El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, negó ayer que el informe remitido por el Ministerio de Medio Ambiente a la UE sobre la situación de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó plantee una disminución del caudal.

La afirmación de Moragues se produce tres días después de que el Consell y los regantes denunciaran, tal y como publicó LAS PROVINCIAS, que el documento elaborado por el Ministerio incluye una reducción del caudal del trasvase Júcar-Vinalopó de los 80 hectómetros cúbicos inicialmente previstos a 51,6.

Para el presidente del órgano de Cuenca, es «falso» interpretar así el documento. Moragues aseguró ayer, durante la visita a las obras de la desalinizadora de Oropesa recién iniciadas, que el informe se hizo público ante unas 20 personas y únicamente «el representante de la Generalitat entendió eso». Además, incidió en que los propios usuarios del trasvase «no entendieron eso».

Precisamente los usuarios, por boca de su presidente, Andrés Martínez, y frente a lo que ayer dijo Moragues, denunciaron la política del órgano de cuenca y anunciaron que van a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente quejándose de su actuación.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, también presente en el acto, fue mucho más prudente. Sin negar la reducción de caudales, tal y como hizo el lunes, se limitó a decir que el trasvase «nos permitará que llegue agua a las comarcas del sur de la Comunitat, y nosotros no tenemos ningún veto a cualquier medida que suponga solucionar los problemas de agua, lo que ocurre es que tras nuestras decisiones hay razones».

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén, aseguró ayer que la nueva desalinizadora cubrirá las necesidades de la comarca de La Plana de Castellón con «calidad» y preservando el medio ambiente.

La planta, cuya inversión asciende a 55,5 millones de euros, producirá 21,5 hectómetros cúbicos anuales de agua destinada al abastecimiento de unas 150.000 personas en Oropesa , Cabanes y Benicàssim. En caso de incrementarse las necesidades, la desalinizadora puede incrementar su capacidad de producción hasta los 43 hectómetros anuales. Según Morén, «se trata de una actuación que es coherente y está en la línea de los objetivos fijados por la Directiva Marco del Agua, ya que contribuye a garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo».

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que abastecen a la Comunitat Valenciana han perdido 23,20 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en los 1.174,67 hectómetros cúbicos, lo que supone el 35,10 por ciento de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

Según han informado hoy en un comunicado fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, 22 han disminuido el agua embalsada, tres han aumentado y el resto se han mantenido invariables.

El mayor descenso se ha producido en Tous-La Ribera, en el sistema del bajo Júcar, que almacena 9,16 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior y se encuentra por debajo de la mitad de su capacidad total (32,37%), seguido del embalse de La Muela, que ha perdido 5,71 hectómetros y se sitúa al 53,77 por ciento de su capacidad.

Frente a estos, el embalse que ha registrado el incremento de agua más importante ha sido el de Cortes II que ha recibido 2,69 hectómetros cúbicos más y se sitúa al 91,48 por ciento de su capacidad de 118 hectómetros cúbicos, seguido del embalse de El Naranjero que ha aumentado en 2,24 hectómetros y está al 74,63 por ciento.

Otros embalses que han visto disminuidas sus reservas han sido Benageber con 2,62 hectómetros menos, Alarcón con 2,30 menos, o Bellús, con 2,26 menos, mientras que los que han mantenido el mismo nivel de reservas que la semana anterior han sido los de Algar y Almansa.

Por sistemas, el de Marina Baja/Serpis almacena el 79,30% de su capacidad; el del Turia está al 73,17%; el Palancia/Mijares/Cenia al 53,32%, y el del Júcar al 28,30% de su capacidad total.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, mostró ayer su malestar por el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no les haya consultado la decisión de reducir el trasvase de los 80 hectómetros cúbicos anuales inicialmente previstos a 51 (un 35% menos), tal y como figura en un informe del Ministerio de Medio Ambiente remitido a la Unión Europea sobre la situación de las obras que ayer publicó LAS PROVINCIAS.

Para Martínez, la CHJ les ha «ninguneado» y «tomado el pelo» al no contar con ellos antes de tomar esta decisión. Lamentó, además, que frente a la marginación con la que se trata a los usuarios, que pagan de su bolsillo parte de las obras, la Confederación «sí cuenta con grupos ecopacifistas», en referencia a Xuquer Viu.

Andrés Martínez indicó que la Junta va a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente para quejarse del trato que les está dando la CHJ. Martínez explicó que frente al cambio de actitud de Elena Espinosa, la Confederación mantiene el «sectarismo de los tiempos de Cristina Narbona».

El Consell también mostró ayer su malestar por la decisión «unilateral» del Gobierno. Para el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, el trato del Ministerio de Medio Ambiente únicamente se puede definir como «indignante».

El conseller apuntó que el Ministerio ha actuado «sin previo conocimiento y de forma unilateral» y teniendo tan sólo en cuenta la postura de la «nueva cultura del agua» para decidir el futuro de los recursos hídricos de la Comunitat.

El responsable de Medio Ambiente calificó de «sectaria» la posición del Ministerio. García Antón recordó «el esfuerzo» que está realizando la Generalitat para «depurar y reutilizar el agua y modernizar los regadíos».

Lo más grave, según el Consell, es que el agua que se ahorra gracias a esas inversiones no se reparte de forma equitativa. «Cada vez llegan menos recursos al Vinalopó», según García Antón, y los que lo hacen son de peor calidad. En cambio, la política que se aplica en Castilla-La Mancha es diferente, explicó.

A una política de racionalización de los recursos, el Gobierno «nos paga con desprecio, con menos agua, con la problemática del Vinalopó, del Tajo-Segura y con la ausencia de agua del Ebro, mientras cada vez hay más regadíos en Aragón y Cataluña».

El secretario general del PP, Ricardo Costa, calificó la reducción del caudal del Júcar-Vinalopó de «crónica de una muerte anunciada». El dirigente popular apuntó que la decisión obedece a «intereses políticos y no técnicos». «Está en el guión», dijo Costa.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, se limitó ayer a señalar que el trasvase es «un gran proyecto, por la cuantía de su inversión y por los trabajos que requiere», y remarcó que su grado de ejecución «está muy avanzado».

Sobre la reducción de los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó, el delegado del Gobierno optó por no pronunciarse. Peralta aprovechó para hacer un llamamiento a la Generalitat para «actuar todos juntos para que el día que esté disponible esté disponible efectivamente».

El 70% del campo valenciano funciona ya con técnicas de ahorro de agua. Con esta modernización, el 17% de la superficie de cultivo en España que utiliza el riego por goteo se encuentra en la Comunitat. Todo ello ha permitido un ahorro cercano a los 140 hectómetros cúbicos anuales. El principal beneficiado del esfuerzo realizado por la Administración autonómica y los agricultores valencianos ha sido el regadío de Castilla-La Mancha.

Los campos de Albacete están recibiendo aportes de alta calidad del embalse de Alarcón gracias a que el agricultor de la Comunitat emplea agua depurada.

La mayor parte de los cultivos del regadío manchego están subvencionados, mientras que la producción en los campos de la Comunitat es intensiva y de alta rentabilidad.

El Plan Hidrológico del Júcar prevé un máximo de extracciones de 320 hectómetros cúbicos del acuífero de la Mancha Oriental para evitar la sobreexplotación. Pero desde 2000, la Confederación del Júcar ha autorizado que se utilicen unos 400 hectómetros cúbicos, salvo los años de sequía.

La Confederación indemnizó a los agricultores albaceteños por dejar de regar con la compra de derechos de agua durante estos periodos. En el caso de los valencianos, la política fue restrigir los aportes al campo.

El Plan del Júcar también establece que los agricultores de La Mancha puedan recibir 125 hectómetros del embalse de Alarcón a cambio de la clausura de pozos y la modernización de regadíos para ahorrar 65 hectómetros. En estos momentos, están percibiendo la totalidad del aporte sin haber realizado las obras de sustitución. La Confederación ya ha regularizado 459,3 hectómetros, es decir, prácticamente el máximo posible.

El incremento del agua para el regadío de La Mancha se ha conseguido gracias a los esfuerzos del campo valenciano. Una circunstancia que acredita unos criterios de solidaridad en el reparto de los recursos hídricos que no parecen ser compartidos por todas las autonomías españolas.

A todo ello se suma ahora que Castilla-La Mancha pretende poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura con la aprobación de la reforma del Estatuto, una obra que se considera fundamental para la supervivencia de la agricultura en el sur de la provincia de Alicante.

Más de una década después, 12 años para ser exactos, el trasvase Júcar- Vinalopó vuelve a ser la piedra en la cual tropieza la planificación de la cuenca hidrográfica del Júcar.
En 1997, este trasvase fue el detonante de una movilización masiva de la sociedad manchega y, especialmente, la albaceteña, en exigencia de un reparto más justo y equitativo de los recursos hídricos de la cuenca.
Hoy, para hacer viable esta obra, la Comisión Europea ha propuesto una batería de medidas que no sólo afectan a la Mancha Oriental, sino también a otras partes de la cuenca, como el propio Vinalopó, que han caido como una bomba entre los afectados.
«Ha sido toda una encerrona -decía ayer a La Tribuna el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte- porque no sabíamos nada de estas condiciones adicionales hasta que nos las encontramos sobre la mesa, el pasado miércoles».
Estas condiciones se pusieron sobre la mesa del Comité de Seguimiento de las Obras del Júcar-Vinalopó. Y, en la parte que le toca a la Mancha Oriental, se plantea una «restricción ambiental» de entre 30 y 50 hectómetros cúbicos para sus usuarios.
La historia de estas restricciones se remonta al año 2003. Por aquella época, y en medio de una tremenda controversia social, política y ambiental sobre este trasvase, la Unión Europea estableció una serie de condiciones para financiar esta infraestructura con 120 millones de euros de los fondos Feder, el 50% del presupuesto estimado.
«Casi nadie se opuso a las condiciones -recordaba Belmonte- porque todas eran asumibles y casi todas ellas encajaban bien con el articulado del Plan Hidrológico de Cuenca del año 98, aún vigente y en proceso de revisión».
Por poner algunos ejemplos, se planteaba que los caudales a trasvasar -80 hectómetros máximo- debían proceder de las medidas de ahorro de aguas para riego, o la creación de unas normas de explotación del trasvase que respetasen las necesidades de la cuenca, ambientales incluídas.
En 2006, la UE detalló aún más los criterios pero, salvo alguna imprecisión en las expresiones -se eliminó el término «modernización»- tampoco había nada que se considerase inasumible por las partes.
«Hasta que llegó el miércoles -señáló Belmonte- y nos encontramos con un documento de 250 folios, en el que, con el Plan del Júcar a medio revisar, sin consultas previas, ni petición de informes, ni alegaciones previas, vamos, lo habitual en la UE, nos pretenden imponer una serie de restricciones y de recortes a varios de los usuarios, con las que no contábamos y que, sin formar parte del proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca, lo condicionan por completo».
El presidente de los regantes manchegos señaló, además, que una restricción de ese calibre echaría el esfuerzo de décadas hecho en programas como la sustitución de bombeos, que se basan en cambiar volúmenes de agua subterránea por volúmenes de aguas superficiales, y que ya ha llegado a su segunda fase.
«Pero lo que realmente sorprende es el proceder de Bruselas -indicó- porque Europa había sido hasta ahora una administración muy garantista; te escuchaban, al final, podían decidir en tu contra, pero siempre oían a todas las partes, no te tendían emboscadas como ésta».    

La Unión Europea ha impuesto una serie de condiciones para aportar la subvención de 120 millones de euros al trasvase Júcar-Vinalopó. Por un lado, se exige al Gobierno que la transferencia no afecte a L’Albufera, tanto en la calidad como en la cantidad de los aportes.

Además, la Unión Europea reclama una solución a la sobreexplotación de los acuíferos que se encuentran tanto en la Comunitat como en Castilla-La Mancha. Muchos de ellos se encuentran en muy mal estado y se pide que se realicen distintas actuaciones para su regeneraciòn.

La tercera petición de la UE es que se cuide la calidad de los vertidos que se realizan al Júcar. Para ello, se ha reclamado el establecimiento de instalaciones depuradoras a lo largo del curso fluvial.

El último informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha servido para poner negro sobre blanco de nuevo el precario estado de salud de esa cuenca fluvial. Fundamentalmente, debido a la sobreexplotación de los acuíferos —de forma ilegal en muchos casos— desde Castilla-La Mancha. En la zona limítrofe de la comunidad vecina existen en la actualidad 82.887 hectáreas de regadíos alimentados por el río. Y esos recursos se detraen, por tanto, del caudal que tradicionalmente nutre a los agricultores de la Comunitat Valenciana.
Se trata de una situación en la que colisionan los derechos históricos de los regantes valencianos con los políticos derivados de la nueva configuración del Estado. Es comprensible que la Junta de Comunidades castellanomanchega defienda los intereses de sus ciudadanos. Sin embargo, no puede ser a costa de aquellos a los que la ley les reconoce unos derechos muy claros, hasta el punto de ser incluso titulares de importantes infraestructuras como los embalses.
Para regular el uso de las aguas del río está la Confederación Hidrográfica, que como organismo de carácter interterritorial y dependiente del Gobierno central debe velar por el cumplimiento de la legalidad en todos sus puntos. Y en ese sentido, no parecen asumibles reivindicaciones como la de excluir la Albufera de la cuenca que bebe de las aguas del Júcar. Por eso, el futuro del río y de sus usos pasa por compaginar en la medida de lo posible todas las demandas, pero sin vulnerar los derechos de cada uno.

­Si el nuevo Plan Hidrológico no lo remedia, el río Júcar tiene sus horas contadas. El gran pacto del vigente Plan, de 1998, reconoció de facto la explotación insostenible del acuífero que alimentaba el río en su tramo medio, la vistió de legalidad y otorgó unos derechos a Castilla-La Mancha que ahora pesan como una losa sobre los intentos de aplicar una ordenación más sostenible en el río que comparten ambas comunidades autónomas.
En 2003 y 2007, la Comisión Europea exigió en dos documentos oficiales un plan de recuperación de los acuíferos de la Mancha Oriental a cambio de financiar el trasvase Júcar-Vinalopó. El informe elaborado este año por la Confederación Hidrográfica del Júcar para la Comisión Europea constata que en los últimos años se ha frenado el ritmo de las extracciones de agua en la Mancha, aunque del mismo se desprende que no se dan las condiciones para revertir las situación actual, con tramos de río que solo se sostienen artificialmente con las aguas acumuladas en invierno y después liberadas en el embalse de Alarcón.
La necesidad de llegar a consensos internos en la cuenca—Castilla-la Mancha— han provocado que el informe pase de puntillas sobre el espinoso asunto del acuífero de La Mancha oriental. Europa parece haber quedado satisfecha con el trabajo realizado.Sin embargo, las verdaderas soluciones quedan para el futuro plan hidrológico, que debería estar finalizado este año, un empeño imposible.
Según los últimos datos de la confederación, la media de consumos anuales en Albacete y Cuenca en el período 2000/05 fue de 398,3 hm3, mientras que la de las extracciones subterráneas fueron de 376,2 hm3 frente a los 320 que tiene asignados legalmente el regadío manchego.
La Confederación admite que aún aplicando todas las medidas de gestión previstas, el volumen de recursos utilizados por el regadío manchego —entre aguas superficiales y subterráneas— no bajará de 400 hectómetros en 2015, con 320 hm3 de aguas subterráneas, lo que según Xúquer Viu perpetuaría la sangría del acuífero del Júcar.
Para Xúquer Viu, cuyo papel ha sido determinante al elevar el peso de los criterios medioambientales en la gestión actual del río, la exigencia europea de elaborar un plan de recuperación de los acuíferos de la Mancha oriental con horizonte 2012 «no se cumple».
Francisco Sanz, portavoz de este colectivo, asegura que solo hay una manera de recuperar el acuífero: «Las extracciones deben de situarse por debajo de la recarga natural y limitarse como máximo a los recursos disponibles para así poder restablecer la relación río acuífero».
«El diagnóstico está bien hecho, pero a ese buen diagnóstico no le corresponde una buena solución, porque las actuaciones previstas se basan principalmente en la sustitución de recursos subterráneos por superficiales», explica el portavoz.
La propia confederación estima que los recursos renovables anuales del acuífero, cuyo nivel ha bajado entre 70 y 90 metros en los últimos 30 años, oscila entre 238 y 316 hm3 y considera que la aplicación de la directiva marco del agua y sus criterios sostenibles obligará a reducir entre 30 y 50 hm3 esos recursos renovables para dárselos al río. Xúquer Viu disiente y eleva a 110 hm3 la restricción, a la que añade un coeficiente corrector del 0,8. «Si gastas lo mismo que ingresas cuando ya debes a la caja cientos de hectómetros de agua nunca habrá una recuperación», parecen decir desde el colectivo.
«El informe no contempla como actuaciones para conseguir la recuperación del acuífero y la conexión del acuífero con el río la reducción de las extracciones y de los usos actuales, con lo que la situación de sobreexplotación persistirá y se agravará», apunta Paco Sanz, para quien solo con una reducción drástica de las extracciones y de los usos se podrá recuperar el acuífero y las aportaciones al río que son «fundamentales» para dotar de unos caudales ecológicos apropiados al río.
En cualquier caso y se lean como se lean, los números que ha hecho la CHJ demuestran que incluso en la hipótesis más optimista y conservadora- 230 hm3 de recursos subterráneos renovables- la Mancha no puede extraer los 320 a los que tienen derecho legalmente por el Plan Hidrológico de 1988 o el río, lejos de recuperarse, se sumergirá para siempre en la llanura manchega.

En la actualidad se dispone de un 36,5% total de la reserva, lo que suponen 1.216 hectómetros cúbicos, ya que ha disminuyendo esta semana la reserva en 23 Hectómetros cúbicos, un 0,7%, respecto de la semana pasada (1.239). Aun así, el año pasado por estas fechas había un 27,2%, frente al 36,5% actual, 9,3 puntos más que el año pasado.

Además, según estos datos, la reserva de agua ha aumentado en 13,6 puntos más que hace dos años y se dispone de un 8% más que la media de los últimos 5 años y un 7,7% que en los últimos 10 años.

En concreto, hace un año se disponía de 909 hectómetros y ahora 1.216, es decir, 307 Hm. más, un 33,8 % más. La media de los últimos 5 años era de 954 hectómetros y ahora 1.216, es decir, 262 más, un 27,5% superior.

Finalmente, las mismasd fuentes señalaron que la media de los últimos 10 años era de 964 Hectómetros y ahora alcanza los 1.216, es decir, 252 más, un incremento del 26,1%.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha terminado las jornadas de participación pública en las que se ha informado sobre los proyectos de restauración de los ríos Valdemembra y Jardín, en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

El objetivo final de la ENRR es lograr que los ríos y arroyos recuperen su buen estado ecológico y hacer compatibles todos los usos y actuaciones administrativas con la conservación de sus valores naturales. La Confederación ha seleccionado 10 tramos de ríos en los que se desarrollarán proyectos de restauración.

Dos de los diez tramos corresponden a los citados proyectos: El río Valdemembra, en los términos municipales de Tarazona de la Mancha y Madrigueras; y el río Jardín, en los términos municipales de Casas de Lázaro, Alcaraz y Robledo.

La restauración del río Valdemembra comprende un tramo de 13,7 kilómetros, dentro de los términos municipales del casco urbano de Tarazona de la Mancha y Madrigueras.

La restauración del río Jardín comprende un tramo de 22,5 kilómetros, desde Robledo hasta el azud de la Carrasca del Sombrero, en Alcaraz.