El PP quiere ampliar a los regantes la bajada de la luz a la industria vasca

Las dudas jurídicas sobre la modificación por parte de Industria de la metodología de asignación de los costes del transporte y la distribución en los peajes eléctricos, cuya potestad otorga una directiva europea a la CNMC, ha llevado al Gobierno a reforzar dicha modificación para dotarla de rango de ley, evitando así problemas en los tribunales.

El pasado 3 de septiembre, el Ministerio de Industria remitió para su informe a este organismo un proyecto de real decreto relativo a los territorios eléctricos no peninsulares, que incluía varias disposiciones que suponían un cambio en la metodología aprobada por la CNMC en mayo. El objetivo último de este cambio era poder rebajar los peajes eléctricos a la industria vasca y cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV el pasado mes de diciembre.

Ahora, tal como avanzó ayer eldiario.es una enmienda del Grupo Popular en el Congreso (la 58) al proyecto de Ley de Metrología (norma ajena al sector) propone incluir una disposición final con varias modificaciones de la Ley Eléctrica. La enmienda persigue habilitar al Gobierno para que pueda modificar la estructura de los peajes. Para el Gobierno, la metodología de la CNMC es una mera asignación de costes, pero la determinación de los peajes corresponde al ministerio que, como viene a señalar la enmienda, es el verdadero regulador.

Fuentes próximas al Ejecutivo reconocen que esta propuesta va encaminada a reforzar jurídicamente una decisión que, reconocen ahora, no solo beneficiará a la industria del País Vasco suministrada en media tensión, sino también a las comunidades de regantes, a las que se dotará de una tarifa específica. Algo que Industria podrá hacer libremente al controlar la estructura de los peajes.

El cambio metodológico en cuestión supone cambiar el umbral entre la media y la alta tensión, que la CNMC mantiene en 36 kV y el ministerio quiere bajar a 30 kV. Dado que las empresas industriales del País Vasco conectadas en media tensión tienen 33 kV (el que le permite la red de distribución de Iberdrola) y que la alta goza de peajes más baratos, el coste les bajaría sin más. Concretamente, se propone desdoblar los peajes en media tensión (el 6.1) estableciendo uno para el rango entre 30 y 36 kV.

En la justificación de la enmienda, el PPdice que “la metodología debe ser genérica, para diferentes niveles de tensión y periodos horarios, únicos principios que rigen la estructura de peajes que determina el Gobierno”. Aunque con el cambio de la Ley Eléctrica el Gobierno pretende zanjar los problemas de interpretación con ciertos sectores de la CNMC, fuentes jurídicas aseguran que, “por mucho que se cambie la Ley Eléctrica y la de creación de este organismo, la decisión conculca la normativa europea”.

La enmienda subraya lo que se sospechaba desde la transposición de la directiva que otorga al organismo la potestad de fijar un método para calcular los peajes: que el Gobierno no se resigna solo a fijar su cuantía, sino que quiere también imponer su estructura y las condiciones de su aplicación.

CNMC: «se rompe el principio de peaje único en todo el territorio nacional»

La decisión del Ministerio de Industria de cambiar el límite entre la alta y media tensión, que se traducirá en una rebaja de las tarifas de acceso para la industria vasca (se desdobla la actual tarifa de media tensión en dos, y la más barata se aplicará a dicha industria, que está conectada en 33 kV), ha sido muy criticada por el resto de comunidades autónomas y las rivales de Iberdrola en el consejo consultivo de la CNMC.

Pero también por este organismo Así, en su dictamen del real decreto sobre sistemas no peninsulares que incluye esta medida y que acaba de publicar, la CNMCconsidera que en la propuesta “no se justifican los criterios técnicos o económicos que han conducido a la escisión del actual peaje 6.1 en dos diferenciados en función del nivel de tensión (entre 1 y 30 kV y entre 30 y 36 kV) solo para consumidores con potencia superior a 450 kW”.

La CNMC considera que la metodología que aprobó en una circular la pasada primavera y que ahora quiere cambiar el Gobierno, “no entra en las especificidades concretas de diseño de las redes de cada distribuidora”, que responden a muy diversos factores. “Tener en cuenta las particularidades de cada red podría llevar, en último extremo, a que cada consumidor de una misma categoría pagara un precio distinto”, lo que rompería, según el regulador, “el principio de peaje único en todo el territorio nacional que estipula la ley”.

La CNMC defiende su metodología basada en el pago de costes medios según niveles de tensión de las redes. Teniendo en cuenta que estos niveles de tensión no son homogéneos en todo el país, “los clientes de cada zona podrían llegar a reivindicar que sus peajes solo incluyeran los costes de las redes que realmente utilizan”, señala el dictamen.

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Entrevista con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos

Como licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, además de pertenecer al cuerpo de abogados del Estado, el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, acumula ya una amplia experiencia como gestor público de temas relacionados con el medio ambiente y las infraestructuras, tanto en la Administración Central, como en la Comunidad de Madrid. Una experiencia que, sin duda, le ha servido para conciliar los distintos intereses que se ponen en juego al elaborar los planes hidrológicos de todas las demarcaciones sobre las que tiene competencia el Estado, así como para impulsar los de ámbito autonómico.

El Consejo de Ministros culminó el viernes la planificación hidrológica con la aprobación de los planes del Segura y el Júcar tras casi cinco años de retraso. ¿Por qué esa tardanza y qué trascendencia tiene?

Se trata de un proceso muy complejo que requiere de mucho esfuerzo y negociación con todas las partes implicadas, como son las comunidades autónomas, los ayuntamientos o los usuarios de las cuencas. La aprobación de los planes del Júcar y Segura es muy relevante porque se trata de las dos zonas con más déficits hídricos.

¿Qué es un plan de cuenca?

Es la radiografía de un río. En él se especifica su componente física, geográfica, los usos agrícolas de la zona, el caudal ecológico que debe mantener y también establece una planificación de las obras, de las depuradoras que deben renovarse o construirse. Los planes de cuenca incluyen un examen de las aguas subterráneas con el fin de garantizar que el uso que se hace de éstas es sostenible. En definitiva, nos permite saber qué tenemos y hacia dónde vamos.

Después del apoyo mayoritario obtenido por todos los planes hidrológicos de cuenca, ¿puede decirse que se ha acabado la guerra del agua?

Este proceso demuestra que con diálogo siempre se puede avanzar. Solo entendiendo las necesidades de unos y otros se puede llegar a acuerdos. Ahora bien, si me pregunta si se acabarán las batallas o el aprovechamiento político de este asunto, evidentemente no.

¿Qué calificación le otorgaría al sistema hidrológico español?

España tiene una distribución de los recursos hídricos muy irregular. Fundamentalmente, por causas climatológicas, ya que el régimen pluviométrico es muy distinto en unas cuencas y otras. Además, las áreas de abastecimiento que cubren unos ríos y otros son muy dispares o las comunidades de regantes a las que deben atender. Así, hay masas de agua con un buen estado de conservación, aunque presentan amenazas. Algunas son por el clima y otras por las futuras demandas que originan, por ejemplo, los nuevos usos para ocio. De ahí, que deba seguir impulsándose la depuración.

¿Se paga en España un precio razonable por el agua?

Depende. Hay zonas donde se incorporan más costes y se paga más. Donde el agua es escasa están más acostumbrados a pagar por ella. Nosotros creemos que se deben ir incorporando todos los costes, de forma que lo que se cobre por ella, ayude a mejorar las infraestructuras y la gestión y, de ese modo, revierta en beneficio de todos los usuarios.

¿Qué obras hace falta poner en marcha para mejorar el sistema?

Debemos impulsar las obras de depuración. De hecho, la próxima partida de fondos europeos irá destinada a esto. En cuanto a las grandes infraestructuras, debemos finalizar las que están todavía en marcha, como algunas presas que llevan hasta décadas en construcción. Y, por supuesto, habrá que pensar y planificar qué más se necesita.

¿Es la oportunidad para la colaboración público-privada?

Sin duda, quizás las obras hidráulicas sean uno de los casos donde más claramente se pueden poner en marcha proyectos financiados por el capital privado sin que ello signifique privatizar la gestión del agua. Hay que explorar todas las vías posibles de financiación, pero para ello hay que brindar a los inversores un marco jurídico adecuado con la máxima seguridad y estabilidad.

¿Qué papel deben desempeñar las desaladoras?

En este asunto es donde se pone de manifiesto la necesidad de planificar correctamente. No basta con construirlas, hay que analizar cómo integrarlas, qué precios cobrar por el agua que van a producir. En España se han invertido 2.400 millones en la construcción de estas infraestructuras y no se han podido utilizar al 100%. Faltaban interconexiones y el diseño de cómo integrarlas en el conjunto del sistema del agua. El precio al que podían vender el agua superaba lo que los usuarios podrían pagar y eso era algo que se debía de haber sabido antes.

¿Tendrán cabida nuevas instalaciones de este tipo en el futuro?

Son un nuevo jugador, que puede ser útil en momentos clave. Todavía hay que desarrollar un modelo que permita integralas en la agricultura. Ese es el siguiente paso.

Gracias a la inversión de 10.260 millones prevista hasta 2027, ¿se acabará con el despilfarro de agua?

Se han hecho muchos avances y allí donde es más escasa, hay una cultura de aprovechamiento mayor. Las pérdidas en el sistema de distribución aún son altas por sus dificultades de transporte, pero se ha mejorado mucho. Por ejemplo, con la modernización de los regadíos, la optimización de los consumos urbanos y la reutilización de aguas se ha logrado avanzar mucho.

Reforma de costas y cambio climático, otros retos

La planificación hidrológica que ahora culmina es solo uno de los temas que hay sobre la mesa del secretario de Estado de Medio Ambiente, quien ahora recuerda con satisfacción las negociaciones llevadas a cabo incluso en sábados y domingos. Además, los próximos meses el trabajo girará sobre todo en torno a aprobar el reglamento de la reforma de costas y terminar la trasposición a la normativa española de varias directivas comunitarias. Federico Ramos considera prioritario agilizar la resolución de expedientes de impacto ambiental, así como garantizar que “si hay que decir que no a un proyecto, que se diga lo antes posible”. En materia de cambio climático, Ramos trabaja ya con dos citas vitales: las cumbres de Lima y, sobre todo, París, de donde deberá salir un acuerdo para la reducción de las emisiones de efecto invernadero.

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El ‘tarifazo’ eléctrico apaga el regadío

Cinco Dias / Cuando reviso los costes de la energía necesaria para la distribución del agua por las comunidades de regantes, me parece mentira comprobar que la luz supone ya entre el 35% y más del 40% de los costes relacionados con el agua, y más todavía para un agricultor que, como yo, se dedica al regadío. Una cifra que se ha convertido en insostenible, condenando esta actividad a una paulatina desaparición, a pesar de ser la garante de los alimentos básicos. De hecho, en los próximos veinte años la producción deberá aumentar globalmente más de un 40% para poder satisfacer las necesidades alimentarias de una población en crecimiento, y superar el 70% de incremento, si nos acercamos al horizonte 2050.

Esta importancia no parece verla la Administración con la claridad con que lo hacemos los regantes. El regadío, que ha acometido además grandes inversiones para modernizar sus sistemas de riego y poder producir más con menos agua, ha visto premiados sus esfuerzos con subidas de electricidad astronómicas. Desde que se suprimieran las tarifas especiales en 2008, la factura de la luz se ha encarecido con la excusa del déficit de tarifa en una media de más del 80%, con un incremento de los costes fijos (regulados) superior al 1.000% en muchas zonas regables. Un gasto que ha de afrontarse todo el año cuando se trata de un servicio que muchos sólo utilizan la mitad del año, coincidiendo con la época de riego.

Los regantes no es que hayamos soportados estos envites de manera estoica, todo lo contrario. Llevamos muchos meses con un proceso de negociación abierto al más alto nivel para alcanzar un escenario tarifario justo y más competitivo. No pedimos ningún tipo de favor ni subvención alguna, solo una distribución justa y equitativa de los costes de la energía, de acuerdo a nuestro régimen de uso estacional.

Son ya más de cinco años los que venimos denunciando sin éxito ante el Ministerio de Industria el grave problema que supone esta injusta distribución de los costes fijos (regulados) de la tarifa eléctrica, hasta el punto de que ya resulta rutinaria la callada por respuesta. Lamentamos la falta de predisposición de Industria para ajustar los costes regulados a la actividad estacional del regadío. Y dado que sus últimas modificaciones legislativas van en sentido contrario, nos hemos visto obligados antes de arrancar la próxima campaña de riego a dar por agotado el proceso negociador y alzar nuestra voz para que se escuche alto y claro en público el 26 de febrero.

Si para entonces no se aportan soluciones, regantes de toda España se manifestarán simultáneamente en las diferentes comunidades autónomas ante sus respectivas delegaciones de Gobierno en protesta por una subida indiscriminada de las tarifas eléctricas que, sin duda, esconde una política energética errónea.

No me cansaré de decir que decisiones como la reforma energética aprobada el pasado julio son el resultado de una cadena de decisiones basada en la ideología más que en la realidad, lo que ha conducido a un déficit de tarifa acumulado superior a los 26.000 millones de euros y cuyas consecuencias estamos pagando todos y muy especialmente actividades que, como el regadío, tienen consumos de temporada. ¿No sería más justo que parte de los impuestos (primas, subvenciones, etc.) se cargaran contra los Presupuestos Generales para que se asumieran entre todos, como ya sucede con los consumos insulares»..

Con El regadío agoniza. No al tarifazo eléctrico como lema, los regantes trataremos de hacer llegar una vez más a la Administración una tabla de medidas, como la aplicación de un IVA reducido al suministro eléctrico para regadíos, tomando como antecedente inmediato el caso de Italia, donde los regantes pagan un IVA menor por la energía gracias a las gestiones directas realizadas por el Gobierno italiano con la Unión Europea. Solicitamos también pagar únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el coste de un servicio que no utilizamos fuera de la época de riego (de abril a octubre) y que sólo tras la reforma energética del pasado agosto se ha incrementado del orden de un 115%. Con la flexibilidad por bandera, ofrecemos otras alternativas para conseguir aminorar los costes eléctricos, que pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (campaña de riego).

Por último, otra medida sería facilitar que el regadío pueda producir energía distribuida y generar electricidad en su zona regable para autoconsumo, conocida como balance neto o Net Meetering, que ya se utiliza en otros países de Europa, Asia y América y permite además inyectar a la red nacional la producción que no se necesite. Créanme cuando les digo que los regantes hubiéramos deseado un desenlace diferente para este proceso negociador pero lo importante es que aún estamos a tiempo. Diálogo y consenso para sacar adelante estas medidas en lugar de silencio por parte de las autoridades ministeriales. Sin embargo, los regantes no constituimos una mayoría silenciosa sino que somos obstinados y luchadores, de los que utilizan hasta el último recurso para salvar el regadío con la confianza de que, ahora sí, nuestra voz sea tenida en cuenta.

Andrés Del Campo es presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).

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La reforma eléctrica hace agua con un déficit ‘sorpresa’ de 3.000 millones

A nadie le salen las cuentas y los ministerios de Industria y Hacienda no parecen dispuestos a aclararlas. ¿Cómo es posible que en la orden de peajes de agosto, una revisión que se aplicó de forma extraordinaria en el marco de la reforma eléctrica, el departamento que dirige José Manuel Soria estimara un superávit de tarifa de casi 19 millones para este año y ahora asegure que se producirá un déficit de entre 2.500 y 3.000 millones?

Una cifra digna de los peores años del déficit que ha sido confirmada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, pero que no cuadra ni con las previsiones más pesimistas de ingresos por el derrumbe de la demanda (que también se traducirá en una menor recaudación de los nuevos impuestos energéticos a la producción), ni con el hecho de que parte de los frutos de la reforma eléctrica comiencen a apreciarse en enero.

  En la peor de las hipótesis el déficit de caja de la tarifa (esto es, la diferencia entre los ingresos ordinarios procedentes de la factura de la luz y los costes reconocidos a las compañías) alcanzará este año los 6.000 millones de euros, según distintos cálculos. Casi la misma cantidad que el Estado aportará este ejercicio, según figura en la reforma aprobada el pasado mes de julio, integradapor una docena de normas, cuyo objetivo es cubrir dicho desfase y comenzar a resolver la lacra del déficit.

Concretamente, un crédito extraordinario de 2.200 millones que Hacienda dará a Industria este año y que figura en una ley cuyo trámite parlamentario está a punto de terminar; otra partida de 900 millones para los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares;2.647 millones de la recaudación de los nuevos impuestos energéticos y 150 millones de los ingresos del Estado por derechos de CO2 (estas dos partidas figuran corregidas a la baja en agosto).

La pugna entre Soria y Montoro por la tarifa se cerró en falso en julio

Según coinciden las empresas del sctor de todo tipo y tamaño, asociaciones, expertos y fuentes cercanas al regulador, el nuevo déficit de Soria solo se explicaría por la negativa de Hacienda a pagar todo el dinero comprometido, dado su estrecho margen para elaborar los Presupuestos de 2014. Concretamente, Hacienda habría rechazado librar buena parte del crédito extraordinario, ya que, según la ley que lo habilitará, el fisco aportaría “un máximo” 2.200 millones. Pero tampoco se descarta recortar la apostación a las extrapeninsulares.

En el ministerio que dirige Cristóbal Montoro reconocen que “hay una serie de partidas que están en el aire” y que “la partida global se cierra el viernes”. Este sentido, añaden que “habrá negociaciones hasta el último momento”. En julio, la pugna entre Montoro y Soria por unos fondos públicos con los que equilibrar la tarifa, se resolvió con el compromiso de Hacienda de pagar solo la mitad de los costes extrapeninsulares, los citados 900 millones. A la vista de lo ocurrido se resolvió en falso.

Aunque los ingresos de la factura de la luz hayan caído más de lo previsto, ello no justificaría un agujero que pone en cuestión la reforma. Además, con la subida de los peajes de agosto en un 6%, el ministerio preveía recaudar otros 900 millones. Tampoco lo explicaría la menor recaudación dpor los impuestos energéticos, que a julio sumaba otros 900 millones, aunque solo se ha transferido a la tarifa algo mñas de 400 millones.

Según Industria, los recortes a las empresas para reducir los costes del sistema (2.700 millones) no se apreciarán en su totalidad hasta 2014. Sin embargo, aquellos ya se han aplicado a la distribución o el transporte y pese a que las primas de las renovables se mantienen y se han disparado en mil millones (desvío que ya incluyó la última orden de peajes) se cobran a cuenta del nuevo sistema de retribución que supondrá 1.500 millones (750 millones en el semestre), según las previsiones que Industria no ha restificado.

Cambio radical en el plan presentado a los inversores

Pese al cambio que supone cargar con un nuevo y abultado déficit de tarifa, tanto el ministro se Industria, José Manuel Soria, como el secretario de Estado, Alberto Nadal, siguen utilizando los mismos datos y previsiones para dar a conocer la reforma eléctrica del Gobierno. Esa que ambos han “vendido” a los inversores en algunas plazas financieras internacionales.

El pasado martes, Nadal presentó su reforma en la CEOE (“en su casa”, afirman fuentes del sector) donde volvió a utilizar la misma presentación de hace más de dos meses. El secretario de Estado defendió el mercado, a REE, criticó ligeramente a las grandes de Unesa y cargó contra las renovables. Para asombro de muchos de los presentes, Nadal dijo temer que algún día la Comisión Europea pueda denunciar a España por haber otorgado ayudas de Estado a la eólica (en referencia a las primas).

Pero la noticia del nuevo déficit de tarifa lanzada el fin de semana por Soria (coincidiendo con el fin de la elaboración de los Presupuestos) llega en un momento en que las renovables sufren la incertidumbre de no saber cuál será su retribución en el futuro.

Y otra mayor que afecta a todo el sistema: la de no saber si en 2014 se repetirá la lacra del déficit. Si este año se iba a cauterizar con aportaciones del Estado (que en parte no llegará), ¿qué ocurrirá en 2014 cuando todo indica que la demanda continuará cayendo y ni siquiera se prevé ayuda pública alguna?

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Las eléctricas reciben como un jarro de agua fría la reforma de Soria

El Consejo de Ministros aprobará hoy por fin la reforma del sector eléctrico cuyo objetivo es acabar con el déficit de tarifa. Unas medidas muy bien guardadas que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, cuyas líneas generales transmitió ayer a las grandes eléctricas de Unesa y las grandes renovables, a las que convocó a sendas reuniones en el ministerio: una a las cinco de la tarde con Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España y otra a las siete, en la que participaron las tres grandes empresas de renovables, Acciona, ACS y Abengoa.

 Al encuentro no acudió ningún presidente, sino los ejecutivos que han participado en otras reuniones con el ministerio: Andrea Brentan, consejero delegado de Endesa; José Luis San Pedro, consejero director general Iberdrola; José María Egea, director de planificación energética de Gas Natural Fenosa; Miguel Stilwell, consejero delegado de EDP España, y Miguel Antoñanzas, consejero delegado de Eon España. Por parte de Acciona, acudió Juan Gallardo, director económico financiero, y por ACS, Ángel García Altozano.

Tras la primera reunión, en la que Nadal no ofreció datos concretos, las eléctricas llegaron a la conclusión de que la reforma, con la que el Gobierno quiere acabar con el déficit de tarifa, será un fracaso, pues el Ministerio de Hacienda no está dispuesta a pagar el desfase que se producirá este año en el sistema por un importe de 2.000 millones de euros. Fuentes empresariales aseguran que, según se les informó en la reunión, ni siquiera los Presupuestos del Estado de 2014 asumirán la partida que, por ley le corresponde: los 1.800 millones de los extracostes de los sistemas eléctricos de las islas. Como mucho, se dijo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estaría dispuesto a que las cuentas públicas sufraguen la mitad, apenas 900 millones de euros.

Con esta premisa, los recortes de la actividades reguladas, serán mucho mayores de lo previsto y podrían suponer un fuerte tajo para la distribución de hasta el 20%. Además de cargar las tintas en el negocio de las redes, Industria, que ha venido reiterando que los recortes se harán respetando una rentabilidad razonable de los activos, ha decidido mantener una tasa de retorno de la inversión del 7,5% para las energías del régimen especial y del 6,6% para el resto de las infraestructuras tradicionales (una diferencia entre ellas de 100 puntos básicos que no se justifica, según las grandes eléctricas. Una “clara discriminación”, señalan, que responde también a la decisión de Hacienda de que el recorte sea menor para las energías verdes.

Rajoy exigió la semana pasada que la reforma se aprobase hoy

CAMBIO RADICAL DEL SISTEMA DE PRIMAS

Sin embargo, la lectura de las renovables es otra muy diferente. A estas se les comunicó lo que consideran un «cambio radical del sistema de primas». Según fuentes de estas compañías, el Gobierno ha planteado un sistema de retribución fija a la inversión por megavatio instalado y no a la producción, de tal manera que se pagará una tasa de rentabilidad del 7,5% a contar desde que se montó el parque, por lo que si han recibido una rentabilidad superior hasta ahora, se podría dar la paradoja de que deberán dinero al sistema.

Acciona, Abengoa y ACS calculan que el recorte para las renovables será de 1.500 millones, una cifra similar para las eléctricas tradicionales y REE.

La reforma incluye, asimismo, la posibilidad de que se cierren o hibernen centrales de ciclo combinado, que, como consecuencia de la crisis de la demanda, apenas funcionan al 10% de su capacidad. Sin embargo, Nadal no informó a las afectadas de cuál sería la compensación por esta decisión ni cómo se resolverá el papel de respaldo que tienen las centrales de gas natural para el amplio parque de renovables.

Una reunión para que "no se enteren por la prensa"

La reforma eléctrica auspiciada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se ha mantenido durante meses en el más absoluto de los secretos. Y, aunque Nadal ha mantenido reuniones con casi todas las empresas del sector que se lo pidieron, sus encuentros no se les puede calificar como negociación, pues la mayoría de las veces, el secretario se ha limitado a escuchar.

Esta situación ha creado un profundo malestar en un sector, máxime cuando las únicas pinceladas que ha dado el ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre la citada reforma es que habría recortes de ingresos a todas las actividades reguladas y las primas del régimen especial.

Por todo ello, o por vergüenza torera, Nadal se comprometió con las grandes compañías a contarles la reforma antes de que la aprobara el Consejo de Ministros:“para que no se enteraran el mismo día por la prensa”, aseguran fuentes empresariales. Esa fue la razón por la cual, el ministerio convocó ayer por la mañana a los responsables de las eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDPEspaña y Eon España) y a las dos mayores de energías renovables (Acciona y Abengoa) a sendas reuniones que tuvieron lugar por la tarde.

La filtración de la convocatoria creó un profundo malestar entre las asociaciones de empresas fotovoltaicas (APPA y Unef), los cogeneradores (Acogen) y la de consumidores Facua, que no habían sido convocados.

Con todo, se trataba de una reunión meramente informativa, ya que margen para negociar ya no quedaba. De hecho, las compañías enviaron al ministerio a segundos espadas de su staff, más duchos en las cuestiones técnicas que pudieran surgir.

Directamente al Consejo de Ministros

Pese a los muchos meses que se lleva gestando la reforma eléctrica auspiciada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el final va a resultar un tanto atropellado. Las medidas, que se incluirán en un real decreto-ley de estabilidad financiera del sistema eléctrico, un proyecto de ley de reforma de la ley eléctrica y ocho reales decretos que se remitirán el lunes a la Comisión Nacional de Energía (CNE),ni siquiera han pasado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que se debía haber celebrado ayer y fue suspendida.

Por tanto, el paquete será aprobado directamente por el Consejo de Ministros de hoy, después de que el propio presidente, Mariano Rajoy, diese la orden la semana pasada de que la polémica reforma se aprobara hoy sin falta. Ello ha provocado que se cerrara casi en falso el conflicto entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se ha negado a que las cuentas públicas asuman el desfase de 2.000 millones de euros de la tarifa de este año. Como mucho, ha dicho Montoro, los Presupuestos del Estado pagarían la mitad de los costes de los sistemas extrapeninsulares, apenas 900 millones.

Ello ha llevado a optar por el escenario de recortes mayores para las actividades reguladas y resultará inevitable fuertes subidas de tarifa, ya que el objetivo de la reforma es el de acabar con el déficit de tarifa.

Los ocho reales decretos se refieren a la distribución, el transporte, el autoconsumo, el régimen especial, la interrumpibilidad, las extrapeninsulares, pagos por capacidad e hibernación de los ciclos combinados.

Según las empresas, los recortes ponen en peligro las inversiones en redes.

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