22 de febrero de 2007.  El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, afirmó hoy que la derogación del trasvase del Ebro «ha sido la espoleta de la insolidaridad hídrica en España», según informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado.

García Antón destacó, ante «las presiones del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner fin al trasvase Tajo-Segura», que «es una pena la forma de gobernar del actual Gobierno central porque ha abierto la insolidaridad entre todas las comunidades autónomas, y ha propiciado que cada una de ellas sólo se preocupe de sus intereses y no tenga en cuenta los problemas de los demás». Además, consideró que esta situación «ha provocado que ahora se cuestione también el trasvase Tajo-Segura».

En este sentido, el titular de Infraestructuras apuntó que «la prueba más evidente de la vergonzosa política hídrica del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es que, en tan sólo cuatro días de crecida del río Ebro, se han vertido al mar los 350 hectómetros cúbicos que necesita la Comunitat», lo que, en su opinión, «demuestra que en tan sólo cuatro días tendríamos la solución a nuestro déficit».

Por el contrario, añadió que el gobierno socialista «pretende que la desalación se convierta en una solución global», algo que, a su juicio, «es inviable para los agricultores y condena a muerte a la agricultura mediterránea».

Asimismo, manifestó que «la situación actual de creciente insolidaridad es responsabilidad del gobierno de Zapatero», ya que «estamos asistiendo a un espectáculo en el que por ejemplo ahora el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del propio partido socialista, ha anunciado que van a recurrir el estatuto de Andalucía», apostilló.

De esta manera, subrayó que «unas comunidades autónomas estamos recurriendo los estatutos de otras comunidades por un tema como el agua, debido a que el gobierno actual quiere abocarnos a cada región a una situación de autarquía».

En cambio, destacó que el Consell entiende que el Gobierno central, «que es el gobierno de la nación, no puede dejar en manos de cada gobierno autonómico la gestión de unos recursos tan escasos y necesarios, sino que lo que debe hacer es practicar una política nacional, de solidaridad, de gestión, y de distribución».

Por todo ello, el conseller pidió al Ejecutivo central que «vuelva al Plan Hidrológico Nacional (PHN), que era uno de los proyectos más importantes que solidaridad entre todos los españoles», ya que, según recordó, el partido socialista «abanderó un plan similar en los años 90 y en cambio ahora, defiende lo contrario y se ha convertido en el partido de la insolidaridad y la autarquía», añadió.