Las negociaciones sobre el marco presupuestario de la UE para el periodo 2014-2020 encallaron ayer lunes por el enfrentamiento entre los países contribuyentes netos, liderados por Reino Unido, que exigen más recortes, y los receptores de ayudas, entre ellos España, que piden que se mantengan las subvenciones comunitarias para compensar los ajustes nacionales y fomentar el crecimiento.
El bloqueo dificulta que se logre un acuerdo en la cumbre extraordinaria de líderes europeos convocada para el 22 y el 23 de noviembre, tal y como pretende la presidencia chipriota. La última propuesta de Chipre perjudica especialmente a España porque pone en duda que vaya a haber ayudas específicas para Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.
Durante el debate público de los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete se dibujaron dos bandos contrapuestos. Por un lado, los autodenominados ‘amigos de mejorar el gasto’, grupo que cuenta con el apoyo de la presidencia chipriota y reúne a los partidarios de recortar el presupuesto de la UE: Reino Unido, Finlandia, Holanda, Alemania, Austria, Italia, Suecia, Finlandia y Dinamarca.
En el extremo contrario se sitúan los ‘amigos de la cohesión’, que reclaman que se mantenga la propuesta de presupuesto de la Comisión y sobre todo que no disminuyan las ayudas a las regiones. Se trata de España, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.
De parte del primer grupo, Dinamarca y Suecia han reclamado expresamente que se supriman las ayudas a las regiones en transición, con un PIB entre el 75% y el 90% de la media comunitaria, categoría en la que están Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia (aunque Austria y Bélgica han apostado por un tratamiento especial), así como ajustes en agricultura.
No a los recortes
Ante este panorama, el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, detalló las «líneas rojas» de España en el presupuesto de la UE, que pasan por no aceptar recortes en las partidas de agricultura y de cohesión. Consideró que poner en riesgo la propuesta de regiones transitorias y utilizar los datos para medir la renta de las regiones del periodo 2007 a 2009 «no tiene en cuenta precisamente las repercusiones de la crisis económica en esas regiones» y es «irreal».
En el caso de España esa propuesta sobre regiones transitorias beneficiaría a Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Murcia.
Iñigo Méndez de Vigo lamentó también que no se haya recogido la propuesta española de llevar a cabo una revisión a medio camino de los PIB regionales. Tras conocerse este enfrentamiento entre países de la UE, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aseguraba que España se mantendrá «crítica» ante esta última propuesta porque plantea nuevos recortes en el gasto agrícola, un sector al que según Arias Cañete «no sería lógico imponer sacrificios adicionales».
Por su parte en Albacete, la diputada nacional Maravillas Falcón anunció que el Gobierno está impulsando una serie de medidas en el ámbito europeo y el nacional para corregir las debilidades que tiene el sistema agroalimentario español.
