El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha señalado que hará un análisis de las demarcaciones hidrográficas antes de convocar a las comunidades autónomas para un Pacto Nacional, que quiere que sea «fruto del consenso» y «sin sectarismos».

    En respuesta a la interpelación del senador del PSC Joan Sabaté Borràs, sobre los criterios en los que el Gobierno va a sustentar el nuevo Plan Hidrológico Nacional y si entre estos está la previsión de trasvases de recursos entre cuencas hidrográficas, Arias Cañete ha señalado que la intención de su departamento es «hacer un trabajo serio, empezando con un análisis de las demarcaciones hidrográficas» y, a partir de ahí, «se convocará las autonomías para un gran Pacto del Agua» en el que «se utilizarán las mejores tecnologías posibles».

   El ministro ha señalado que la política hidráulica «tiene que ser una cuestión de Estado» en la que el Pacto Nacional del Agua dé lugar a un Plan Hidrológico Nacional con nuevas infraestructuras hidráulicas para las que se aprovecharán las nuevas tecnologías. «Se va a evaluar cuál es la mejor medida para cada caso y tendrán en cuenta también las condiciones medioambientales», ha apuntado.

   Del mismo modo, ha indicado que e Ministerio «no reniega de la desalación» ya que «una vez construidas las plantas desaladoras habrá que utilizarlas» aunque sea para abastecimiento de la población y no agrícola. En este sentido, ha apoyado la depuración combinada con la reutilización.

   En este sentido, el senador Sabaté ha preguntado al ministro sobre sus «criticas al sistema de obtención de aguas mediante la desalación» y su «precio excesivo». Al respecto, Arias Cañete ha criticado la política llevada a cabo por el Gobierno socialista que, según ha apuntado, prometió 51 desaladoras sobre plano y «en ocho años ha dejado 17 construidas, 15 en construcción y sin dinero para construir las que faltan».

El ministro de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Miguel Árias Cañete, no descartó ayer los trasvases entre cuencas, aunque los supeditó a los estudios científicos y a su rentabilidad y eficiencia. Es decir, dentro de su plan de estudio y consenso de los planes de cuenca y la búsqueda de un gran pacto nacional, Cañete aseguró ayer en el Senado que se analizarán primeramente los análisis de los caudales ecológicos de cada ciencia.

Así lo aseguró el ministro en el Pleno del Senado ante una interpelación del senador de Entesa Catalana de Progres, Joan Sabaté, sobre cuál será la política en materia de agua del nuevo Gobierno y sobre los planes de demarcación de cada cuenca. Cañete eludió pronunciarse claramente a favor de los trasvases, aunque no los descartó, ya que, según dijo, «no hay que satanizarlos». Asimismo, recordó que en la anterior legislatura ya se hicieron varios, por parte del PSOE.

De hecho, Cañete dio la vuelta a la interpelación para criticar duramente la desalación, y también la herencia recibida. A su juicio, una «nefasta» planificación hidrológica del PSOE. También condenó que no se hayan hecho los planes de cuenca, lo que han provocado sanciones de la Unión Europea. Según apuntó, de los nueve planes intracomunitarios que debía haber hecho el Gobierno anterior, indicó que no estaba presentado ninguno. Tal y como apuntó este diario, el del Ebro fue presentado a final de verano pasado y aparcado por la anterior ministra, la socialista Rosa Aguilar.

Por este motivo, indicó que lo primero que ha realizado es cesar a todos los presidentes de las confederaciones y, ante la «ineptitud», poner a dirigentes «preparados y que hagan en «año y medio lo que los socialistas han sido incapaces de hacer en ocho».

Solo entonces, con todos los planes de cuenca presentados y aprobados, Cañete abordará ese gran plan de consenso para hacer un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Esto fue interpretado por miembros de la oposición como una forma de ganar tiempo y esperar a ver si la disponibilidad presupuestaria permite construir nuevos trasvases.

En este sentido, según apuntó, en ese plan hidrológico «se contemplarán todas las posibilidades, infraestructuras y tecnologías, y se elegirán las más adecuada en cada caso tras un análisis serio y riguroso de las demarcaciones hidrográficas».

El ministro de Agricultura, Alimentación¹ y Medio Ambiente², Miguel Arias Cañete³, ha calificado este martes de “nefasta” la herencia recibida en política de aguas y ha explicado que el panorama “es, cuando menos, preocupante”. “La situación nos ha obligado a hacer una profunda reflexión y replantearnos las políticas desarrolladas por el anterior gobierno, para empezar a diseñar medidas adecuadas y eficientes”, ha añadido.

En una interpelación urgente de Joan Sabaté, de la Entesa pel Progrés de Catalunya, Arias Cañete ha manifestado que “particularmente preocupante es el sistema de las desaladoras, que estaba llamado a sustentar el abastecimiento para consumo humano y riego agrícola a lo largo de la costa mediterránea”.

El ministro ha recordado cómo el plan de desaladoras suponía la construcción de 51 instalaciones. “En este momento 17 están en explotación y 15 en construcción. Se han invertido 1.664 millones de euros y, en estos momentos, precisamos de otros 762 millones de euros más, si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operativas. La inversión total sería de 2.426 millones”, ha desgranado, para añadir que las 17 desaladoras operativas producen 111 hectómetros cúbicos de agua desalada, es decir, un 16,45 por ciento del total de los 678 hectómetros cúbicos que tenían que estar produciendo en la actualidad.

En cuanto a uno de los usos básicos del agua desalada previsto en el plan, el regadío, Arias Cañete ha explicado que el coste de producción por metro cúbico es “muy superior a lo que pueden soportar los costos del sector agrario”; -1,1 euros/metro cúbico-, frente a los 0,30 euros/metro cúbico como máxi

Expedientes sancionadores

En cuanto al incumplimiento de la Directiva 91/271 sobre depuración de aguas residuales, la herencia no es mejor. Arias Cañete ha recordado que las actuaciones del anterior Gobierno en esta materia están recogidas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. “Su ejecución está tan retrasada que ha dado lugar a dos procedimientos sancionadores: uno por depuración de aguas residuales en zonas clasificadas por la Directiva como normales, y, otro, en zonas clasificadas como sensibles”, ha explicado el ministro.

Arias Cañete ha desgranado como en el primero de estos expedientes se nos exige la depuración de 23 grandes núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes y de los cuales 11 ni siquiera han comenzado a construirse. En cuanto al segundo, el ministro ha informado que piden que España construya 39 instalaciones depuradoras para minimizar los daños de efluentes urbanos en áreas con una calidad ambiental que requieren de su clasificación como zonas sensibles.

Por último en materia de depuración, Arias Cañete ha avanzado que España se encuentra a las puertas de otro expediente sancionador después de que la Comisión haya enviado a España requerimientos de información por la deficiente recogida de aguas residuales o mala depuración en 912 aglomeraciones urbanas de entre 2.000 y 15.000 habitantes.

Problemas financieros de las sociedades de aguas

En cuanto a los entes dependientes del Ministerio de Agricultura⁴, Alimentación y Medio Ambiente⁵ encargados de la gestión del agua en España, en particular las sociedades de agua, Arias Cañete ha vuelto a calificar la situación de “preocupante”.

Estas sociedades de aguas se crearon para la ejecución de obras hidráulicas de forma rápida y eficaz mediante encomienda de gestión y financiación con recursos propios, aportaciones de capital del Ministerio, fondos de la Unión Europea⁶, reversiones de los usuarios en forma de cánones y a través de las tarifas por el uso de las infraestructuras.

“El problema -ha explicado Arias Cañete- es que dos de las fuentes de financiación no están disponibles hasta que se acaban las obras y, en alguna sociedad, se han realizado inversiones por encima de los recursos propios; más de 4.000 millones de euros, contando con 1.652 millones de euros y sin disponer de los ingresos de otras fuentes de financiación”. “Todo esto supone dejar a las sociedades en una situación que el derecho mercantil tipifica con toda nitidez. En este momento, se necesitan, a corto plazo, 800 millones de euros de financiación para poner en explotación algunas inversiones”, ha añadido.

Planificación hidrológica

Para el ministro Arias Cañete, otro aspecto preocupante ha sido el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas que se debería haber terminado en diciembre de 2009, según la Directiva Marco del Agua.

El ministro ha explicado que para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y 9 intercomunitarias, en las que la responsabilidad planificadora es del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, sólo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña.

“Los demás planes todavía no están aprobados. Por ese motivo, la Comisión Europea⁷ ha presentado una demanda contra España en el Tribunal de Luxemburgo⁸ por incumplimiento en dos puntos relevantes: el plazo de aprobación y la realización de un proceso de participación pública”, ha explicado.

En este momento, Arias Cañete ha recordado como España es el país más atrasado de Europa en la aplicación de la Directiva Marco del Agua. “Si hubiera una sentencia condenatoria, tendríamos sanciones económicas. La no aprobación de tales planes puede llegar incluso a comprometer inversiones realizadas con los Fondos Europeos⁹ o con fondos del Banco Europeo de Inversiones¹⁰ en materia de agua”, ha dicho.

“El anterior Gobierno no fue capaz de poner de acuerdo a todos estos actores y desbloquear la situación que actualmente vive la planificación hidrológica, tanto en España en general, como en las demarcaciones del Tajo, Júcar y Segura en particular”, ha añadido.

“Nuestro objetivo es tener revisados y terminados todos los planes de demarcación hidrográfica intercomunitarios en el mínimo plazo posible. Queremos tenerlos, si puede ser, antes de que termine el año 2013. Nuestra intención es apoyar a las comunidades autónomas en la redacción y aprobación de sus planes”, ha aclarado Arias Cañete.

El ministro ha avanzado que el proceso de planificación se desarrollará en el marco del Pacto Nacional del Agua que se ha planteado, “con el objetivo de asegurar el suministro de agua en suficiente cantidad y calidad, con el apoyo solidario de todas las comunidades autónomas”.

“Este pacto será de larga duración, tendrá carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional. Resultado del mismo será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional¹¹ que contemplará los acuerdos del pacto y materializará sus objetivos, recogiendo el trabajo desarrollado durante la aprobación de los planes de cada una de las 25 demarcaciones existentes en España”, ha manifestado.

Depuración y reutilización

Arias Cañete ha señalado como otro de los grandes retos del Ministerio el impulso de “la reutilización del agua depurada” en España hasta alcanzar el volumen de 650 hectómetros cúbicos/año de agua reutilizada, pero sin olvidar el empleo de trasvases.

En este sentido, Arias Cañete recuerda que los trasvases ya se emplean en la actualidad para garantizar el abastecimiento y dar de beber a miles de personas en España, “por lo que no puede suponer motivo de alarma para nadie”.

Así las cosas, el ministro ha recordado como ejemplos significativos de trasvases en España el Acueducto Tajo-Segura, garantía del agua que se bebe en Albacete, Murcia, Alicante o Almería; el trasvase Negratín-Almanzora, y todos los del Ebro de los que se benefician cántabros y vascos (Ebro-Besaya, Alto de Tornos, desde el Cerneja, Cerneja -Ordunte, Zadorra -Arratia, Alzania – Oria).

También ha mencionado el trasvase Júcar-Vinalopó, construido por el Gobierno anterior, pero que todavía no ha entrado en funcionamiento, y los que se realizan desde la cuenca del Guadiana a las Cuencas Atlánticas Andaluzas para garantía de Huelva y Sevilla. Cataluña cuenta con los trasvases de Siurana-Riudecanyes para el abastecimiento de Reus, donde se trasvasan anualmente hasta 5 hectómetros cúbicos al año, y el trasvase del Ebro al Campo de Tarragona, donde se transfirieren hasta 70 hectómetros cúbicos al año, estando autorizados hasta 120.

“La realización de trasvases entre cuencas en España -ha concluido el ministro- es una práctica común y una solución satisfactoria para garantizar el agua que beben los españoles. Se regula con una norma de ámbito estatal: El Plan Hidrológico Nacional, acordado entre todos y que establece todo tipo de garantías, especialmente ambientales, y en todas las cuencas afectadas”.

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Javier Cuenca, mostró el respaldo del Gobierno que preside María Dolores Cospedal con la Agricultura «una actividad que genera mucha riqueza en nuestra provincia y da trabajo a muchas familias». Cuenca se pronunció así en el transcurso de la visita que realizó a La Herrera, donde fue recibido por su alcalde, Pablo Escobar, y por parte de la Corporación. También mantuvo un encuentro con representantes de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) ‘San Isidro’.

El delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, Jesús Labrador, defendió ayer un «gran pacto nacional» sobre el agua que, con independencia de la situación actual de sequía, sea «capaz de combinar las necesidades de todos los ciudadanos del Estado».

Con motivo del Día Meteorológico Mundial, que se celebra cada 23 de marzo, Labrador presidió la apertura de una jornada que incluye la entrega de diplomas a dos colaboradores del servicio meteorológico en la provincia de Toledo.

Durante su intervención, el delegado del Gobierno en la región dijo que el lema mundial elegido este año -«El tiempo, el clima y el agua, motores de nuestro futuro»- define la «importante» labor de que desempeñan los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos «de cara a un futuro sostenible para nosotros y para generaciones venideras».

En este sentido, se refirió al valor de los recursos hídricos en España y, en particular, en Castilla-La Mancha y defendió la «necesidad» de alcanzar un «gran pacto nacional» que, con independencia de la situación de sequía que se está iniciando, «sea capaz de combinar las necesidades de todos los ciudadanos del Estado».

Jesús Labrador ha citado el objetivo nacional de conseguir que los embalses españoles se mantengan en torno al 60 por ciento de su capacidad.

También ha recalcado la labor que está desarrollando el Gobierno de Mariano Rajoy para que todos los ciudadanos sean conscientes de la situación hídrica en España y actúen en consecuencia en materia de agua.

Finalmente, elogió la labor de los 4.000 colaboradores de la Agencia de Meteorología, de los que 295 están en Castilla-La Mancha. A la jornada también acudieron la delegada territorial de la Aemet en Castilla-La Mancha, Delfina Gil, y Fernando Aranda, que fue jefe del Observatorio de Toledo.

Bernardo Díaz, presidente local de la asociación agraria Asaja y de la asociación de regantes de aguas subterráneas ha analizado la situación actual del campo donde la sequía, pese a las lluvias caídas estos días pasados, ha causado estragos.

«Lo que está perdido, está perdido, en un invierno que ha sido de los peores de los últimos 50 años», señalaba Díaz, quien destacaba los sectores del cereal y las leguminosas como los más dañados, junto a la ganadería, muy afectada.

Sin embargo, Díaz ha insistido en que hay otros problemas «no hay que hablar de una sequía, sino de dos sequías, la climatológica y la de los precios de carburantes y maquinaria»; y es que los agricultores se muestran bastante preocupados por el incremento del precio del gasoil, una situación que les está llevando a notables dificultades.

Ayudas

Para colmo, el responsable de Asaja habla de un nuevo factor que ha influido negativamente en la quiebra de los agricultores, la falta de créditos por parte de los bancos, que ahora andan detrás de los agricultores porque van a cobrar las ayudas de la PAC.

«Ahora que están abiertas las solicitudes de la PAC los bancos se están interesando en perseguir a los agricultores mientras que antes les hacían el vacío en el acceso a créditos por la crisis», señala Díaz, que invita a los agricultores a acudir a los sindicatos agrarios, tanto el suyo como UPA, para tramitar las ayudas en vez de hacerle la labor a las entidades bancarias que «no están en crisis y no hay que ver más que los beneficios que presentan».

Además, ve insuficiente la decisión del ministro Arias Cañete de adelantar las ayudas ya que el sector lo que necesita es liquidez y un precio justo.

«No queremos parcheos, ni adelantos, sino que el precio de nuestros productos sea asequible y justo. No se puede concebir que produzcamos a 1 euro y el consumidor lo pague a 7», indicó Díaz del Amo.

Propone medidas proteccionistas, ya que «habría que ver la forma de que los productos sean protegidos lo más posible, con controles severos como los que nosotros sufrimos a los productos del exterior».

Se ha quejado de algunas medidas tomadas «contra los agricultores» como en el caso de la reestructuración del viñedo, que ha acarreado sanciones a muchos productores, o la paralización del plan de regadíos del alto Guadiana que ha olvidado a unos agricultores que necesitan regar y que pueden encontrarse con nuevas sanciones. Por todo ello ha recomendado a los agricultores que busquen el asesoramiento de su sindicato.

El máximo representante de la JCRMO indicó que «parece» que ya hay presidenta de la CHJ aunque «en unos sitios viene como tal y en otros no». Belmonte aludía así a María Ángeles Ureña, a la que en la Comunidad Valenciana se designa como sucesora de Moragues. La página web de la CHJ aún no recogía ayer el nombre de Ureña -«mano derecha» del ex conseller de la Generalitat Valenciana José Ramón García Antón- en el organigrama de la institución.

Belmonte afirmó que «ya toca» que un castellano-manchego pueda estar al frente de la CHJ teniendo en cuenta el peso de Albacete en la cuenca

25.03.12 – 01:21 –

LYDIA TORREGROSA | ALBACETE.

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Los recursos hídricos con los que se cuenta en la actualidad, después de varios años muy húmedos, dan para afrontar sin problemas un ciclo de sequía aunque, eso sí, siempre que exista una buena gestión. Así lo indicó el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, al término de la asamblea que la entidad celebró ayer.

En declaraciones a los periodistas tras un encuentro centrado en la aprobación de las cuentas y del presupuesto para 2012 y que resultó más breve de lo previsto, Belmonte se refirió a la situación del acuífero y de los embalses de los que se abastece la provincia albaceteña, asegurando que las precipitaciones de esta semana han sido «una gran alivio» dentro del «déficit» hídrico de este año.

No obstante, indicó que los niveles del acuífero de la Mancha Oriental, «después de tres años de subidas», están en condiciones óptimas que permiten «afrontar una sequía de tres o cuatro años», mientras que en los pantanos de cabecera «tenemos el doble de agua que la media de los diez últimos años», lo que también da margen para un periodo de carestía.

El presidente de la JCRMO atribuyó este hecho no solo a la climatología, sino al buen uso que, según destacó, se ha hecho de los recursos disponibles. Y es que, a su juicio, «en España no hay mucha ni poca agua, hay la suficiente, lo que pasa es que se gestiona muy mal». Belmonte lamentó la «demagogia» en torno a este asunto y se mostró convencido de que, con las reservas existentes, se podría encarar sin problemas un ciclo seco de unos años, «siempre que las cosas se hagan bien».

En este sentido, y sal hilo del nombramiento del sustituto de Juan José Moragues al frente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que aún no se ha hecho oficial, advirtió que «si nos ponen a alguien que este verano deja los embalses vacíos es cuando tendremos la guerra, como ya nos pasó en una ocasión».

Indicó que, para dirigir la CHJ, «siempre» se ha designado a «alguien de Valencia», a pesar de que el 72% del territorio de la cuenca está en Castilla-La Mancha. Comentó que confiaban en que el Gobierno regional «hiciera algo» para salvaguardar los intereses de la Región en esta materia, porque «ya toca» que un castellano-manchego pueda presidir la CHJ: «No es pedir ninguna barbaridad», dijo Belmonte, quien se mostró a favor de que, al menos, sea una persona «independiente» y no «un talibán».

La asamblea aprobó el presupuesto para 2012 por un importe de 582.770,55 euros. Se trata de unas cuentas marcadas por la «austeridad» en donde un 75% del gasto corresponde a personal. Belmonte se mostró satisfecho de la economía de la JCRMO, que representa a 10.000 regantes, asegurando que «no hemos gastado ni un euro más de lo que nos correspondía».

La factura eléctrica es una de las cuestiones que más interés suscita entre los integrantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) que celebraron ayer su asamblea general ordinaria que tuvo un marcado  carácter económico. En la misma se aprobaron los presupuestos para el ejercicio 2012, que ascienden a 582.770 euros y no contemplan subida de cuotas, así como varios informes económicos.
Francisco Belmonte, presidente de la Jcrmo, subrayó al concluir la asamblea que la cuestión eléctrica «es algo que nos preocupa más que el agua misma porque de seguir por este camino -dijo- no sé si tendremos agua, pero lo que no vamos a tener es dinero para movilizarla y pagar los kilovatios».
 

C. Valenciana

La presidenta del Júcar tendrá listo el plan de cuenca en un año

María Ángeles Ureña se estrena al frente de la CHJ en una reunión con el Ministerio

D. MARTÍNEZ / ALICANTE

Día 24/03/2012

La flamante nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, debutó ayer en el cargo con una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y el director general de Agua, Juan Urbano, a la que asistieron el resto de presidentes de organismos de cuenca. El objetivo de la reunión era abordar la planificación hidrológica de los próximos meses y, sobre todo, agilizar la elaboración de los nuevos planes de cuenca, que deben estar listos el próximo año.

Tal como adelantó en exclusiva ABC el pasado jueves, Ureña —secretaria autonómica en la época del fallecido José Ramón García Antón como conseller de Agua— fue nombrada presidenta de la CHJ a propuesta del PPCV, que logra instalar así sus tesis hídricas en el organismo de cuenca. El primer reto de Ureña será precisamente culminar la elaboración del nuevo plan de cuenca, que estaba ya muy avanzado en 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno, y que se comenzó a redactar desde cero bajo la presidencia del socialista Juan José Moragues.

El plan de cuenca del Júcar fue además motivo de enfrentamiento entre el Gobierno socialista y los regantes, dado que Moragues pretendía borrar de un plumazo 40.000 hectáreas de regadío en la Comunidad, al convertirlas en parcelas «potencialmente regables», lo que habría limitado los derechos sobre los caudales de los usuarios valencianos. Los regantes confían en que, bajo la presidencia de Ureña, se revise la valoración del regadío.

En el encuentro, celebrado en Madrid, el secretario de Estado de Medio Ambiente trasladó a los presidentes de las cuencas hidrográficas que el objetivo del Gobierno es «lograr una gestión unificada y coordinada del agua, con la prioridad de garantizar su suministro en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional», según fuentes del Ministerio.

En este sentido, el segundo gran asunto que deberá abordar Ureña como presidenta de la CHJ es el desbloqueo del trasvase Júcar-Vinalopó, en el que el PP apuesta por recuperar la toma original. Si bien Ureña es natural de Sueca, cuya comunidad de regantes se opone al cambio, está plenamente identificada con las tesis del exconseller García Antón, que abogaba por la vuelta al trazado original.

Intensa carrera

María Ángeles Ureña, que hasta las pasadas elecciones autonómicas era secretaria autonómica de Agua, ha desarrollado una intensa carrera en la Administración autonómica, a la que se incorporó como jefa de gabinete de García Antón en 1998. Ha sido directora general de Arquitectura y secretaria autonómica de Medio Ambiente. Licenciada en Derecho, es funcionaria de carrera desde 1983.