El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del viernes, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, un Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. Se prorrogan las normas de carácter excepcional para gestionar la sequía en las cuencas del Segura, Júcar, Tajo y Guadalquivir.

Las últimas lluvias, que han provocado inundaciones de carácter local, han tenido escasa repercusión en las reservas de los sistemas de la zona peninsular castigada por la sequía, como son Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña y la cabecera del Tajo.

Ante esta situación, el Gobierno considera necesario adoptar medias extraordinarias y de urgente necesidad para paliar los efectos de la sequía.

Este Real Decreto-Ley tiene por objetivo establecer medidas de apoyo a los titulares de derechos al uso del agua para riego en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, cuando hayan tenido una dotación inferior al 50% de la normal. Asimismo, pretende paliar el desequilibrio económico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla debido a la adquisición de los derechos al uso de agua necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones. Por otro lado, exime al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel de la aportación correspondiente a la tarifa de conducción del abastecimiento Tajo-Segura, dado el escaso aprovechamiento de los recursos trasvasados en el año 2007.

El importe estimado de las exenciones, a invertir por el Ministerio de Medio Ambiente, alcanza los 80 millones de euros. Se exime a los regantes, que cumplan los requisitos señalados con anterioridad, del pago de las tarifas de utilización del agua y del canon de regulación, correspondientes a 2007, así como de las aportaciones correspondientes a los gastos fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de conducción de las aguas y de la cuota de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase (cuenca del Segura).

Asimismo, se exime a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que gestiona el abastecimiento a 79 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, con una población superior a los 2,5 millones de habitantes, del pago de la tarifa de conducción de las aguas del trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, se prorroga, hasta el 30 de noviembre de 2008, la vigencia del Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua.

Se prorroga también la vigencia de los Reales Decretos 1265/2005, de 21 de octubre, y 1419/2005 de 25 de noviembre, por los que se adoptaron medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura, Tajo, y Guadiana, Guadalquivir y Ebro, respectivamente, aunque en este último caso ahora sólo se prorroga su vigencia para el ámbito de la cuenca del río Guadalquivir.

Por último, el texto declara la urgente ocupación de los terrenos afectados para la realización de determinadas actuaciones hidráulicas.

Esta serie de medidas responde a los principios del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), que incluye proyectos de mejora de gestión y del suministro de agua acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, incluso en situación de sequía.

El secretario regional de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, afirmó ayer que el agua del trasvase Tajo-Segura “no va ni para el consumo humano ni para los agricultores” y recomendó a los murcianos “que miren adonde hay agua porque si siguen mirando aquí, se están equivocando”.

Fresneda manifestó, en una rueda de prensa en Cuenca, que el trasvase para regadíos de 31,4 hectómetros cúbicos que ayer aprobó el Consejo de Ministros no es necesario y cuestionó el destino del trasvase de 37,6 hectómetros cúbicos para consumo humano.

Fresneda dijo que “allí el agua no va ni para el consumo ni para la agricultura, sino para otro tipo de desarrollos económicos, urbanísticos y de ocio que también nos vendrían muy bien aquí”.

El 85% del agua que se envió el pasado verano para socorrer al parque nacional de Las Tablas de Daimiel se perdió por el camino. De los 10 hectómetros cúbicos autorizados por el Consejo de Ministros, sólo llegaron 1,5 hectómetros, según explicaron ayer a La Verdad fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. El agua de la cabecera del Tajo derivada a Daimiel hizo que se redujera el desembalse destinado a los regadíos del Segura, puesto que no había más excedentes en la cabecera.

El Consejo de Ministros reconoció ayer que se ha producido «un escaso aprovechamiento» de los recurso trasvasados a Las Tablas. De hecho, este envío tenía carácter «experimental», puesto que se ha realizado en pleno verano. Las Tablas se encontraban en una situación crítica, ya que sólo tenía encharcadas 214 hectáreas de las 1.750 totales. El trasvase sirvió para mejorar su estado, aunque el encharcamiento no superó las 400 hectáreas debido a las numerosas pérdidas por el camino: 160 kilómetros de distancia desde el canal del Acueducto Tajo-Segura hasta el parque nacional, que se hacen a través del cauce natural del río Cigüela. Las filtraciones y probablemente las extracciones ilegales han impedido que el rendimiento sea mayor. Esta desembalse a Las Tablas ha sido uno de los menos fructíferos. En el año 1994 sólo llegó el 10% de lo autorizado y el rendimiento medio desde el año 1989 ha sido del 50%.

La propuesta para derivar agua a Daimiel en verano partió de una proposición presentada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, que propuso además que se derivara cada año una media de 20 hectómetros.

Ayudas fiscales

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para eximir del pago de las tarifas del Acueducto a Las Tablas y a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Las ayudas irán asimismo a los titulares de derechos de agua para riego que han tenido una dotación inferior al 50% de lo normal. El presidente de la Federación Nacional de Regantes, Andrés del Campo, mostró ayer su satisfacción por ello. En el caso de Canales del Taibilla, esta condonación compensa el esfuerzo económico que ha tenido que hacer para comprar agua a los regantes de Aranjuez, lo cual le ha provocado un desequilibrio económico, puesto que se trata de caudales más caros. Las exención sumarán 80 millones de euros.

El Consejo de Ministros, por otra parte, aprobó el envío de los 69 hectómetros del Tajo para los abastecimientos y los regadíos, como había propuesto el día antes la Comisión de Explotación. El presidente de los regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, expresó su satisfacción por este envío y por las ayudas del decreto de sequía. «Empezamos muy bien el año», dijo. La ministra Narbona afirmó que el trasvase «se ha hecho de acuerdo con las reglas de explotación vigente».

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado el desembalse de «imprudente» y ha recordado que los trasvases «tienen fecha de vencimiento . Hoy se tacha un día más en la cuenta atrás». El Ejecutivo de Barreda ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para comprobar si existen bases para recurrir el trasvase autorizado ayer. Asaja de Castilla-La Mancha, por último, criticó que este desembalse no va a la población, sino a los desarrollos urbanísticos, informa Efe.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Ana Guarinos, calificó el acuerdo del Consejo de Ministros mediante el cual se autoriza un nuevo trasvase de 31,4 hectómetros cúbicos para regadío, del ejemplo más claro de «falta de firmeza» y «debilidad» del Gobierno de José María Barreda frente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de agua.

   «Esta nueva decisión del Consejo de Ministros no hace sino confirmar la falta de peso específico del Gobierno de Castilla-La Mancha en decisiones tan importantes para los castellano-manchegos como las relativas al agua, pese a los intentos desesperados de José María Barreda de aparentar lo contrario», aseguró la representante del PP en nota de prensa.

   Según Guarinos, «esta situación tiene su origen en la falta de criterio propio y de firmeza en las decisiones que desde la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha se han ido adoptando por el Gobierno Socialista en relación con este tema, encaminadas a defender los intereses partidistas del Gobierno regional y no los intereses de todos los castellano manchegos».

   Así, la portavoz ‘popular’ recordó que en el año 2001 Barreda defendió el Plan Hidrológico Nacional, «porque era bueno para Castilla-La Mancha» y, ante los cambios producidos en la política nacional en marzo de 2004, «comienza a someterse a los dictados de la ministra Cristina Narbona y de Zapatero, apoyando la derogación del trasvase del Ebro».

   Guarinos consideró que con esta actitud, el Gobierno regional ha puesto en peligro el Estatuto de Autonomía aprobado en enero, «siendo la autorización de este nuevo trasvase para regadío un claro ejemplo de ello y de la falta de peso específico que Barreda tiene en el conjunto de España, de la política nacional y de su propio partido».

   Finalmente, la portavoz del PP pidió a José María Barreda que «deje de una vez de pensar en sus intereses políticos y comience a estar a la altura de los castellano manchegos, defendiendo el juramento que hizo ante las Cortes regionales».

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado de «imprudente al inicio del año hidrológico» la aprobación por el Consejo de Ministros de un envío por el acueducto Tajo-Segura de 69 hectómetros cúbicos y ha insistido en que los trasvases tienen fecha de vencimiento y hoy se tacha «un día más en la cuenta atrás».
En una comparecencia ante periodistas en la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, dijo ayer que el Consejo de Ministros no ha valorado adecuadamente ni la situación de escasez en los embalses ni las necesidades hídricas en la cuenca del Segura.
Además, ha informado de que el próximo Consejo de Gobierno regional estudiará la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del 23 de julio por el que se autorizaba la utilización de 6,1 hectómetros cúbicos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla como recursos del Júcar.
El consejero ha explicado que la impugnación se basa en que no se respetan las normas, porque parte de ese agua se destina a municipios de Alicante que no pertenecen a la cuenca del Júcar, sino a cuencas internas de la Comunidad Valenciana, y por tanto, a otros ámbitos competenciales y de planificación.
Sánchez Pingarrón ha dicho que se ha «iniciado la cuenta atrás» para el fin del trasvase, tanto por «el sentido común» como porque lo fija la «fecha de vencimiento» (2015) establecida en la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada por las Cortes regionales y aplazada para la próxima legislatura por el Congreso.
Sánchez Pingarrón, quien ha instado a un impulso a las infraestructuras desalinizadoras, ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que estudien la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 son para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La Comisión de Explotación del trasvase, que se reunió ayer, había propuesto al Consejo de Ministros estas cantidades, ya que las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía están por debajo de los 450 hectómetros cúbicos y la decisión de desembalsar agua corresponde al Gobierno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, informó de esa decisión, «dadas las condiciones hidrológicos excepcionales».

Ha añadido que se trata de conciliar los intereses de todas las regiones en beneficio de los ciudadanos, «cumpliendo las normas del marco legal que nos hemos dado -las reglas de explotación del trasvase- y siempre pensando en el interés general».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha afirmado que el trasvase «se ha hecho de acuerdo con las reglas de explotación vigente», que marca «como máximo» la aportación de hasta 23 hectómetros cúbicos al mes para garantizar el abastecimiento y un riego «de socorro» en la cuenca del Segura.

En su opinión, el envío del agua garantiza el abastecimiento a las poblaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses servidos desde el acueducto Tajo-Segura.

La referencia del Consejo alude a la «difícil situación» de las cuencas del Segura, Júcar y Almanzora y precisa que el ritmo de trasvase será de 23 hectómetros cúbicos mensuales.

Las reservas de los embalses de la cabecera del Tajo se sitúan en 357 hectómetros cúbicos, volumen superior a los 240, límite establecido por la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 por debajo del cual está prohibido trasvasar agua, con objeto de poder atender las necesidades de la cuenca del Tajo.

El Gobierno pide a la población que continúe con sus hábitos de ahorro, concienciación y sensibilidad frente a la «delicada situación» que se registra en las zonas en las que persisten las condiciones de sequía, como las cuencas del Júcar, Segura, Guadalquivir y Almanzora y la cabecera del Tajo.

Solicita a las fuerzas políticas en Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valencia y Andalucía «la máxima responsabilidad» ante la delicada situación de sequía que afecta, por tercer año, de forma significativa a esos territorios.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, calificó ayer de «atentado medioambiental» trasvasar agua para regadío al Levante, dada la situación «crítica» por la que atraviesan los embalses de la cabecera del Tajo.

Lamata, que inauguró en Ciudad Real las IX Jornadas de Igualdad de Género organizadas por la Confederación de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha (CAVE), se manifestaba así a preguntas de los medios en relación al acuerdo del Consejo de Ministros del viernes en el que se aprobó derivar 69 hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del río Tajo al Levante, 31,4 de ellos para regadío.

Según el vicepresidente castellano-manchego, la situación actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía es «crítica» y no parece justificado un trasvase para regadío, sobre todo cuando la situación de la zona de Murcia y Valencia en los actuales momentos «no es tan crítica como se pretende hacer creer», dadas las lluvias caídas en las últimas semanas .

En referencia a la situación de la cabecera del Tajo, afirma que «mandar un agua que no existe es desangrar un río y castigar su capacidad de recuperación medioambiental», informa Europa Press.

Lamata añadió que los trasvases de socorro están marcados por la Ley y en este momento no tienen justificación, recordando que antes del mantenimiento de los árboles leñosos está la recuperación del medio ambiente y la conservación de los humedales manchegos, como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

En este sentido, puntualizó que «los árboles se mueren, pero que si se muere el Tajo o se mueren Las Tablas de Daimiel, éstos ya no se podrán recuperar». Lamata resumió que las prioridades son, en primer lugar, agua para beber; en segundo lugar, agua para salvar el medio ambiente, y en última instancia, si hay excedentes suficientes que no es el caso ahora, agua para riego.

A vueltas con la «caducidad»

En todo caso, Lamata hizo hincapié en que cada día que pasa es uno más para acabar con el trasvase en el año 2015, una reivindicación remarcó Lamata, en la que Castilla-La Mancha lleva razón porque «necesitamos el agua para nuestro desarrollo y como cuenca cedente según marca la Ley tenemos prioridad para acceder a ella».

En cuanto a la situación en la que se encuentra la cuenca del Júcar en estos momentos, Francisco Belmonte explicó que se mantiene la alerta. No obstante, mostró su confianza en que a finales de octubre se levante el decreto de sequía existente.

Tras el último año hidrológico y las recientes lluvias que se han producido y que aún se esperan, Belmonte manifestó que será difícil que se mantenga el decreto de sequía. En este sentido el responsable de los regantes albaceteños de la Mancha Oriental hizo hincapié en los peligros que supone el hecho de gobernar a golpe de decretos.

Por otra parte, y en relación al trasvase de 69 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Segura recomendada por la Comisión de Explotación del acueducto, Belmonte no se posicionó sobre su necesidad o no. No obstante, manifestó que para evitar que estas situaciones se repitan constantemente habría que modificar la ley de explotación del trasvase.

Asimismo Belmonte lamentó que Castilla-La Mancha se vea obligada a ceder agua en todas sus cuencas. «Es una pena que Castilla-La Mancha ceda por todas partes».

El grupo socialista en las Cortes regionales ha solicitado la comparecencia de los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Segura, del Júcar, del Tajo y del Guadiana para que informen sobre la renovación de los planes hidrológicos de estas cuencas, que debe estar concluida en 2009.

Así lo indicó el diputado José Molina, que es el coordinador del área de Desarrollo Económico y Política Territorial del PSOE y que informó de que también han registrado una petición para que el Gobierno regional informe en el Parlamento autonómico del recurso que va a presentar contra la última venta de derechos de regantes del Canal de las Aves al Canal del Taibilla.

Molina, que manifestó que tampoco descartan pedir la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, destacó la importancia que tiene conocer el proceso de elaboración de los planes de cuenca, que determinarán los recursos disponibles para cada uno de los usos del agua. José Molina explicó que los planes deberán atender el crecimiento económico y de la población que ha experimentado la región, así como contemplar las exigencias medioambientales que requiere la preservación de los ecosistemas fluviales.

Además, señaló que los planes recogerán también las inversiones en infraestructuras que son necesarias para que la región pueda disponer de agua. Respecto a la solicitud que ha hecho el PSOE para que el Consejo de Gobierno informe del recurso que va a presentar contra la venta provisional de derechos de regantes del Canal de las Aves al Canal del Taibilla, manifestó que con ella quieren que haya un pronunciamiento de la Cámara regional al respecto, ya que su grupo considera que se trata de un «trasvase encubierto».

Ocho años han sido necesarios para que Francisco Belmonte volviera a presidir una reunión de la Junta de Gobierno de los regantes de la Mancha Oriental. Una tarea en la que ayer volvió a ‘estrenarse’ tras su elección el pasado 29 de septiembre como presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO).

Con la constitución ayer de la nueva Junta de Gobierno y el consiguiente traspaso de competencias tanto en algunas de las vocalías como en la propia Presidencia como único punto del orden del día, se abre una nueva etapa en la JCRMO.

Belmonte explicó tras la reunión que se trató de una primera toma de contacto con el equipo. Una cuestión fundamental a juicio de este regante que asegura que en su anterior etapa al frente de la JCRMO (entre 1994 y 1999) fue un presidente «poco presidencialista». Una fórmula que en esta ocasión espera repetir con idénticos resultados a los de aquel entonces. «La primera labor es cohesionar al equipo», manifestó.

Cohesión política

Y si ese primer paso es toda una declaración de intenciones, no lo son menos los siguientes. No en vano en la agenda de Belmonte la siguiente tarea es «cohesionar a los políticos», incluyendo al Gobierno y a la oposición. «No vale que los políticos se agredan a cuenta del agua. Yo al menos no lo voy a permitir», señaló el flamante dirigente indicando que esa es la única forma de que el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), en cuya renovación debe comenzar a trabajarse previsiblemente en el 2008, «salga bien».

Y es que esta es la prioridad de este nuevo mandato, la renovación del Plan de cuenca. En cuanto a las líneas generales que debería contemplar, Belmonte afirmó que se conformaría con que se aplicase «lo que escribimos la otra vez», es decir que se completase la sustitución de bombeos, los regantes del Levante cumpliesen con la modernización de regadíos y que se aplicase la sentencia del Supremo acerca del Júcar.

En este sentido el presidente de los regantes de la Mancha Oriental manifestó que los albaceteños por su parte sí han cumplido «a rajatabla» con lo establecido en el Plan Hidrológico del Júcar.

«Después de 10 años haciendo los deberes es hora de pedir que a quienes no los hayan hecho se les ponga de cara a la pared», subrayó el que fuese primer presidente de la JCRMO.

De la negociación necesaria en aquel momento para fraguar el PHJ, Belmonte recordó que supuso una ardua e importante tarea en la que fue necesaria la implicación de todos.

Respecto a la petición del grupo socialista en las Cortes regionales para que comparezcan los presidentes de las confederaciones del Segura, Júcar, Tajo y Guadiana para que informen sobre el proceso de renovación de los planes hidrológicos, Belmonte expresó que es más partidario del trabajo en firme que de las comparecencias.

En alusión a los políticos, el presidente de los regantes les recomendó que en esta labor de renovación se dejen asesorar y se fíen de «los que entendemos de esto».

Instrumentos

Por otra parte, insistió en que es intolerable que no se haya obligado a los agricultores de la Comunidad Valenciana a modernizar sus regadíos. Asimismo se refirió a otro de los instrumentos más importantes que los regantes castellanomanchegos de la cuenca del Júcar tiene en sus manos, la sentencia del Supremo en cuya aplicación pretenden incidir.

Y si la reunión de ayer supuso la primera toma de contacto con su equipo, el próximo lunes Belmonte hará lo propio con los máximos representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Así, Belmonte apuntó que el lunes mantendrá un primer encuentro en Albacete como presidente de la JCRMO con el responsable de la Confederación, Juan José Moragues. Una reunión con la que también pretende sentar las bases de la relación que mantendrán a partir de este momento.

«No queremos entretenernos mucho, queremos entrar en materia lo antes posible», avanzó Belmonte señalando que lo deseable es que se actúe antes de que las decisiones estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Los problemas hay que afrontarlos desde el principio», indicó poniendo como ejemplo el recientemente aprobado decreto de planificación manifestando en este sentido que «habrá que recurrirlo o pararlo».