La Junta pedirá en la próxima legislatura un cambio en las normas del Trasvase

El Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura en la próxima legislatura nacional, según dijo ayer el vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, quien: «vamos a ir a por nuestro acuerdo».

Lamata opinó que la modificación por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del Plan Hidrológico Nacional (PHN), en el que se dice que la Ley de Explotación del trasvase Tajo-Segura no se modificará en la legislatura que ahora finaliza, «da pie» al Ejecutivo castellanomanchego a que se modifique en la siguiente.

Fernando Lamata dijo que, a diferencia del PP, el PSOE en el ámbito nacional ha mantenido una actitud «muy prudente» respecto a la continuidad del trasvase y, aunque «»s verdad que no han dado la razón a Castilla-La Mancha», tampoco «nos han cerrado esa puerta». Respecto a las declaraciones de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, que ha dicho que son el presidente del Gobierno y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, los que afirman que el final del trasvase no se va a aplicar, dijo que lo que es verdad es que Rajoy encabezó en Murcia una manifestación en defensa del trasvase, cosa que no ha hecho Rodríguez Zapatero, cuya posición en este asunto calificó de «más equilibrada».

Estatuto

Por otro lado, Lamata, reprochó al PP que no se haya aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía en esta legislatura, pues según dijo la propuesta de reforma podía haber llegado a las Cortes españolas hace un año y estar ya aprobada, si no fuera por el parón que introdujo el PP en las negociaciones, al que reprochó que ahora quiera «dar la vuelta» a lo que es su exclusiva responsabilidad.

Por el contrario, la portavoz del grupo parlamentario popular, Ana Guarinos, dijo que al Gobierno de Castilla-La Mancha le ha faltado impulso y firmeza en la defensa de la propuesta de reforma del Estatuto para que éste fuera aprobado en el Congreso de los Diputados en la presente legislatura.

Ante estas críticas, el presidente de las Cortes, Francisco Pardo, aseveró que los ciudadanos esperan de «nosotros que nos entendamos», por lo que opinó que «tirarse a la cabeza» el Estatuto de Autonomía como «arma arrojadiza» no es lo mejor.

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Los nuevos planes hidrológicos castigarán a los agricultores con un consumo excesivo de agua

Los nuevos planes hidrológicos de cuenca, que ya se han empezado a elaborar y que entrarán en vigor a principios de 2010, revisarán el actual régimen concesional de derechos de agua y penalizarán a las explotaciones agrícolas e industriales que sobrepasen el consumo «imprescindible» fijado.

Así lo manifestó ayer el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, tras la presentación de los Planes Especiales de Sequía, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua.

Palop señaló que en las nuevas planificaciones hidrológicas se van a asignar las cantidades de agua «imprescindibles» para llevar a cabo actividades industriales y agrícolas, que si se sobrepasan se «penalizarán» económicamente, ya que los excesos van en perjuicio de la comunidad.

Para controlar el consumo por parte de los respectivos organismos de cuenca, se colocarán unos contadores en cada toma de agua que medirán el volumen realmente utilizado por cada explotación agrícola e industrial.

Matizó que el hecho de que se vaya a castigar el «despilfarro» no es por afán recaudador, sino que «es más bien un mecanismo para penalizar el consumo excesivo y poco solidario con el vecino y con el resto de la sociedad».

Aseguró que este es uno de los principios básicos para afrontar la situación de escasez que padece España, donde «el agua no sobra en ningún lado».

Palop matizó que las concesiones dan derecho a la utilización del agua pública y el Estado marca el régimen de uso, e insistió en que se van a tener que adaptar a las previsiones de las futuras planificaciones, que no serán iguales en las diferentes cuencas. Explicó que los planes hidrológicos de cuenca, fruto de la aplicación de la directiva marco de agua, los van a elaborar las futuras demarcaciones hidrográficas y deberán estar aprobados el 31 de diciembre del año 2009, para que entren en vigor el 1 de enero de 2010.

Respecto a la cantidad de agua que se pierde debido a fugas, Palop dijo que se producen fundamentalmente en el sector agrícola, que consume el 80% del agua que se extrae de los acuíferos y la que procede de los embalses, ya que tienen las infraestructuras más antiguas.Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque para modernizar todas las zonas regables del país.

En las ciudades, se está apreciando una mejora continua en la eficacia del empleo del agua, de tal forma que en las grandes aglomeraciones y la zona del levante las pérdidas son «bastante bajas», en torno al 15 ó 20%.

Menor cultura de gestión

Las mayores pérdidas se producen en el medio rural e interior porque existe una menor cultura en la gestión del agua y unos precios más bajos.

En el mismo contexto se pronunció el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que ayer anunció que el Plan Nacional de Regadíos (PNR) concluirá en los próximos «dos o tres años» cuando se acabe con las 100.000 hectáreas aún pendientes de actuación, según afirmó su secretario general, Josep Puxeu.

Puxeu hizo este anuncio durante su intervención en unas jornadas celebradas en el Ministerio de Agricultura con motivo de la celebración ayer del Día Mundial del Agua.

El secretario general de Agricultura aseguró que en la actualidad el PNR ha logrado un grado de ejecución de más del 100 por cien de lo programado y que se ha ido ampliando continuamente a causa de la aprobación de los distintos planes de sequía, si bien quedan pendiente actuaciones sobre 100.000 hectáreas, con un coste de cierre de unos 400 millones de euros.

Puxeu también avanzó las directrices de la futura programación 2008-2013, destacó que su objetivo se centrará en la modernización y en el ahorro de agua y planteó la necesidad de que se definan actuaciones más acordes con las directrices del actual programa operativo de desarrollo rural.

Durante su intervención, se mostró partidario de una nueva gestión de los recursos hídricos dirigidos a un uso sostenible y a una adecuada protección del agua.

Recordó que, en cuanto a la situación actual de los recursos hídricos en la agricultura, el sector agrícola es el principal usuario de agua del país, ya que utiliza el 63,3 por ciento del total, aunque valoró que se mantiene estable su demanda y gracias a las políticas de ahorro.

Así resaltó que la evolución de los sistemas de riego ha ido dirigida a un mayor ahorro hídrico, ya que más del 60% de los regadíos han mejorado su eficiencia incorporando nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.

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