Cañete dice que el incumplimiento de los planes de cuenca podría suponer a España una multa de unos 80 millones

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dicho que el incumplimiento de los planes de cuenca podría suponer a España una multa de unos 80 millones de euros anuales y ha agregado que el próximo 21 de marzo, la UE decidirá si envía a España la carta de procedimiento por la falta de presentación de dichos planes. Mientras, el incumplimiento de la legislación comunitaria de aguas residuales puede generar sanciones de entre 30 y 60 millones de euros.

MADRID/TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

Arias Cañete ha denunciado que su panorama de partida cuando llegó al Ministerio era «francamente desolador». «Más que con una herencia nos hemos encontrado, en medio ambiente, con una auténtica hipoteca. Tenemos lamentablemente un auténtico lastre de incumplimientos de compromisos europeos e internacionales y una pléyade de procedimientos de infracción abiertos», ha aseverado.

Respecto a las desaladoras, que para el ministro merecen «mención aparte», ha recordado que el plan inicial contemplaba la construcción de 51 desaladoras como alternativa al plan hidrológico nacional y que ocho años después, el gasto público en este concepto ascendía a 1.830 millones para 27 instalaciones. Arias Cañete ha precisado que a su llegada a este departamento había 13 en ejecución con un coste de 711 millones de euros de inversión.

POLÍTICA FORESTAL

En otro orden de cosas, el ministro ha anunciado que va a poner en marcha una política forestal «como no ha habido nunca en este país».

Durante su participación en un Desayuno Informativo de Europa Press, Arias Cañete ha asegurado que cree en la sostenibilidad ambiental integrada porque «el medio ambiente es sostenible», y considera que «todo lo que está haciendo este Gobierno es positivo para el medio ambiente».

«Estoy ordenando los ríos, que no estaban ordenados; estoy haciendo depuradoras, que no se habían hecho; en vez de comprar ‘papelitos’ a millón, estoy intentando que las empresas hagan proyectos para reducir el carbono en España; voy a poner en marcha una política forestal como no ha habido nunca en este país. Eso es medio ambiente. Ahora, si me piden otras cosas…», ha asegurado.

El ministro se ha referido así a las críticas de las organizaciones ecologistas, que estiman que su política va en contra del medio ambiente. En este contexto, ha asegurado que la obligación de un ministro es buscar la flexibilidad y los periodos transitorios cuando cambian las normativas.

Por ello, ha puesto de ejemplo los descartes, para evitar la sobrepesca. A este respecto ha indicado que si de la noche a la mañana se prohíben el 100 por 100 de los descartes, el efecto es que no se puede pescar y el hundimiento de la flota. «Las ONG dicen que se prohíban los descartes mañana, sin pensar en ninguna consecuencia social», ha espetado.

Además, ha subrayado que está «poniendo en orden el medio ambiente», haciendo que las evaluaciones ambientales sean más ágiles y tengan más seguridad jurídica y que sean objetivas.

Asimismo, ha reconocido que cuando hace una obra de regulación, es consciente de que a las ONG ecologistas «no les gusta una presa», pero ha criticado que «tampoco» se preocupan cuando hay una avenida, mientras que a él sí le preocupa la regulación de los ríos.

A su juicio, falta «mucho por hacer» en materia de regulación de aguas, de depuradoras y de costas y ha manifestado que no le preocupa que le digan que la Ley de Costas va a favorecer el urbanismo «porque no es verdad».

«Cada uno tiene su San Benito. Yo tengo la responsabilidad de trabajar por el medio ambiente y me estoy dedicando a cumplir las directivas europeas. Yo creo que eso es trabajar con el medio ambiente», ha añadido.

En este contexto, ha dicho que las ONG ambientales «probablemente» estuvieran más contentas con el Gobierno anterior y que si él es «el regreso del medio ambiente, el Gobierno anterior era maravilloso». Sin embargo, ha insistido en que no depuraba los ríos, tenía las depuradoras y los vertederos denunciados, el «aire compraba papeles». «Era maravilloso», ha concluido.

RENOVABLES Y FRACKING

En cuanto a las renovables, ha confesado que es defensor de la cogeneración y la biomasa, que no consumen primas elevadas y tienen una gran potencial de empleo y una utilidad en el medio rural en contra de incendios y de aprovechamiento de los residuos del mundo rural.

En este contexto y respecto a las primas y el déficit tarifario, Arias Cañete ha defendido la paralización de las primas porque el Gobierno anterior desarrolló las energías renovables de una manera que «llevaba a este país a la quiebra absoluta».

«Hubo un gobierno que se volvió loco y provocó una expansión terrible de unas energías sin prever cuál iba a ser el desarrollo futuro que estaban estimulando unas primas. Lo que ha hecho el Gobierno es pararlo (…). Cuando esté afrontado el déficit tarifario volveremos a incentivar las renovables, pero de otra manera», ha concluido.

El ministro ha criticado que el Ejecutivo de la anterior legislatura «no controló la eclosión de las energías renovables» y «cerró los ojos y se le fue de las manos el problema».

Respecto a la extracción de gas mediante el método de fractura hidráulica –conocido como fracking– el ministro ha explicado que el Ejecutivo está estudiando «toda la doctrina» que existe porque se trata de una tecnología que no se ha usado nunca en España. A este respecto, ha dicho que su departamento se encargaría de las evaluaciones de impacto ambiental. «Nos estamos documentando a nivel mundial de las mejores experiencias que hay, para ver cuáles pueden ser las medidas correctoras, en el caso de que alguien nos pidiera una evaluación de impacto ambiental para este fin», ha concluido.

CAMBIO CLIMÁTICO

En materia de cambio climático, el ministro ha dicho que puede afirmar que España cumplirá sus objetivos del Protocolo de Kioto, «previsiblemente en 2013 o 2014». Para ello, ha defendido que ha puesto en marcha un «profundo cambio de estrategia», que pasa de comprar derechos de emisión en el exterior a centrarse en la reducción de emisiones sin necesidad de recurrir a esta compra de derechos de carbono.

«En cambio climático, la herencia tampoco era mejor. Teníamos sobre la mesa una carta de la Comisaria Europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, en la que manifestaba su preocupación porque España no iba a cumplir con el compromiso del Protocolo de Kioto. Esa era realmente la situación», ha incidido.

En este sentido, ha apuntado que el anterior gobierno gastó 770 millones de euros en compra de derechos de emisión en el exterior para compensar las emisiones en el periodo de Kioto, pese a lo cual había un déficit de 105 millones de toneladas de emisión, para lo que se necesitaban otros 500 millones de euros.

«Nos habríamos gastado 770 millones de euros en compra de créditos, pero no se había puesto en España ni una sola medida de reducción de emisiones en los sectores difusos: transporte, residencial, agricultura y ganadería, que son los que dependen del Gobierno», ha sentenciado.

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