La fundación y Coepa hicieron público un avance del estudio que encargaron al Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que indica que los caudales que llegan desde el Tajo a la cuenca del río Segura ‘son vitales para cubrir las necesidades hídricas medioambientales de la provincia de Alicante’.

En este sentido, el estudio corrobora que los aportes del Trasvase Tajo-Segura para este fin ‘son de difícil sustitución, puesto que los únicos recursos potencialmente disponibles para cubrir dichas necesidades tendrían que venir obligatoriamente de la mayor sobreexplotación de los acuíferos o del incremento masivo de agua desalinizada’.

A este respecto, añade que ‘tanto una como otra solución conlleva un incremento de las cuentas energéticas y económicas, y por tanto tendrían incidencia en los costes ambientales’. Los costes energéticos del trasvase y postrasvase están estimados en 1,1 kilovatio hora por metro cúbico, mientras que, por ejemplo, la desalinización precisa, a pie de planta, entorno a los 4,2 kilovatio hora por metro cúbico.

  Además, la tarifa vigente de agua del Trasvase Tajo-Segura es de 0,09 euros metro cúbico para riego y 0,12 euros metro cúbico para consumo, que contempla los costes de la obra, así como los gastos fijos y variables de funcionamiento, mientras que la procedente de desalinización ronda los 0,60 euros metro cúbico.

Así mismo, el estudio señala que Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura ‘han recibido más de 210 millones de euros corrientes en compensación del agua que se transfiere’ por el Trasvase Tajo-Segura entre los años 1986 y 2007.

Este dinero, según continúa, ‘se debía destinar en las comunidades que reciben la compensación a realizar obras hidráulicas y de ingeniería sanitaria, lo que ha significado una posibilidad de mejora de las infraestructuras en los territorios que ceden el agua, gracias a estos ingresos que pagan los usuarios de provincias de Alicante, Murcia y Almería, en la proporción del agua que reciben’.

  Con anterioridad a 1986, la compensación, que supone el 4 por ciento anual del coste las obras, lo recaudaba el Estado, que era ‘el encargado de aplicar estos ingresos a dichas labores de mejora’, según concluye.

La Junta de Extremadura informó hoy de la creación de un grupo de trabajo para participar, junto a las oficinas de planificación hidrológicas, en la redacción de los planes hidrológicos de las demarcaciones del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Este grupo está compuesto por diversos representantes de las consejerías de Fomento, Agricultura y Desarrollo Rural e Industria, Energía y Medio Ambiente.

‘El contenido de los planes hidrológicos es fundamental para determinar los recursos hidráulicos y desarrollar los usos y demandas de agua en Extremadura hasta el horizonte del año 2015’, explica la Junta en nota de prensa.

De acuerdo con la directiva marco del Agua, apostilla la Junta, la redacción de estos planes deberá completarse antes de finales del 2009. Por este motivo, ya se han mantenido las primeras reuniones de trabajo con las confederaciones hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir, indica la nota.

El alcalde de La Herrera (Albacete), Pablo Escobar, aseguró hoy en declaraciones a Europa Press que el asentamiento de inmigrantes en la localidad ‘es un problema que necesita soluciones estatales’ y señaló que el hecho de que en el trasvase ‘se bañe una persona algún día, no pasa nada, pero es que se están bañando a diario 2.000 personas, están lavando sus platos, su ropa y a poca distancia de aquí hay una toma que sirve para el abastecimiento a Albacete capital’.

   El municipio albaceteño de La Herrera, de no más de 500 habitantes, padece desde mediados del mes de julio, un multitudinario asentamiento de inmigrantes de nacionalidad rumana junto al trasvase Tajo-Segura, en el que se han llegado a concentrar hasta 2.000 rumanos.

   Una situación que, tanto a los vecinos como al Ayuntamiento les ha desbordado, no tanto por la inestabilidad o posibles enfrentamientos entre personas acampadas y vecinos, sino por la suciedad que está suponiendo para el agua que llega por el canal.

   Los vecinos lo han comentado entre ellos, se lo han planteado a su primer edil, y éste asegura que intenta tener lo más limpio que puede el pueblo ‘pero no me pueden pedir que me presente en un asentamiento donde hay 1.500 personas e intente echarlos, porque el que va al agua casi seguro que soy yo. No tengo ni los medios ni la capacidad para hacer frente a este problema y hacer cumplir las normas, que para eso están’.

   Desde que la población rumana asentada empezó a crecer desmesuradamente, Escobar comenzó a pedir ayuda y a dar cuenta de la situación a administraciones y a instituciones competentes.

   ‘Me he dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y a la oficina que tiene en La Roda, a la ministra de Medio Ambiente, al director general del Agua, al subdelegado del Gobierno varias veces, desde el 13 de julio, y me ha recibido su secretario porque él estaba de vacaciones, también al delegado del Gobierno en Albacete, y de nuevo a la Subdelegación’.

   Escobar lamentó las pocas actuaciones que se han tomado hasta ahora y que se concentran en que ‘el Seprona ha puesto denuncias aplicando la Ley de Residuos y que han identificado a 43 rumanos’.

NO TRASLADAR EL PROBLEMA.

   Esta misma mañana, el alcalde de La Herrera confirmó a Europa Press que siguen ocupados –por tiendas, coches y unas 500 personas– unos 2,5 kilómetros que ‘pertenecen al margen de seguridad del trasvase’, por lo que la competencia directa es de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Medio Ambiente, que todavía no se han puesto en contacto de forma oficial con el alcalde de este municipio.

   ‘Es cierto que ahora se ven menos rumanos por las calles, con toda la polémica que se ha formado, porque estos días se juntaban por lo menos 200 ó 300 a partir de las ocho de la tarde para hacer botellón’, planteó Escobar.

   La vigilancia en el municipio la mantienen entre dos y tres patrullas de la Guardia Civil que pasean de forma permanente, fundamentalmente por la noche porque los vecinos se habían quejado. ‘Les han quitado frutas, hortalizas, ha habido algunos robos en coches’, explicó Escobar, que pide que, sobre todo, lo que no debe ocurrir es que ‘se elimine el problema de La Herrera trasladándolo de lugar a otro municipio’.