El BOE recoge ayudas de 96.567 euros para financiar préstamos a los agricultores

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Resolución de 18 de noviembre de 2011 de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua por la que se conceden ayudas por importe global de 96.567,79 euros para financiar la carencia especial para titulares de préstamos agrícolas. En concreto, estos créditos se acogieron a los reales decretos 613/2001 de 8 de junio y 204/1996, de 9 de febrero, según detalla esta resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) -con los que el Gobierno pretendía facilitar la liquidez a los profesionales del sector agrario-.

En cuanto a las entidades que tramitaron estas ayudas financieras, destacan Banco Popular Español (22 préstamos por 55.452,11 euros), Banco de Sabadell (17 préstamos por 26.764,54 euros) y Banco de Valencia (cinco préstamos por 9.619,78 euros). En menor cuantía se situaron la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (tres préstamos por 4.167 euros) y Banca March (un préstamo por 564,36 euros).

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El MARM reparte 74,1 millones a las Comunidades para programas agrarios

La Ministra Rosa Aguilar ha presidido hoy la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la que se ha acordado la territorialización de 74.104.800 euros, de los que 69.960.800 euros, procedentes de fondos comunitarios, se destinan a la línea de reestructuración y reconversión del viñedo, 2.644.000 euros corresponden a programas agrícolas y ganaderos y 1.500.000 euros a líneas de actuación de desarrollo rural.

La Conferencia Sectorial ha aprobado la asignación a las Comunidades Autónomas de 69.960.800 euros procedentes de fondos comunitarios para reestructuración y reconversión del viñedo, cantidad que supone el 80% del presupuesto destinado para 2012 a esta línea (87.451.000 euros). Esta asignación se ha realizado en atención a la urgencia de proceder a realizar pagos con cargo a este concepto. Las cantidades asignadas deben considerarse como anticipos de lo que pueda distribuirse con carácter definitivo en una nueva Conferencia Sectorial, sin que esta distribución prejuzgue los criterios de distribución ni las cantidades definitivas a asignar. Dentro del capítulo de programas agrícolas y ganaderos, se han destinado 1.400.000 euros a la mejora del sector de frutos de cáscara y las algarrobas. También se han distribuido 1.084.000 euros para la lucha contra plagas, concretamente para la erradicación y control de las poblaciones de mosca del olivo, mosca mediterránea de la fruta, langosta y otros ortópteros. Asimismo, se han destinado 160.000 euros para financiar programas de ensayo de variedades vegetales, que son necesarios para conocer la calidad del material vegetal comercializado en España y realizar un seguimiento del mismo, apoyando la transparencia del mercado. Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado el Plan de Acción de España para asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de gallinas ponedoras, elaborado por el MARM en colaboración con las Comunidades Autónomas. Dicho Plan tiene como objetivo aclarar las medidas que deben aplicarse desde el 1 de diciembre de 2011, y asegurar así que en toda España se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la norma de una forma coordinada y coherente, que asegure un tratamiento similar a todos los titulares de explotaciones que se encuentren en situaciones parecidas, se asegure un nivel equivalente para todos en el acceso al mercado, y se cumpla el objetivo final de mejorar la protección de los animales, garantizando el efectivo funcionamiento del mercado interior de los productos ganaderos. De los 1.500.000 euros correspondientes a los programas de desarrollo rural, se ha aprobado la distribución de 1.250.000 euros como aportación adicional de la Administración General del Estado. Los fondos proceden de remanentes no aplicados e inicialmente imputados a los planes de zona de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural que, de esta forma, se destinar a apoyar los programas de desarrollo rural, en el marco de la PAC, de las Comunidades Autónomas. Estas dotaciones, que complementa otras ya realizadas anteriormente, tienen la consideración de adelanto adicional a cada Comunidad Autónoma, para contribuir a cubrir la aportación de la AGE establecida en los PDR de las Comunidades Autónomas en sucesivos ejercicios de la actual programación (2007-2013). Estas aportaciones suponen asegurar los retornos correspondientes de fondos comunitarios con cargo al FEADER, derivados de la ejecución de los citados planes. Asimismo, en aplicación se han transferido 250.000 euros para la financiación adicional, e igualmente con el carácter de anticipo a regularizar con cargo a la distribución del ejercicio del 2012, de proyectos de Experiencias Innovadoras, en el marco de la Red Rural Nacional. De esta cantidad, 150.000 euros corresponden al proyecto “Huella Ecorural”, de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y 100.000 euros para el proyecto “Creación de una metodología para el fomento de empresas de innovación rural”, de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Además, la Conferencia Sectorial ha aprobado las directrices para la puesta en marcha de la ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, aprobada por el Parlamento el pasado mes de octubre, con el objetivo de facilitar su entrada en vigor a partir del próximo 5 de enero de 2012, por parte de las Comunidades Autónomas.

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Trillo confirma que el PP volverá al Júcar-Vinalopó original

El futuro Gobierno de Mariano Rajoy estudiará la forma de hacer «viable» el Júcar-Vinalopó, un objetivo que prevé recuperar la conexión con la segunda toma en Cortes de Pallás —desechada por la ex ministra socialista Cristina Narbona—. Así lo aseguró ayer el cabeza de lista del PP al Congreso por Alicante, Federico Trillo, en una comparecencia para valorar los resultados del 20-N en la provincia.

El ex ministro confirmaba así la información adelantada por ABC el pasado 15 de noviembre, en el ecuador de la campaña, de que el PP recuperaría el trazado original de la conducción —derogado en 2005— si se imponía en las generales, para hacer llegar agua de calidad y a un precio asequible al interior de Alicante.

El proyecto, con un coste mínimo dado que la toma ya estaba construida cuando se anuló el trazado original, partió de los usuarios alicantinos, que lo hicieron llegar a la Confederación del Júcar (CHJ) como alternativa a la potabilizadora. Según esta propuesta, la toma en Cortes, donde los niveles bacteriológicos del agua son muy inferiores al Azud de la Marquesa —según los análisis de la propia CHJ—, se supeditaría a la toma actual cuando la calidad del agua permitiera destinarla a regadío, y se explotaría como un «banco de agua».

El diputado electo del PP por Alicante, que logró en su séptima candidatura el mejor resultado de la historia, garantizó ayer que el nuevo Ejecutivo apostará por los trasvases, tal como pidieron hace una semana patronal, sindicatos y regantes alicantinos. «Las reivindicaciones históricas de Alicante se convertirán ahora en acción de Gobierno», explicó.

El Tajo-Segura, a salvo

De esta manera, Trillo garantizó la permanencia del Tajo-Segura, tras recordar que fue el PP quien forzó al ex presidente socialista de Castilla-La Mancha José María Barreda a retirar su proyecto de Estatuto, que limitaba las transferencias a Murcia y Alicante. En cuanto al Júcar-Vinalopó, adelantó que buscarán la manera de «hacerlo viable», para lo que se «necesita» estudiar la segunda toma. Trillo evitó precisar el calendario de la actuación (si bien consideró que «no tardará»), al no conocer «las cifras».

El dirigente popular se mostró más cauto respecto a un eventual trasvase del Ebro, mucho más costoso que mantener el Tajo-Segura y modificar el Júcar-Vinalopó, pero insinuó que en el futuro podría estudiarse una conexión con el bajo del Delta del Ebro. También garantizó la llegada del AVE en el menor tiempo posible, y el Corredor Mediterráneo.

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FENACORE insta al Defensor del Pueblo a que recurra la Ley de Aguas

Madrid, 22 nov (EFE).- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava, a interponer un recurso de inconstitucionalidad en el plazo de tres meses contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado hoy esta organización.

Ha precisado, en un comunicado, que el recurso se fundamenta en que el Ejecutivo no ha acreditado la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto por el que se ceden las competencias en materia de policía de dominio público hidráulico a Andalucía, Aragón y Cataluña.

A su juicio, esto evidencia que «se ha tratado de incorporar al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación».

Según los regantes, el proceso de reforma acumula «una serie de irregularidades» que justifican declarar nula la disposición final primera de esta ley.

Entre estas, cita como ejemplo el hecho de que la modificación no haya sido llevada a consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente ni al Consejo Nacional del Agua, organismo que, en su opinión, «debería haber emitido un informe preceptivo al respecto, tal y como marca la propia Ley de Aguas en su artículo 20».

Por otro lado, Fenacore argumenta que esta reforma rompe los principios de unidad de cuenca y unidad de gestión establecidos en la legislación de aguas.

En su opinión, también se incumple la Directiva Marco de Aguas que establece que la gestión y planificación del agua debe hacerse por cuencas hidrográficas y con la participación de los interesados.

Además, los regantes han considerado que al margen de su inconstitucionalidad esta reforma es sobre todo «perjudicial para los usuarios porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos», en especial en épocas de sequía.

Por todo ello, Fenacore ha trasladado la necesidad de interponer este recurso de inconstitucionalidad a un centenar de diputados y senadores, así como a los parlamentos autonómicos para «augurar un horizonte estable del agua en España» y evitar que se atente en «forma y fondo contra la Carta Magna». EFE

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El Parlamento valenciano acude al TC para evitar que Aragón gestione sus aguas

 21 nov (EFE).- El Parlamento valenciano ha aprobado hoy, a instancias del PP, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una disposición del decreto-ley que modifica la Ley de Aguas y que, según los promotores de la iniciativa, permitiría a Aragón gestionar los recursos hídricos que fluyen en la Comunidad.

La proposición, presentada por el grupo popular y que se ha aprobado con los votos a favor de PP y Compromís, el voto en contra del grupo socialista y la abstención de Esquerra Unida, afecta a la disposición final primera del decreto-ley, que regula las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

El diputado popular David Serra ha afirmado que si no se actúa frente a esta reforma, «Aragón gestionará el control y la protección de las aguas que fluyen en territorio valenciano», y ha alertado de que en un futuro «podría pasar lo mismo con Castilla-La Mancha y Murcia».

A su juicio, el decreto ley «rompe la directiva marco en materia de agua, incumple la ley de Aguas afectando al principio de unidad de cuencas, no responde a una urgente necesidad y vulnera principios básicos como la solidaridad», además de demostrar «deslealtad» hacia la Comunitat.

«La competencia sobre legislación, ordenación y concesión de los recursos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma las tiene el Estado», ha aseverado Serra.

Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes ha afirmado que el recurso «no tiene ningún sentido» y se ha mostrado convencido de que «la única finalidad» de su presentación es «despistar ante la renuncia del PP a exigir el trasvase del Ebro».

Signes ha recordado que en la votación del mismo decreto-ley en el Congreso de los Diputados el grupo popular, «incluidos los diputados valencianos», se abstuvo y evidenció así «su doble discurso en materia hídrica».

Ha asegurado que los populares pretenden presentar un recurso «para no recibir una competencia que figura en el Estatuto de la Comunitat Valenciana» y les ha acusado de tener «poca voluntad de asumir responsabilidades en materia hídrica».

El diputado de EU Lluís Torró ha explicado que la abstención de su grupo se debe a que la propuesta de interponer el recurso «solo tenía valor propagandístico», si bien ha criticado que la modificación del decreto-ley por parte del Gobierno central se hizo «sin transparencia».

En la misma línea se ha expresado el diputado de Compromís Josep María Pañella, quien ha acusado al Ejecutivo de España de aprobar la modificación con «nocturnidad y alevosía», pero también ha recordado a los populares en Les Corts que ahora que su partido ha ganado las elecciones generales «tienen otro camino» que es «el legislativo» para tumbar la modificación.

El Consell, reunido en pleno el pasado viernes, también acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto-Ley que modifica la ley de Aguas, al considerar que quebranta «el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión» y «fragmenta las competencias» en esta materia. EFE

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Vínculos «entre regantes y productores de renovables»

Los ponentes de la segunda jornada del Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, que se celebra en Pamplona, han destacado las ventajas de establecer vínculos entre regantes y productores de renovables, así como las ventajas de plantas como la paulownia que se cultiva en Ciudad Real.

El congreso, organizado por el Gobierno foral y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), ha valorado además los beneficios que ofrece la biomasa para la generación de energía, según han señalado en un comunicado los organizadores.

En este sentido, Peter Kasamaki, de Vicedex, ha expuesto su experiencia en el cultivo leñoso de crecimiento rápido, en concreto de la Paulownia, para la generación de energía eléctrica.

Este cultivo que se lleva a cabo en las regiones de Cádiz y Ciudad Real aporta grandes ventajas gracias a su capacidad de regeneración y a sus bajas emisiones de dióxido de carbono.

Asimismo, ha destacado que, en cuanto a los regadíos, «los cultivos energéticos son una alternativa viable frente a los altos costes de la energía convencional», y que «es muy importante establecer vínculos con las comunidades de regantes para facilitar su labor de generación de biomasa».

Por su parte, según la información facilitada por los organizadores, Alberto Lafarga, de la División Agrícola de Intia, adscrita al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la biomasa a partir de los residuos de cultivo para hacer frente a las necesidades actuales, aunque ha advertido de que «la eficiencia de este tipo de energía todavía es muy baja».

Además, ha señalado que «el coste de producción es el aspecto clave para su desarrollo» ya que éste determina que la parte de cultivo destinado para biomasa tenga o no espacio dentro de los campos agrícolas.

En lo que se refiere a los biocombustibles ha destacado que «los de segunda generación representan una oportunidad para la utilización de residuos y cultivos energéticos lignocelulósicos en la producción de etanol».

También Josep Turmo, de Abencis, ha señalado que «la búsqueda de un modelo eficiente de aprovechamiento y la reducción del coste de la biomasa es uno de los desafíos que se plantean en torno a la producción».

En este sentido ha expuesto que sus esfuerzos se centran «en la reutilización de maquinaria habitual aunque con nuevas aplicaciones como la siega de precisión por geolocalización o la generación de un sistema de compactación para su transporte».

Inés Echeverría, de Cener, ha dicho que «las previsiones indican que la demanda de biocombustibles para el transporte va a ir en aumento y con mayores exigencias de sostenibilidad».

Debido a esto «se va a requerir un desarrollo de los procesos productivos de segunda generación, para el empleo de biomasas lignocelulósicas y nuevos biocarburantes alternativos».

En lo referente a las experiencias prácticas, César Trillo, de la Comunidad de Regantes de Riegos del Alto Aragón, ha destacado «la sostenibilidad económica, medioambiental y social que suponen los saltos hidroeléctricos», los cuales, ha dicho, «son una fuente de ingresos para aliviar el incremento del coste del agua, derivado del incremento del consumo energético en los regadíos modernizados».

Además, ha señalado que «la minihidráulica es la energía cuyo aprovechamiento tiene el menor impacto ambiental asociado de entre todas las energías renovables».

Por último, Jesús García Ramos, de Aguacanal, ha expuesto experiencias de costes energéticos de explotación en la Zona Regable del Canal de Navarra como por ejemplo en el mantenimiento de estaciones de bombeo o en la utilización de telecontrol en la gestión del regadío. EFE

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El Gobierno aprueba cinco nuevas cualificaciones profesionales agrarias

El Gobierno ha aprobado cinco nuevas cualificaciones profesionales agrarias, que se incluirán en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para «promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional», según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Real Decreto, que entrará en vigor mañana, establece cinco nuevas cualificaciones y sus correspondientes niveles. En concreto, «Cuidados y mantenimiento de animales utilizados para la investigación y otros fines científicos» y «Cuidados de animales salvajes, zoológicos y acuarios», ambas de segundo nivel.

Añade, de tercer nivel, «Realización de procedimientos experimentales con animales para investigación y otros fines científicos»; «Asistencia a la gestión y control sanitario de animales de granja y producción» y «Asistencia en los controles sanitarios oficiales en mataderos, establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece». Según recoge el BOE, estas cualificaciones pretenden «acreditar las correspondientes competencias profesionales», así como su «evaluación y acreditación» con el objetivo de favorecer «el desarrollo profesional y social de las personas y que se cubran las necesidades del sistema productivo».

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Los regadíos y las renovables buscan colaborar para producir energía

Noticias agencias

Los regadíos y las renovables buscan colaborar para producir energía

(Navarra) SECTORES-EMPRESAS | > AREA: Economia, negocios y finanzas

16-11-2011 / 10:50 h

Pamplona, 16 nov (EFE).- El sector de las energías renovables y el de los regadíos analizan en Pamplona una posible integración de iniciativas ante el encarecimiento que la energía ha experimentado y que, según la presidenta navarra, Yolanda Barcina, ha puesto a las explotaciones agrarias «en el límite de su viabilidad económica».

Para analizar fórmulas de colaboración, expertos de ambos sectores se reúnen durante dos días en la Comunidad Foral en el I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, organizado por el centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y el Gobierno foral a través de la división de riegos de la empresa pública INTIA.

En representación de ésta, Miguel Horta ha señalado que se trata de explorar los puntos de conexión que puede haber entre el mundo agrario y el de las energías renovables, donde ya hay alguna pequeña experiencia en marcha.

Como ejemplos ha citado la posibilidad de que los instaladores fotovoltaicos puedan disponer de terrenos agrícolas para implantar sus parques, que los productores de energía eólica puedan regular la producción, acumulando el agua en balsas propiedad de las comunidades de regantes, y que en los terrenos agrícolas se puedan cultivar plantas que permitan la producción de biodiesel, bioalcohol o biomasa.

En su opinión, «el campo de colaboración es muy amplio y el Congreso pretende dar un vistazo general a todas las posibilidades para que en el futuro tanto las comunidades regantes como los promotores de energías renovables en sus diversas facetas puedan llevar a cabo sus proyectos».

Al respecto, en la apertura del Congreso, la presidenta Barcina ha subrayado que en los últimos 5 años las tarifas energéticas para el riego han sufrido un incremento superior al 80 por ciento, una evolución y una dependencia que, ha dicho, «está en nuestra mano cambiar».

Tras recordar que Navarra ha apostado por crear nuevos regadíos y modernizar los existentes como «un activo estratégico», porque «mantiene vivos los pueblos» y «permite potenciar una poderosa industria agroalimentaria», Barcina ha destacado que el CENER ha «detectado la necesidad» de desarrollar nuevas fórmulas de producción energética en el sector agrario y en especial en los regadíos, consumidores del 2 % de la energía eléctrica de toda España.

«Se trata de que puedan integrarse armónicamente» las necesidades de los regadíos y las nuevas tecnologías de producción de energía renovable para la «sostenibilidad» y «rentabilidad» de los primeros y la disminución de la producción de CO2, ha puntualizado.

Y por ello ha animado a las empresas presentes a concretar soluciones técnicas que permitan una mejora del balance energético, y con él de la viabilidad de las explotaciones agrarias, y a las comunidades de regantes a valorar si sus productos se adecúan a las necesidades del mercado y si pueden ofrecer terreno para el desarrollo de proyectos energéticos a los que puedan suministrar materia prima.

«Donde hay una comunidad de regantes hay suelo para construir, tierras agrarias productivas, vías de comunicación, líneas eléctricas y agua», ha comentado, y ha añadido que también hay legislación agraria para «reordenar propiedades» mediante concentraciones que faciliten la ubicación de aprovechamientos energéticos y posibilidades de «financiación de infraestructuras de interés general» que reduzcan el consumo energético.

Para Barcina, hacerlo «es una auténtica necesidad que beneficiará a ambos sectores, agricultura e industria, abriendo líneas de colaboración mutuas» que reporten «nuevas oportunidades de negocio para ambos». EFE

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La ministra reiteró ayer en Bruselas el rechazo español al pago base propuesto

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, reiteró ayer en Bruselas el rechazo de España al pago base propuesto en la reforma de la PAC y ha asegurado que el nuevo modelo de ayudas propuesto por la Comisión Europea plantea «grandes incertidumbres y problemas en cuanto a su aplicación». «Tiene un encaje muy difícil en nuestro modelo productivo, caracterizado por la gran diversidad y riqueza de las producciones», ha aseverado la ministra.

Para Rosa Aguilar, «el nuevo modelo de pagos directos que se establezca deberá dar respuesta a las necesidades de las distintas orientaciones y sistemas productivos de la agricultura y ganadería española, elemento que compartimos con los estados miembros mediterráneos». La titular del MARM ha expresado además su preocupación por los impactos a los que puede conducir la aplicación de esa reforma «tanto a nivel sectorial, como territorial e individual, ya que condiciona la viabilidad futura de muchas de las explotaciones agrarias de nuestro país produciendo desequilibrios territoriales y sectoriales». La ministra ha explicado que las inquietudes de España se concentran en los dos elementos fundamentales del nuevo modelo de ayudas: el pago de base y el llamado «componente verde». Respecto al pago de base, el reglamento propone el establecimiento que es inaceptable para España, de una tasa o pago uniforme a nivel de región o de Estado Miembro, en el año 2019 a más tardar. Con respecto al pago adicional para prácticas beneficiosas con el medio ambiente y el clima, el componente verde, Aguilar ha coincidido con los objetivos aunque ha explicado que es «imprescindible tener en cuenta que la agricultura europea, que los agricultores y ganaderos, ya cumplen con todo un conjunto de disposiciones y exigencias medioambientales recogidos en nuestro ordenamiento, que hacen que nuestra agricultura sea sostenible». En este sentido, Rosa Aguilar ha defendido que la aplicación del componente verde debe estar vinculada a «una simplificación real y efectiva de las normas». «Las medidas que se apliquen dentro de dicho componente verde han de ser sencillas, fácilmente aplicables y generalizables, y en ningún caso podrán suponer una pérdida de competitividad ni de productividad a las explotaciones europeas», ha abundado la ministra, quien ha rechazado que el incumplimiento de las obligaciones de este componente verde afectara a los pagos de las ayudas a los agricultores. Además, y buscando la mejora de la competitividad de las explotaciones europeas, el Gobierno de España entiende que habría que revisar a la baja el porcentaje del 30% de los pagos directos dispuesto para dicha ayuda verde. Por otro lado, desde España, ha afirmado la Ministra, no puede aceptarse la falta de adecuación de las medidas propuestas «hacia algunas de nuestras producciones más representativas», tales como el olivar, el viñedo, la producción frutícola, los sistemas productivos en regadío o las producciones ganaderas de las zonas de montaña, entre otras. Ante este nuevo escenario planteado por la Comisión Europea, la Ministra ha considerado «fundamental» aumentar los recursos disponibles para el componente de ayudas acopladas y flexibilizar su aplicación, al tiempo que ha subrayado «la importancia de la incorporación de jóvenes» dado el fuerte grado de envejecimiento de los activos del sector y la necesidad de fomentar el relevo generacional, así como «la incorporación de la mujer como elemento activo prioritario» en los sectores agrícola y ganadero.

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