Europa Press

El Parlament de Cataluña ha rechazado este viernes el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE) que el pasado 28 de febrero aprobó el Consejo de Ministros, con el voto de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, mientras que PP y C’s lo han apoyado.

La moción considera que este plan es perjudicial desde un punto de vista medioambiental, pone en peligro el Delta del Ebro al no garantizarse el caudal mínimo del río y los sedimentos necesarios para evitar su salinización, y además vulnera las normativas comunitarias.

La moción la ha promovido ICV-EUiA y según su diputada Hortènsia Grau, es necesario que en Cataluña haya «un acuerdo de país para preservar» el caudal mínimo del río Ebro para garantizar la supervivencia del delta.

«La reducción del caudal incrementará las problemáticas y contradice con la misión de las administraciones públicas de mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales», ha opinado el diputado de ERC Lluís Salvadó.

Según el diputado de la CUP Quim Arrufat, el PHCE pone de manifiesto que el Estado sigue actuando a nivel hídrico «con políticas franquistas», mientras que la parlamentaria de CiU Meritxell Roigé ha vuelto a reivindicar la interconexión de la red de aguas catalana con el río Ródano (Francia), ya que en la actualidad no está garantizado el suministro en el caso de una fuerte sequía.

El socialista Jordi Terrades ha pedido a la Generalitat que «participe activamente» en la revisión del PHCE, que deberá aprobarse en el año 2015, y que allí se definan los caudales mínimos que a juicio de los expertos, debe tener el río para garantizar la calidad del agua y la protección efectiva del delta.

Matías Alonso (C’s) ha instado a los partidos políticos «a no utilizar el agua como una arma política, por ser un bien primordial» y Rafael Luna (PP) ha asegurado que su partido está dispuesto a debatir sobre caudales.

El diputado popular ha añadido que lo que ha hecho el Gobierno central ha sido continuar con el trabajo que se inició en la etapa del PSOE: «No hemos tocado nada», por lo que ha lamentado la actitud de los socialistas.

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UPA-Andalucía y AREDA exigirán al Gobierno una reforma legislativa que anteponga los intereses de los regantes frente al oligopolio de las eléctricas. Esa ha sido la principal conclusión del 3er Congreso Andaluz de Agricultura y Regadío, organizado por AREDA y UPA y que ha reunido a 600 regantes de toda Andalucía en Sevilla. La inauguración corrió a cargo de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien agradeció la invitación efectuada por ambas Organizaciones para inaugurar el Congreso, una “oportunidad para ratificar el compromiso que tenéis de la Junta de Andalucía”. Susana Díaz expuso en su intervención: “El agua es un recurso de todos y para que esté al servicio de todos y constituya ese motor de desarrollo y progreso es fundamental que se gestione de manera eficiente y eficaz. No vamos a cuestionar por parte del Gobierno andaluz la sentencia y la titularidad del Río Guadalquivir, pero sí vamos a reivindicar que se cumpla la voluntad del Parlamento de Andalucía en su conjunto que esa gestión del Guadalquivir se ejerza desde Andalucía para que esa gestión sea eficaz y eficiente. Por eso pediré sensibilidad al Gobierno de España”.

La Presidenta de la Junta reiteró que la agricultura “y especialmente el regadío forma parte de ese motor de desarrollo y económico de Andalucía. Y en él estáis buena parte de los hombres y mujeres que habéis reformado el campo andaluz. Por eso este foro impulsado por AREDA y UPA es un escenario idóneo para debatir, analizar y buscar soluciones al futuro de nuestra actividad agraria, que seguirá siendo durante mucho tiempo parte de esa riqueza y de esa estrategia andaluza. El agua es fuente de vida para nuestra agricultura y agricultura, agua y medio ambiente deben complementarse para gestionar este bien sin degradarlo, pensando en el futuro de la sociedad”.

El Presidente de AREDA, Marcelo Morales, confirmó que el agua es hoy, y lo será aún más en el futuro, un recurso escaso e imprescindible para el desarrollo social, económico y medioambiental, “por lo que cualquier política de aguas siempre tiene que anteponer los intereses generales del conjunto de la sociedad. Por eso, necesitamos seguir impulsando reformas que garanticen una distribución más equilibrada en el territorio y más justa de un recurso público necesario para alcanzar un futuro de desarrollo y progreso de nuestros pueblos”. Además de destacar el esfuerzo realizado por los regantes, con inversiones millonarias en la modernización de nuestras infraestructuras, que permiten, cada vez más, un mayor ahorro de agua, Marcelo Morales reivindicó “seguir avanzando en la modernización de los regadíos hasta alcanzar el 100% de los objetivos, de manera que el ahorro de agua conseguido contribuya a aumentar la garantía de recursos disponibles y cubrir las demandas existentes. Además, hay que actualizar las concesiones de agua con dotaciones altas, así como revisar las concesiones de aquellas comunidades de regantes que han contado con ayudas públicas en sus proyectos de modernización”.

“Los regantes andaluces necesitamos que, definitivamente, se culminen aquellos procesos de ordenación, regularización y consolidación de regadíos abiertos en distintas zonas regables de nuestra comunidad, como los acuíferos de La Loma de Úbeda y Bailén, en la provincia de Jaén; los riegos del río Guadajoz, en Córdoba; los cultivos de aceituna de mesa de la zona de Pilas-Villamanrique de la Condesa-Alcarrazas; y la zona arrocera en Sevilla; la Laguna Fuente de la Piedra, las zonas regables del Guadalhorce y la Axarquía, en Málaga; los cultivos hortícolas de Almería, Granada y Cádiz, o el cultivo de la fresa en Huelva”, planteó Marcelo Morales. Pero, sin duda, el Presidente de AREDA destacó la subida “abusiva e ininterrumpida de las tarifas eléctricas en los últimos años” como el “mayor problema al que nos enfrentamos hoy los regantes“. Por eso, reclamó un régimen tarifario “que incentive el ahorro y que facture por el agua realmente consumida y no por hectárea, y que el canon de riego se convierta en el principal instrumento para el ahorro pagando menos quien más ahorre”.

El Secretario General de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, planteó la recuperación de las competencias sobre la gestión del Guadalquivir, recordando que el Parlamento Andaluz, por unanimidad, se pronunció sobre esta cuestión tras el fallo del Constitucional, por lo que “entendemos que hay consenso en Andalucía“. Igualmente, reclamó una mayor apertura de los órganos de gestión de las cuencas a la participación de los agricultores y de los regantes. Al igual que el Presidente de AREDA, Agustín Rodríguez insistió en que “hay que culminar los procesos abiertos de ordenación y consolidación de regadíos, garantizando de esta manera la seguridad jurídica de los regantes“.

En cuanto al régimen tarifario, el Secretario General de UPA-Andalucía afirmó que “se tiene que convertir en un verdadero instrumento que incentive el ahorro, por lo que UPA y AREDA coincidimos en que pague menos quien más ahorre“. Por último, Agustín Rodríguez planteó “una reforma legislativa que garantice el pagar solo por lo consumido, anteponiendo así los intereses generales de los ciudadanos y, particularmente en este caso del regadío, al oligopolio de las eléctricas. El Gobierno tiene, sin duda, que hacer frente a esta realidad que ha puesto en riesgo la propia viabilidad de los regadíos como sistema productivo”.

Por su parte, el Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Regantes de España, Matías Gómez, propuso que se tenga en cuenta, en el nuevo Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, “unas medidas específicas de modernización de regadíos para la investigación, el desarrollo y la inversión en cuestiones de ahorro de distribución y eficiencia energética con la autorización de energías renovables“. También exigió “las concesiones administrativas a las comunidades que siguen en precario por la relajación de las administraciones”, así como que se haga un Plan Hidrológico “eficaz y efectivo para la agricultura y el regadío de toda España, consensuado por todas las fuerzas políticas, agrarias y de regantes”.

El Congreso giró en torno a dos ponencias que analizaron la situación actual y el futuro del regadío. La primera de ellas, bajo el título “Por un regadío sostenible: costes energéticos“, contó con las intervenciones de Manuel Albalá, Vocal de AREDA; Marcos Gutiérrez, Director del Departamento de Gestión Energética de GEyPE Ingeniería; y Javier Alejandre, responsable del Gabinete Técnico de UPA. En la segunda ponencia, titulada “Por una planificación hidrológica eficiente del regadío“, intervinieron Pilar Prieto, de AREDA; Juan María Serrato, Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Javier de la Cruz Ríos, Coordinador de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesa y Desarrollo Rural; Sébastien Guéry, Director General de Optiriego; y Francisco Javier Fernández, de AREDA. La clausura corrió a cargo de Marcelo Morales; Presidente de AREDA; Lorenzo Ramos, Secretario General de UPA; y María Jesús Serrano, Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

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Unos 70 agricultores se han concentrado este jueves en la Plaza de España de Valdepeñas para exigir a la Administración que solucione los 2.500 expedientes de regularización de pozos de agricultores profesionales y acabar así con esta situación que arrastran desde hace 20 años.

La concentración se enmarca en los actos de protesta que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) está realizando desde el mes de febrero en distintos municipios del Alto Guadiana, bajo el lema «Agua de donde sobra a donde falta. ¿La nuestra dónde está?», ha explicado el secretario regional de la organización, Julián Morcillo.

El dirigente agrario ha calificado de «justa» la reivindicación, después de haber «luchado» por conseguir un Plan Especial para el Alto Guadiana que legalizara los sondeos que se hicieron a mediados de la década de los 90 por la sequía y que contemplaba la cesión de hasta 40 hectómetros cúbicos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Aunque se resolvieron cerca de 3.750 expedientes de pozos de explotaciones de cultivos leñosos, aún quedan pendientes de resolver 2.500 expedientes de agricultores profesionales que esperan desde 2008 la legalización de sus sondeos, entre ellos 140 de Valdepeñas, ha subrayado Morcillo.

El secretario regional de UPA ha lamentado que, pese a las promesas del Ejecutivo regional de resolver este problema, «estamos viendo como con agua de esta tierra se está solucionando el problema de regantes de otras cuencas hidrográficas», en alusión a Valencia, que «se va a asegurar hasta 530 hectómetros cúbicos del agua del Júcar, o Murcia, con 630 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura».

Plan Hidrológico Nacional

En estas comunidades se van a legalizar 70.000 hectáreas de regadío, mientras que en Castilla-La Mancha no se complementan los 27 hectómetros cúbicos necesarios para los agricultores de la región, ha manifestado Morcillo, que considera que el Plan Hidrológico Nacional es una de las últimas posibilidades para solucionar este problema, del que ha dicho «requiere una decisión política que hay que adoptar ahora».

Morcillo ha dejado claro que no van a aceptar la propuesta de la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, para quien el problema a los expedientes podría solucionarse mediante la compraventa de derechos de agua entre particulares, ya que «los viticultores de esta tierra no pueden comprarlos y, además, van a tener que competir con agricultores y regantes que van a tener el agua gratis».

El agua y el viñedo van asociados, y en municipios agrarios como son la mayoría de los de La Mancha, «agua es sinónimo de riqueza», ha subrayado Morcillo, que también se ha referido a las más de 1.150 sanciones que los agricultores recibieron de la Confederación durante 2013 y cuyas cuantías se han incrementado al pasar las leves de un máximo de 6.000 a 10.000 euros y las menos graves de 30.000 a 50.000 euros.

A la concentración se ha sumado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, a quien el responsable regional de UPA ha entregado un texto en el que se exige la regularización de los pozos para que, a modo de moción, se presente y apruebe en el pleno.

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carlos alós | alzira La Acequia Real del Júcar, la principal comunidad de regantes de la Ribera con 35.000 usuarios en una quincena de municipios, está dispuesta a aceptar el envío de agua del Júcar a las comarcas de Alicante a cambio de no construir una segunda toma en el trasvase Júcar-Vinalopó.

El presidente de esa entidad, que ayer celebró en Antella la tradicional suelta de aguas que abre la temporada de riego, admitió la disposición de los usuarios históricos de aceptar el envío de agua para abastecimiento humano a Alicante con tal de que no se construya la toma en Cortes de Pallás, como reclama el Vinalopó y defiende la Generalitat.

Precisamente el pasado jueves, el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, aseguró que hay alternativas «que pueden ser viables» a la toma de Cortes de Pallás tras la convocatoria de movilizaciones en la Ribera. Esa alternativa viable a la que se refería Císcar es, precisamente, el envío de caudales desde el pantano de Alarcón hasta Alicante por la infraestructura del trasvase Tajo-Segura y los denominados canales del Taibilla que abastecen a más de dos millones de personas en Alicante y Murcia.

El propio de la Cuadra hizo oficial ayer esta alternativa. «Nosotros no tenemos ningún inconveniente», respondió. Eso sí, siempre que sea exclusivamente para abastecimiento humano, con las concesiones debidamente reguladas y con el pago correspondiente a los titulares de los derechos sobre esos caudales. Con esos condicionantes, los regantes de la Ribera están dispuestos a alcanzar un acuerdo.

Como ya reveló Levante-EMV la pasada semana, el Gobierno y la Generalitat han sentado a los regantes de la Ribera y del Vinalopó a la misma mesa para sellar definitivamente un acuerdo en el Júcar que permita la llegada a Alicante de agua desde Cullera para el riego y desde otro punto, que podría ser el embalse de Alarcón, para abastecimiento humano.

«La Ribera merece una concesión»

Respecto al abastecimiento urbano, en este caso de la Ribera, el dirigente agrario aseguró que es una medida para dos años, «una concesión coyuntural», dijo. «Nosotros hemos entrado para ayudar porque están Alzira, Algemesí y Albalat, pero entendemos que la Ribera debe tener una concesión», añadió.

El presidente de la Acequia Real también se refirió a su abstención en las dos reuniones del Consejo del Agua, tanto en Valencia como en Madrid. «Nos abstuvimos porque teníamos que estar agradecidos entre comillas porque nos estaban dando unas obras que nos tendrían que haber terminado en el año 2009», dijo. Y respecto a la posición de la Generalitat, De la Cuadra aseguró que el Gobierno de Fabra ha hecho «lo que ha podido para terminarnos unas obras que antes no acababan porque no podían pagarlas».

El responsable de la Acequia Real también se refirió a las reuniones «secretas» con el Vinalopó auspiciadas por el Gobierno de las que informó este diario la semana pasada. «Fue la Acequia Real porque nos prometían muchas cosas, pero cuando dijeron que no se iba a utilizar el azud de la Marquesa dijimos que ni hablar, que se habían acabado las conversaciones y que lo tenían que hacer era modernizarnos y que entonces del agua que sobrara, el Gobierno que hiciera uso de ella», reveló el presidente.

García de la Cuadra también destacó que «hay unidad» en USUJ pese a que algunas de sus comunidades de regantes, como es el caso de Sueca, Cullera, Carcaixent o Cuatro Pueblos, se mostraron partidarios de votar en contra del plan del JÚCAR.

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Como explica la Moción presentada, la agricultura de regadío tiene una importancia vital por su contribución a la generación de empleo y riqueza en el medio rural, por lo que conseguir una agricultura competitiva y moderna pasa necesariamente por la puesta en riego de los cultivos más rentables.

En España, el 13 % de la superficie agraria útil es de regadío y proporciona el 50% de la producción agraria. El regadío produce el 2% del PIB de España y da empleo al 4% de la mano de obra ocupada. Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor superficie de regadío, con más de 500.000 hectáreas, de las cuales más de 165.000 corresponden a Albacete. En Castilla-La Mancha se riega un 6,2% de su superficie geográfica y un 13, 4% de la cultivada.

Una hectárea de regadío tiene una productividad seis veces superior a una de secano y genera una renta cuatro veces superior, permitiendo el mantenimiento de la renta de agricultores con pequeñas explotaciones y fijando a la población en el medio rural.

El aumento de la productividad agrícola que genera la puesta en riego lleva inherente el aumento del empleo de mano de obra directa en todas las tareas de los cultivos (preparación de suelo, siembra, fertilización, tratamientos fitosanitarios y recolección), así como empleo indirecto de industrias que aportan imputs a la producción (viveros, maquinaria especializada, productos fitosanitarios, centros de transformación de los productos, empresas de logística y transporte, plásticos…) y sectores que apoyan de forma directa o indirecta a la agricultura.

La desaparición de las tarifas especiales de riego en el año 2008, la entrada del mercado libre de energía y el incremento del precio de los peajes (principalmente en el Término de Potencia) en la factura han supuesto un encarecimiento del coste eléctrico en la agricultura de regadío y gran parte de la agroindustria española. Además el consumo eléctrico del regadío ha aumentado por la modernización de regadíos para ahorrar agua al pasar a sistemas de riego por presión y por tanto con coste energético (aspersión, riego localizado, etc.). Las sucesivas subidas del término de potencia acumulan un aumento superior al 1.000 % en muchas zonas regables. En los últimos siete años el regadío ha soportado un incremento de la factura eléctrica cercana al 100% y los costes eléctricos ya representan más del 40% de los costes totales del agua de riego, haciendo inviable económicamente la economía de muchas explotaciones de riego en Albacete.

La subida de la tarifa eléctrica ha coincidido con la inversión realizada en modernización por una buena parte de regadío español. En los últimos quince años, los regantes han dedicado más de 6.000 millones a la renovación de sus instalaciones de riego. Como consecuencia de esa modernización, el regadío español ha sido capaz de ahorrar hasta un 20% de recursos hídricos. Las nuevas infraestructuras han aumentado, sin embargo, las necesidades de consumo energético, que se han incrementado en más de un 60%.

La última reforma tarifaria aprobada agrava el problema de costes eléctricos, abocando a los regadíos modernizados a consumir más energía por los nuevos sistemas de riego, que unido a los incrementos en las tarifas harán más difícil que las explotaciones agrarias puedan responder a las deudas contraídas por las inversiones realizadas. La actividad de riego podría dejar de ser rentable y muchas explotaciones ser abandonadas y consecuentemente se produciría destrucción de empleo y riqueza y la marginación y despoblamiento del medio rural.

Las soluciones pasarían por una factura adaptada a los parámetros de consumo del regadío, que no obligue a los agricultores a pagar durante todo el año por unos términos de potencia que sólo necesitan unos meses.

Se demanda al Ministerio de Industria un trato más equitativo, que no castigue el tipo de consumo de la agricultura de regadío, principal motor económico y generador de empleo de muchas zonas rurales y por ello, se pide al Gobierno de la Nación establecer una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío y de gran parte de la agroindustria española.

Por todo ello, los grupos municipales del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, haciéndose eco de las propuestas enunciadas por ASAJA, JCRMO y UPA, las presentan al Ayuntamiento-Pleno, para su aprobación, como la siguiente.

MOCIÓN

PRIMERO.- Facturar por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada, para evitar pagar todo el año aunque no se riegue.

SEGUNDO.- Adaptar la norma para que en un único contrato, permitir realizar dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses.

TERCERO.- Posibilitar los contratos de temporada de forma flexibles, con distintas condiciones de suministro para un mismo punto de consumo sin penalizaciones.

CUARTO.- Modificar la normativa para favorecer la producción de energía distribuida para autoconsumo en el medio rural.

QUINTO.- Remitir la moción a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Congreso de los Diputados y Senado”.

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La asociación Xúquer Viu ha criticado esta mañana en Sueca la imposibilidad de hacer un seguimiento detallado del caudal que a diario fluye por el río Júcar. Su portavoz, Paco Sanz, ha recordado que esta situación se produce desde hace unos dos años y «es una consecuencia más de los recortes aplicados por el Gobierno del Estado». De esta manera ha querido denunciar, una vez más, la falta de caudal ecológico, «como sucediera la semana pasada cuando afloraron las piedras del lecho del río a la altura del Pont de Ferro de Alzira por falta de agua».

Sanz ha explicado que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que gestiona la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tan solo ofrece ahora lecturas de la parte baja del río en el embalse de Tous y el Hort de Mulet, este último, entre los términos municipales de Algemesí y Albalat de la Ribera. «Antes de la aplicación de los recortes también se hacía en los azudes de Antella y los dos de Sueca», ha matizado.

Para el portavoz de la asociación ecologista, el punto de información del Hort de Mulet es importante por cuanto sirve para interpretar la cantidad de agua subterránea emergente mientras que la lectura de Tous es, en cierto modo, irrelevante para la Ribera. «La Confederación sí que dispone de todos los datos pero su falta de transparencia evita que sean públicas esas lecturas sobre el agua que discurre desde Antella, que es desde donde se produce realmente la entrada del Júcar en la Ribera», ha añadido.

Sanz ha explicado que la «anómala situación» detectada la semana pasada en Alzira tendió a normalizarse tras ser denunciado el hecho. «Siempre sucede lo mismo y solo sueltan agua desde arriba si damos la voz de alarma», ha manifestado.

Concentración en Sueca

Representantes de la Mesa pel Xúquer han mantenido esta mañana una reunión preparatoria de las concentraciones para mostrar el desacuerdo con el nuevo Plan Hidrológico del Júcar previstas para los próximos días 17 de mayo, en Sueca, y 30 en el Palmar. Bajo el lema Que no ens furten el Riu. Pel Xúquer i l’Albufera (Que no nos roben el río. Por el Júcar y L’Albufera), la Mesa pel Xúquer llevará a cabo una protesta lúdico-festiva en la que, en el caso de la capital de la Ribera Baixa, participarán las asociaciones de padres y madres de colegios de la comarca, entidades profesionales, partidos políticos, sindicatos agrarios y de clase y asociaciones de todo tipo.

Para la cita del Palmar confían con la participación de cofradías de pescadores y colectivos que trabajan por la recuperación de la Vela Latina en el lago de L’Albufera. La campaña se cerrará con otra concentración, que en este caso será ante la Delegación del Gobierno en Valencia, el 14 de junio.

La Mesa pel Xúquer ha cursado invitación formal a sumarse a las próximas reuniones y actos reivindicativos a Rafael Soler y Pedro-Juan Victoria, alcaldes de la Pobla Llarga y Favara, y presidentes del Partido Popular de la Ribera Alta y Baixa, respectivamente.

Por otra parte, los responsables de la Acequia Real del Júcar (ARJ), que este año cumple su 750 aniversario, celebraron este jueves la tradicional suelta de aguas de la temporada de riego en el azud de Antella. El acto ha coincidido con la inauguración en Antella de la exposición itinerante sobre la historia de la institución que podrá ser contemplada en la Casa del Rey hasta el próximo 4 de mayo, según ha informado esta institución en un comunicado.

A la celebración de este encuentro han asistido José Manuel García de la Cuadra, presidente de la ARJ; Juan Valero de Palma, secretario general de la ARJ; y miembros de las 20 juntas locales de la institución. Asimismo, han asistido alcaldes y concejales de agricultura de diversos municipios por los que transcurre el canal principal entre los que destacan los primeros ediles de Albalat de la Ribera, Alcàsser, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Benifaió, Beniparrell, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Silla y Sollana.

La Acequia Real del Júcar está integrada por más de 25.000 regantes, lo que le convierte en la comunidad de regantes «más importante» de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

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El trigo, con una bajada inferior al dos por ciento, es el único cultivo que no registra recortes de dos dígitos en el último Avance de Superficies y Producciones publicado por el Magrama

Lo advirtieron la Universidad y las organizaciones agrarias, y ahora lo dice con cifras el Ministerio de Agricultura. La falta de lluvias puede provocar un auténtico desplome en la producción de cereal en Albacete, sobre todo en el caso de los cultivos de secano.

El último avance de superficies y producciones del Magrama, que se hizo público a principios de este semana, prevé bajadas espectaculares en la provincia para la cebada (-26%), la avena (-19%) y el centeno (-18,8%) y algo más discretas para el trigo (-1,9%).

Además, es preciso señalar que los datos difundidos por el Ministerio están actualizados a fecha 28 de febrero. Esto es, que no recogen los efectos de la falta de lluvias en el este y sudeste de España durante el pasado mes de marzo y principios de abril, cuando se hicieron las primeras advertencias.

(Más información en la edición impresa

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El balance hídrico del año hidrológico (1 de octubre de 2013-30 de septiembre de 2014) acumula un superávit de precipitaciones del 1,8%, ya que hasta el 22 de abril ha llovido en España una media de 447,4 litros por metro cuadrado, mientras que la precipitación media normal para el mismo periodo asciende a 439,4 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, la AEMET señala que en los últimos doce meses, del 23 de abril de 2013 al 22 de abril de 2014 ha llovido una media de 640 litros por metro cuadrado en España. Sin embargo, la precipitación media nacional para ese mismo periodo es de 648,6 litros por metro cuadrado.

Por zonas geográficas, el mapa de precipitaciones apunta que el mayor déficit se acumula en el tercio este y sureste peninsular, donde ha llovido entre el 25 y el 50% de lo que es habitual para este periodo, al igual que en las islas más orientales de Canarias.

Por su parte, en la franja que va desde la mitad oeste de Cataluña, mitad este de Aragón, centro y oeste de Castilla-La Mancha y norte de Andalucía así como en parte de Ávila y sur de la Comunidad de Madrid, ha llovido en torno a un 25% menos de lo normal.

Mientras, en gran parte de la mitad noroccidental ha llovido un 25% más de lo normal. Este área incluye a gran parte de Extremadura, de Castilla y León, La Rioja, Navarra, oeste de Aragón, Asturias, Cantabria y País Vasco.

El superávit alcanza el 50% en gran parte de Galicia, oeste de Castilla y León, parte de Navarra y Huesca. Por su parte, en Tenerife y La Gomera las precipitaciones duplican, y en algunos puntos incluso triplican, a los valores normales.

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Junta de Andalucía Junta de Andalucía

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha apostado por promover la participación e implicación de usuarios y del conjunto de la sociedad en la gestión pública del agua, un “recurso vital para el desarrollo socioeconómico” de Andalucía. Así, lo ha indicado Serrano durante la clausura del III Congreso de Agricultura y Regadío, celebrado en Sevilla, y cuya apertura ha corrido a cargo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Para la titular de Medio Ambiente, la disponibilidad de agua se ha convertido en “un indicador fundamental, no sólo de los niveles de mejora económica, sino también de la calidad de vida que disfrutamos”. En este sentido, ha subrayado que las actividades relacionadas con este recurso representan ya en nuestra Comunidad autónoma el 17,5% del denominado ‘empleo verde’.

La disponibilidad de agua se ha convertido en un indicador fundamental de los niveles de mejora económica y de la calidad de vida

La consejera ha recordado que este año, está prevista una inversión de 319 millones de euros en materia de agua, destinados principalmente a la construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras. Tras destacar el esfuerzo en I+D que desarrolla el sector para mejorar la calidad del agua y generar empleo y competitividad, la consejera ha recordado que Andalucía cuenta con empresas que son todo un referente en tecnologías de abastecimiento y depuración, desalación, regadío o construcción de otras infraestructuras hidráulicas.

Según Serrano, la Comunidad “está llamada a ser una referencia a nivel nacional en esta materia, como ya lo fue cuando aprobó la Ley de Aguas, uno de los grandes hitos en la gestión de este recurso natural, que nació de un gran consenso y que contó con la participación de todos los agentes implicados”.

Por último, la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha asegurado que su departamento continúa trabajando en la protección de las masas de agua y de sus ecosistemas asociados, y en la recuperación de los costes de los servicios públicos para incentivar el uso racional y permitir su sostenibilidad económica.

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