La Comunitat es la primera autonomía con mayor superficie de regadío en relación a la superficie agraria utilizada

La Comunitat Valenciana es la primera autonomía con más superficie de regadío en relación con la SAU (superficie agraria utilizada), con un 41,7 por ciento, seguida por País Vasco (40,3 por ciento); y la Región de Murcia (37,1 por ciento).

   A continuación, se sitúa Canarias (32,6 por ciento), Cataluña (23,9 por ciento), Andalucía (19,6 por ciento), Aragón (18,2 por ciento), Navarra (14,3 por ciento), y La Rioja (14,3 por ciento).

   Por contra, Cantabria es la comunidad autónoma con menor superficie de regadío en relación a la SAU en la región, el 0,1 por ciento del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

   Según dicho informe, consultado por Europa Press, a continuación se sitúa Asturias (1,1 por ciento) y en tercer y cuarto lugar, aunque con bastante mayor porcentaje, si bien por debajo de la media de España (13,6 por ciento), están Baleares (6,2 por ciento) y Extremadura (6,6 por ciento).

   También por debajo de la media nacional se encuentran Madrid (7,2 por ciento); Castilla y León (8,4 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,6 por ciento).

   Atendiendo a la superficie total nacional, el primer puesto en cuanto al uso de agua de regadío lo ocupa Andalucía (23,8 por ciento); seguida de Aragón (14,2 por ciento); Castilla y León (13,5 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,9 por ciento), situándose a continuación la Comunitat Valenciana (9,8 por ciento).

   Según los datos del INE, en el año 2006 la superficie dedicada al regadío en España ascendió a 3.278.906 hectáreas, lo que supone el 13,6 por ciento de la superficie agraria utilizada, y el 7 por ciento de la superficie nacional.

   Por tipo de cultivo, los herbáceos acaparan el 44,7 por ciento del total. En cuanto a técnicas, el que se realiza por gravedad es el menos sostenible y concentra el 45,2 por ciento del total.

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El Senado aprueba la Ley de representación de organizaciones agrarias

La Portavoz socialista adjunta en el Senado, Ruth Porta, ha afirmado hoy en la Cámara Alta que “Dolores de Cospedal ha votado contra Rajoy” y ha explicado que el PP ha decidido romper el acuerdo que había alcanzado con el Grupo Socialista y las principales asociaciones agrarias en el Congreso de los Diputados en lo referente al apoyo al proyecto de Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, que se ha aprobado este mediodía en el Pleno del Senado.

La Portavoz socialista adjunta en el Senado, Ruth Porta, ha afirmado hoy en la Cámara Alta que “Dolores de Cospedal ha votado contra Rajoy” y ha explicado que el PP ha decidido romper el acuerdo que había alcanzado con el Grupo Socialista y las principales asociaciones agrarias en el Congreso de los Diputados en lo referente al apoyo al proyecto de Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, que se ha aprobado este mediodía en el Pleno del Senado.

PSOE SENADO- Porta ha calificado de “paradójica y escandalosa” la actitud del Grupo Popular en el debate de la citada ley ya que al igual que durante la tramitación de esta iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, el PP ha decidido cambiar su postura respecto al Congreso y secundar una serie de enmiendas redactadas por CiU y el Grupo Mixto, que fueron finalmente incorporadas al texto original.

Porta ha afirmado que “los senadores del PP se han rebelado a la dirección nacional de su partido en la Cámara Baja y han votado en sentido contrario, atendiendo a intereses particulares y obviando el interés general sobre el que se había cimentado el pacto entre ambos grupos”. En este sentido, la parlamentaria del PSOE ha advertido de que “a estas alturas, sabemos que el PP no es un partido de fiar. No vale ni su palabra ni su firma y no es la primera vez que convierten un acuerdo en papel mojado”. También ha señalado que “desconoce quien manda en el partido. No sabemos si lo hace, Rajoy, Sáenz de Santamaría o Dolores de Cospedal”. “Rajoy debería estar preocupado, ha añadido, ya que antes de intentar gobernar en España, primero debe intentar gobernar en su propio partido”.

Por otra parte, la senadora socialista por Teruel, Esmeralda Iranzo, ha incidido en la idea de la ruptura del pacto y ha señalado que no resulta comprensible que el PP se muestre de acuerdo con una ley durante su trámite en el Congreso y que rompa este pacto en la Cámara Alta. La parlamentaria del PSOE ha mostrado su perplejidad y ha asegurado que “los populares hoy en el Senado han tachado de injusta una ley que ha secundado Rajoy en el Congreso”. Iranzo ha indicado que, a diferencia del PP, los socialistas “mantienen una postura única y unánime, bajo el mismo criterio, ya sea en el Gobierno, en el Partido, en el Congreso o en el Senado”. “Somos un partido cohesionado, con los mismo criterios”, ha puntualizado. La senadora ha concluido recordando que “en la vida, en las relaciones personales y en la política, es fundamental el cumplimiento de la palabra dada y hoy el PP no es un partido de fiar”.

La senadora ha explicado que el PP ha roto el consenso alcanzado en esta ley. Una ley, ha matizado, que cumple un mandato constitucional que plantea unos criterios objetivos de representatividad y que no es contraria a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata de una ley muy importante ya que establece la creación de dos órganos consultivos: un Consejo Agroalimentario en el que se debatirán las grandes orientaciones de la política agraria y alimentaria y un Comité Asesor Agrario en el que se tratarán aquellos asuntos relacionados con la agricultura y los intereses del mundo rural. Además, ha concluido, se fijan los principios básicos de medición de la representatividad de las organizaciones agrarias.

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El presidente de la Junta Central de Regantes reclama un «gran pacto» en materia hidraúlica

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, reclamó hoy, coincidiendo con la negociación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, «un gran pacto en materia de agua».

   Así lo confirmó en rueda de prensa, al término de la reunión que mantuvo con miembros de la comisión regional del agua en el Grupo Socialista de las Cortes regionales, Antonio Salinas, José Molina e Irene Fernández, para conocer de manera directa los problemas que les preocupan.

   Belmonte propuso que sería conveniente «un gran pacto del agua» en Castilla-La Mancha. «Yo espero que ahora que algo se está moviendo en el Estatuto lleguen todos a un  gran pacto del agua que beneficie a esta región, y que todos tengamos la altura de miras suficiente, para no mirarnos el ombligo y mirar por la región», aseguró Belmonte.

   El presidente de la Junta Central de Regantes aseguró que el principal escollo que presenta la revisión de la cuenca del Júcar es el decreto de demarcación, recurrido por el gobierno de Castilla-La Mancha, al contravenir la sentencia de 2004 dictada por el Tribunal Supremo, en la que se delimitaban la cuenca del Júcar del resto de las cuencas intracomunitarias valencianas.

   Asimismo lamentó que en Valencia no hayan cumplido el Plan del Júcar de 1997, ya que al no haber hecho las obras de mejora en regadíos no se han producido los ahorros previstos, y añadió que «en el Júcar hay agua para todos, si se hace una buena gestión, e incluso se podría hacer algún trasvase, en base a la Ley de Aguas, pero no de manera encubierta, pero si lo hacemos mal y nos empeñamos en defender los derechos históricos de Jaime I, así no vamos a ningún sitio».

   «Todo lo que no quepa en la Constitución y en la Ley de Aguas, no cabe en ningún sitio, y que yo sepa la Constitución no habla de Jaime I», aseguró el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.

   Por su parte, José Molina insistió sobre el trasvase Júcar-Vinalopó, al que se incluye en la llamada demarcación del Júcar, recurrida por el Gobierno regional, debería tener el tratamiento que se le da a cualquier otro trasvase, y añadió que «sí en la capital valenciana se abastecieran del Turia, en vez de tomar el agua del Júcar, y se hubiesen hecho la mejora en los sistemas de riego, ahora habría agua suficiente», por tanto aseguró que «la batalla de la demarcación de la cuenca es la batalla más importante».

   En el orden del día de este encuentro se encontraba también la reforma del Estatuto de Autonomía, sobre el que el diputado socialista insistió en que la solución ahora no pasa por poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, si no en establecer una reserva de agua suficiente para garantizar el uso actual y el futuro.

   Sobre este asunto, Belmonte aseguró que «aquí hay unos intereses políticos, que al ciudadano de a pie le puede dar una idea de que interesa más dar la batalla política, que por los intereses de la región», en insistió en que lo que verdaderamente interesa es llegar a acuerdos tanto en el texto autonómico, como en el plan de cuenca.

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Aprueban la nueva estructura y funcionamiento del Consejo del Agua

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se determina la nueva composición, estructura orgánica y funcionamiento del Consejo Nacional del Agua, órgano superior de consulta y participación en la materia, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

   El Consejo Nacional del Agua es un órgano superior de consulta y participación en la materia, adscrito al MARM, que además emite un informe sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el dominio público hidráulico que pudieran serle consultadas por el Gobierno o por las comunidades autónomas.

   En ese sentido, podrá proponer a las administraciones y organismos públicos las líneas de estudio e investigación para el desarrollo de las innovaciones técnicas en lo que se refiere a obtención, empleo, conservación, recuperación, tratamiento integral y economía del agua.

   Por otro lado, el Real Decreto establece que en el Consejo Nacional del Agua están representados la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los entes locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito estatal relacionadas con los distintos

usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito estatal y las entidades sin fines lucrativos de ámbito estatal cuyo objeto esté constituido por la defensa de intereses ambientales.

   Además, el texto incluye en la Comisión Permanente a un amplio espectro de los grupos que componen el Pleno del Consejo Nacional del Agua y que hasta ahora no tenían representación en este órgano. De este modo, se incorporan a la composición de la Comisión Permanente un representante de los siguientes vocales designados: grupos ecologistas, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones profesionales agrarias y grupos ecologistas.  

   En cuanto a la estructura, el Consejo funcionará en Pleno o en Comisión Permanente. Además, el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales para el estudio e informe de los asuntos que decida encomendarles. Por otro lado, este también está integrado por el presidente, que será la titular del MARM, tres vicepresidentes, los vocales natos, los vocales designados, los vocales electivos y el secretario general.

   La Comisión Permanente, además de establecer el orden del día del Pleno del Consejo y de proponer a éste la constitución de las comisiones especiales, informará aquellos asuntos de la competencia del Consejo Nacional del Agua que el propio Pleno le asigne.

   Por otro lado, el Real Decreto establece las materias sometidas a informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua: el proyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN); los planes hidrológicos de cuenca; los proyectos de las disposiciones de las disposiciones de carácter general de aplicación en todo el territorio nacional relativas a la protección de las aguas y a la ordenación del dominio público hidráulico, entre otros.

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Los regantes amenazan con movilizaciones en otoño si el Gobierno no reduce sus costes energéticos

 La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha anunciado un «otoño caliente» con movilizaciones generalizadas en toda España si el Gobierno no introduce las modificaciones legislativas necesarias que faciliten la adaptación de los regantes al mercado liberalizado de la energía eléctrica.

   Así, como primer paso, recogerán firmas a través de las juntas de Gobierno de sus diferentes comunidades de regantes con el fin de que el Ejecutivo se replantee su negativa de aplicar un IVA reducido, así como que los regantes paguen por la potencia realmente utilizada y no por la máxima teórica contratada.

   En este sentido, tampoco descartan la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas que les permita obtener el apoyo suficiente para presentar una propuesta legislativa por iniciativa popular ante el Congreso de los Diputados.

   El consumo de agua en los regadíos españoles disminuyó en 20 puntos porcentuales en los últimos diez años, al pasar de una demanda de agua para uso agrario del 80% en 1999 a un consumo aproximado del 63% en la actualidad, según los últimos datos de Fenacore.

   A juicio de la Federación, esta caída del consumo del agua en el sector agrario se explica, además de por la sequía soportada principalmente por los regantes, por el profundo proceso de modernización de regadíos que han llevado a cabo los agricultores en estos últimos años, con la transformación de los sistemas de riego por gravedad, de coste energético casi despreciable, a los nuevos mecanismos de riego por presión (aspersión, goteo, etc.).

   Fenacore recuerda que estos sistemas precisan de un alto nivel de energía eléctrica para su funcionamiento pero que permiten ahorrar entre un 10 y un 20% de agua.

   Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, los procesos de modernización de regadíos que están llevando a cabo los regantes suponen un «giro de 180 grados» a la hora de gestionar el agua, ya que conllevan una serie de efectos beneficiosos no sólo para el agricultor, optimizando su actividad, sino también para el medio ambiente, como la reducción de consumos con un ahorro de más de 1.200 hectómetros cúbicos anuales de agua.

   Por este motivo, la Federación considera una «enorme ironía» que el Ejecutivo «premie» el esfuerzo económico realizado por los regantes en la modernización de regadíos con una subida tarifaria que podría llegar al 90% en algunas zonas regables -el 30% anunciado a comienzos de año más el 60% experimentado en julio de 2008 tras la supresión de las tarifas especiales-, lo que supone un sobrecoste de más de 100 millones de euros para el sector del regadío.

   Además, el pasado mes de julio se incrementó en un 30% adicional el coste fijo del término de potencia y en otro 30% la parte regulada del coste de la energía.

EL VERANO DISPARARÁ LOS COSTES DEL REGADÍO

   De cualquier modo, la Federación advierte de que las «consecuencias más graves» de este incremento «continuado» y «periódico» de la factura eléctrica se harán notar especialmente en estos meses de verano en los que es necesario intensificar las campañas de riego, disparando el gasto energético a cifras «inasumibles» y poniendo en peligro la viabilidad del sector y los procesos de modernización en curso. Así, muchas zonas regables se verán obligadas a regar de manera insuficiente sus cultivos, viendo mermada su producción y rentabilidad.

   Si bien es cierto que desde la Administración central y las comunidades autónomas se han facilitado ayudas para la modernización de regadíos, los regantes han tenido que hacer frente a alrededor del 60% de la inversión, encontrándose ahora con unos costes energéticos casi duplicados, por causas ajenas a los agricultores.

   Ante esta situación, Fenacore advierte sobre la responsabilidad de los daños y perjuicios que sufrirán estas zonas regables que, en muchos casos, han hipotecado sus explotaciones a 50 años con unas obras que resultan no ser rentables, tras la decisión de la Administración de incrementar los precios.

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Los regantes aplauden la aplicación de un IVA reducido para el suministro eléctrico

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, aplaudió hoy la decisión del Congreso de los Diputados de llevar adelante una reducción del IVA en el suministro eléctrico para los regadíos.

   Del Campo consideró que esta iniciativa contribuirá a «aliviar parcialmente» la presión económica que sufren los agricultores a causa de la caída del precio de los productos agrarios y el encarecimiento de la factura eléctrica, tras la supresión de las tarifas especiales para el regadío.

   Esta medida contempla la aplicación de un tipo reducido del 7% en el suministro de electricidad para los regadíos, de acuerdo a lo previsto en la Directiva del Impuesto sobre el Valor Añadido y tomando como antecedente inmediato el caso de Italia.

   Del Campo explicó que la aplicación de este tratamiento fiscal, que adapta la directiva europea a la normativa española, es «muy positiva» para el sector agrario, pero recordó la necesidad de poner en marcha soluciones complementarias que permitan compensar «todo el esfuerzo económico» que están realizando los regantes en la modernización de regadíos.

   En este sentido, adelantó un «otoño caliente» con movilizaciones generalizadas en toda España si el Ejecutivo no adopta un paquete de medidas orientadas a aliviar la «asfixia» económica que padecen los agricultores con el fin de garantizar la competitividad del sector agrario.

   De esta forma, solicitó flexibilidad a las compañías eléctricas en la discriminación de la potencia a contratar por parte de las compañías eléctricas, de manera que se incluya la posibilidad de modificar semestralmente al alza o a la baja cada una de las seis potencias que aparecen en el calendario, y no anualmente como se establece en la actualidad.

   Así, pidió pagar únicamente por la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada, ya que la necesidad de energía no es la misma durante todo el año, siendo superior en los meses de abril a septiembre y nula entre octubre y marzo. Actualmente, deben pagar por un servicio que no usan, lo que incrementa los gastos de forma innecesaria.

   Por otro lado, solicitó la devolución del importe del consumo eléctrico, tal y como se hace actualmente para el gasóleo con el impuesto de hidrocarburos. Según datos técnicos de las comunidades de regantes, la devolución del impuesto de la luz supone un 5% del total de la factura.

   Por último, con el fin de avanzar en la modernización de regadíos y minimizar los costes energéticos derivados de este proceso, propuso la elaboración de una normativa estatal que facilite el acceso de las comunidades de regantes a las energías renovables, de manera que se reduzcan los consumos eléctricos de las energías fósiles.

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AVA-Asaja tilda de «barbaridad histórica e hídrica» el separar l’Albufera de la futura cuenca del Júcar

 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) consideró hoy una «barbaridad histórica e hídrica» el hecho de «separar l’Albufera de Valencia de la futura cuenca del Júcar» ya que «se pondrían en peligro los abastecimientos de los regantes valencianos e incluso cuestionarían el futuro del propio humedal, que no se puede entender sin las aportaciones del Júcar», advirtió en un comunicado el presidente de la organización, Cristóbal Aguado.

   De esta forma, Aguado rechazó «frontalmente» los postulados expresados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, que pretenden desligar de la futura Demarcación Hidrológica del Júcar a pequeñas cuencas que hoy están vinculadas a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así como a la propia Albufera de Valencia.

   A su juicio, estos planteamientos «no se sostienen académicamente porque son una barbaridad histórica e hídrica y esconden oscuros intereses vinculados al control del agua y de lo que quedará de la actual confederación».

   El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, tras conocer en abril el borrador del Consejo Nacional del Agua, debe pronunciarse sobre cómo quedará la futura Demarcación Hidrográfica del Júcar para así cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2004.

   En este proceso, explicó Aguado, «los regantes citados, con el amparo del gobierno de Castilla-La Mancha, plantean la segregación de una serie de espacios interfluviales de la futura demarcación, entre los que se situaría el de l’Albufera, que deberían ser entonces gestionados por la Generalitat».

   La organización rechaza cualquier planteamiento que, como en el caso de l’Albufera, «pueda suponer una sobreexplotación del Júcar o de sus afluentes». «De forma solapada, pretenden aumentar el porcentaje de superficie y población vinculada a la comunidad manchega para así tener más representación y disponer de más recursos hídricos a costa de los de los valencianos», criticó Aguado, quien advirtió de que aspiran a «trasladar la sede administrativa de lo que hoy es la CHJ a Albacete».

   Según explicó, l’Albufera se sostiene gracias a las aportaciones hídricas, tanto del Turia como del Júcar, desde, al menos, el siglo XVIII, cuando el área de la Acequia Real del Júcar se amplió para regar otros diez municipios, engarzando el suministro de la Ribera Alta con el de la Ribera Baja (Silla, Sollana, Albalat).

   «Los sobrantes de los regadíos de la comarca de La Ribera del Júcar son fundamentales para que las aguas de l’Albufera no sean salobres», adujo el presidente de AVA-Asaja, quien añadió que, además, son «claves para oxigenar y regenerar las aguas del lago, para dar vida a la flora y fauna allí consolidada y para mantener, en definitiva, un entorno como el que hoy conocemos, que merece su protección como parque natural».

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La luz subirá si lo hace el coste energético

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró hoy en el Senado que «el precio de la luz dependerá de los costes energéticos» a partir de la entrada en vigor de la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) el próximo 1 de julio, por lo que «no van a ser necesarias las subidas» que el PP cree que conllevará el reciente acuerdo de solución de la deuda eléctrica.

   Sebastián respondió de esta forma a una pregunta del senador ‘popular’ José Valín Alonso acerca del nuevo Decreto Ley sobre el déficit de tarifa y, en concreto, al cálculo de la oposición sobre la subida necesaria de la luz para resolver el problema de la deuda eléctrica en los términos fijados por el Gobierno.

   «Echando mis cuentas, resulta que para reducir a cero el déficit tarifario por decreto en 2013 se tendrá que producir un incremento tarifario del 30% por no haberse tomado decisiones de otra índole durante este periodo», afirmó Valín, quien se preguntó si esta subida «se oculta a la ciudadanía».

   Sebastián replicó que no se producirán estas subidas porque, entre otros aspectos, se han decidido trasladar los 1.300 millones del sobrecoste de generación extrapeninsular de la tarifa a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se imputarán a las eléctricas los 2.700 millones de la gestión de los residuos nucleares.

   Además, sostuvo que «a las eléctricas no se les ha dado nada que no tuvieran», insistió en que el déficit de tarifa es un mecanismo «heredado» del PP y defendió el nuevo bono social. «Nadie puede saber cuánto va a subir la luz en los próximos cinco años, pero sí que va a haber cinco millones de hogares para los que la subida será cero», señaló en alusión a los colectivos desprotegidos que se beneficiarán con la medida.

   «Podríamos haber adoptado la política del ‘pío, pío, que yo no he sido’, pero hemos decidido atajar el déficit, que es una aberración económica y algo a día de hoy insostenible», afirmó.

   DÉFICIT, PETRÓLEO Y GUERRA

   Durante su intervención, Sebastián acusó a los gobierno del PP de «crear el déficit tarifario porque creían que el petróleo iba a ser barato para siempre», ya que «creían que iba a haber una guerra que mantendría el precio del petróleo barato». «Todo estaba en el mismo plan», aseguró.

   El ministro pronosticó además que el petróleo «va a volver a subir» y explicó que, por este motivo, el Gobierno «apuesta por las renovables», de la que otros «se burlan». En este sentido, señaló que los próximos desarrollos normativos sobre las primas «permitirán mantener y diversificar inversiones».

   «MEDICINA CONVERTIDA EN VENENO»

   Por su parte, Valín argumentó que el déficit «tuvo sentido en determinadas condiciones» y se creó como una «herramienta» y una «medicina» que, por la posterior «falta de control», ha acabado convertida en un «veneno».

   En su opinión, el problema de la deuda del sector eléctrico es un asunto «tremendo» y «algo gravísimo que sigue creciendo». Además, de la conveniencia de la derogación del decreto de minoración de derechos de CO2, y pidió «sensibilidad» en la nueva tarifa regulada para colectivos como los regantes, los autónomos o las pymes.

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El MARM mantiene su apoyo a los regantes promoviendo actuaciones para lograr la racionalización del consumo y la viabilidad del sector

La Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha reiterado hoy en el Senado el apoyo de su Departamento a los regantes, mediante una estrategia de futuro que debe conducir a una racionalización de los consumos, energéticos y de agua, que haga viable, rentable y sostenible al sector.

Elena Espinosa ha señalado que desde el respeto y acatamiento de las directrices y normativa europea, el MARM, a petición de las comunidades de regantes, viene actuando para reducir el impacto de las tarifas eléctricas en el riego, siendo uno de los objetivos fundamentales la mejora y modernización de las instalaciones para disminuir los consumos.

Tras la desaparición de las taifas eléctricas específicas de riego, ha recordado la Ministra, se dispuso una moratoria, prolongada hasta julio de 2008, de acuerdo con las OPAS, para que durante ese tiempo, y conjuntamente con los regantes se negociara con las operadoras eléctricas para obtener las tarifas más favorables, habiéndose puesto de manifiesto la necesidad de ajustar la demanda horaria a la oferta, por lo que las instalaciones flexibles han conseguido ya tarifas ventajosas.

Desde el MARM, ha indicado Elena Espinosa, se está impulsando la mejora de las instalaciones, flexibilizándolas y minimizando los consumos, financiándose, en los nuevos planes de actuación en regadíos, esta optimización energética, que podría ir a más con programas específicos de auditoria y mejora.

Las Ministra ha finalizado su intervención recordando otras actuaciones que se están llevando a cabo como las negociaciones con las compañías eléctricas sobre los tipos de contratos, sobre sus ofertas, la disminución del precio de los seguros por hectárea regada, o el de la telefonía.

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Endesa lanza una oferta para clientes de alta tensión con descuentos de hasta el 12%

 Endesa ha lanzado una nueva tarifa al mercado libre en la que ofrece a consumidores con potencias superiores a 15 kilovatios (kW) descuentos del 12% sobre los precios actuales del mercado regulado, anunció la compañía en un comunicado.

   La oferta garantiza un precio fijo en el consumo de electricidad hasta fin de año para los usuarios de la tarifa 3.0.2, que supone un descuento inmediato del 8% sobre los precios del mercado regulado.

   Además, si el cliente contrata esta nueva tarifa antes de finales de mayo obtendrá un descuento adicional de entre el 2% y el 4%, en función de la zona de distribución eléctrica.

   El grupo presidido por Borja Prado asegura que esta oferta responde a su apuesta por la liberalización energética, que le ha llevado a ofrecer soluciones a la medida de los distintos tipos de clientes.

   La eléctrica cuenta en la actualidad con más de 1,4 millones de clientes de luz y más de 850.000 clientes de gas. Además, ofrece una atención personalizada a través de más de 400 puntos de servicios y oficinas comerciales, señala.

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