Madrid, 22 nov (EFE).- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava, a interponer un recurso de inconstitucionalidad en el plazo de tres meses contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado hoy esta organización.

Ha precisado, en un comunicado, que el recurso se fundamenta en que el Ejecutivo no ha acreditado la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto por el que se ceden las competencias en materia de policía de dominio público hidráulico a Andalucía, Aragón y Cataluña.

A su juicio, esto evidencia que «se ha tratado de incorporar al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación».

Según los regantes, el proceso de reforma acumula «una serie de irregularidades» que justifican declarar nula la disposición final primera de esta ley.

Entre estas, cita como ejemplo el hecho de que la modificación no haya sido llevada a consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente ni al Consejo Nacional del Agua, organismo que, en su opinión, «debería haber emitido un informe preceptivo al respecto, tal y como marca la propia Ley de Aguas en su artículo 20».

Por otro lado, Fenacore argumenta que esta reforma rompe los principios de unidad de cuenca y unidad de gestión establecidos en la legislación de aguas.

En su opinión, también se incumple la Directiva Marco de Aguas que establece que la gestión y planificación del agua debe hacerse por cuencas hidrográficas y con la participación de los interesados.

Además, los regantes han considerado que al margen de su inconstitucionalidad esta reforma es sobre todo «perjudicial para los usuarios porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos», en especial en épocas de sequía.

Por todo ello, Fenacore ha trasladado la necesidad de interponer este recurso de inconstitucionalidad a un centenar de diputados y senadores, así como a los parlamentos autonómicos para «augurar un horizonte estable del agua en España» y evitar que se atente en «forma y fondo contra la Carta Magna». EFE

 21 nov (EFE).- El Parlamento valenciano ha aprobado hoy, a instancias del PP, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una disposición del decreto-ley que modifica la Ley de Aguas y que, según los promotores de la iniciativa, permitiría a Aragón gestionar los recursos hídricos que fluyen en la Comunidad.

La proposición, presentada por el grupo popular y que se ha aprobado con los votos a favor de PP y Compromís, el voto en contra del grupo socialista y la abstención de Esquerra Unida, afecta a la disposición final primera del decreto-ley, que regula las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

El diputado popular David Serra ha afirmado que si no se actúa frente a esta reforma, «Aragón gestionará el control y la protección de las aguas que fluyen en territorio valenciano», y ha alertado de que en un futuro «podría pasar lo mismo con Castilla-La Mancha y Murcia».

A su juicio, el decreto ley «rompe la directiva marco en materia de agua, incumple la ley de Aguas afectando al principio de unidad de cuencas, no responde a una urgente necesidad y vulnera principios básicos como la solidaridad», además de demostrar «deslealtad» hacia la Comunitat.

«La competencia sobre legislación, ordenación y concesión de los recursos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma las tiene el Estado», ha aseverado Serra.

Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes ha afirmado que el recurso «no tiene ningún sentido» y se ha mostrado convencido de que «la única finalidad» de su presentación es «despistar ante la renuncia del PP a exigir el trasvase del Ebro».

Signes ha recordado que en la votación del mismo decreto-ley en el Congreso de los Diputados el grupo popular, «incluidos los diputados valencianos», se abstuvo y evidenció así «su doble discurso en materia hídrica».

Ha asegurado que los populares pretenden presentar un recurso «para no recibir una competencia que figura en el Estatuto de la Comunitat Valenciana» y les ha acusado de tener «poca voluntad de asumir responsabilidades en materia hídrica».

El diputado de EU Lluís Torró ha explicado que la abstención de su grupo se debe a que la propuesta de interponer el recurso «solo tenía valor propagandístico», si bien ha criticado que la modificación del decreto-ley por parte del Gobierno central se hizo «sin transparencia».

En la misma línea se ha expresado el diputado de Compromís Josep María Pañella, quien ha acusado al Ejecutivo de España de aprobar la modificación con «nocturnidad y alevosía», pero también ha recordado a los populares en Les Corts que ahora que su partido ha ganado las elecciones generales «tienen otro camino» que es «el legislativo» para tumbar la modificación.

El Consell, reunido en pleno el pasado viernes, también acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto-Ley que modifica la ley de Aguas, al considerar que quebranta «el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión» y «fragmenta las competencias» en esta materia. EFE

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=80920

Los ponentes de la segunda jornada del Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, que se celebra en Pamplona, han destacado las ventajas de establecer vínculos entre regantes y productores de renovables, así como las ventajas de plantas como la paulownia que se cultiva en Ciudad Real.

El congreso, organizado por el Gobierno foral y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), ha valorado además los beneficios que ofrece la biomasa para la generación de energía, según han señalado en un comunicado los organizadores.

En este sentido, Peter Kasamaki, de Vicedex, ha expuesto su experiencia en el cultivo leñoso de crecimiento rápido, en concreto de la Paulownia, para la generación de energía eléctrica.

Este cultivo que se lleva a cabo en las regiones de Cádiz y Ciudad Real aporta grandes ventajas gracias a su capacidad de regeneración y a sus bajas emisiones de dióxido de carbono.

Asimismo, ha destacado que, en cuanto a los regadíos, «los cultivos energéticos son una alternativa viable frente a los altos costes de la energía convencional», y que «es muy importante establecer vínculos con las comunidades de regantes para facilitar su labor de generación de biomasa».

Por su parte, según la información facilitada por los organizadores, Alberto Lafarga, de la División Agrícola de Intia, adscrita al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la biomasa a partir de los residuos de cultivo para hacer frente a las necesidades actuales, aunque ha advertido de que «la eficiencia de este tipo de energía todavía es muy baja».

Además, ha señalado que «el coste de producción es el aspecto clave para su desarrollo» ya que éste determina que la parte de cultivo destinado para biomasa tenga o no espacio dentro de los campos agrícolas.

En lo que se refiere a los biocombustibles ha destacado que «los de segunda generación representan una oportunidad para la utilización de residuos y cultivos energéticos lignocelulósicos en la producción de etanol».

También Josep Turmo, de Abencis, ha señalado que «la búsqueda de un modelo eficiente de aprovechamiento y la reducción del coste de la biomasa es uno de los desafíos que se plantean en torno a la producción».

En este sentido ha expuesto que sus esfuerzos se centran «en la reutilización de maquinaria habitual aunque con nuevas aplicaciones como la siega de precisión por geolocalización o la generación de un sistema de compactación para su transporte».

Inés Echeverría, de Cener, ha dicho que «las previsiones indican que la demanda de biocombustibles para el transporte va a ir en aumento y con mayores exigencias de sostenibilidad».

Debido a esto «se va a requerir un desarrollo de los procesos productivos de segunda generación, para el empleo de biomasas lignocelulósicas y nuevos biocarburantes alternativos».

En lo referente a las experiencias prácticas, César Trillo, de la Comunidad de Regantes de Riegos del Alto Aragón, ha destacado «la sostenibilidad económica, medioambiental y social que suponen los saltos hidroeléctricos», los cuales, ha dicho, «son una fuente de ingresos para aliviar el incremento del coste del agua, derivado del incremento del consumo energético en los regadíos modernizados».

Además, ha señalado que «la minihidráulica es la energía cuyo aprovechamiento tiene el menor impacto ambiental asociado de entre todas las energías renovables».

Por último, Jesús García Ramos, de Aguacanal, ha expuesto experiencias de costes energéticos de explotación en la Zona Regable del Canal de Navarra como por ejemplo en el mantenimiento de estaciones de bombeo o en la utilización de telecontrol en la gestión del regadío. EFE

El Gobierno ha aprobado cinco nuevas cualificaciones profesionales agrarias, que se incluirán en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para «promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional», según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Real Decreto, que entrará en vigor mañana, establece cinco nuevas cualificaciones y sus correspondientes niveles. En concreto, «Cuidados y mantenimiento de animales utilizados para la investigación y otros fines científicos» y «Cuidados de animales salvajes, zoológicos y acuarios», ambas de segundo nivel.

Añade, de tercer nivel, «Realización de procedimientos experimentales con animales para investigación y otros fines científicos»; «Asistencia a la gestión y control sanitario de animales de granja y producción» y «Asistencia en los controles sanitarios oficiales en mataderos, establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece». Según recoge el BOE, estas cualificaciones pretenden «acreditar las correspondientes competencias profesionales», así como su «evaluación y acreditación» con el objetivo de favorecer «el desarrollo profesional y social de las personas y que se cubran las necesidades del sistema productivo».

Noticias agencias

Los regadíos y las renovables buscan colaborar para producir energía

(Navarra) SECTORES-EMPRESAS | > AREA: Economia, negocios y finanzas

16-11-2011 / 10:50 h

Pamplona, 16 nov (EFE).- El sector de las energías renovables y el de los regadíos analizan en Pamplona una posible integración de iniciativas ante el encarecimiento que la energía ha experimentado y que, según la presidenta navarra, Yolanda Barcina, ha puesto a las explotaciones agrarias «en el límite de su viabilidad económica».

Para analizar fórmulas de colaboración, expertos de ambos sectores se reúnen durante dos días en la Comunidad Foral en el I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, organizado por el centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y el Gobierno foral a través de la división de riegos de la empresa pública INTIA.

En representación de ésta, Miguel Horta ha señalado que se trata de explorar los puntos de conexión que puede haber entre el mundo agrario y el de las energías renovables, donde ya hay alguna pequeña experiencia en marcha.

Como ejemplos ha citado la posibilidad de que los instaladores fotovoltaicos puedan disponer de terrenos agrícolas para implantar sus parques, que los productores de energía eólica puedan regular la producción, acumulando el agua en balsas propiedad de las comunidades de regantes, y que en los terrenos agrícolas se puedan cultivar plantas que permitan la producción de biodiesel, bioalcohol o biomasa.

En su opinión, «el campo de colaboración es muy amplio y el Congreso pretende dar un vistazo general a todas las posibilidades para que en el futuro tanto las comunidades regantes como los promotores de energías renovables en sus diversas facetas puedan llevar a cabo sus proyectos».

Al respecto, en la apertura del Congreso, la presidenta Barcina ha subrayado que en los últimos 5 años las tarifas energéticas para el riego han sufrido un incremento superior al 80 por ciento, una evolución y una dependencia que, ha dicho, «está en nuestra mano cambiar».

Tras recordar que Navarra ha apostado por crear nuevos regadíos y modernizar los existentes como «un activo estratégico», porque «mantiene vivos los pueblos» y «permite potenciar una poderosa industria agroalimentaria», Barcina ha destacado que el CENER ha «detectado la necesidad» de desarrollar nuevas fórmulas de producción energética en el sector agrario y en especial en los regadíos, consumidores del 2 % de la energía eléctrica de toda España.

«Se trata de que puedan integrarse armónicamente» las necesidades de los regadíos y las nuevas tecnologías de producción de energía renovable para la «sostenibilidad» y «rentabilidad» de los primeros y la disminución de la producción de CO2, ha puntualizado.

Y por ello ha animado a las empresas presentes a concretar soluciones técnicas que permitan una mejora del balance energético, y con él de la viabilidad de las explotaciones agrarias, y a las comunidades de regantes a valorar si sus productos se adecúan a las necesidades del mercado y si pueden ofrecer terreno para el desarrollo de proyectos energéticos a los que puedan suministrar materia prima.

«Donde hay una comunidad de regantes hay suelo para construir, tierras agrarias productivas, vías de comunicación, líneas eléctricas y agua», ha comentado, y ha añadido que también hay legislación agraria para «reordenar propiedades» mediante concentraciones que faciliten la ubicación de aprovechamientos energéticos y posibilidades de «financiación de infraestructuras de interés general» que reduzcan el consumo energético.

Para Barcina, hacerlo «es una auténtica necesidad que beneficiará a ambos sectores, agricultura e industria, abriendo líneas de colaboración mutuas» que reporten «nuevas oportunidades de negocio para ambos». EFE

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, reiteró ayer en Bruselas el rechazo de España al pago base propuesto en la reforma de la PAC y ha asegurado que el nuevo modelo de ayudas propuesto por la Comisión Europea plantea «grandes incertidumbres y problemas en cuanto a su aplicación». «Tiene un encaje muy difícil en nuestro modelo productivo, caracterizado por la gran diversidad y riqueza de las producciones», ha aseverado la ministra.

Para Rosa Aguilar, «el nuevo modelo de pagos directos que se establezca deberá dar respuesta a las necesidades de las distintas orientaciones y sistemas productivos de la agricultura y ganadería española, elemento que compartimos con los estados miembros mediterráneos». La titular del MARM ha expresado además su preocupación por los impactos a los que puede conducir la aplicación de esa reforma «tanto a nivel sectorial, como territorial e individual, ya que condiciona la viabilidad futura de muchas de las explotaciones agrarias de nuestro país produciendo desequilibrios territoriales y sectoriales». La ministra ha explicado que las inquietudes de España se concentran en los dos elementos fundamentales del nuevo modelo de ayudas: el pago de base y el llamado «componente verde». Respecto al pago de base, el reglamento propone el establecimiento que es inaceptable para España, de una tasa o pago uniforme a nivel de región o de Estado Miembro, en el año 2019 a más tardar. Con respecto al pago adicional para prácticas beneficiosas con el medio ambiente y el clima, el componente verde, Aguilar ha coincidido con los objetivos aunque ha explicado que es «imprescindible tener en cuenta que la agricultura europea, que los agricultores y ganaderos, ya cumplen con todo un conjunto de disposiciones y exigencias medioambientales recogidos en nuestro ordenamiento, que hacen que nuestra agricultura sea sostenible». En este sentido, Rosa Aguilar ha defendido que la aplicación del componente verde debe estar vinculada a «una simplificación real y efectiva de las normas». «Las medidas que se apliquen dentro de dicho componente verde han de ser sencillas, fácilmente aplicables y generalizables, y en ningún caso podrán suponer una pérdida de competitividad ni de productividad a las explotaciones europeas», ha abundado la ministra, quien ha rechazado que el incumplimiento de las obligaciones de este componente verde afectara a los pagos de las ayudas a los agricultores. Además, y buscando la mejora de la competitividad de las explotaciones europeas, el Gobierno de España entiende que habría que revisar a la baja el porcentaje del 30% de los pagos directos dispuesto para dicha ayuda verde. Por otro lado, desde España, ha afirmado la Ministra, no puede aceptarse la falta de adecuación de las medidas propuestas «hacia algunas de nuestras producciones más representativas», tales como el olivar, el viñedo, la producción frutícola, los sistemas productivos en regadío o las producciones ganaderas de las zonas de montaña, entre otras. Ante este nuevo escenario planteado por la Comisión Europea, la Ministra ha considerado «fundamental» aumentar los recursos disponibles para el componente de ayudas acopladas y flexibilizar su aplicación, al tiempo que ha subrayado «la importancia de la incorporación de jóvenes» dado el fuerte grado de envejecimiento de los activos del sector y la necesidad de fomentar el relevo generacional, así como «la incorporación de la mujer como elemento activo prioritario» en los sectores agrícola y ganadero.

Vuelta a la idea original. A falta de presupuesto para construir una potabilizadora que convierta en viable el trasvase Júcar-Vinalopó, el PP apuesta por recuperar en los próximos meses la toma original de la transferencia, en Cortes de Pallás. El proyecto, presentado por los regantes del Vinalopó —potenciales usuarios del trasvase, aunque ninguno ha suscrito aún el convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para recibir agua—, prevé la coexistencia de las dos tomas: la de Cortes de Pallás (que se abandonó en 2005) y la actual, en el Azud de la Marquesa.

La conexión de la transferencia, totalmente terminada desde finales del pasado año, con la toma original —descartada por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona— tendría un coste cero para las arcas públicas, dado que las obras ya estaban finalizadas cuando se cambió el trazado de la tubería. Así, frente al desembolso económico que suponía la potabilizadora prometida por el PSOE (y que nunca se llegó a presupuestar), la propuesta que estudia el PP no implica sobrecostes.

Según la propuesta de los regantes —respaldada por la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor— el protocolo de uso establecería la preferencia de la toma actual, al final del río, siempre que los niveles de calidad del agua permitiesen usarla para riego. Para vencer la resistencia de los regantes del Júcar, el proyecto que estudiará el PP contempla destinar la toma de Cortes a un «banco de agua», es decir, el agua trasvasada desde el curso medio del Júcar sería vendida por los regantes valencianos a los alicantinos, y no enviada por orden del Ministerio.

«Giro» en la CHJ

La doble toma para el Júcar-Vinalopó es solo uno de los «giros» que el PP plantea a la política hídrica desplegada por el PSOE en la Confederación del Júcar. Si los populares ganan el próximo domingo, como apuntan las encuestas, controlarán todas las instituciones con presencia en el consejo de gobierno de la cuenca —el Ministerio, la Generalitat, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valencia—.

El relevo del actual presidente de la CHJ, Juan José Moragues (nombrado por Narbona en 2004), será el primer paso para devolver la política hídrica del organismo de cuenca a los planteamientos anteriores a la llegada del PSOE al Gobierno central. Principalmente, mantener la unidad de cuenca —que se rompía con el Decreto aprobado por el Gobierno en 2009, y tumbado hace unas semanas por el Supremo—. Un criterio que facilita, precisamente, el trasvase Júcar-Vinalopó, que de otro modo se consideraría una transferencia entre cuencas distintas.

También se mantendrá la superficie de regadíos reconocida por la Generalitat en la Comunidad, y que el actual presidente de la CHJ pretendía reducir en 40.000 hectáreas. Así constaba en el Esquema de Temas Importantes (ETI), borrador del Plan de Cuenca, que ahora debe analizar el consejo del agua de la CHJ. De haberse aprobado dicha reducción —al convertir en terreno «potencialmente regable» parte del actual regadío—, se habrían revisado a la baja las necesidades de agua de Alicante.

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizan hoy el sistema de pagos directos que plantea la propuesta de la Política Agrícola Común (PAC) que la titular española, Rosa Aguilar, prevé rechazar ante sus homólogos europeos. La Presidencia polaca de turno de la UE ha preparado un cuestionario para el intercambio de opiniones sobre la reforma propuesta por la Comisión Europea, que se centra en el modelo de pagos directos y la distribución de las ayudas directas entre y en los propios Estados miembros.

La propuesta que presentó la Comisión en octubre fue recibida con indignación tanto por el sector como por la mayoría de los gobiernos. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha adelantado que rechazará en el Consejo de Ministros el modelo de pagos directos. España rechaza «el pago base» que propone la Comisión Europea, porque «no reconoce la diversidad de cultivo ni las zonas y métodos de producción». En su opinión, «pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes con alto rendimiento pero también con importantes costes productivos». La ministra reiterará que el giro que se da a los pagos directos en la propuesta de reforma «no legitima socialmente a la PAC» y es «inaceptable» porque «generará importantes desequilibrios territoriales y productivos en nuestro país». En el almuerzo, los ministros abordarán el llamado incentivo verde o prima ecológica, en virtud de la cual se debe vincular un 30 % de las ayudas directas a compromisos medioambientales, otra de las propuestas incluida en la PAC que ha suscitado controversia. España está a favor de una PAC «más verde», pero lamenta que la Comisión abogue por poner en ese sentido «el reloj a cero». «Los agricultores están haciendo ya políticas medioambientales y eso ha de valorarse», dijo Aguilar a principios de mes en la Eurocámara, donde aseguró que es «un error no valorar lo que ya se hace en la realidad cada día para preservar el medio e impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura». Se ha abierto además un debate en el seno de la UE sobre la prolongación de las cuotas de producción de azúcar más allá de 2015. Hungría lo pide y cuenta con el apoyo de Austria, Lituania, Francia y Rumanía, según fuentes diplomáticas, que han explicado que esta idea no figura en la propuesta de la Comisión Europea, pero algunos países han solicitado que se incluya. Los ministros evaluarán además el grado de aplicación en cada país de la directiva para la protección mínima de las gallinas ponedoras que entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y que establece que éstas deben disponer de al menos 750 cm2 de superficie de la jaula, de un nido, de una yacija que permita picotear y escarbar, de un bebedero apropiado y de dispositivos de recorte de uñas. Algunos países han reclamado a la UE más tiempo para que sus explotaciones puedan aplicar la norma. España está todavía en el proceso de aplicación de la directiva. En la parte de Pesca del Consejo, los ministros mantendrán un debate sobre la dimensión exterior de la Política Pesquera Común. Aguilar pedirá a la UE «una posición más decidida» en materia pesquera para «impulsar y reforzar» los acuerdos con terceros países, los cuales deben garantizar que la actividad se desarrolle «según modalidades que sean satisfactorias para ambas partes». El debate girará en torno a la convenios de asociación con terceros países, los acuerdos bilaterales, los lazos con las organizaciones regionales de gestión de pesca y con las organizaciones internacionales de conservación, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En cuanto a los acuerdos de pesca bilaterales y con terceros países, España, Francia, Portugal, Italia y Grecia defienden la continuidad de esos convenios. También defienden una fuerte presencia de la Comisión ante las organizaciones regionales.

(Castilla La Mancha) ELECCIONES | > AREA: Política

06-11-2011 / 18:10 h

(Corrige el titular de la previsión transmitida con clave tl7026)

Cieza (Murcia), 6 nov (EFE).- El presidente del Congreso, José Bono, ha dicho hoy en Cieza que si el agua que ha de ser trasvasada es sólo la del Tajo que «vayan cerrando las huertas de Murcia porque el Tajo no da para más», y ha añadido que «después de la que armó el PP con el trasvase del Ebro, ahora no dicen ni media palabra».

Bono, que ha participado en un mitin junto a Ramón Ortiz y María González Veracruz, ha advertido que el agua debe ir de donde sobra a donde falta, pero que el agua que sobra en España «no sólo puede mirarse en el Tajo, y eso no lo dice el ex presidente de Castilla-La Mancha, sino el plan de cuenca del Tajo, solo hay que ver como huele, que es un una inmensa cloaca».

«El PP les había dicho que el Ebro, y ahora piensan que ya tienen el voto ganado y en el bolsillo y les importan tres puñetas el agua», ha agregado.

Ha recordado que el PP movilizó, trasladó en autobús a Valencia muchos murcianos para pedir el trasvase del Ebro, «y en estos momentos no lo llevan ni en su programa electoral, como si hubiera desaparecido el Ebro y aquellas reivindicaciones al final da la impresión que mas que agua, lo que pedían eran votos».

«Es que acaso Murcia era el escudo y la presentación de la necesidad del agua y ahora es tierra quemada electoralmente y ya no precisan mas que el seguidismo del voto», ha añadido, para ironizar: «Hay especialistas en no mojarse aunque jarree agua del cielo».

Ha apuntado que el PP se ha hartado de hablar del Ebro en los últimos años, por lo que ha reclamado un mínimo de coherencia y a los ciudadanos de Murcia «un máximo de dignidad».

Por otra parte, ha afirmado que aquel político que en esta campaña electoral «quiera tumbarse a la bartola a lo mejor se lleva un chasco», y ha añadido que «es más fácil ganarle al PP que a algunas encuestas».

Bono, que ha venido a Cieza a arropar al número 1 al Senado por Murcia, Pedro Ortiz, y la número 1 al Congreso, María González Veracruz, ha recordado que cuando era candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha había un periódico que hasta en seis comicios publicó encuestas en las que daba ganador por mayoría absoluta al PP, y siempre ganó el PSOE.

«Yo me conformo con ganar en las urnas», ha agregado, y le dijo al director de ese periódico que él, en cambio, se conformaba con que ganara el PP en las encuestas que elaboraba ese medio.

Ha indicado que algunas encuestas «son de fogueo», pero sobre la última, publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aún reconociendo que el PP saca una diferencia grande al PSOE, ha remarcado que en ese sondeo Alfredo Pérez Rubalcaba está mejor valorado que Mariano Rajoy y el porcentaje de indecisos es mayor que la diferencia entre ambos partidos.

De igual modo, ha señalado que en esa encuesta del CIS, a la pregunta de si el PP gobernase, los ciudadanos contestaron en su mayoría que estaríamos peor, por lo que ha considerado que en esta campaña electoral «hay motivos para luchar», ya que, a su juicio, «esto no está ganado ni perdido; depende de nosotros».

Ha reconocido que el momento que se vive es «difícil, de tempestad y crisis», necesitado «del mejor capitán que guíe la nave por esta mar de dificultades» y que el piloto es Rubalcaba. EFE