El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Agua, Juan Cotino, anunció ayer en Alicante que según un estudio de los técnicos de la Dirección General de Agua, la superficie de cultivo amenazada de desaparición por la falta de caudales asignados en el nuevo plan del Júcar alcanza las 30.000 hectáreas en toda la provincia. Cifra que duplica las estimaciones realizadas por los regantes de l’Alacantí y el Vinalopó y que acabará con el 20% de la superficie agrícola regable en explotación en la provincia (130.000 hectáreas). Según Cotino, el recorte de recursos hídricos planteado en el Esquema de Temas Importantes de Plan de Cuenca del Júcar afectaría a un total de 50.000 hectáreas en el conjunto de la Comunidad Valenciana por lo que el Consell ha decidido presentar alegaciones.
Mañana jueves. Cotino se reunirá con la Federación de Regantes para preparar un frente de acción conjunto con las intenciones de la Confederación del Júcar, que, según denuncian los agricultores alicantinos, ha hecho los cálculos tomando como base un año de extraordinaria sequía como fue el año 2005, cuando gran parte de la superficie agrícola regable de la provincia se dejó sin cultivar al no contar con agua.
Los regantes de l’Alacantí y el Vinalopó necesitan 200 hm3 al año y el recorte propuesto por la Confederación del Júcar seria de 60 hm3 para una producción rica como es la de uva de mesa, hortalizas y frutales, según denuncia Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó. Cotino echó ayer más leña al fuego al ampliar hasta las treinta mil el número de hectáreas amenazadas en el nuevo plan del Júcar. «Estamos ante un nuevo ataque del Gobierno de Zapatero a los intereses de los agricultores de la provincia de Alicante. Y todo se inicia cuando de manera unilateral se decidió derogar el trasvase del Ebro hace ahora seis años. Decisión que provocó que todo saltara por los aires y ahora nos encontremos, por ejemplo, con un Júcar-Vinalopó en el que se cambió la toma del agua, que ha incrementado su coste en 100 millones de euros y no sepamos todavía si el agua servirá para beber y para regar», subrayó Cotino durante la inauguración en la Explanada de una exposición sobre el primero proyecto del trasvase del Ebro, cuando se planteó durante el II República (1937).
En este sentido, el vicepresidente Cotino aprovechó para subrayar sobre la derogación del trasvase aquello de que «de aquellos polvos estos lodos. Unas decisiones mal tomadas al principio de la anterior legislatura tienen como resultado paro y falta de confianza. La derogación del Ebro es una muestra de este desgobierno al que nos tiene acostumbrados Zapatero».
Cotino recordó como en 1937, Luis López Ambid, entonces delegado del Gobierno de Servicios Hidráulicos en la cuenca del Segura envió a Giner de los Ríos, ministro de Obras Públicas por el Partido Socialista Radical, a petición de agua para el Segura. Se diseñaría entonces un trasvase del Ebro desde Tarragona de 1.260 hm3. «En los 90 Felipe González planteó otro de 1.855 hm3 y nosotros lo que hicimos fue rebajar la cifra a 1.050 hm3. ¿Qué hicimos mal?», se preguntó Cotino.