Estamos en mayo, y seguimos sin Ley de Aguas. El Ministerio de Medio Ambiente había prometido que llegaría al Consejo de Ministros en abril, pero lo cierto es que la ley sigue negociándose entre administraciones y usuarios. De momento, de fechas, nada se sabe.
Uno de los mayores escollos que han retrasado su aprobación tiene que ver con el régimen económico del agua. La intención del ejecutivo es incoporar tasas que garanticen la recuperación de los costes en obras y servicios.
Esta idea se procede de la Directiva Marco del Agua de la UE (2000/60/CE) que establece el principio de recuperación íntegra de los costes del agua, conforme al principio de que «quien contamina, paga» (artículo 9).
El problema es que la traslación de este principio a la realidad es muy complicada. Fuentes de los usuarios profesionales del agua de nuestra provincia explicaban recientemente que «la Directiva Marco del Agua está muy bien diseñada para el norte de Europa, donde el principal problema del agua es la contaminación, pero aquí el problema es la escasez».
Dicho de otra forma, que en los países mediterráneos de la UE, el coste de traer un metro cúbico de agua al grifo del usuario, sea particular o profesional, es bastante más elevado, de partida, que el mismo coste para un país nórdico, donde sequías como las que padece el Sudeste de España son, literalmente, inconcebibles.
Por este motivo, la aplicación literal, y sin mecanismos compensatorios, del principio de recuperación íntegra de los costes relacionados con el agua habría provocado un incremento masivo y desmesurado del precio del agua en buena parte de España.
La propia Directiva Marco, y el borrador de modificación de la Ley de Aguas presentado al Consejo Nacional del Agua, prevén, no obstante, «tener en cuenta» los condicionantes sociales, ambientales y geográficos a la hora de diseñar un nuevo régimen económico del agua.
Pero el problema es el ‘como’. La semana pasada, hubo una reunión en Madrid para tratar este asunto entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones agrarias y organizaciones de regantes.
La postura del ministerio, según reza en el borrador, era introducir un régimen económico del agua basado en cuatro conceptos. Dos de ellos ya existen y proceden de la ley actual sin modificaciones. Son el canon por la utilización de los bienes del dominio público hidráulico y el canon de vertidos.
El tercero también existe, aunque se han introducido diversas modificaciones y adiciones en el mismo. Se trata del canon que se paga por la regulación y como tarifa de utilización del agua.
El cuarto es de nueva creación y ha resultado ser el punto más polémico, la «tasa por prestación de servicios, registro, control e inspección de los usos del agua» pues ha sido visto por los usuarios como una «ecotasa» que penalizaría el consumo de agua, especialmente para regadío.
Y el principal resultado de la reunión es que no ha habido resultado. Seguimos sin ley, y la prensa nacional especula con la posibilidad de ‘congelar’ la tramitación de la norma hasta que pasen las elecciones generales del 2008.