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La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) ha denunciado que la regularización por parte de la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ) de centenares de concesiones de agua en Albacete agravará la sobreexplotación del acuífero de la Mancha oriental.

Según ha informado hoy la organización sindical a través de un comunicado, «estas regularizaciones suponen el traspaso de aguas privadas a concesiones públicas e implican un incremento del volumen de las mismas».

La sobreexplotación del acuífero ha provocado que desde hace varias décadas el acuífero desvíe caudales del Júcar llegando a secarlo y, de hecho, en 1995 se secaron 40 kilómetros del cauce del río en Albacete, han indicado.

Para el secretario general de USUJ, Juan Valero de Palma, «el exceso de extracciones afecta a todos los usuarios de las aguas superficiales del Júcar, además de provocar un deterioro medioambiental de todos los entornos hídricos vinculados al río».

«Desde 1999 el Plan Hidrológico del Júcar alertaba de los bajos niveles del acuífero y establecía la necesidad de elaborar un plan de explotación», han añadido desde el sindicato de usuarios.

En este sentido los únicos planes han sido elaborados directamente por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, estableciendo niveles de extracción «muy por encima de la recarga natural».

La solución propuesta por USUJ pasa por reducir las extracciones a un volumen inferior a esta recarga natural, que «actualmente se sitúa en 238 hectómetros cúbicos, cifra que se ha superado ampliamente en la última década».

«Las regularizaciones promovidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar sólo conseguirán acelerar el descenso del acuífero con el consiguiente perjuicio al medio ambiente», han concluido. EFE

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, USUJ, denunció ayer «la regularización de centenares de concesiones de agua en la provincia de Albacete aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Los regantes tradicionales del Júcar, que en USUJ van asociados a Iberdrola, argumentan que las nuevas concesiones incrementan el volumen de las extracciones que se realizan en el acuífero de La Mancha que impiden el restablecimiento del equilibrio río-acuífero y amenaza a sus propias concesiones hidroeléctricas y para el regadío.
El Plan Hidrológico del Júcar en vigor prohíbe expresamente otorgar nuevas concesiones en el acuífero de la Mancha Oriental que no estuvieran solicitadas antes del 1 de enero de 1997 «excepto aquellas que no supongan un incremento del volumen de extracción o supongan la culminación de expedientes anteriores».
Según figura en el Esquema de Temas Importantes del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, en fase de elaboración, las «regularizaciones» afectan a 89,900 hectáreas dotadas con 459,3 hectómetros cubicos. «Si el PHJ contempla que el acuífero deberá adaptarse progresivamente desde la situación actual a un estado sostenible, cómo pueden reconocerse 459,3 hm3 de extracciones cuando la recarga natural es, según el mismo plan, de 238 hm3. ¿Donde está la sostenibilidad?», dicen en USUJ.
«Para recuperar el acuífero de la Mancha Oriental es necesario reducir las extracciones a un volumen inferior a la recarga natural por lo que las nuevas regularizaciones promovidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar únicamente conseguirán acelerar el descenso del acuífero con el consiguiente perjuicio al medio ambiente», aseguró Juan Valero de Palma, secretario general de USUJ.
Los regantes recuerdan que el río Júcar se ha llegado a secar en tramos de hasta 40 kilómetros y dicen que desde 2000 a 2008 se ha producido un «vaciado» del acuífero a razón de 138 hectómetros cubicos anuales que permanecerá e incluso se agravará con las nuevas concesiones.
Para los regantes valencianos las cuentas del Júcar están claras: el límite «legal» de las extracciones en el PHJ es de 320 hm3, pero si se quiere cumplir la Directiva Marco del Agua no pueden sacarse más de 238 hm3, que son la recarga natural del acuífero. Mientras no se alcance este equilibrio no parece «prudente» promover nuevos usos y menos otorgar concesiones que crean derechos sobre esas aguas, sostienen.

Antecedentes
«La Administración no puede conceder unos recursos si no existen», insisten en USUJ. Sin embargo, recuerdan que en octubre de 2002 la Confederación Hidrográfica del Júcar otorgó cinco concesiones de aprovechamientos para regar 2.270 hectáreas «de nueva transformación en regadío» solicitadas en el año 2000. Las concesiones llevaban el informe favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Zonas húmedas desaparecidas

Los regantes valencianos han acusado por escrito y en un documento de alegaciones a la administración autonómica de Castilla-la Mancha de «fomentar el uso y abuso de los recursos» y recuerdan que el caso de la Mancha Oriental no es el único. La explotación del acuífero de la Mancha Occidental ha provocado la desecación de las Tablas de Daimiel y de tramos importantes del Guadiana en donde no ha habido más opción que declarar sobreexplotado el acuífero. Dudan de la rentabilidad social y económica del regadío y recuerdan que en la Mancha «unos pocos propietarios consumen una gran cantidad de agua y generan muy pocos puestos de trabajo».

Tanto a partir del agua, la tierra o el viento, lo que permitiría aprovechar recursos naturales existentes y contar con una mayor dotación de energía. Para ello, apuestan, entre otros, por los mini-parques eólicos o por aprovechar la fuerza del agua.

Madrid – Agrocope

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha urgido al Ministerio de Industria a que agilice los trámites burocráticos necesarios para que los agricultores puedan sumarse a la producción de energías renovables, contribuyendo así a paliar el déficit histórico de energía eléctrica que padece España y cuya dependencia del exterior se ha evidenciado en estas últimas semanas a raíz de las revueltas acontecidas en el mundo árabe.

De esta forma, los regantes reivindican su papel como productores de electricidad a partir del agua, la tierra o el viento, lo que permitiría aprovechar recursos naturales ya existentes y contar con una mayor dotación de energía que haga posible dar respuesta a las distintas necesidades de abastecimiento de nuestro país.

En primer lugar, FENACORE propone la adjudicación de «mini-parques eólicos» a aquellas comunidades de regantes que presenten un consumo significativo de energía eléctrica; plantean aprovechar la fuerza del agua que cae de los desniveles de las acequias para generar electricidad; o desviar parte del caudal del río mediante una presa (azud) y utilizar la presión de la caída del agua para la creación de energía.
 
La energía procedente de la luz solar es otra de las vías que los regantes consideran necesario «explotar» en mayor medida. Así apuestan por aprovechar los terrenos no cultivados propiedad de las comunidades de regantes –localizados junto a las balsas o canales- para la ubicación de placas fotovoltaicas, conformando «plantaciones» solares. Además, están dispuestos a ceder parte de sus derechos de uso del agua –tal y como contempla el artículo 67 de la Ley de Aguas- a las sociedades interesadas en poner en marcha plantas de energía termosolar, lo cual sería especialmente idóneo en comunidades como Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha por la amplia extensión de sus terrenos.

Los embalses que componen la cuenca del Júcar disponen de 1.846 hectómetros cúbicos (Hm3) de reservas de agua, equivalente al 55,3 por ciento del total, con un incremento de 330 hectómetros respecto al año anterior.

Según el informe hidrológico facilitado por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el año pasado por estas fechas había un 45,4 % de reservas, frente al 55,3 % actual, lo que supone 9,9 puntos porcentuales más.

La reserva de agua en la cuenca del Júcar ha aumentado esta semana un 21,8,% respecto a la del año pasado, y la cantidad de agua almacenada se ha incrementado en 20,1 puntos respecto a hace dos años y en 26,9 puntos en relación a la media de los últimos cinco años.

Respecto de la media de los últimos diez años, las reservas de agua son mayores en 26,2 puntos porcentuales. EFE

La reserva de agua en la cuenca del Júcar ha aumentado esta semana un 21,8% respecto a la del pasado año, mientras que la de la cuenca del Ebro ha disminuido un 1 por ciento, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En la cuenca del Júcar la reserva de agua es un 89,3% más que la media de los últimos 10 años, procentaje que es 4,3 veces superior al registrado en los embalses de la cuenca del Ebro (21%) en el mismo periodo.

En la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 32,7 por ciento sobre la media de los últimos diez años.

La Confederación Hidrográfica del Júcar clausuró ayer los actos conmemorativos del 75 aniversario de su constitución con una conferencia del naturalista y divulgador Joaquín Araújo sobre “El agua y el río Júcar en Cuenca”, celebrada en el Centro de Interpretación de la Naturaleza Ars Natura.

El acto estuvo presidido por el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Alcalde, ya que el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, se encontraba indispuesto. “Al principio el río era algo que se utilizaba para producir electricidad, para regar y ahora creo que se valora de otra forma, el río forma parte de nuestra vida y tenemos la obligación de conservarlo. Ya no es algo que tenemos que exprimir si no algo con lo que tenemos que convivir, cuidar y conservar para nuestros sucesores”, señaló Alcalde.Un río pedagógico Araújo apostó por desarrollar en su intervención el sentido “docto del río Júcar. “Estamos acostumbrados al despilfarrro y no a la austeridad que dictan los tiempos y el Júcar  es un magnífico ejemplo de cómo conseguir muchas cosas con poco, tiene incluso valor pedagógico. El agua es muy sabia pero cuando se comporta con una arritmia tan notable como sucede en el Júcar es todavía más pedagógica y eso hay que interiorizarlo, convertirlo en conocimiento y en referente”, remarcó. Con esta conferencia se pone fina a la clausura de la exposición Hidrografías que desde el 16 de febrero ha estado expuesta en  Ars Natura. Una muestra en imagen de las actuaciones realizadas sobrel río Júcar.Vivir de espaldas o mirando al Júcar“Cada vez nos asomamos más a las realidades naturales que nos hacen posibles”, recalcó Araújo que lamentó que durante muchos años y en muchas ciudades se haya vivido de espaldas a los ríos. “Poco a poco los conquenses se tienen que dar cuenta de que el propio sentido de la ciudad está muy vinculado al río”, comentó el naturalista que consideró que la búsqueda de la identidad personal y de pertenencia a la comunidad está muy ligado a las formaciones naturales. “No nos podemos quedar con esa insultante forma  de ver el agua solamente como recurso si no como la fertilidad de todas las actividades humanas”, señaló. Para Araújo  las confederaciones “se acercan mucho al desideratum que plantea el pensamiento ecológico y una confederación siempre intenta ligar el nacimiento con la desembocadura”.

Los alcaldes de Peñas de San Pedro y Alcadozo, Antonio Serrano y Ángel Alfaro, junto con la teniente de alcalde de Pozohondo, Amparo Núñez, han solicitado una entrevista urgente con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, con el fin de abordar las tarifas millonarias que el BOE les reclama, por unas obras hidráulicas realizadas en 2008. En rueda de prensa, los ediles denunciaron que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, les ha dejado«en la estacada».

Recordaron que las obras hidráulicas fruto de la tarifas multimillonarias conectan los municipios señalados con la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Albacete (ETAP), y se incluyeron dentro de un Plan de Emergencia de Abastecimiento a municipios medianos y pequeños de la provincia de Albacete, ejecutados por el Ministerio de Medio Ambiente, a instancia del presidente de la Junta, José María Barreda.

A la conclusión de estas obras, el Ministerio reclama unas tarifas por valor de 9 millones de euros a estos tres pueblos de entre 600 y 1.800 vecinos, si bien hay otros 19 municipios de la provincia de Albacete implicados, aunque con cantidades de menor cuantía. Los alcaldes no creen que deban costear unas obras de interés general, por un valor que supera las posibilidades presupuestarias de estos municipios. En concreto, el Gobierno de España reclama 2,5 millones a Pozohondo; 2,7 a Peñas de San Pedro; y 3,4 millones de euros a Alcadozo.

Desde 2008, Antonio Serrano, Ángel Alfaro y Amparo Núñez, han realizado numerosas gestiones, habiéndose entrevistado con el consejero de Obras Públicas de la Junta, Sánchez Pingarrón, en la Delegación de la Junta; han hecho lo propio con el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, en la Subdelegación del Gobierno. Estas reuniones, realizadas el pasado verano, no han dado el resultado esperado, si bien, todos ellos han dado la razón a los alcaldes de manera verbal. «Hemos llegado al absurdo de que todos nos dan la razón, tanto la Diputación Provincial, como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta de Comunidades, pero nadie nos soluciona la papeleta, pues el BOE sigue reclamándonos las mencionadas cantidades. Agotamos el último cartucho con la ministra, que ha sido alcaldesa de Córdoba, y creemos que sabrá entender nuestra posición», señalaron.

Los alcaldes calificaron estas tarifas como «tarifazo» e «impuesto revolucionario», pues hacen las obras «para colgarse las medallas y luego nos pasan a nosotros la receta». Hemos agotado todos los recursos para resolver este grave problema por la vía del diálogo, recalcaron, y agotamos este último cartucho, —una entrevista con la ministra Rosa Aguilar—, «antes de tomar medidas más drásticas que no le van a gustar a nadie», apostillaron.

Los ayuntamientos de Alcadozo, Pozohondo y Peñas de San Pedro han pedido una entrevista urgente a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, antes de tomar medidas «más drásticas» en el largo pleito que les enfrenta a una factura de nueve millones de euros por unas obras que, aseguran, ni solicitaron, ni necesitaban.

Ángel Alfaro, alcalde de Alcadozo; Antonio Serrano, alcalde de Peñas de San Pedro; y Amparo Núñez, teniente de alcalde de Pozohondo, recordaron que llevan tres años de pleitos y gestiones, «intentando solucionar un problema tan absurdo que todo el mundo nos da la razón, pero que no soluciona nadie», indicó Serrano.

Se trata de unas obras de emergencia hidráulica derivadas del acuerdo entre el presidente regional, José María Barreda, y la ministra Cristina Narbona. Se realizaron, aseguran, «totalmente a espaldas de los Ayuntamientos, como hechos consumados y sin atender a las necesidades reales».

Y la sorpresa llegó, recuerdan, cuando llegó ‘el tarifazo’: «después de no tenernos en cuenta para nada, nos pasan a nosotros facturas millonarias» por una obra que, insisten ni pidieron, ni gestionaron ni aprobaron. Aseguran que la suma de estas facturas, unos nueve millones de euros, para pueblos de 600 a 1.800 vecinos, «supone en la práctica la ruina de nuestras modestas economías».

Indicaron que en las reuniones con la Confederación del Júcar, su presidente culpaba de lo sucedido a los gobiernos regional y nacional, y que los responsables autonómicos culpaban a la Confederación: «todos nos prometen solucionarlo, pero los meses pasan y nadie resuelve la papeleta, lo único cierto que tenemos son los recursos contenciosos».

Atropello

Serrano calificó la situación de «atropello político, expolio e impuesto revolucionario», y aseguró que confía en que la intervención de la ministra pueda abrir la puerta a una solución efectiva. En caso contrario, aseguró que habrá que optar «por iniciativas más drásticas».

El alcalde de Alcadozo se preguntó «si es que lo que Barreda quiere es asfixiar a los ayuntamientos; porque a este asunto, en el que nos metió y nos deja tirados, hay que sumar otros, como la retirada de los fondos del Forcol o el impuesto sobre nuestros parques eólicos; si sigue así, va a quedar para la historia como el gobierno más negro, lesivo y dañino que hemos tenido».

En la entrevista concedida a ABC, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, analiza la situación de la región en materia de agua. Con la noticia fresca de la toma en consideración —el pasado jueves— en las Cortes Regionales de la Ley de Agua para su tramitación en el Congreso de los Diputados, asegura que las reivindicaciones del Gobierno regional son razonables. «Cualquiera que estudie esta ley dice que es una posición razonable, son cosas de sentido común».

—¿Qué futuro augura a esta Ley del Agua cuando vaya al Congreso?

—El objetivo es aprobarla en las Cortes y después remitirla al Congreso. Buena parte de los artículos ya habían pasado por la ponencia constitucional y tenían el visto bueno; en este caso, no sé que hará el PP. No se puede dejar de insistir, de trabajar. La defensa de la reforma del Estatuto hizo que calara en Madrid el discurso de la defensa del agua en Castilla-La Mancha, y eso fue ya un éxito. Sólo con que cale ese discurso conseguiríamos un avance importante.

—¿La mayoría socialista en el Congreso tiene claro ese discurso?

—Dentro de la tramitación se fueron negociando asuntos, se hicieron ajustes y el Grupo Socialista en su momento votó a favor. Quien lo hizo en contra fue el Partido Popular. Antes tendrá que pasar en las Cortes Regionales por un periodo de enmiendas y el calendario permite que en marzo aún puedan celebrarse plenos y poder aprobarse definitivante.

—Una de las premisas de la Ley del Agua es que todas las obras que gestiona el Ministerio de Medio Ambiente se transfieran a la Comunidad Autónoma. ¿Puede asumir la región estas competencias?

—Es normal. Cuando se produjo el proceso de transferencia de competencias a la comunidad autónoma, todas las obras que estaban en curso se transfirieron, por supuesto, también la financiación para terminarlas. En la Ley pedimos que se produzca un nuevo traspaso. Todo el conjunto de obras que luego gestionaremos. Por ejemplo, la Tubería Manchega. La acabe el Ministerio o la Junta, está firmado que nos tienen que «dar las llaves» y pasará a ser gestionada por la Agencia del Agua, que para eso la hemos constituido. ¿Por qué lo pedimos?, porque estamos más cerca de las obras, más pendientes. El Ministerio tiene obras en toda España. A una obra como la Tubería Manchega dedicaríamos todos los esfuerzos, todos nuestros equipos de ingeniería estarían pendientes de que se cumplieran los plazos. No digo que el Ministerio lo haga mal, pero nosotros estaríamos más atentos.

—¿Significa eso que la coordinación es difícil con el Ministerio?

—Hay una Comisión de seguimiento de esta infraestructura y nos reunimos periódicamente, pero son distintas perspectivas.

—Los presidentes de Murcia y Valencia han vuelto a reivindicar estar en la cuenca del Tajo. ¿Qué le parece?

—Es tremendo. «Somos usuarios, luego tenemos derecho a decidir». Es algo indignante e intolerable que responsables públicos que no tienen nada que ver con la cuenca del Tajo, excepto un acueducto que están utilizando indebidamente y sin justificar los usos, quieran decidir su planificación. Su objetivo es que el Tajo se regule en Murcia, y eso es lo que tenemos que evitar.

—¿Cree que veremos el río Tajo alguna vez limpio?

—No solo lo creo, sino que trabajo intensamente para conseguirlo. El problema del río Tajo es que lo que entra cuando llega a Castilla-la Mancha es el agua de sus afluentes, que provienen de Madrid, porque los pantanos de cabecera no sueltan el agua suficiente para que, combinada con el que proviene de las depuradoras, conviertan el Tajo en un río limpio. De ahí que la principal petición de la Ley del Agua, que defendía el presidente Barreda y que queremos tramitar, es que se garantice un caudal ecológico. En estos momentos, a estas horas, está pasando más agua por el trasvase que por el río. Es inadmisible.

—Desde Madrid se amenaza con vertidos de otros ríos.

—A todos nos causa indignación que se quiera resolver el caudal ecológico poniendo una tubería que coja agua del Jarama y el Manzanares y se lance por encima de Aranjuez. El caudal a su paso por Aranjuez crecería pero sería con el agua depurada. No se puede hablar de esas cuestiones en la región si antes no se resuelve lo del trasvase. Es intolerable que se quiera hablar de esta alternativa, cuando la solución está dicha y vista. Y es soltar más agua en la cabecera para que entre agua limpia. Los abogados de la Junta ya están preparando todas las alegaciones a ese plan nacional de reutilización de las aguas que, en el caso del Tajo, no puede funcionar si no se resuelve antes el problema de la cabecera.