El Gobierno valenciano anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fija el año 2015 como el fin del trasvase Tajo-Segura, si finalmente el Congreso y el Senado aprueban esa reforma estatutaria.

Así lo anunció, en el pleno de las Cortes Valencianas el conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, a una pregunta del grupo popular sobre si el ejecutivo valenciano piensa recurrir la citada normativa autonómica, aprobada por las Cortes castellanomanchegas con los votos del PSOE y el PP.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, calificó de «humo» la política hídrica del Gobierno central, anunció que continuará reclamando la recuperación del proyecto del trasvase del Ebro frente a las «promesas incumplidas» del programa AGUA, y reclamó que las Cortes Valencianas se muestren unidas para reclamar el agua que necesita su comunidad.

Unanimidad

Camps valoró el acuerdo unánime logrado en el pleno de las Cortes Valencianas para rechazar el acuerdo estatutario de Castilla-La Mancha que fija la caducidad para el trasvase del Tajo-Segura, pero lamentó que esa unanimidad no se hubiera alcanzado en relación con el Plan Hidrológico Nacional y el derogado trasvase del Ebro al sureste peninsular.

También se refirió en sus críticas al cambio de trazado de la toma del trasvase Júcar-Vinalopó, que «busca un retardo que genera inquietud y desconfianza» en esta autonomía, y a la posibilidad de que Castilla-La Mancha se reserve el uso «exclusivo» del tramo del Júcar que discurre por esa autonomía.

Antes esta intención el portavoz del grupo parlamentario socialista de Castilla-La Mancha, José Molina, afirmó que parece un anuncio «en plan rabieta» y que «no tiene visos de seriedad».

Molina insistió en este punto en que en la Región «estamos plenamente convencidos» de que el Estatuto es «plenamente constitucional», y que en Castilla-La Mancha no se ha planteado un debate constitucional sino político pues pretende terminar con «los privilegios» que determinadas comunidades autónomas quieren mantener sobre el agua que transcurre por Castilla-La Mancha.

Unidad

Tanto el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha se ratificaron en el acuerdo alcanzado para pedir la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad, cuya constitucionalidad defendieron ante el recurso anunciado por el Gobierno valenciano.

El secretario regional del PP castellanomanchego, Vicente Tirado, recalcó que su partido se ratifica en lo acordado en el texto desde la convicción de que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma más solidaria de España, pero debe utilizar el agua que necesita para su desarrollo.

Por otra parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, manifestó que los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades españolas «no son clones» pero en el caso del aragonés la propuesta de reforma pactada entre los diferentes grupos políticos resulta ser «excelente». Iglesias además aseguró que no es momento de comparar el Estatuto aragonés con el de Castilla-La Mancha.

Francisco Camps considera que la disposición que incluye la reforma estatutaria castellano-manchega para el cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura es una «consecuencia directa» de la paralización del trasvase del Ebro, y dijo temerse que se produzca un nuevo «capítulo» en las actuaciones contrarias a los intereses de la Comunidad. Así, expresó su miedo a que «el Júcar, en algún momento, sea utilizado de forma casi exclusiva por Castilla-La Mancha» y a que «al final» el Gobierno de Zapatero diga: «ustedes tienen el mar. Apáñense con ese agua».

El presidente de la Confederación Hidrográfíca del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, llevó a cabo una jornada de trabajo en la mañana de ayer en Hellín para hacer entrega de distintas resoluciones a la Comunidad de Regantes Juan Martínez Parras, SAT La Horca, Regantes de Isso y Sociedad Agraria de Transformación Fuente de Isso.

Tras departir con los representantes de estos colectivos de regantes el presidente de la CHS giró visita a los depósitos de agua potable que la Sociedad Estatal Acsegura está construyendo en el cerro Cruz de la Langosta con una capacidad de cinco mil metros cúbicos cada uno. Acompañó a esta visita el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda.

Fuentes Zorita dijo que esta visita es para seguir solucionando problemas y reconocer derechos de los regantes de la zona que se adquirieron hace muchos años. Hoy -dijo- se sientan las bases para legitimar unos derechos que estaban sin concretar.

Cumplido

Añadía que la CHS está ultimando la tramitación para inscribir a la SAT La Horca-Agramón en el Registro de Aguas, con lo que se cumplirían todas las demandas realizadas por el Ayuntamiento de Hellín respecto a la regularización y adaptación de todos los regadíos de su término municipal a la vigente legislación de aguas, culminando un proceso que se remonta a más de 20 años antes.

Fuentes Zorita dijo que Hellín en los últimos tres años ha conseguido más cosas que en bastantes décadas anteriores, teniendo una importante serie de proyectos en marcha.

A la pregunta de cómo ve la caducidad del trasvase Tajo-Segura dijo que él no se podía manifestar, quien debe resolver esa cuestión -dijo- son las Cortes de España, añadiendo que la CHS está para recoger las inversiones y repartirlas.

Siguió diciendo que «debemos dejar trabajar a los parlamentarios, estoy convencido de que al final del debate de las Cortes saldrá un Estatuto que no tendrá duda de su constitucionalidad y que representará adecuadamente los intereses de Castilla-La Mancha en el marco general de España».

El proyecto de los depósitos de la Cruz de la Langosta es de 2,5 millones de euros financiado por Acuasegura en un 85%, con cargo al Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y el 15% por el Ayuntamiento de Hellín.

Los nuevos depósitos han sido construidos con muro de hormigón armado, de forma rectangular, incluyendo una instalación de rebombeo entre ambos.

Estas infraestructuras forman parte del proyecto de mejora de abastecimiento de agua potable, incluyendo una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable que sustituirá a la antigua, y que contará con las más modernas técnicas, entre ellas, la ozonización, que proporciona una desinfección impecable del agua y la filtración en carbono activo, que elimina cualquier sabor.

En este mismo acto Fuentes Zorita dio a conocer el reconocimiento formal para el aprovechamiento de la Fuente Principal de Isso y Pozos del Boquerón, esto -dijo- es un paso más del Ministerio de Medio Ambiente en la satisfacción de las demandas históricas de los regantes hellineros.

Dijo que los sondeos aportados por los sondeos de El Boquerón se vierten y acumulan a un embalse de regulación de unos 100.000 m3, ubicado en la rambla del Boquerón, y del que parte una conducción de agua hasta el entorno de la Fuente Principal de Isso. Estos sondeos se ejecutaron en su día como parte de las obras de infraestructuras para el desarrollo y transformación de la zona regable de Hellín.

El alcalde de Hellín, Diego García Caro, dijo que esta visita no era como las que anteriores presidentes hacían a Hellín que eran, aseguró, para ocasionar problemas; esta no es así -añadió- porque se hace un acto sencillo con la entrega de esos acuerdos que serán muy productivos para el municipio. «Siempre hemos encontrado voluntad de pacto con la CHS que se cierra con estos acuerdos», concluyó el alcalde.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y sus acompañantes visitaron posteriormente los trabajos en los barrancos de Férez y Benizar (Socovos), donde la CHS ha realizado obras de acondicionamiento y recuperación.

TALAVERA. La Plataforma en Defensa del Tajo ha manifestado en nota de prensa su oposición a la autorización por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la venta de agua de los regantes de Almoguera (Madrid), a los murcianos, y solicita la inmediata actuación de las Administraciones implicadas, especialmente al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Talavera.

El Ministerio ha anunciado que permitirá él «intercambio» de 31 hectómetros cúbicos de agua entre amabas comunidades de regante. Para la Plataforma no se trata de un «intercambio» sino que es «en realidad es una venta pura y dura de un bien de dominio público en tiempos de sequía extrema por unos particulares que se lucran, vendiendo las aguas de un río exhausto al mejor postor».

Según la Plataforma, «uno de los principales efectos, es que no solo se perderán esos 31 hectómetros cúbicos para la cuenca del río Tajo, sino que los retornos del agua de riego tampoco se recuperarán en la cuenca del Tajo, ya que se quedarán en la del Segura, añadiéndose al agua vendida».

Hacen notar que no se ha realizado, previa a la toma de esta determinación, ninguna evaluación previa de los efectos ambientales que la venta de esta importante cantidad de agua tendrá en la cuenca del Tajo en época de sequía, cuenca en la que además sus responsables hacen una gravísima dejación de funciones al no haber realizado estudios para establecer caudales ecológicos que permitan mantener al río vivo, a pesar de estar obligados a ello desde hace nueve años por el Plan de cuenca.

Si el Ministerio de Medio Ambiente y la confederación Hidrográfica del Tajo velaran realmente por los intereses de la cuenca del Tajo, «comprarían» ese agua a los regantes de Estremera, y los dejarían circular «por el cauce del agonizante río Tajo, no permitiendo que se mercadee entre particulares con un bien de dominio público en época de extrema sequía».

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, dijo hoy que «cualquier regadío que está ocho meses sin agua tiene suficiente justificación» para un trasvase, en respuesta a las críticas de la Junta de Castilla la Mancha al último aprobado por el Gobierno.

Del Amor indicó que existen informes que avalan la petición que hicieron los regantes a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, pero que, en cualquier caso, las 147.000 hectáreas de regadíos de la cuenca del Segura llevan sin recibir agua del acueducto desde hace casi un año, a pesar de que tienen una declaración de interés nacional.

Criticó el oscurantismo y secretismo con el que la Junta de Castilla la Mancha lleva a la Comisión de Explotación del Acueducto los informes contrarios a los trasvases, cuando, según Del Amor, los datos técnicos debieran ser conocidos por todos, «porque la ciencia enriquece, pero envilece si se manipula políticamente».

El representante de los regantes dudó además de la justificación técnica que puedan hallar para presentar un recurso jurídico al trasvase de 11 hectómetros cúbicos, y confió en que la cordura vuelva de nuevo a la gestión del agua en España.

En este sentido, lamentó la existencia de reformas de estatutos autonómicos que incluyen apartados en los que se atribuyen competencias estatales sobre política hidráulica, como, según dijo, el caso de Castilla la Mancha, «y que luego sus representantes en rueda de prensa hablen de que el agua es un bien de todos».

«Parece mentira que en su estatuto quieran apropiarse de todas las balsas de agua de España saltándose la Constitución Española», añadió, y señaló «la incongruencia y contradicción en la que constantemente caen» al hablar de agua.

Aseguró que el sindicato de regantes del Segura estará vigilante de lo que ocurra en los próximos días con los estatutos en trámite parlamentario, ya que sospecha de que solo se maquillará el texto y que se persistirá en la cesión de competencias del Estado.

«Parece que de lo que hablan es de un bien público para ellos solo y no para el resto», añadió.

En cuanto a las críticas del vicepresidente segundo de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, a la posibilidad legal de venta de derechos de agua calificándolo como «mercadeo», respondió que están legalmente autorizados y que solo se trata de un acuerdo entre unos regantes que no quieren disponer de un volumen de agua que les corresponde y que la ofrecen a otros regantes que la necesitan para sus cultivos.

«Al más mínimo milímetro cuadrado de espacio para recurrir, recurriremos». Así de tajante se mostró ayer el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, quien reiteró que la Junta de Comunidades tiene «la voluntad política» de recurrir el último trasvase aprobado por el Consejo de Ministros, que autorizó la derivación de 22 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura.

En este sentido, indicó que «en el mismo momento en el que nuestros servicios jurídicos determinen una causa de recurso la vamos a aprovechar». Así, apuntó que el estudio de la causa «está avanzado» y confió en que esté listo «en las próximas semanas».

«Nosotros asumimos plenamente la defensa de la comunidad autónoma», ya sea desde la normativa actual, a través de recursos a los trasvases, como, y fundamentalmente, a través de la acción política para conseguir la clausura del Tajo-Segura. «Son planos distintos y requieren debates distintos», recalcó.

«No nos planteamos una batalla trasvase a trasvase, que también, nos planteamos fundamentalmente acabar con la raíz del problema, que no es otra que el trasvase en sí mismo, como infraestructura y filosofía».

Por otro lado, García-Page también criticó duramente la autorización de un nuevo «intercambio» de derechos de agua entre los regantes de Estremera, enMadrid, y los de Murcia. Una compraventa que calificó de «mercadeo» y que se sitúa «en el límite» de la especulación con el agua.

En este punto, confió en que el decreto que regula este tipo de intercambios «deje de tener validez en el mismo momento en el que se cambie el sistema de explotación del trasvase» y la política hidráulica en general.

Y es que, «si bastantes problemas tenemos ya entre los pueblos y las comunidades autónomas por un bien público como es el agua, no quiero imaginar como sería si dejáramos esto en manos del mercado y el negocio privado», señaló.

pueblos ribereños. Asimismo, destacó la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo sostenible de los municipios de Entrepeñas y Buendía, cuya rúbrica supondrá una inversión de más de 175 millones de euros hasta el año 2013.

«Es un convenio justo, que supera con mucho cualquier previsión del sistema de compensaciones del trasvase Tajo-Segura. Es un dinero añadido, un presupuesto extraordinario», recalcó García-Page.

En definitiva, aseguró que «va a suponer un revulsivo extraordinario para la zona», ya que generará «un impulso que tiene que ver con las infraestructuras hidráulicas, con la red de carreteras y con las infraestructuras de tipo social».

Page señala que el debate sobre los diputados en Guadalajara «tiene un fondo legal»

El vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, indicó ayer que el caso de Guadalajara es «no es extrapolable» y, por ello, el debate planteado sobre la reforma de la Ley Electoral se plantea únicamente sobre esta provincia. En su opinión, «no estamos estrictamente ante un problema de forma, sino de fondo legal». No obstante, señaló que «en su momento se podría abrir un debate sobre el conjunto de la Ley Electoral, no estamos cerrados a ello».

Así, explicó que el debate abierto tiene una base jurídica clara, que no es otra que la de una provincia que tiene más habitantes que otra y, en cambio, tiene menos diputados.

En este punto, afirmó que «nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el PP».

Problema legal. «No entendería que la oposición se negará a conversar sobre este tema», ya que «es muy importante que el PP de Castilla-La Mancha entre en el fondo del asunto, en el problema que, desde la perspectiva estrictamente legal, se puede plantear», advirtió.

Por todo ello, aseguró que «queremos dialogar con el PP y lo razonable es que el PP no mire hacia otro lado».

Sin embargo, recordó que este debate «no puede ser eterno», ya que «estamos al final de la legislatura».

Calidad agroalimentaria. Por otro lado, el también portavoz del Ejecutivo regional valoró ayer la aprobación del proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria de CLM por parte del Consejo de Gobierno.

En este sentido, confío en que esta nueva normativa «encuentre el apoyo unánime de las Cortes autonómicas», puesto que «nos queda mucho camino por recorrer» en este sentido.

Según explicó García-Page, esta ley trata de fomentar y garantizar la calidad diferenciada de nuestros productos agroalimentarios, adaptándolos a las demandas de los consumidores.

En este misma línea se sitúa también el decreto de autorización de entidades de control de productos agroalimentarios, aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno.

«El Estatuto de Autonomía de CLMrefleja nuestro orgullo de ser españoles»

«El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha refleja nuestro orgullo de ser españoles». Con estas palabras, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, salió ayer al paso de la declaraciones vertidas por el PP gallego, que tildaba al Estatuto regional de «españolista».

En este sentido, aseguró que este calificativo es «estupendo», ya que «somos españoles». Y es que, aunque a veces se usa el término «españolista» en tono peyorativo, «hay mucha gente en todos los partidos que dice tonterías y absurdeces».

En definitiva, señaló que «nuestro Estatuto se reafirma en la nación española», porque «sabemos que nos irá bien cuanto mejor le vaya al conjunto del país».

Estatuto catalán. Preguntado por la entrada en el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, apuntó que «no voy a entrar a valorar el Estatut», pero «se ha metido en una serie de jardines que nada tienen que ver con las disposiciones del Estatuto de Castilla-La Mancha».

Por último, el también portavoz del Ejecutivo autonómico consideró que le produce «algo de sopor» ver cómo se tilda a los magistrados, que tienen una función constitucional independiente, en función de cuestiones políticas. A su juicio, éste es «un mal camino para la democracia en España» y consideró imprudente que las instituciones se adelanten a lo que puede ser un fallo o sentencia.

Las concesiones audiovisuales saldrán a la luz en los próximos meses

c.s.r. / Toledo

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, EmilianoGarcía-Page, avanzó ayer que «en los próximos meses» saldrá a la luz el proyecto de concesión de nuevas frecuencias audiovisuales.

García-Page señaló que la puesta en marcha de estas nuevas licencias está ligada al proyecto de Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha, aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno.

Una normativa que, apuntó, tiene el objetivo de crear un marco jurídico estable y seguro para el ejercicio del derecho a la información con las máximas garantías.

El sur de la Comunitat, donde la sequía es más acuciante, fue el escenario escogido por los tres grupos parlamentarios para consensuar una propuesta en favor de la llegada de agua de otras cuencas. El pleno de Les Corts que se celebró ayer en Elche, y al que el presidente Francisco Camps no asistió e Ignasi Pla sólo a intervalos, mostró su rechazo a la pretensión de las Cortes de Castilla-La Mancha de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. El Parlamento manchego quiere fijar en su futuro Estatuto que la compuerta para que llegue agua del Tajo al sur de la Comunitat se cierre en 2015.

El socialista José Antonio Godoy defendió la propuesta de su grupo, que es el que había presentado la proposición no de ley. El PP había anunciado en una de las últimas juntas de portavoces que daría su apoyo al punto del PSPV. Tras comenzar el debate en el auditorio del rectorado de la Universitat Miguel Hernández de Elche, el consenso comenzó a perder el equilibrio. Un último esfuerzo permitió a todos los grupos transaccionar una enmienda en defensa del trasvase Tajo-Segura.

Votar en contra de la propuesta hubiera sido muy complicado de explicar después. Además, los tres grupos partían de la misma premisa: una comunidad autónoma no puede interferir en una competencia que es exclusiva del Estado. El trasvase Tajo-Segura lo gestiona el Gobierno, como así dice la Constitución. El nuevo Estatuto manchego incorpora varios artículos en los que se autotransfiere la gestión de la cuenca del Tajo.

El PP cede
Tanto PP como l’Entesa presentaron dos enmiendas a la iniciativa socialista. Los populares fueron los que más cedieron. El portavoz Rafael Maluenda subió a la tribuna con un argumento de ataque directo al Gobierno central que los socialistas rechazaron. La enmienda del PP pedía a Les Corts que realizaran un llamamiento al Gobierno “para que renuncie a la política de oposición a los trasvases”. El PSPV no quiso ni escuchar la propuesta.

A pesar de que los populares no colaron su texto, Maluenda subió a la tribuna a defender el trasvase del Ebro y el del Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás. Objetivo cumplido. El portavoz adjunto del PP, tras dar su apoyo a la proposición socialista, reiteró que le “sabía a poco” el contenido de la iniciativa, “pero más vale poco que nada”. De paso, apeló a que en situaciones similares los grupos de la oposición también apuesten por el consenso.

El que sí rascó en la negociación de la enmienda fue l’Entesa. El diputado Joan Antoni Oltra mostró sus cartas desde el principio: el urbanismo. En el segundo punto de la transaccional, Les Corts manifiestan su voluntad de que toda la política urbanística futura “se base en criterios de sostenibilidad ambiental y económica”. Un concepto muy amplio para el PP.

El socialista Godoy subió a la tribuna con el objetivo de pactar. Es el discurso del agua que ahora maneja el PSPV. Ya lo dijo Pla tras sus vacaciones navideñas. “Estoy dispuesto a estudiar esta propuesta”; “hay que apostar por el acuerdo y el pacto” y “es una proposición no de ley suscribible”, fueron algunas de las frases pronunciadas por Godoy allanando el camino para lograr el consenso. Godoy volvió a insistir en los minitrasvases del Ebro a Castellón.

Por otro lado, el vicepresidente segundo y portavoz de la Junta de Castillla-La Mancha , Emiliano García-Page, reconoció ayer que la decisión de recurrir el último trasvase del Tajo al Segura, que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, “tiene bases” y en este sentido, el Gobierno regional lo llevará a cabo “en el mismo momento” en que los servicios jurídicos definan “las causas que son posibles” porque además, ya está avanzado.

El Tribunal Superior de Justicia ha requerido a la empresa estatal Aguas del Júcar a que entregue el expediente administrativo de adjudicación de los contratos de obra del nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó.

La petición está provocada por el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra los acuerdos del consejo de administración de Aguas del Júcar en los que se adjudicaron los cinco nuevos tramos del trasvase.
El consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, lamentó ayer al interposición de este recurso que se suma al anunciado por los usuarios del Vinalopó, cuya petición de suspensión cautelar de las obras fue desestimado recientemente.
Marugán manifestó que el recurso de la Generalitat «supone una utilización partidista de dinero público en la que queda evidente que el único objetivo de Camps es mantener viva la artificial guerra del agua solo porque el PP entiende que le interesa hacerlo en su estrategia electoral» .
En esta línea, José María Marugán manifestó que el recurso «intenta paralizar» el trasvase «anteponiendo los intereses de su partido a los de la ciudadanía de Alicante».
«Visto el criterio de la sala en la desestimación del auto de la suspensión cautelar presentado previamente por Andrés Martínez -presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-, es una demanda que no prosperará».
«La sala -recordó Marugán- ya reconoció que el interés público está del lado de hacer la obra cuanto antes y la Generalitat lo sabe, pero prefiere enredar en el ámbito judicial y si puede parar la obra».

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, abogó hoy por centralizar la política del agua en el Ejecutivo e impedir que las Comunidades Autónomas puedan tener capacidad de decisión en este ámbito.

Valcárcel explicó que la centralización de la política hidráulica es un principio recogido en la Constitución, de modo que, añadió, sólo hay que acatar la Carta Magna para evitar que las comunidades autónomas puedan ofrecer gestiones propias del agua.

El presidente murciano hizo estas consideraciones durante la conferencia que impartió en Madrid con motivo de su participación en el Foro del diario «Abc».

Preguntado por esa posibilidad, la de la centralización por el Gobierno, el presidente murciano recordó que las Comunidades Autónomas tienen voz en las Confederaciones Hidrográficas, pero no voto, y por tanto, no pueden determinar si se lleva a cabo un trasvase de un río a otro.

A su juicio, adoptar una medida así «no corresponde a las Autonomías».

Asimismo, Valcárcel expresó su deseo de que las Cortes Generales «tumben»literalmente aquellas reformas estatutarias que reservan a la Comunidad Autónoma la gestión del agua.

El Gobierno murciano, de hecho, ha anunciado que presentará un recurso en este sentido contra la propuesta de nuevo Estatuto de Castilla la Mancha ya aprobado en el Parlamento autonómico.

Valcárcel, respecto al supuesto de que el Gobierno nacionalice el agua, opinó que no es un extremo «nuevo», aunque matizó que sería muy distinto que intente «fiscalizar cualquier posibilidad del uso del agua», ya que entonces habrá dificultades desde la empresa privada y desde las propias Comunidades Autónomas.

La diferente forma con la que las Comunidades abordan la política hidráulica en sus reformas estatutarias no ha suscitado desavenencias en el seno del PP, que para Valcárcel es un partido «unido y sólido».

Por esta razón, eludió «perder el tiempo» sobre hipotéticas disensiones entre los populares de Aragón, Murcia o Castilla la Mancha .

Lo que importa en este aspecto, afirmó Valcárcel, es «anteponer el interés de España por encima de los intereses autonómicos».

El presidente de la Región de Murcia también se refirió a las inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma durante la presente legislatura.

En este sentido, y en contraposición con la época del Gobierno de José María Aznar, manifestó que actualmente no hay «inversiones razonables» en Murcia.

Precisó que el proyecto de construir un aeropuerto en la región, que en la anterior legislatura estaba encaminado, se guardó en un «cajón» al producirse el cambio político en el Gobierno central, si bien puntualizó que ahora, gracias al «coraje» del Ejecutivo murciano, se ha convertido en «realidad inminente».

A Valcárcel le preguntaron, además, por la investigación de la Fiscalía sobre presuntas extracciones ilegales de aguas subterráneas.

En respuesta, dijo que dicha investigación obedece a «criterios políticos» por cuanto, añadió, «se esta instrumentalizando a la Fiscalía en beneficio del PSOE».

Y sobre una posible declaración de Cartagena como una provincia más de la Región de Murcia, Valcárcel aseguró que «no hay un sentimiento generalizado» en pos de este supuesto.

El secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, afirmó ayer que la organización agraria «no se cree absolutamente nada» de los dos trasvases aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros, porque su destino «es terminar de llenar las balsas» en Murcia.

Fresneda dijo, en referencia a los dos trasvases para regadío y para consumo humano de la cabecera del Tajo al Segura aprobados el pasado viernes, que «ni nos creemos lo de los 11 hectómetros cúbicos para beber, ni nos creemos lo de los 11 hectómetros cúbicos para regar, ni nos creemos absolutamente nada de todo eso».

Aseguró que entiende que los representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha digan, «porque es lo políticamente correcto», que agua para beber no se puede negar, pero «Asaja si lo niega, porque no es para eso, es para terminar de llenar las balsas que no se terminado de llenar bien con las aguas que han caído».

Según Fresneda, «para lo que usan el agua es para seguir desarrollando una sociedad rica, cada vez más rica, a costa del agua, no solamente sobre la base de la agricultura y sobre la base de beber».

Infraestructuras de ocio

En este sentido, se preguntó que hubiera ocurrido «si además de hacer esas grandes infraestructuras de ocio que están haciendo allí se hubieran dedicado a hacer infraestructuras para recoger el agua para cuando llueve», porque entiende que «con el agua que ha caído allí no hacía falta hacer un trasvase para riego».

A Fresneda le gustaría «que alguien tuviera el valor de no hablar de esto en campaña electoral y después, al día siguiente de celebrarse las elecciones, se sentara en Belmontejo», (un municipio conquense por el que pasa el acueducto), «y empezara a contar el agua que pasa».

Si lo hicieran «verán como al cabo del año el agua que pasa es mucho más de la que se anuncia en el Ministerio de Medio Ambiente, es así no hay más historia», afirmó Fresneda.

Añadió que «lo que queremos es que se hagan las infraestructuras previstas en el Plan Hidrológico Nacional», porque «ni 2015, ni 2020, ni 2010, que se hagan cuanto antes, porque cuanto antes se hagan esas obras de infraestructuras antes vamos a poder utilizar el agua del trasvase y si sobra ya llegará a donde tenga que ir, porque nunca vamos a dejar de ser solidarios». A su juicio, «está fenomenal lo del Estatuto y está fenomenal lo de 2015», pero reiteró que «nuestra posición es ésta y no nos va a mover nadie de ella nunca».

Por otra parte, la consejera de Obras Públicas, Encina Alvarez, reiteró ayer que los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha estudian la presentación de un recurso contra el último trasvase aprobado por el Consejo de Ministros y acusó a los agricultores murcianos de ejercer presiones «irresponsables».

Según la consejera, Castilla-La Mancha es solidaria, «lo hemos demostrado durante 25 años y lo seguiremos demostrando, no hemos negado a nadie el agua para beber» y apostilló que «quien está poniendo en riesgo esa solidaridad son los agricultores con unas presiones absolutamente irresponsables».