El Ayuntamiento manchego se niega a pagar el agua cedida en Alarcón por los agricultores, que piden el corte del suministro
Agravios. Los regantes tradicionales de La Ribera culpan a la Confederación Hidrográfica del Júcar de incumplir el Plan Hidrológico «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-La Mancha».
Regulación. El Convenio de Alarcón fija reservas de agua en el embalse para sus dueños, los regantes valencianos. Por debajo, tras ceder caudales a otros usuarios, estos deben abonar a los primeros los costes de sustitución.
Los presidentes de las acequias Real del Júcar, Sueca, Escalona, Carcaixent, Cullera y Villa y Honor de Corbera han dirigido una extensa y durísima carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, en la que acusan a este organismo de falta de objetividad, de incumplir el Plan Hidrológico «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-La Mancha» y de favorecer los intereses de Albacete.
La gota que ha rebasado el vaso de la paciencia de los regantes tradicionales del Júcar, en la comarca valenciana de La Ribera, ha sido el persistente incumplimiento del ayuntamiento respecto a lo estipulado en el Convenio de Alarcón. Dicho consistorio se niega a pagar a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ, entidad propietaria del embalse de Alarcón) 1.087.430,29 euros, cantidad correspondiente a las liquidaciones por los caudales cedidos de dicho pantano.
El Convenio de Alarcón, firmado el 23 de julio de 2001 entre el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha y los regantes tradicionales valencianos, que usan las aguas del Júcar desde hace 750 años, fija en favor de estos unas reservas mínimas en el embalse para garantizar sus necesidades. Si se baja de estas reservas, por ceder caudales de las mismas a otros usuarios, estos están obligados a pagar a los primeros por los costes de sustitución del agua que ya no les llegará por el río y tendrán que extraer de pozos, con mayores gastos de inversión, energéticos y de mantenimiento.
Así ha venido ocurriendo en años pasados, cuando, en aplicación de sucesivas resoluciones de la Confederación, se ha desviado agua de la reserva de los regantes valencianbos a otros usuarios. En total han sido 247 millones de metros cúbicos los desviados, y los regantes de La Ribera han tenido que costear los gastos de extracción de ese caudal para aportarlo al sistema.
De esos 247 millones de metros cúbicos, el Ayuntamiento de Albacete ha utilizado 29,3, pero, a diferencia de los otros usuarios beneficiados por el desvío de agua (bastantes de ellos en la Comunitat Valenciana), que han abonado las liquidaciones requeridas, el consistorio de la capital manchega se niega a pagar y aduce que el uso de boca es preferente al riego, por lo que no se siente obligado.
Ante esta actitud, los regantes valencianos piden a la Confederación Hidrográrfica que otorgue un último plazo de tres meses para regularizar la situación, y, en caso de persistir en la negativa, que se corte el suministro de agua. Los regantes tradicionales recuerdan a la propia Confederación que «no ha adoptado las medidas necesarias para hacer cumplir sus propias resoluciones», dejándolos en una «situación de indefensión». Reconocen que, en la ley de aguas, el uso de boca es preferente, pero no con carácterconfiscatorio, sino indemnizando a quienes tienen los derechos (los regantes valencianos). Culpan al Ayuntamiento de Albacete de «comportarse como si estuviera por encima del Estado de Derecho y las leyes» y reitera que la Administración central le tolera que incumpla el Convenio de Alarcón.