VALENCIA. El catedrático de Ciencias Ambientales y profesor de la Universidad de Princeton, Ignacio Rodríguez-Iturbe, confirmó ayer que está «a favor del trasvase del Ebro ya que esta conducción es completamente viable desde el punto de vista económico, hidrológico y ecológico».

El profesor Rodríguez-Iturbe, que fue galardonado en 2002 con el «Stockholm Water Prize», considerado como «el Premio Nobel del Agua», asistió ayer a la sesión ordinaria del Tribunal de las Aguas de Valencia, donde recibió el «Blusón de labrador» que le acredita como miembro honorífico de esta institución acompañado por el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos Guillem. El profesor agradeció el reconocimiento del Tribunal, por «lo que simboliza esta institución, que es un motivo de orgullo para los valencianos y para toda España».

El prestigioso catedrático, que participa en el «Congreso Internacional sobre Instrumentos de Planificación Hidrológica. La importancia estratégica del Trasvase del Ebro para la Comunidad Valenciana», manifestó que no está en contra de la desalación «como medida puntual», pero no como alternativa a los trasvases. Desde el punto de vista económico, «las desaladoras tienen un coste energético mayor que los trasvases y una vida útil menor, y el impacto ecológico de la desalación es muy superior». Además, concluyó que el Plan Hidrológico del trasvase del Ebro ya tuvo en cuenta el cambio climático.

VALENCIA. El concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, aseguró ayer en un comunicado que es «una vergüenza» que el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, diga que «los valencianos no tenemos que preocuparnos porque tenemos en el mar toda el agua del mundo, que el problema lo tiene Aragón porque la única fuente de agua proviene en su caso de los ríos, los pozos, los acuíferos y en definitiva del agua de lluvia… es de auténtica desvergüenza».

Además, criticó que Palop tenga que ir a Zaragoza -donde realizó las declaraciones-para transmitirno un mensaje de tranquilidad como consecuencia de la sequía y «que no venga a Valencia y nos lo cuente en vivo y en directo». Además, calificó como «muy lamentable» que el Ministerio de Narbona lance estos mensajes, «en vez de explicarnos por qué nuestra ciudad está sufriendo restricciones en cuanto a cantidad, calidad y precio del agua, cuando ella aseguró, nada más derogar el Trasvase, que tendríamos más cantidad de agua, de más calidad y a menor precio, pero es que son incapaces de ofrecer una sola alternativa o propuesta realista».

La fiebre participativa se extiende a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ayer, el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, convocaba a expertos, usuarios, administraciones y ciudadanía en general en una «Mesa de la Participación» cuyo objetivo es diseñar un «Plan Integral para la Recuperación Medioambiental» del Río Júcar.

Esta Mesa se estructurará en cinco comisiones de trabajo, explicó el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, en rueda de prensa. Moragues también precisó que los objetivos de este plan son «mejora del caudal mínimo, mejora de la calidad del agua, restauración de ecosistemas, revalorización socio-cultural de los paisajes del agua y protección frente a inundaciones».

Moragues también indicó que en esta Mesa de trabajo «estarán representados tanto la Administración General del Estado (AGE), como los usuarios, regantes, agentes sociales, asociaciones, sindicatos y administraciones locales y autonómicas manteniendo siempre absoluta paridad entre las dos comunidades autonómicas implicadas».

También mostró su «firme compromiso» a llevar ante el Ministerio de Medio Ambiente «las propuestas y recomendaciones que se planteen para mejorar la situación del Júcar a lo largo del proceso de este Plan para la revisión y futuro ‘Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar’, que debe estar en sintonía con la Directiva Marco de Aguas», indicó.

Por su parte, fuentes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental indicaban ayer que , dado lo novedoso de la idea, era difícil aventurar su resultado «pero al menos va a servir para algo, y es que nos vamos a tener que ver todos las caras y hablar con los datos y cifras en la mano, en vez de tener que hacerlo sólo a golpe de titular en los medios de comunicación».

Desde la JCRMO, se considera que un foro de esta clase podría servir para poner sobre la mesa todos los problemas ambientales y ecológicos del Júcar y no sólo los que les interesan «a los históricos» como por ejemplo «hablar de problemas que están olvidados por completo, como los afluentes del propio Río Júcar, que parece que no existen, o el origen de los problemas de la contaminación de la Albufera, o la relación entre los caudales que recibe la Albufera y las zonas de regadío que la rodean, porque de un tiempo a esta parte, parece que el Júcar Medio es el culpable de todos los males de la cuenca y, por supuesto, habrá ver qué es y que no es Júcar, como no».

22 de febrero de 2007.  El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, afirmó hoy que la derogación del trasvase del Ebro «ha sido la espoleta de la insolidaridad hídrica en España», según informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado.

García Antón destacó, ante «las presiones del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner fin al trasvase Tajo-Segura», que «es una pena la forma de gobernar del actual Gobierno central porque ha abierto la insolidaridad entre todas las comunidades autónomas, y ha propiciado que cada una de ellas sólo se preocupe de sus intereses y no tenga en cuenta los problemas de los demás». Además, consideró que esta situación «ha provocado que ahora se cuestione también el trasvase Tajo-Segura».

En este sentido, el titular de Infraestructuras apuntó que «la prueba más evidente de la vergonzosa política hídrica del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es que, en tan sólo cuatro días de crecida del río Ebro, se han vertido al mar los 350 hectómetros cúbicos que necesita la Comunitat», lo que, en su opinión, «demuestra que en tan sólo cuatro días tendríamos la solución a nuestro déficit».

Por el contrario, añadió que el gobierno socialista «pretende que la desalación se convierta en una solución global», algo que, a su juicio, «es inviable para los agricultores y condena a muerte a la agricultura mediterránea».

Asimismo, manifestó que «la situación actual de creciente insolidaridad es responsabilidad del gobierno de Zapatero», ya que «estamos asistiendo a un espectáculo en el que por ejemplo ahora el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del propio partido socialista, ha anunciado que van a recurrir el estatuto de Andalucía», apostilló.

De esta manera, subrayó que «unas comunidades autónomas estamos recurriendo los estatutos de otras comunidades por un tema como el agua, debido a que el gobierno actual quiere abocarnos a cada región a una situación de autarquía».

En cambio, destacó que el Consell entiende que el Gobierno central, «que es el gobierno de la nación, no puede dejar en manos de cada gobierno autonómico la gestión de unos recursos tan escasos y necesarios, sino que lo que debe hacer es practicar una política nacional, de solidaridad, de gestión, y de distribución».

Por todo ello, el conseller pidió al Ejecutivo central que «vuelva al Plan Hidrológico Nacional (PHN), que era uno de los proyectos más importantes que solidaridad entre todos los españoles», ya que, según recordó, el partido socialista «abanderó un plan similar en los años 90 y en cambio ahora, defiende lo contrario y se ha convertido en el partido de la insolidaridad y la autarquía», añadió.

Sobre el trasvase Tajo-Segura, el presidente autonómico señaló en una entrevista en Onda Cero que «Castilla-La Mancha forma parte de la España seca. Tenemos un problema estructural de falta de agua. En los años de sequía este trasvase se pone todavía más en evidencia».

Por ello, Barreda argumentó que los manchegos «necesitamos también las aguas superficiales del Tajo, porque pronto vamos a ser dos millones de castellano-manchegos. Cuando se dice agua para todos, yo estoy de acuerdo, pero inmediatamente añado: también para Castilla-La Mancha. Nosotros necesitamos el agua. Tenemos un déficit estructural de agua».

El jefe regional manifestó que «no hay ningún razonamiento intelectual que justifique la derogación del trasvase del Ebro previsto desde la desembocadura y, sin embargo, un trasvase que se hace desde la cabecera, como es el caso del Tajo, me parece una incongruencia enorme».

Finalmente, el presidente castellano-manchego se refirió a la reclamación de Rodríguez Ibarra ante el Tribunal Constitucional sobre el Guadalquivir en los siguientes términos: «Tiene sentido y nosotros estamos estudiando también muy seriamente la situación planteada. La cuenca del Guadalquivir tiene un 7, 13 por 100 en Castilla-La Mancha y, por lo tanto, nos afecta. Mi planteamiento es el siguiente: las comunidades autónomas que tenemos competencias exclusivas en agricultura, en medioambiente, urbanismo y vivienda y ordenación del territorio, debemos de formar parte de los órganos de gestión y planificación del agua».

El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente (MIMA), Jaime Palop , resaltó ayer que la Comunitat Valenciana y Murcia siempre tendrán el mar, “una fuente de recursos infinita”, frente al interior del país, cuyo desarrollo dependerá únicamente del agua de los ríos y acuíferos.

En una rueda de prensa en Zaragoza con motivo de la celebración de la Mesa de Información del Plan Nacional de Restauración de Ríos y su aplicación en la Cuenca del Ebro, Palop agregó que, precisamente, las tensiones territoriales que se están produciendo por falta de agua son uno de los ejemplos que muestran la necesidad de dar un giro a la política de gestión de este recurso.

Recordó que todos los presidentes autonómicos plantean unos estatutos en los que se pone de manifiesto “una gran preocupación por el agua presente y futura”, e insistió en que a su juicio actúan “de buena fe”, con coherencia y con honestidad, porque “han de mantener el desarrollo” en su región.

“Defienden sus intereses” y esto es “algo legítimo en democracia”; es decir, “que cada uno levante la mano y diga lo que necesita”, agregó.

El hecho de “tener el agua justa” es algo en lo que coinciden Aragón, la Comunitat Valenciana, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León. No obstante, hizo hincapié en que no todas las comunidades se encuentran en la misma situación, porque en las regiones de Levante (en referencia a la Comunitat y Murcia) tienen el mar , “una fuente de recursos infinita”, y también “una tecnología al alcance de su mano” para producir la desalinización” y poner el agua “a disposición de usos económicos y del abastecimiento a poblaciones”.

“Tienen el mar al lado y una tecnología que abarata cada vez más el procedimiento”, insistió. Resaltó que en el interior, por contra, el agua sólo proviene de los ríos y de los acuíferos; en definitiva de la lluvia y del agua superficial

El vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, señaló que «aunque a día de hoy el Gobierno reconoce que la situación es de legalidad del trasvase» Tajo-Segura, en Castilla-La Mancha «hemos llegado ya muy lejos».
A preguntas de los medios, sobre las manifestaciones de miembros del Ejecutivo central respecto a la caducidad del trasvase, García-Page indicó que, no obstante la situación actual, el Estatuto de Autonomía castellano-manchego «va a conseguir cambiar la situación».
En rueda de prensa, para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el también portavoz del Gobierno regional recordó que éste siempre ha sido un «reto difícil y peliagudo» que genera contradicción de intereses, pero insistió en la posición firme de la Comunidad Autónoma.
Según comentó, si el Gobierno central hubiera dicho que se había acabado el trasvase «ni nos hubiéramos planteado generar el debate».
Por otra parte, preguntado por la manifestación convocada este fin de semana por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en relación a la pena impuesta al etarra Ignacio De Juana Chaos, consideró la necesidad de respetar las decisiones de los tribunales.
En otro orden de cosas, García-Page anunció ayer que el futuro hospital de Toledo está «a punto de despegar» ya que, en los próximos días, se firmarán los contratos para el inicio de las obras y el replanteo del proyecto.
García-Page se pronunció así, en rueda de prensa, en la que remarcó las diversas operaciones de crédito aprobadas por el Consejo de Gobierno para la financiación del nuevo Hospital General de Toledo.
Recordó que este complejo sanitario será referencia nacional e internacional y destacó que su superficie construida será cinco veces mayor que la que ocupa el actual Hospital Virgen de la Salud, pasando de 50.000 metros cuadrados a más de 364.000.
En cuanto a su infraestructura, si el hospital actual dispone de 290 habitaciones dobles, el nuevo tendrá 774 habitaciones individuales triplicándose el número de quirófanos y doblándose el número de consultas, de 118 a más de 200.
Por otra parte, preguntado por la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Toledo debido a la caída de una viga en la vía, García-Page señaló que un inconveniente así puede surgir en una carretera, el AVE o el tren convencional, aunque precisó que «lo mejor sería tener no uno sino varias líneas de alta velocidad

Si la Albufera no dependiese del Júcar, en sus aguas aún se criarían sepias y mejillones. A lo largo de los siglos, la Albufera se endulzó con aguas fluviales: del Turia, de los barrancos y, sobre todo, del Júcar. El Gobierno manchego de Barreda prefiere ignorar este sencillo hecho histórico porque le conviene: si logra imponer el criterio técnico de que la Albufera no es parte de la cuenca del Júcar, él puede quedarse, aguas arriba, con los recursos destinados al mantenimiento del lago.

La verdad es que los castellano-manchegos parecen tener más aptitud para la acción comunitaria concertada que nosotros. Pepe Bono fue capaz de pararle una autovía a otro Pepe, el ministro Borrell. Ahora Barreda detiene el AVE mediterráneo y el PP y el PSOE manchegos -como el PP y el PSOE aragoneses- votan juntos por la caducidad del trasvase Tajo-Segura, en un caso, o contra cualquier forma de trasvase del Ebro, en el otro. Por suerte, los estatutos pueden decir lo que les venga en gana: gracias a todos los santos, las aguas de los grandes ríos son competencia exclusiva del Estado y a Europa le gusta la Albufera, que sólo puede sobrevivir con aguas del Júcar.

Así pues, no hace falta que abandonemos la política de los trasvases: ella nos abandonó antes a nosotros y, por un quiebro irónico en el curso de la historia, ahora resulta que el primer y mejor garante de nuestros intereses puede ser Zapatero, incluso Cataluña, quién me lo iba a decir: por lo menos Jordi Pujol no se cerraba en banda a ciertos trasvases como sí han hecho Castilla y Aragón. El día que Castilla votó, en bloque, contra el acueducto Tajo-Segura, a nuestro president se le quedó, dicho sea con todos los respetos, cara de doncella a la que acaban de arrebatarle la flor en un descuido. Con los ríos se hace política desde que los jerifaltes de antaño iban prometiendo acequias y huertas y a los rústicos se les ponía cara de Tío Gilito. A ver si nos lamentamos menos y actuamos más.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra realizó el anuncio durante la presentación en Sevilla de un libro de cocina. Dijo que lo interpondrá cuando el nuevo estatuto andaluz se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El presidente de Extremadura señaló que presentará el recurso “sin duda” porque el articulo 51 del nuevo texto estatutario “se apodera en exclusiva del río Guadalquivir”, que “es una falsa competencia exclusiva porque está redactado para que parezca una verdadera competencia, pero es falsa”.

El citado artículo 51 establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía ‘‘ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución”.

El presidente extremeño recordó que la Constitución recoge “taxativamente” que los ríos que discurren por varias comunidades autónomas “son competencia exclusiva del Estado”, y no dice “que si un río transcurre el 92 por ciento por un sitio y el 8 por ciento restante por otro su gestión sea competencia del primero”.

De este modo, Rodríguez Ibarra se acoge a la senda marcada por la Generalitat Valenciana, que ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, y su demanda ha sido admitida a trámite, el nuevo estatuto de Cataluña. El motivo del recurso del Consell es el mismo que en el caso de extremeños y andaluces: El Ejecutivo autonómico catalán blindaba el Ebro a los trasvases, a pesar de que ese es un río que atraviesa varias autonomías y a su cuenca pertenece incluso la comarca castellonense de Els Ports.

La Generalitat también está dispuesta a recurrir otros dos futuros estatutos: el de Aragón y el de Castilla-La Mancha. El primero, también por blindar el Ebro a los trasvases. El segundo por querer acabar con la transferencia Tajo-Segura.

La decisión de Rodríguez Ibarra evidencia, según declaró ayer el portavoz del PP en las Cortes, Serafín Castellano, “las contradicciones de la política hídrica del PSOE”. En esta línea, agregó que queda patente ‘‘el caos y los desequilibrios que la desastrosa política hídrica de Zapatero están provocando”.

El derogado trasvase del Ebro
Castellano argumentó que el actual Ejecutivo central “abrió la veda irresponsablemente con la derogación del trasvase del Ebro y ha provocado un efecto dominó que está comportando los desequilibrios, la insolidiaridad y que los propios socialistas impugnen ahora las cosas por la política de improvisación e incertidumbre que practica Rodríguez Zapatero’’.

‘‘Los socialistas están demostrando que su política hídrica es un auténtico fracaso que fractura la solidaridad interterritorial y los recursos naturales, ya que los ríos no son de una Comunidad o de otra, sino que son una competencia estatal que nadie puede arrogarse porque sí, como quieren hacer con el Ebro”, declaró Castellano.

Así, Serafín Castellano indicó que “los socialistas, por un lado en unas regiones, se dedican a blindar los ríos y negar el agua a las comunidades vecinas, como ocurre en Aragón, donde también pretenden recoger en su estatuto ese blindaje para el Ebro, y en otras se oponen a estas medidas”. Resaltó además que “eso es lo que ocurre cuando la política que promueve el gobierno central obvia los principios de solidaridad entre comunidades y cuando lo que se fomenta es el enfrentamiento y la crispación”.

Castellano señaló que a los populares “ya nos gustaría que los socialistas valencianos tomaran ejemplo y se opusieran al blindaje del Ebro que pretenden sus compañeros de partido en Aragón e hicieran cumplir el derecho al agua que recoge nuestro estatuto reclamando el trasvase del Ebro que Zapatero nos derogó”.

El colectivo Xúquer Viu ha hecho llegar al Ministerio de Medio Ambiente su malestar por lo que califica de « insuficientes » recortes al regadío en La Mancha Oriental, que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha situado en el 20%.

Los ecologistas valoran que se haya producido un aumento de las reducciones respecto al año pasado aunque recuerdan que se han autorizado extracciones de entre 260 y 270 hectómetros cúbicos que suponen «el doble de lo que desde el punto de vista de Xúquer Viu habrían de realizarse para mantener el equilibrio en el propio acuífero y en el río». En este sentido apuntan que la extracción máxima sostenible del acuífero debe determinarse de acuerdo a los criterios de la Directiva Marco del Agua y no puede limitarse a situaciones de sequía.
Además, añaden que las restricciones aprobadas y las previsiones respecto a las que se dictarán para el regadío de la Ribera del Júcar consolidan un trato más favorable al regadío manchego. «Si se consideran las medidas aprobadas en los dos últimos años, se observa que las restricciones sobre las extracciones en la Mancha Oriental son del 35% mientras que las anunciadas sobre el regadío de la Ribera estarían entre un 70 y un 75%, de manera que por segundo año consecutivo los regadíos de La Mancha consumirán más agua que los regadíos tradicionales valencianos» , recuerdan.
Además, creen que el Gobierno debería haber optado directamente por la expropiación, justificada en la situación de sequía, sin tener que indemnizar a los regantes de la Mancha por dejar de utilizar las aguas subterráneas. En ese sentido recuerdan que las restricciones establecidas para el riego con aguas superficiales no han generado indemnizaciones ni en tierras manchegas ni en Valencia.