Las disputas que mantuvieron en los anteriores cuatro años Elena Espinosa y Cristina Narbona como titulares de Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente, se han saldado con una clara ganadora para esta legislatura. Narbona no repite como ministra y sus competencias han sido traspasadas a Espinosa, que dirigirá el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el que la prioridad número uno será la lucha contra el cambio climático, tal y como reconoció el propio presidente del Ejecutivo en sus primeras declaraciones tras ser investido el pasado viernes.

España está aún bastante lejos de cumplir los objetivos fijados en el protocolo de Kioto (reducir en 2012 un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, cuando ahora las supera en un 48%) y las políticas puestas en marcha durante la anterior legislatura, sobre todo la potenciación de las energías renovables y la fiscalidad medioambiental para el transporte, no han surtido los efectos deseados.

La irrupción del nuevo ministerio, que podría ser interpretado como beneficiosa para ganaderos y agricultores, que han mantenido buenas relaciones con Espinosa durante estos cuatro últimos años, ha causado justamente el efecto contrario en las organizaciones agrarias. Todas temen que la agricultura pierda peso frente a otros intereses. ‘No me parece bien que le quiten el nombre de Agricultura a un ministerio que lo ha llevado desde la década de los 30, quizá sea porque la defensa del campo irá desde ahora en adelante por otros derroteros más de moda en la actualidad’, aseguró ayer el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Y uno de los primeros frentes de batalla que se puede abrir en breve puede ser con el tema del agua. En la anterior legislatura, Medio Ambiente abogaba por la reducción del gasto hídrico de los agricultores, que representan el 70% del total del consumo, mientras que Agricultura, a través de Espinosa, luchaba por defender el papel del regadío como fuente de riqueza para el sector agroalimentario y como elemento vertebrador del campo.

La situación puede cambiar en breve. La falta de agua en algunos núcleos urbanos puede obligar a establecer restricciones o tasas por consumos elevados a los agricultores, lo que provocará con toda seguridad movilizaciones, al igual que se produjeron con la subida del precio de los cereales o la leche.

España afronta el semestre más seco de los últimos 60 años. Las precipitaciones recogidas en los últimos meses apenas llegan a la mitad de la media de los últimos años y el Ministerio de Medio Ambiente ha empezado a enviar mensajes que aconsejan moderación en el consumo para evitar cortes en el abastecimiento.

Y el primer destinatario de ese mensaje son los regantes, que representan el 66,3% del consumo. En España se gastan al año más de 20.000 hectómetros cúbicos de agua, de los que 16.000 van a las explotaciones agrícolas y 4.000 para consumo urbano, según la última estadística del INE. De los cultivos, los que más agua requieren son los herbáceos de regadío, como maíz, girasol o alfalfa, que consumen 7.600 hectómetros cúbicos.

Por este motivo, Medio Ambiente quiere que se reduzca el consumo de agua en los regadíos, mientras que los regantes piden que se inicien cuanto antes obras de ampliación de los embalses que aseguren la oferta en una coyuntura de sequía, que seguramente se repetirá con frecuencia en el futuro.

El departamento dirigido por Cristina Narbona no comparte este criterio y considera que con el Plan de Choque de Regadíos, que ha recibido una inversión de 2.000 millones de euros en dos años, ya ha hecho su parte de los deberes. Con ese plan prevé conseguir a medio plazo unos ahorros de 1.200 hectómetros cúbicos al año (el 7,5% del total de regantes). Sin embargo, esa cifra se antoja insuficiente porque la demanda de agua se ha disparado en los últimos años, en especial en los grandes núcleos urbanos, y el ahorro logrado en los regadíos no servirá seguramente para compensar esa mayor demanda.

Por su parte, los regantes abogan por aumentar un 30% la capacidad actual de los embalses (desde los actuales 53.000 hasta los 70.000 hectómetros cúbicos) y que el esfuerzo también se traslade al abastecimiento urbano, que es el más costoso y el que más pérdidas registra en las redes de distribución. Extraer, depurar y trasladar el agua en España tiene un coste para las administraciones de 6.330 millones de euros, de los que 5.000 corresponden a las ciudades urbanos y 1.330 a los regadíos.

Pese a que las cifras parecen demostrar la mayor eficiencia del regadío, Medio Ambiente ya ha avanzado a los agricultores su intención de que vayan utilizando progresivamente las aguas procedentes de la depuración o la desalación para regar sus explotaciones, mientras que las aguas superficiales o de acuíferos quedarán reservadas para el abastecimiento urbano.

El presidente de la Federación Nacional de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, se muestra dispuesto a cumplir esta condición, pero considera que el Ministerio debe dar un paso más para garantizar el agua a largo plazo. ‘Los agricultores que se están hipotecando a 50 años reclaman disponer de agua garantizada para amortizar esas costosas inversiones, porque no pueden regar un año sí y tres no ‘, apunta.

Narbona no cierra la puerta a trasvases ‘puntuales’

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no cierra la puerta a futuros trasvases a cuencas deficitarias, aunque insiste en que es la última opción que maneja su departamento para garantizar el abastecimiento. ‘No tenemos actitudes fundamentalistas respecto a los trasvases. Ya hemos realizado algunos puntuales a la Cuenca del Segura, siempre teniendo en cuenta el impacto social y económico del mismo’, aseguró recientemente en una jornada sobre agua, organizada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Frente a las críticas vertidas desde la Comunidad Valenciana por el retraso de las obras para garantizar el abastecimiento de agua, Narbona reconoce que este ha tenido un fuerte componente político. Así afirma que la Comunidad Valenciana frenó obras por valor de 100 millones de euros, que ya estaban licitadas por Acuamed (sociedad estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y que esas mismas obras finalmente se van a ejecutar con dinero de los presupuestos regionales. ‘La obra va a salir más cara y además se han perdido fondos europeos comprometidos en las mismas’, afirma.

Sobre la posibilidad de aprobar medidas urgentes para zonas especialmente afectadas por la sequía (Cataluña podría recibir agua de la desaladora de Carboneras en Almería), Narbona asegura que ese caso está en estudio todavía, aunque insiste en que si es necesario, ‘se aportará agua desde la planta de Carboneras’. No se muestra, sin embargo, tan favorable ante la posibilidad de que se apruebe un trasvase desde el río Ródano (Francia) hacia Cataluña. ‘El trasvase del Ródano es más caro que todo el paquete de medidas aprobado por la Generalitat y no es la panacea, tal y como algunos promulgan’, puntualiza.

Los países del sur de Europa (Italia, Portugal y España), los más afectados por la falta de lluvias, las olas de calor, la sequía y los incendios forestales, han ganado la batalla, emprendida en 2005, al conseguir que los 27 socios de la Unión Europea firmen un acuerdo para incluir a la sequía y a la gestión del agua dentro de las decisiones políticas de la UE.

Los tres países han aprovechado la presidencia de turno de Portugal para ganar ese pulso, cuyo principal objetivo era poner de relieve los problemas de gestión del agua y el coste económico para la Unión Europea.

El texto firmado ayer en Luxemburgo por los 27 ministros de Medio Ambiente de la UE reconoce que la sequía ‘afectó en 2003 a más de 100 millones de habitantes, a una tercera parte del territorio de la UE. En 30 años ha provocado un impacto económico de 100.000 millones de euros’. Por ese motivo, el texto hace énfasis en que la escasez de recursos hídricos ‘se debe sobre todo a la gestión ineficaz del agua’ y planteas soluciones para resolverlo ‘como la reducción de pérdidas por filtraciones y las campañas educativas para concienciar a la sociedad sobre ese problema’.

A la salida de la reunión, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló que el texto supone ‘un paso adelante hacia una verdadera estrategia europea de la gestión de las sequías’ y volvió a reiterar su ofrecimiento para que Barcelona sea la sede central del Observatorio Europeo de la Sequía.

El documento establece que los planes de gestión de cuencas hidrográficas ‘deberían tener en cuenta el equilibrio entre oferta y demanda y contemplar la necesidad de nuevas medidas de abastecimiento de agua cuando el impacto del ahorro no sea suficiente’.

Recuperar el litoral

Otra de las prioridades del Ministerio de Medio Ambiente es la recuperación de la costa, tal y como señaló ayer el secretario general de Territorio y Biodiversidad, Antonio Serrano, tras la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente. En la reunión, Serrano pidió la colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para completar las actuaciones emprendidas desde el Gobierno central.

Serrano detalló, entre ellas, la demolición de 665 construcciones que se encontraban en el dominio público marítimo terrestre a lo largo del año, una cifra que multiplica por 16 las 40 construcciones que se derribaron en 2004.

Las otras dos líneas de actuación han sido el deslinde y la adquisición de fincas privadas en dominio público. En el primer apartado, Serrano destacó que el objetivo es deslindar los 10.000 kilómetros de litoral y que ya se ha hecho el trabajo en el 80% de la superficie. En cuanto a la compra de fincas privadas apuntó que se han adquirido cerca de 1.123 hectáreas de terreno por valor de 30 millones de euros y que actualmente están en tramitación 96 hectáreas más por 60 millones de euros.

Tal y como dijo el presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, la innovación tecnológica y el desarrollo económico que vive España han de ser paralelos a la cohesión social, al uso sostenible de los recursos naturales y a la reducción de la contaminación.

La nueva política del agua del Ministerio de Medio Ambiente se basa en el desarrollo sostenible y en la implementación de aquellas infraestructuras que lo propicien. El Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), eje de la política hidrológica de este ministerio, marca unos objetivos muy claros respecto al cuidado del agua para garantizar el ahorro y la eficiencia en su uso, la disponibilidad y la calidad del suministro, y la preservación y restauración de sus ecosistemas asociados.

El Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Gobierno Aznar incluía una adaptación insuficiente de la Directiva Marco del Agua (DMA) y se alejaba de manera evidente de las exigencias europeas e internacionales, como ponen de manifiesto los informes negativos de la Comisión Europea al trasvase del Ebro y el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que señalaba las carencias del PHN en cuanto a racionalidad económica y sostenibilidad ambiental e instaba a una profunda modificación del mismo.

El preceptivo informe de seguimiento del PHN de noviembre de 2005 -se hace cada cuatro años- manifestó que la inversión comprometida para el periodo 2001-2008 cubría apenas una tercera parte de lo planificado y que el grado de ejecución en el periodo 2001-2003 apenas fue del 15% de lo presupuestado.

El actual Gobierno, a través del Programa AGUA, está llevando a cabo antes de la ejecución de las obras ‘de interés general del Estado’ previstas en el PHN una evaluación económica, técnica, social y ambiental y un estudio de recuperación de costes. En muchos casos se ha considerado necesario modificar y reorientar algunas inversiones. Pero ello nunca ha supuesto una paralización de la inversión en política del agua. Al contrario, el Ministerio de Medio Ambiente ha incrementado la inversión respecto a la anterior legislatura, pasando de 1.065 millones de euros en 2000 a 1.850 millones previstos en 2006.

La licitación en 2006 se situó en 3.660 millones de euros, casi tres veces más que la cifra media del periodo 2000-2004, como consecuencia de las actuaciones del AGUA en las cuencas mediterráneas y por el impulso de las obras contempladas en el PHN, las adjudicaciones en 2006 alcanzaron los 2.500 millones, un 50% más respecto a ese mismo periodo. Las previsiones para 2007 mantienen un alto nivel de licitación y la inversión ejecutada rondará los 3.000 millones. Las comunidades más beneficiadas serán la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, que alcanzarán cifras superiores al doble de lo ejecutado en 2000-2003.

Como revelan estas cifras, el Programa AGUA no ha propiciado un retraimiento inversor, sino un relanzamiento de la inversión en infraestructuras hidráulicas y un cambio de orientación hacia obras eficaces, eficientes y ambientalmente sostenibles.

Las grandes obras hidráulicas hechas en el pasado cumplieron su servicio en un momento histórico diferente, en el que el desarrollo se basaba en el almacenamiento de agua superficial para el riego de grandes extensiones de cultivo y en la canalización para que los españoles ‘no pasaran hambre’ porque era una sociedad con fuertes carencias socioeconómicas. Ahora estas obras desempeñan otras funciones: ahorro de agua, prevención de inundaciones, abastecimiento urbano, etcétera. Por ello, este ministerio desea mejorar el patrimonio hidráulico, para lo que ha hecho un inventario de presas y se incorporará a la Ley de Aguas el reglamento de Seguridad de Presas y Embalses.

Las infraestructuras que promueve el AGUA, basadas en el desarrollo sostenible, van dirigidas a la modernización de regadíos (Plan de Choque 2006-2007), a la creación de nuevas estaciones de depuración y reutilización de aguas, a nuevas captaciones, a prevención de avenidas y a desalinización. Siempre bajo el parámetro del diálogo, el consenso y el respeto al medio ambiente.

Los recursos de agua adicionales que aportarán estas obras cada año se estiman en 231 hm3 por optimización de infraestructuras de regulación, almacenamiento y distribución; 137 hm3 por la reutilización de las aguas depuradas (exigidas a todos municipios costeros) con la incorporación de tratamientos terciarios y la potenciación de redes separativas; 74 hm3 por nuevas captaciones, y 621 hm3 año por desalinización.

La desalinización será la principal fuente generadora de agua en el futuro y ya lo es en el presente en determinadas zonas de España como Canarias. Tengamos en cuenta que el agua de mar supone el 97% del agua del mundo y que la sequía que padecemos desde hace tres años no es algo excepcional, pues el cambio climático está propiciando su aumento en la frecuencia y en la severidad.

Hay que estar preparados para ello. Desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos tomando medidas eficaces, duraderas y responsables y apostamos por la inversión sostenible. No podemos hipotecar el desarrollo de nuestro país con una política hidráulica basada en la improvisación o en el electoralismo.

Jaime Palop. Director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente

El precio del agua va a subir y mucho, aunque por distintas vías según la región donde se resida. En la actualidad sólo hay una comunidad autónoma (Cataluña) que grava con un canon el consumo excesivo de agua, mientras que hay otras dos (País Vasco y Andalucía) que lo empezarán a cobrar a partir del 1 de enero de 2008.

No obstante, otras han empezado a diseñar instrumentos recaudatorios que cumplan con los dos principios que marca la Directiva Marco del Agua, que deberá estar transpuesta antes de 2010. La norma exige la unificación de los precios del agua en todos los países miembros (en España es tres veces inferior al de Francia, Gran Bretaña o Finlandia) y la repercusión exclusiva en el ciudadano y no en la administración de todos los costes derivados de extraer, depurar, trasladar y reciclar el agua.

Así, La Rioja ha empezado a aplicar un canon voluntario de saneamiento del agua para empresas, que se aplica desde el pasado 1 de enero. Este tributo se cobrará a los promotores públicos o privados que ejecuten obras industriales y decidan conectar sus vertidos a las redes de saneamiento públicas. Por su parte, Andalucía ha establecido en el borrador de la ley autonómica de aguas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2008, una penalización para gravar el consumo excesivo de agua en campos de golf con 0,12 euros por metro cúbico no potable y 0,024 por metro cúbico de agua reutilizada.

La última en diseñar nuevos instrumentos ha sido Galicia, que prevé desarrollar a lo largo de este año un nuevo tributo, que estará vinculado, según el gobierno regional, a los propietarios de los terrenos localizados en los embalses. Lo que se recaude se destinará a reparar los daños medioambientales que se puedan producir en embalses o presas.

El resto de las comunidades, excepto Castilla y León, Extremadura, Canarias y Baleares, financian parte de sus obras a través de cánones de saneamiento, cuyo importe varía mucho en función de las regiones donde se aplica.

Por otro lado, la recuperación de costes a través de subidas directas del precio del agua ya se está haciendo en las regiones con fuertes déficit hídricos. Es el caso de la Mancomunidad de los Canales del Taiblilla, que abastece a 78 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Almería, donde el precio de la factura se ha elevado un 18% en 2007 para recuperar el dinero que supone incorporar el agua desalada a la red de abastecimiento.

A pesar de estas subidas, España está muy retrasada en la recuperación de costes, ya que solo hay tres comunidades (Cataluña, País Vasco y Andalucía) que aplican o tienen previsto aplicar recargos sobre los altos consumos.

Desde 2005, la Generalitat de Cataluña ha establecido un tercer tramo en la tasa que cobra desde 2000 por consumo excesivo. Si el consumo supera los 200 litros por habitante y día, cada metro cúbico de más se gravará con 1,72 euros. Por su parte, el País Vasco ha incluido un canon en su ley del agua, aprobada en junio de 2006, aunque no se empezará a aplicar hasta el 1 de enero de 2008. El impuesto establece un recargo de 0,6 euros por cada metro cúbico de consumo que supere los 130 litros por habitante y día.

La tasa en Andalucía, aún en fase de estudio, quedaría fijada en tres tramos. La penalización más alta será de 0,22 euros metro cúbico cuando el consumo pase de 150 litros por habitante y día, mientras que bajaría a 0,20 euros cuando oscile entre 100 y 150 por habitante y día. La Junta espera recaudar 100 millones de euros al año.

El caso singular de Aragón

Aragón es la autonomía que cobra el canon de saneamiento más caro entre todas las que aplican esta tasa para financiar la depuración de sus aguas residuales, con un fijo de 3,66 euros al mes para usos domésticos y un variable de 0,44 euros por metro cúbico de agua. Desde la consejería de Medio Ambiente reconocen que triplica a la de otras comunidades, pero que está justificado por la extensión, la dispersión del territorio y la baja densidad de población.

Según sus cálculos, en algunos municipios aragoneses son precisas 171 grandes obras para sanear las aguas residuales en un núcleo de población de 200.000 personas, cuando en otras comunidades basta una sola infraestructura para hacer lo mismo. No obstante, el mayor importe de este tributo se ve compensado por el precio del agua, uno de los más baratos en la comparativa regional (0,82 euros), catorce céntimos por debajo de la media.

Estas peculiaridades son las que han obligado al gobierno de Aragón a establecer una moratoria de cinco años para la aplicación del canon de saneamiento en el ayuntamiento de Zaragoza. De esta manera, los ciudadanos de la ciudad no sufrirán mayor presión fiscal por la actualización del canon de saneamiento hasta el 2013, como compensación por los pagos ya realizados y la asunción de todos los costes de las depuradoras de la ciudad.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó ayer que a principios de 2004 se desalaban 140 hectómetros cúbicos de agua al año en España. A finales de 2006, con la entrada de nuevas desaladoras, el volumen se incrementó en 176 hectómetros y para finales de 2008, se unirán otros 135 hectómetros. En total, la capacidad de desalación será en 2008 de 451 hectómetros cúbicos, tres veces más que en 2004. Además, prevé la entrada en funcionamiento entre 2009 y 2010 de instalaciones que aportarán otros 400 hectómetros.

Estas actuaciones, previstas en el programa Agua (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua), que se desarrollará hasta finales de legislatura, servirán, a juicio de Narbona, para acabar con los principales déficits de las políticas nacionales del agua: la falta de control público sobre la gestión, la calidad y la cantidad de agua y en las graves deficiencias en la racionalidad del consumo de agua, en el que el que el sector agrícola es responsable, con el 70% del consumo. Narbona se rodeó de sus dos secretarios de Estado para hacer un balance optimista de las decisiones adoptadas por el Ministerio en lo que va de legislatura, con siete leyes aprobadas y otras seis que verán la luz a lo largo de este año, y para avanzar los objetivos para 2007, en los que las políticas destinadas a mejorar el consumo del agua y la gestión de los recursos hídricos serán vitales.

Con este propósito, la titular de Medio Ambiente avanzó que su departamento ha remitido hace diez días un balance sobre la política del agua desarrollada por el gobierno socialista a los presidentes autonómicos, que servirá como base para el pacto autonómico que propondrá el presidente Zapatero en la conferencia de presidentes autonómicos que empieza mañana.

Aunque no quiso desvelar ningún detalle sobre el posible pacto, Narbona negó que la subida del precio del agua vaya a ser tratada, ‘puesto que tiene su ámbito de trabajo en cada una de las cuencas hidrográficas’.

Cataluña obtiene casi la mitad de los fondos UE

Narbona reconoció que la Unión Europea ha aprobado a finales del mes de diciembre los 1.200 millones de euros que había solicitado para el programa AGUA y que sustituían a los solicitados por el gobierno del Partido Popular para el derogado trasvase del Ebro. De los 1.200 millones, la titular de Medio Ambiente recalcó que 511 millones se destinarán a infraestructuras en Cataluña, procedentes en su integridad de fondos de Cohesión. Los restantes 689 se los repartirán otras regiones y provincias de la cuenca mediterránea (Castellón, Valencia, Baleares, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Canarias, y Baleares), que recibirán el dinero a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).