dos décadas.

No obstante, no pasa de largo al observar los nuevos planteamientos que crecen en la provincia de Albacete, donde, aunque denuncia sólo ocho proyectos, reconoce que tiene que haber muchos más sobre plano de los que no tiene constancia. Y es que, sólo en la zona de Las Lagunas, en el territorio de Albacete, el Seprona ha tramitado 115 denuncias de vivienda ilegal entre los años 2005 y 2005. Pero «ni los ayuntamientos, ni la Consejería de Vivienda, ni los tribunales están cumpliendo con su función de vigilancia, sanción y demolición de las miles de construcciones ilegales que hay en Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción no duda al afirmar que la actividad urbanística implica la completa destrucción del ecosistema, lo que en Castilla-La Mancha dañaría a unas 70.000 hectáreas. Además, estas viviendas alejadas de los núcleos urbanos, necesitan conducciones de aguas residuales que contaminan los cursos de agua y amenazan la calidad del aire con el tráfico.

No obstante, el núcleo del problema, al que se le pueden sumar cientos de ramificaciones, es la falta de agua. «El crecimiento urbanístico en horizontal, además de ocupar más suelo, conlleva necesariamente un mayor consumo de agua». Y es que las nuevas viviendas que se están poniendo de moda, unifamiliares con jardín, «gastan -según denuncia el informe- más del doble de agua de media al año, de unos 100 litros a unos 200 al día». Si Castilla-La Mancha consume actualmente entre 175 y 200 hectómetros cúbicos de agua al año en abastecimientos urbanos, con las previsiones de desarrollo urbanístico actuales, la demanda de agua para uso urbano podría llegar a triplicarse.

Código ético

Ante esta situación y el negro futuro que augura, Ecologistas en Acción propone fijar límites al crecimiento urbanístico en Castilla-La Mancha; ordenar y racionalizar el crecimiento; controlar mejor tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas; poner restricciones a las recalificaciones; proteger el suelo; mayor protección medioambiental; incremento de las actuaciones judiciales; facilitar la participación pública; tomar medidas contra la especulación y fomentar un código ético que incluya la destitución inmediata de un imputado en delitos urbanísticos.

El programa radiofónico De Costa a Costa, que dirige y presenta en Punto Radio el periodista Félix Madero, contó ayer con la participación de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien aseguró que el Gobierno central cumplirá su promesa de aportar los caudales que para esta legislatura preveía el programa AGUA, que sustituyó al derogado Plan Hidrológico Nacional.

La ministra insistió, a preguntas del jefe del Área de Local de La Verdad, Manuel Buitrago, en que el Gobierno alcanzará los objetivos anunciados que, en el caso de Murcia y Alicante, se sitúan en 280 hectómetros para el año que viene. Sin embargo, a día de hoy, la producción es de sólo 72 hm3 y, según las previsiones más halagüeñas, apenas se alcanzarán los 120 hm3 en el plazo previsto.

Narbona, que participó en un monográfico especial dedicado a analizar los problemas del agua y las posibles soluciones, recordó que para cumplir este compromiso electoral necesitará «la colaboración de las comunidades autónomas, desde donde no se deberían torpedear nuestras iniciativas». Al respecto, la ministra recordó que Valencia paralizó la planta de Torrevieja, cuyo caudal será destinado a regadío y abastecimiento.

Sin embargo, respecto a Murcia, Narbona alabó la «colaboración efectiva del Ejecutivo murciano» y felicitó por ello al presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, quien también participó en el espacio de Punto Radio. Valcárcel, por su parte, aprovechó el cumplido para señalar que «tiene que venir una ministra a decirlo, frente al PSOE murciano que lo niega».

La titular de Medio Ambiente reveló que «el Ministerio no prevé restricciones para los próximos meses, a pesar de la sequía» y señaló que «gracias a las obras que el Gobierno central ha impulsado en los últimos años «no se ha impuesto cortes al consumo». Narbona recordó que «no estoy en contra de los trasvases» y, para demostrarlo, apuntó que «el Gobierno impulsa el trasvase del Vinalopó. Y también gestiona el trasvase Tajo-Segura». Entretanto, dijo que «el agua dulce arrastra sedimentos que son necesarios para mantener la biodiversidad en el Mediterráneo».

Derecho a crecer

Valcárcel, por otro lado, insistió en que «Murcia sólo pide el agua que sobra, el agua que no necesitan el resto de comunidades. De hecho, la ley sólo permite que se trate de agua excedentaria. Además, incluso la pagamos». En este sentido, aclaró que «cualquier comunidad tiene derecho a crecer, siempre y cuando cumpla ciertos criterios de sostenibilidad», y añadió que «hemos pasado del agua para todos al agua para nadie». Por último, el presidente argumentó que «cualquier comunidad de España debe resolver sus problemas y, sólo después de ello, no me parece descabellado que una pequeña parte de aquello que va al mar se envíe allá donde se necesite».

El presidente Valcárcel añadió que el presidente de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, «nos hace volver siglos atrás» y lo acusó de tergiversar el concepto histórico de España.

Respecto al Trasvase Tajo-Segura, Valcárcel remarcó que «resulta inconstitucional ponerle fecha de caducidad. Por eso hemos recurrido». Por otro lado, aseveró que «la cuenca del Segura es la única deficitaria, de forma estructural, de todo el país».

El espacio radiofónico se alargó hasta la medianoche y supuso una atractiva propuesta para conocer opiniones contrapuestas y distintos puntos de vista.