del Júcar (CHJ) se encuentra al 55,8 por ciento de su capacidad total, ya que actualmente dispone de 1.861,6 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa una disminución de 8,5 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. El año anterior fue de 1.885,6 hm3 y la media de los últimos diez años es de 1.373,3 hm3.

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la CHJ en un comunicado, el sistema del Júcar tiene embalsados 1.426,5 hectómetros cúbicos y se encuentra al 60,7 por ciento. La capacidad total es de 2.349 hm3, el año pasado tenía embalsados 1.357 y la media de los últimos diez años es 813,5 hm3.

En el resto de sistemas, el del Turia tiene embalsados 126,5 hectómetros cúbicos y se encuentra al 42,9 por ciento. Su capacidad total es de 294,5 hm3 y el pasado año fue de 131,1. La media de los últimos diez años es de 191,6 hm3.

Leer más: Los embalses de la CHJ se encuentran al 55,8% de su capacidad total, con 1.861,6 hectómetros cúbicos – EcoDiario.es http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5741721/04/14/los-embalses-de-la-chj-se-encuentran-al-558-de-su-capacidad-total-con-18616-hectometros-cubicos.html#Kku85qX0Mx6GsVJ2

La presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación a nivel nacional, María Dolores Cospedal, ha asegurado que “gracias a todos los ciudadanos, que están a la altura de las circunstancias, a los agricultores y ganaderos, el campo va a ser uno de los grandes sectores productivos de toda la economía española”.

Ha sido en un acto de presentación del programa electoral en materia de Agricultura, en Ciudad Real, donde la presidenta del PP de Castilla-La Mancha se ha dirigido a Miguel Arias Cañete en “el primer acto que celebras como candidato, tras haber sido ministro de Agricultura, con los agricultores y ganaderos que representan a toda España”.

En este sentido, ha valorado que “hay que transmitir a una gran parte del sector productivo español la importancia que para el PP tienen la agricultura y la ganadería, en un momento como el actual, previo a las elecciones al Parlamento Europeo”.

Por otra parte, ha destacado que el Gobierno de España es un Ejecutivo que “ha tomado decisiones difíciles, que ha hecho muchas cosas para salir de la crisis”. Así, se ha referido también al problema del paro, destacando que “está cambiando la tendencia”.

En este contexto, ha recordado los datos de la EPA del primer trimestre de 2014, conocidos en el día de hoy, que revelan que en España hay 345.000 españoles que trabajan y hace un año no podían. Para seguir mejorando, a juicio de la presidenta, solo hay una fórmula: “trabajar y trabajar, mirar con optimismo al futuro”.

El PP, presente y futuro con esperanza; el PSOE, el pasado

Así, ha incidido en que “si queremos hablar de futuro y presente con esperanza, se habla del PP, mientras que si queremos hablar del pasado, hay que referirse al PSOE, que no hizo nada”. Por ello, ha recalcado que “los españoles no quieren volver al principio de la crisis; estamos saliendo. El fin de la crisis se llama PP; el principio y origen era el PSOE. Nos ha costado mucho salir y lo estamos haciendo”.

Cospedal ha afirmado que “cuando se habla de Europa, unos lo hacen con demagogia; pero otros saben cómo ejercer liderazgo, defender el sector del vino, el olivar, los cereales y los caladeros de pesca”. Sin embargo, la presidenta popular, ha achacado a otros que “tocan de oído; aunque algunos ni eso, porque no saben escuchar”. Por ello, Mª Dolores Cospedal ha subrayado que “a los agricultores y ganaderos hay que escucharles: de eso sabe mucho Miguel Arias Cañete, a quien se le conoce por eso, y por saber negociar en Europa”.

Sector agrario en Castilla-La Mancha, más del 7 % del PIB

La presidenta popular ha hecho hincapié en que “en Castilla-La Mancha nuestro sector agrario tiene un peso superior al 7%; mientras que en toda España, es del 2%”, por lo que ha afirmado que “queda mucho por desarrollar y por hacer, como está sucediendo con las exportaciones agroalimentarias, que han crecido más de un 13,4 %”. En este contexto, ha subrayado que “quienes tienen que estar ahí y así lo están haciendo son los agricultores y ganaderos, dando la talla”.

Sin embargo, ha señalado que todos conocemos el borrador de la PAC que había antes de llegar Miguel Arias Cañete al “renacido” Ministerio de Agricultura. En este sentido, ha recordado que lo primero que logró Rajoy con el candidato fue mantener la ficha financiera, junto con una serie de demandas del sector del vino, del aceite, para el mantenimiento de la renta agraria.

Por ello, ha subrayado que, en los últimos años, con Arias Cañete como ministro de Agricultura, ha crecido esta renta casi un 8 % en un momento de crisis. De ahí, ha aseverado que “nosotros creemos de veras en nuestro mundo rural y en el enorme potencial de España como país productor; queremos potenciar el sector y exportar nuestros productos con los precios y categorías que merecen”.

Refiriéndose a Castilla-La Mancha, la presidenta regional ha destacado que la ficha financiera de la región asciende a un total de 6.700 millones de euros, en una región que es “el mayor viñedo del mundo, que exporta con calidad, en la que hemos administrado importantes ayudas para reestructuración y conversión del viñedo y para seguir aumentando en competitividad”.

Hay que mostrar la calidad de Castilla-La Mancha

Asimismo, se ha referido a que Castilla-La Mancha es la segunda región en superficie de olivar de toda España; por lo que “vamos a ser los segundos en exportar, ya que la marca y la calidad de Castilla-La Mancha hay que mostrarla”. En ese ánimo, en el de demostrar lo que valen los productos de Castilla-La Mancha, contáis conmigo, con Miguel Arias Cañete y con Pilar Ayuso, candidata ciudadrealeña”.

En cuanto a las acciones llevadas a cabo en el marco de la agricultura y ganadería, la presidenta de Castilla-La Mancha ha hecho hincapié en que hemos sido los primeros en contar con el Colegio de Enólogos, en impulsar las cooperativas, en mejorar la competitividad, etc.”. De esta forma, ha concluido afirmando que en Castilla-La Mancha hemos aprovechado hasta el último euro; “aquí no se desperdicia nada; y si es para los agricultores, mucho menos”.

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Las comunidades de regantes de toda España volverán a reclamar al Gobierno central y a las compañías eléctricas un IVA reducido al suministro eléctrico para regadíos y unas tarifas más justas. Así lo han puesto de manifiesto en la mesa redonda ‘Energía eléctrica, un nuevo escenario para el regadío’, celebrada este martes como acto previo del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España, que tendrá lugar del 12 al 16 de mayo en la Casa Colón de Huelva.

En este encuentro, moderado por el periodista Javier Chaparro, han participado Manuel Raigada, director de Energía Plus; Marta Ruiz, directora de la Agencia Provincial de la Energía; David Hernández, responsable técnico de Fenacore (Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España); Pedro Méndez, director de relaciones institucionales de Sevillana-Endesa; y el gerente de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Fernando Sánchez.

Durante el debate, David Hernández ha puesto de manifiesto que “en los últimos siete años, desde 2008, y como consecuencia de la liberalización del sector eléctrico, el regadío español ha venido soportando un incremento de la factura eléctrica cercana al 100%. Y en particular, los costes regulados del término de potencia han crecido en más del 1.000 %”. En este sentido, ha explicado que “este aumento ha significado que, de media, el 40 % de los costes del agua sean debidos al coste energético, llegando en algunos casos al 70%, lo que ha dejado al borde de la viabilidad económica a una gran parte de la agricultura de riego”.

El regadío español ha venido soportando un incremento de la factura eléctrica cercana al 100%

Por su parte, el gerente de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Fernando Sánchez, ha indicado que “la subida de la tarifa eléctrica ha coincidido con la inversión realizada en modernización por una buena parte del regadío español. En los últimos quince años, los regantes han dedicado más de 6.000 millones a la renovación de sus instalaciones de riego. Como consecuencia de esa modernización, el regadío ha sido capaz de ahorrar hasta un 20% de recursos hídricos. Sin embargo, las nuevas instalaciones de riego modernizadas han aumentado las necesidades de consumo energético en más de un 50%”.

Así, Sánchez ha alertado de que “la última reforma tarifaria aprobada por el Gobierno en agosto ha agravado el problema de costes eléctricos, abocando a la actividad agrícola de riego a una situación de gran incertidumbre”.

Concretamente, el gerente de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha detallado que “la última subida eléctrica del Gobierno ha significado un aumento medio de más del 20%, lo que supondrá un sobrecoste de unos 37 millones de euros anuales para el regadío andaluz, y las comunidades de regantes más perjudicadas, como la nuestra, tendrán que pagar hasta un 40% más”.

Marta Ruiz, directora de la Agencia Provincial de la Energía, ha mostrado el apoyo de la institución que dirige a la postura de los regantes, y ha señalado que los respaldarán en su petición de instar a la Administración central “al desarrollo de la Normativa para potenciar la producción de energía a partir de fuentes renovables para el autoconsumo”. Asimismo, ha declarado que es necesario instaurar “un mercado eléctrico nacional más estable y adaptado a los distintos sistemas productivos, que no condicionen las inversiones privadas en los diferentes sectores, en especial en las actuaciones de modernización de nuestras Comunidades de Regantes”.

En otro orden de cosas, Manuel Raigada, director de Energía Plus, ha puesto de relieve la importancia de la central de compras de energía que la compañía que dirige ha puesto en marcha junto a Feragua, y gracias a la cual los regantes podrán ahorrar un mínimo del 10% de los costes energéticos. “En esta central, los regantes no se beneficiarán simplemente de un precio indexado, sino que acudirán con la comercializadora al mercado, compartiendo con nosotros los beneficios de la compra y venta de energía”, ha asegurado. Raigada también ha subrayado que “es precisamente en esta intervención directa en el mercado donde los regantes encontrarán los principales ahorros”.

Por último, el director de relaciones institucionales de Sevillana Endesa en Andalucía y Extremadura, Pedro Méndez, ha reconocido su “comprensión ante el problema que afecta a los regantes”, y ha mostrado la disposición del sector eléctrico a “encontrar vías de solución entre todos. El del regadío es un sector especialmente sensible ante las subidas eléctricas y tendremos que buscar alternativas para encontrar una salida satisfactoria para todas las partes”. En este sentido, ha agradecido “la organización de esta mesa redonda y del Congreso de Regantes, que son foros adecuados para tratar estos asuntos y donde podemos poner las bases para un entendimiento”.

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Las explotaciones agrícolas de las comarcas alicantinas del Vinalopó y l’Alacantí podrán regar este verano sus cosechas con agua del trasvase Júcar-Vinalopó. Tal como sucedió el pasado septiembre –cuando se distribuyeron cinco hectómetros sobrantes del llenado en pruebas del embalse de Villena–, volverá a ser agua de la toma en el azud de la Marquesa, en Cullera, sobre cuya calidad existen notorios recelos entre los agricultores, pero hay un compromiso del Gobierno de garantizar la idoneidad (mediante análisis) antes de proceder al envío del caudal.

Para que este riego sea posible, deben cumplirse antes dos condiciones, que según las fuentes consultadas están ya en vías de solución. En primer lugar, debe repararse el embalse de San Diego, en Villena (que almacena el agua trasvasada antes de su reparto). Según dichas fuentes, la licitación del proyecto de ejecución es inminente, una vez terminado el estudio sobre el fallo estructural que provocó las pérdidas. La solución que se ha adoptado finalmente es la de impermeabilizar la balsa.

El fallo se detectó al hacer la prueba de llenado, hace ya dos años. Al parecer, el terreno arcilloso sobre el que se construyó el embalse presentó un comportamiento inesperado, lo que motivó la aparición de fisuras en la estructura, por las que comenzó a perderse el agua. Cuando el embalse estaba ya a la mitad de su capacidad, se decidió repartir el caudal entre las comunidades de regantes.

Para abastecimiento

Aún en el caso de que el embalse no estuviera terminado, los regantes alicantinos podrían recibir agua del Júcar gracias al baipás que ejecutó la sociedad estatal Acuamed, que promovió la obra. No obstante, se precisa una segunda condición: que la Generalitat termine las obras del postrasvase que permitirán regular el reparto del agua. Fuentes de la Conselleria de Agricultura señalaron que dichas obras, muy avanzadas, se terminarán en julio, por lo que en ese momento ya podría regarse con agua del trasvase.

Mientras, un comité técnico nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente tiene un plazo de seis meses para analizar qué solución se da a la segunda toma, para permitir que el interior de Alicante reciba también agua con calidad suficiente para el abastecimiento. Los regantes alicantinos proponen volver a la toma original del trasvase –prevista en el embalse de Cortes de Pallás y anulada por la exministra socialista Cristina Narbona– y compaginarla con la actual, algo a lo que los valencianos se niegan.

El informe de dicho comité debería estar listo antes de que termine el verano, a lo largo del mes de agosto –aunque no se descarta que sea antes–, momento en el que se desbloquearía la recuperación de la segunda toma o la habilitación de una solución alternativa, tal como adelantó ABC el pasado 27 de marzo. Por el momento, este verano podría llegar agua para abastecimiento procedente del pantano de Bellús y a través de la infraestructura del Tajo-Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

100.000 empleos

Las zonas que se beneficiarán de la puesta en marcha del Júcar-Vinalopó este verano generan exportaciones hortofrutícolas por valor de 1.000 millones de euros anuales. La transferencia permitirá así salvar de la sequía uno de los dos sectores, junto al turismo, que está tirando con fuerza de la recuperación en la Comunidad, y que en el caso de Alicante da empleo directo a más de 100.000 personas.

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La nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la vallisoletana Isabel García Tejerina, juró ayer su cargo ante el Rey en una ceremonia en el Palacio de la Zarzuela a la que también asistió el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, entre otras autoridades.

Como manda el protocolo, la sucesora de Miguel Arias Cañete juró su cargo ante un crucifijo, un ejemplar de la Constitución abierto por el título IV, relativo al Gobierno y la Administración, y una Biblia editada en Valencia en 1791 que fue propiedad de Carlos IV.

La popular, que era secretaria general del departamento que ahora dirigirá, se comprometió a liderarlo apenas horas después de la publicación del real decreto sobre su nombramiento en una edición extraordinaria en el Boletín Oficial del Estado.

Además del Rey y de Rajoy, estuvieron presentes en el acto la Reina -los dos acababan de llegar de Roma-; la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ejerció como Notario Mayor del Reino.

Nacida el 9 de octubre de 1968 en Valladolid en una familia muy ligada a la abogacía, García Tejerina es ingeniera agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid y en Economía Agraria por la Universidad de Davis (California).

La nueva ministra fue asesora ejecutiva de los Gabinetes de los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación Loyola de Palacio, Jesús Posada y Miguel Arias. En 2000, fue nombrada secretaria general de Agricultura y, a partir de 2004, pasó al sector privado como directora de Planificación Estratégica de la empresa Fertiberia y consejera de la compañía mercantil argelina de fertilizantes Fertial.

«Tiene un profundo conocimiento del sector», comentó Arias Cañete en una entrevista en televisión tan solo una hora después de que se tuviera conocimiento de este cambio en el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tal y como prometió, se limitó a realizar un ajuste en Agricultura en el primer cambio en su Ejecutivo, frente a las remodelaciones más profundas abordadas por sus antecesores. La coincidencia entre casi todos ellos es que las realizaron pasado el ecuador de legislatura.

El gallego optó por situar de número uno del Ministerio a Isabel García Tejerina, ya que hasta ahora era la número dos de Miguel Arias Cañete y conoce a fondo los asuntos del departamento. Además de ser un cambio casi técnico, no se debe a una crisis de confianza en el Gabinete sino que responde a la designación de Cañete como candidato del PP a las elecciones europeas, lo que le obliga a hacer campaña electoral y le complica mantener al mismo tiempo una agenda oficial como ministro. Conviene recordar que Rajoy llegó al poder tras ganar las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, y este primer cambio entre los miembros de su Gabinete llega pasados los dos años de legislatura.

Este período se sitúa en línea con las decisiones adoptadas por sus antecesores, que también esperaron a superar los dos años al frente del Gobierno para realizar cambios. Así, por ejemplo, el hombre que más tiempo vivió en La Moncloa, Felipe González (1982-1996), ganó las elecciones 28 de octubre de 1982 y realizó su primera remodelación el 5 de julio de 1985 tras dimitir Miguel Boyer como ministro de Economía y Hacienda por sus discrepancias con el vicepresidente entonces, Alfonso Guerra. Posteriormente, los exmandatarios José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero siguieron su ejemplo.

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Las elecciones europeas son unos comicios que nunca acaban de calar en la población, en gran parte porque la UE sigue siendo un ente demasiado lejano que sólo suele sonar cuando es para algo negativo (ajustes, recortes, primas de riegos, minijobs, rescates,….) y muy poco cuando llegan sus beneficios, como sucede con la PAC, en gran medida porque las administraciones nacional y autonómicas no suele tardan demasiado en atribuirse los pagos que llegan de Europa como propios y porque, como todo lo que llega a los bolsillos, suele ser poco para lo que uno quisiera. Sin embargo, el 25 de mayo, el campo se juega mucho en estas elecciones. La gestión de residuos, el uso de energías renovables y la propia PAC son tres elementos claves que no se pueden obviar ante de ir a las urnas, Tanto que alguna organización agraria ya ha hecho públicas sus propias propuestas para que las recojan los partidos en sus programas.

Buena prueba de lo que hay en juego y de los diferentes puntos de vista que hay al respecto según cada formación política es le debate que s ehacelebrado sobre estas elecciones con el campo como eje central. En el mimso, candidatos del PP, IU, PSOE y EQUO sólo lograron un consenso ante la posible implantación de una fiscalidad ambiental en la Unión Europea y la necesidad de reforzar el control y agilizar la legislación para los espacios integrados en la Red Natura 2000. Sin embargo, en la gestión de residuos, el uso de energías renovables y la PAC dejaron patente sus diferencias.

Demasiados puntos de vista sobre una misma PAC

Sobre el punto más polémico, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), Pilar Ayuso (PP) ha defendido que hay que «huir de un panorama catastrófico» y reconocer que la PAC permite tener recursos alimenticios y proporciona unas compensaciones a los agricultores «sin las cuales no podrían competir con terceros países».

Sin embargo, Juan Fernando López Aguilar (PSOE) ha recordado a la candidata popular que la PAC «tiene cada vez más adversarios y enemigos en Europa» y ha calificado de «dramática» la reforma acometida en esta legislatura.

Para el candidato socialista, que ha negado cualquier tipo de consenso en esta materia con el PP, la reforma es «objeto de divisiones entre los países con un sector primario potente y los del norte», por lo que ha reclamado una reflexión de largo recorrido en la que se tenga en cuenta cada vez más el factor medioambiental.

Florent Marcellesi (EQUO) ha rechazado la reforma, ha defendido un modelo social y de reparto de riqueza y ha reclamado mayor coherencia entre directivas, mientras que Paloma López (IU) ha hecho una defensa de la agricultura local y ha propuesto la revisión anual de la PAC.

Residuos, renovables y nuevos mercados para marcar distancias

Sobre las renovables, Marcellesi ha defendido su impulso porque pueden crear 300.000 puestos de trabajo hasta 2020, mientras que López Aguilar ha denunciado la «patológica dependencia energética de la UE» y Paloma López ha abogado por la concesión de subsidios «sólo a las energías eficientes y renovables».

La gestión de los residuos ha llevado a los candidatos de IU, EQUO y PSOE a mostrar su radical oposición a la incineración, pero la «popular» Pilar Ayuso les ha respondido que no podemos «volver a la prehistoria» y que «la incineración es inevitable».

Todos los candidatos han mostrado sus reservas al tratado de comercio transatlántico con Estados Unidos, sobre todo IU y EQUO, que lo han rechazado porque «atenta contra la soberanía alimentaria» y «otorga más poder a las multinacionales».

Responsables de las principales organizaciones ecologistas han sido los encargados de plantear a los candidatos las cuestiones a debatir y han apuntado a la PAC como la principal causa de pérdida de biodiversidad en la UE.

Lo que se debe defender…. según ASAJA

Quizás por estas defirencias, ASAJA-Almería está recogiendo a través de diferentes reuniones sectoriales que está llevando a cabo en las últimas semanas con sus asociados las cuestiones que deben ser abordadas en materia agraria en la próxima campaña para las elecciones europeas con el objetivo de trasladarlas a las diferentes agrupaciones políticas de la provincia.

Conscientes de lo que se juega en Europa, ASAJA considera necesario dar a conocer los temas que pueden y deben ser abordados desde las instituciones europeas para conseguir mejorar la situación del sector agrario. Para ello se ha elaborado un documento que se va a remitir a todas las agrupaciones políticas de la provincia sin excepción, “no vamos a tener en cuenta que algunas de ellas, como es el caso de la agrupación provincial socialista, decida convocar a las organizaciones profesionales agrarias excepto a ASAJA para abordar estas cuestiones. Entendemos que todos nuestros representantes políticos deben tener nuestro posicionamiento en materia agraria europea, ya el que lo lleguen a leer o no es cosa suya”, señala Francisco Vargas, Presidente provincial de ASAJA.

El sector agrario europeo tiene una función básica y esencial: la producción de alimentos sanos y en cantidad suficiente para abastecer a una población cada vez mayor, por lo tanto contar con un sector agropecuario fuerte es vital y para ello, Europa y sus representantes deben legislar y establecer medidas que garanticen su mantenimiento. Cuestiones como el poner freno al abandono de tierras en sectores más deprimidos y la necesidad de garantizar el relevo generacional deben estar entre las prioridades del nuevo mandato 2014-2020.

Gestionar los precios, las crisis, la competencia de terceros países….

En opinión de ASAJA hay que adoptar una actitud mucho más ambiciosa en cuestiones como la mejora del funcionamiento de la cadena. Algunos grupos de distribución europeos ejercen una enorme presión sobre los precios pagados a los productores, obligando con demasiada frecuencia a vender a pérdidas. Las tímidas propuestas de la Comisión Europea hasta el momento en este tema han quedado en una mera declaración de intenciones; sin embargo es necesario modificar la legislación europea sobre competencia para permitir a los productores obtener unos precios dignos, que cubran los costes de producción.

También es importante continuar y avanzar en las medidas destinadas a la gestión del mercado y las crisis agroalimentarias, ASAJA demanda que la Organización Común de Mercados incluya nuevas medidas de gestión de crisis más ágiles y eficaces, favoreciendo además que todas estas medidas puedan ser aplicables también a los agricultores y ganaderos que no pertenecen a una Organización de Productores y que den cobertura a todos los productos y sectores.

Otro de los grandes caballos de batalla de nuestra agricultura es conseguir que desde Europa se defiendan los intereses de los agricultores y ganaderos a la hora de negociar acuerdos comerciales con Países Terceros, no sólo es necesario llevar a cabo medidas de compensación a los sectores afectados por estos acuerdos para conseguir el mantenimiento de la competitividad de los productores, sino que además es muy importante que exista verdadera voluntad política al reclamar las mismas condiciones sociales, laborales, medioambientales y fitosanitarias para los productos que se producen fuera de nuestras fronteras. Además en opinión de ASAJA es necesario mejorar los mecanismos de control existentes, entre ellos el régimen de precios de entrada, garantizando su aplicación y cumplimiento por parte de Países Terceros.

Es importante recordar que la base fundamental que dio origen a la UE es la Política Agraria Común, en este sentido los agricultores no sólo producen alimentos de gran calidad y con seguridad alimentaria, sino que también contribuyen a proteger el medio ambiente, a mejorar el bienestar animal y a mantener la viabilidad de las comunidades rurales. Por este motivo es tan importante que se tengan en cuenta estas peticiones de ASAJA, organización agraria líder en España, que representa a agricultores y ganaderos profesionales que viven y quieren seguir viviendo del campo.

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Europa Press

El Parlament de Cataluña ha rechazado este viernes el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE) que el pasado 28 de febrero aprobó el Consejo de Ministros, con el voto de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, mientras que PP y C’s lo han apoyado.

La moción considera que este plan es perjudicial desde un punto de vista medioambiental, pone en peligro el Delta del Ebro al no garantizarse el caudal mínimo del río y los sedimentos necesarios para evitar su salinización, y además vulnera las normativas comunitarias.

La moción la ha promovido ICV-EUiA y según su diputada Hortènsia Grau, es necesario que en Cataluña haya «un acuerdo de país para preservar» el caudal mínimo del río Ebro para garantizar la supervivencia del delta.

«La reducción del caudal incrementará las problemáticas y contradice con la misión de las administraciones públicas de mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales», ha opinado el diputado de ERC Lluís Salvadó.

Según el diputado de la CUP Quim Arrufat, el PHCE pone de manifiesto que el Estado sigue actuando a nivel hídrico «con políticas franquistas», mientras que la parlamentaria de CiU Meritxell Roigé ha vuelto a reivindicar la interconexión de la red de aguas catalana con el río Ródano (Francia), ya que en la actualidad no está garantizado el suministro en el caso de una fuerte sequía.

El socialista Jordi Terrades ha pedido a la Generalitat que «participe activamente» en la revisión del PHCE, que deberá aprobarse en el año 2015, y que allí se definan los caudales mínimos que a juicio de los expertos, debe tener el río para garantizar la calidad del agua y la protección efectiva del delta.

Matías Alonso (C’s) ha instado a los partidos políticos «a no utilizar el agua como una arma política, por ser un bien primordial» y Rafael Luna (PP) ha asegurado que su partido está dispuesto a debatir sobre caudales.

El diputado popular ha añadido que lo que ha hecho el Gobierno central ha sido continuar con el trabajo que se inició en la etapa del PSOE: «No hemos tocado nada», por lo que ha lamentado la actitud de los socialistas.

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UPA-Andalucía y AREDA exigirán al Gobierno una reforma legislativa que anteponga los intereses de los regantes frente al oligopolio de las eléctricas. Esa ha sido la principal conclusión del 3er Congreso Andaluz de Agricultura y Regadío, organizado por AREDA y UPA y que ha reunido a 600 regantes de toda Andalucía en Sevilla. La inauguración corrió a cargo de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien agradeció la invitación efectuada por ambas Organizaciones para inaugurar el Congreso, una “oportunidad para ratificar el compromiso que tenéis de la Junta de Andalucía”. Susana Díaz expuso en su intervención: “El agua es un recurso de todos y para que esté al servicio de todos y constituya ese motor de desarrollo y progreso es fundamental que se gestione de manera eficiente y eficaz. No vamos a cuestionar por parte del Gobierno andaluz la sentencia y la titularidad del Río Guadalquivir, pero sí vamos a reivindicar que se cumpla la voluntad del Parlamento de Andalucía en su conjunto que esa gestión del Guadalquivir se ejerza desde Andalucía para que esa gestión sea eficaz y eficiente. Por eso pediré sensibilidad al Gobierno de España”.

La Presidenta de la Junta reiteró que la agricultura “y especialmente el regadío forma parte de ese motor de desarrollo y económico de Andalucía. Y en él estáis buena parte de los hombres y mujeres que habéis reformado el campo andaluz. Por eso este foro impulsado por AREDA y UPA es un escenario idóneo para debatir, analizar y buscar soluciones al futuro de nuestra actividad agraria, que seguirá siendo durante mucho tiempo parte de esa riqueza y de esa estrategia andaluza. El agua es fuente de vida para nuestra agricultura y agricultura, agua y medio ambiente deben complementarse para gestionar este bien sin degradarlo, pensando en el futuro de la sociedad”.

El Presidente de AREDA, Marcelo Morales, confirmó que el agua es hoy, y lo será aún más en el futuro, un recurso escaso e imprescindible para el desarrollo social, económico y medioambiental, “por lo que cualquier política de aguas siempre tiene que anteponer los intereses generales del conjunto de la sociedad. Por eso, necesitamos seguir impulsando reformas que garanticen una distribución más equilibrada en el territorio y más justa de un recurso público necesario para alcanzar un futuro de desarrollo y progreso de nuestros pueblos”. Además de destacar el esfuerzo realizado por los regantes, con inversiones millonarias en la modernización de nuestras infraestructuras, que permiten, cada vez más, un mayor ahorro de agua, Marcelo Morales reivindicó “seguir avanzando en la modernización de los regadíos hasta alcanzar el 100% de los objetivos, de manera que el ahorro de agua conseguido contribuya a aumentar la garantía de recursos disponibles y cubrir las demandas existentes. Además, hay que actualizar las concesiones de agua con dotaciones altas, así como revisar las concesiones de aquellas comunidades de regantes que han contado con ayudas públicas en sus proyectos de modernización”.

“Los regantes andaluces necesitamos que, definitivamente, se culminen aquellos procesos de ordenación, regularización y consolidación de regadíos abiertos en distintas zonas regables de nuestra comunidad, como los acuíferos de La Loma de Úbeda y Bailén, en la provincia de Jaén; los riegos del río Guadajoz, en Córdoba; los cultivos de aceituna de mesa de la zona de Pilas-Villamanrique de la Condesa-Alcarrazas; y la zona arrocera en Sevilla; la Laguna Fuente de la Piedra, las zonas regables del Guadalhorce y la Axarquía, en Málaga; los cultivos hortícolas de Almería, Granada y Cádiz, o el cultivo de la fresa en Huelva”, planteó Marcelo Morales. Pero, sin duda, el Presidente de AREDA destacó la subida “abusiva e ininterrumpida de las tarifas eléctricas en los últimos años” como el “mayor problema al que nos enfrentamos hoy los regantes“. Por eso, reclamó un régimen tarifario “que incentive el ahorro y que facture por el agua realmente consumida y no por hectárea, y que el canon de riego se convierta en el principal instrumento para el ahorro pagando menos quien más ahorre”.

El Secretario General de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, planteó la recuperación de las competencias sobre la gestión del Guadalquivir, recordando que el Parlamento Andaluz, por unanimidad, se pronunció sobre esta cuestión tras el fallo del Constitucional, por lo que “entendemos que hay consenso en Andalucía“. Igualmente, reclamó una mayor apertura de los órganos de gestión de las cuencas a la participación de los agricultores y de los regantes. Al igual que el Presidente de AREDA, Agustín Rodríguez insistió en que “hay que culminar los procesos abiertos de ordenación y consolidación de regadíos, garantizando de esta manera la seguridad jurídica de los regantes“.

En cuanto al régimen tarifario, el Secretario General de UPA-Andalucía afirmó que “se tiene que convertir en un verdadero instrumento que incentive el ahorro, por lo que UPA y AREDA coincidimos en que pague menos quien más ahorre“. Por último, Agustín Rodríguez planteó “una reforma legislativa que garantice el pagar solo por lo consumido, anteponiendo así los intereses generales de los ciudadanos y, particularmente en este caso del regadío, al oligopolio de las eléctricas. El Gobierno tiene, sin duda, que hacer frente a esta realidad que ha puesto en riesgo la propia viabilidad de los regadíos como sistema productivo”.

Por su parte, el Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Regantes de España, Matías Gómez, propuso que se tenga en cuenta, en el nuevo Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, “unas medidas específicas de modernización de regadíos para la investigación, el desarrollo y la inversión en cuestiones de ahorro de distribución y eficiencia energética con la autorización de energías renovables“. También exigió “las concesiones administrativas a las comunidades que siguen en precario por la relajación de las administraciones”, así como que se haga un Plan Hidrológico “eficaz y efectivo para la agricultura y el regadío de toda España, consensuado por todas las fuerzas políticas, agrarias y de regantes”.

El Congreso giró en torno a dos ponencias que analizaron la situación actual y el futuro del regadío. La primera de ellas, bajo el título “Por un regadío sostenible: costes energéticos“, contó con las intervenciones de Manuel Albalá, Vocal de AREDA; Marcos Gutiérrez, Director del Departamento de Gestión Energética de GEyPE Ingeniería; y Javier Alejandre, responsable del Gabinete Técnico de UPA. En la segunda ponencia, titulada “Por una planificación hidrológica eficiente del regadío“, intervinieron Pilar Prieto, de AREDA; Juan María Serrato, Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Javier de la Cruz Ríos, Coordinador de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesa y Desarrollo Rural; Sébastien Guéry, Director General de Optiriego; y Francisco Javier Fernández, de AREDA. La clausura corrió a cargo de Marcelo Morales; Presidente de AREDA; Lorenzo Ramos, Secretario General de UPA; y María Jesús Serrano, Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

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Unos 70 agricultores se han concentrado este jueves en la Plaza de España de Valdepeñas para exigir a la Administración que solucione los 2.500 expedientes de regularización de pozos de agricultores profesionales y acabar así con esta situación que arrastran desde hace 20 años.

La concentración se enmarca en los actos de protesta que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) está realizando desde el mes de febrero en distintos municipios del Alto Guadiana, bajo el lema «Agua de donde sobra a donde falta. ¿La nuestra dónde está?», ha explicado el secretario regional de la organización, Julián Morcillo.

El dirigente agrario ha calificado de «justa» la reivindicación, después de haber «luchado» por conseguir un Plan Especial para el Alto Guadiana que legalizara los sondeos que se hicieron a mediados de la década de los 90 por la sequía y que contemplaba la cesión de hasta 40 hectómetros cúbicos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Aunque se resolvieron cerca de 3.750 expedientes de pozos de explotaciones de cultivos leñosos, aún quedan pendientes de resolver 2.500 expedientes de agricultores profesionales que esperan desde 2008 la legalización de sus sondeos, entre ellos 140 de Valdepeñas, ha subrayado Morcillo.

El secretario regional de UPA ha lamentado que, pese a las promesas del Ejecutivo regional de resolver este problema, «estamos viendo como con agua de esta tierra se está solucionando el problema de regantes de otras cuencas hidrográficas», en alusión a Valencia, que «se va a asegurar hasta 530 hectómetros cúbicos del agua del Júcar, o Murcia, con 630 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura».

Plan Hidrológico Nacional

En estas comunidades se van a legalizar 70.000 hectáreas de regadío, mientras que en Castilla-La Mancha no se complementan los 27 hectómetros cúbicos necesarios para los agricultores de la región, ha manifestado Morcillo, que considera que el Plan Hidrológico Nacional es una de las últimas posibilidades para solucionar este problema, del que ha dicho «requiere una decisión política que hay que adoptar ahora».

Morcillo ha dejado claro que no van a aceptar la propuesta de la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, para quien el problema a los expedientes podría solucionarse mediante la compraventa de derechos de agua entre particulares, ya que «los viticultores de esta tierra no pueden comprarlos y, además, van a tener que competir con agricultores y regantes que van a tener el agua gratis».

El agua y el viñedo van asociados, y en municipios agrarios como son la mayoría de los de La Mancha, «agua es sinónimo de riqueza», ha subrayado Morcillo, que también se ha referido a las más de 1.150 sanciones que los agricultores recibieron de la Confederación durante 2013 y cuyas cuantías se han incrementado al pasar las leves de un máximo de 6.000 a 10.000 euros y las menos graves de 30.000 a 50.000 euros.

A la concentración se ha sumado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, a quien el responsable regional de UPA ha entregado un texto en el que se exige la regularización de los pozos para que, a modo de moción, se presente y apruebe en el pleno.

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carlos alós | alzira La Acequia Real del Júcar, la principal comunidad de regantes de la Ribera con 35.000 usuarios en una quincena de municipios, está dispuesta a aceptar el envío de agua del Júcar a las comarcas de Alicante a cambio de no construir una segunda toma en el trasvase Júcar-Vinalopó.

El presidente de esa entidad, que ayer celebró en Antella la tradicional suelta de aguas que abre la temporada de riego, admitió la disposición de los usuarios históricos de aceptar el envío de agua para abastecimiento humano a Alicante con tal de que no se construya la toma en Cortes de Pallás, como reclama el Vinalopó y defiende la Generalitat.

Precisamente el pasado jueves, el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, aseguró que hay alternativas «que pueden ser viables» a la toma de Cortes de Pallás tras la convocatoria de movilizaciones en la Ribera. Esa alternativa viable a la que se refería Císcar es, precisamente, el envío de caudales desde el pantano de Alarcón hasta Alicante por la infraestructura del trasvase Tajo-Segura y los denominados canales del Taibilla que abastecen a más de dos millones de personas en Alicante y Murcia.

El propio de la Cuadra hizo oficial ayer esta alternativa. «Nosotros no tenemos ningún inconveniente», respondió. Eso sí, siempre que sea exclusivamente para abastecimiento humano, con las concesiones debidamente reguladas y con el pago correspondiente a los titulares de los derechos sobre esos caudales. Con esos condicionantes, los regantes de la Ribera están dispuestos a alcanzar un acuerdo.

Como ya reveló Levante-EMV la pasada semana, el Gobierno y la Generalitat han sentado a los regantes de la Ribera y del Vinalopó a la misma mesa para sellar definitivamente un acuerdo en el Júcar que permita la llegada a Alicante de agua desde Cullera para el riego y desde otro punto, que podría ser el embalse de Alarcón, para abastecimiento humano.

«La Ribera merece una concesión»

Respecto al abastecimiento urbano, en este caso de la Ribera, el dirigente agrario aseguró que es una medida para dos años, «una concesión coyuntural», dijo. «Nosotros hemos entrado para ayudar porque están Alzira, Algemesí y Albalat, pero entendemos que la Ribera debe tener una concesión», añadió.

El presidente de la Acequia Real también se refirió a su abstención en las dos reuniones del Consejo del Agua, tanto en Valencia como en Madrid. «Nos abstuvimos porque teníamos que estar agradecidos entre comillas porque nos estaban dando unas obras que nos tendrían que haber terminado en el año 2009», dijo. Y respecto a la posición de la Generalitat, De la Cuadra aseguró que el Gobierno de Fabra ha hecho «lo que ha podido para terminarnos unas obras que antes no acababan porque no podían pagarlas».

El responsable de la Acequia Real también se refirió a las reuniones «secretas» con el Vinalopó auspiciadas por el Gobierno de las que informó este diario la semana pasada. «Fue la Acequia Real porque nos prometían muchas cosas, pero cuando dijeron que no se iba a utilizar el azud de la Marquesa dijimos que ni hablar, que se habían acabado las conversaciones y que lo tenían que hacer era modernizarnos y que entonces del agua que sobrara, el Gobierno que hiciera uso de ella», reveló el presidente.

García de la Cuadra también destacó que «hay unidad» en USUJ pese a que algunas de sus comunidades de regantes, como es el caso de Sueca, Cullera, Carcaixent o Cuatro Pueblos, se mostraron partidarios de votar en contra del plan del JÚCAR.

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