Desde que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) iniciara su defensa en contra de la supresión de las tarifas especiales para regadío, hace casi dos años, no hemos dejado de esforzarnos por recabar el apoyo de las distintas formaciones políticas con el fin de conseguir la aprobación de una serie de medidas que permitieran un acceso al mercado liberalizado lo menos traumático posible.

Desde el pasado mes de julio, los regantes deben afrontar una nueva tarificación, con un sobrecoste de más de 50 millones de euros para el sector, lo que unido a la subida de la factura desde el pasado enero, supone un sobrecoste aún mayor que puede frenar el proceso de consolidación de regadíos e incluso hacer inviable algunos de los proyectos de modernización ya en curso. A pesar de las dificultades, los esfuerzos de la Federación por conseguir el apoyo político no han cesado y, a pesar de las trabas, nuestras reivindicaciones siguen adelante.

En el plano político, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó el pasado mes de junio una moción por la que se instaba al Gobierno a adoptar determinadas medidas ante la eliminación de las tarifas oficiales eléctricas para riego. El objetivo de esta moción era asegurar los mecanismos necesarios que garantizaran una transición en las mejores condiciones posibles al mercado liberalizado, de manera que el sector agrario no quedara abocado a las condiciones de precio que las grandes eléctricas quisieran imponer.

En concreto, esta moción planteaba una prórroga mínima de dos años de la tarifa especial de riego así como la aplicación de un tipo reducido de IVA del 4% -que podría ser del 7% en el peor de lo casos- en el suministro de electricidad para la explotación de instalaciones de regadío, bombeo y evacuación de agua, tomando como antecedente inmediato el caso exitoso de Italia. Los populares estaban convencidos de que este tratamiento fiscal permitía obtener las devoluciones de IVA con periodicidad mensual en lugar de anual, como ocurre en el régimen general.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular planteaba dos medidas -valoradas en 120 millones de euros- que hubieran permitido al sector agrario aliviar el fuerte encarecimiento de la factura eléctrica que los regantes estamos sufriendo -entre un 20% y 40% en la nueva campaña de riego- castigando injustamente el esfuerzo de quienes estamos modernizando nuestras explotaciones para ahorrar agua.

Una enmienda a favor y otra en contra

Asimismo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado también quiso hacer su particular aportación a finales de junio a este debate, presentando una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Popular en la que instaba el Gobierno a modificar la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de elevar el tipo reducido hasta el 7% a los suministros de gas natural y electricidad. Además, con gran acierto, CiU supeditaba la prórroga del actual sistema de tarifas eléctricas oficiales hasta la entrada en vigor de este tipo superreducido que veníamos demandando insistentemente hasta la fecha.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista presentaría también a finales de junio en el Senado una enmienda de sustitución a la moción de los populares instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias ante la eliminación de las tarifas oficiales para riego, pero desde un punto de vista “estructural”, según el boletín de sesiones, y no “coyuntural”. En definitiva, los planteamientos del grupo socialista hablaban de moderar el crecimiento de los costes de producción, regularizar los ingresos, lograr unos precios justos, potenciar el cooperativismo y la universalización de los seguros, pero no encerraban ninguna medida en firme para hacer frente a la subida de las tarifas.

El debate político no podía ser más participativo y, a pesar de la moción socialista, que echaba un «jarro de agua fría» a las expectativas de los regantes, existían señales de que los esfuerzos de la Federación por conseguir un aplazamiento de las nuevas tarifas o, en su defecto, medidas para paliar sus efectos podrían salir adelante…

Finalmente, el 30 de junio fue aprobada la moción en el Senado, con los votos a favor del PP, CIU y BNG, y con los votos en contra del PSOE y Grupo mixto Entesa y la abstención del PNV.

De la negociación política a la privada

Sin embargo, el último Consejo de Ministros del mes de junio daba luz verde sin paliativos a la supresión de las tarifas especiales para regadío, truncando así las esperanzas de los regantes, que confiaban en que el Gobierno acometiera las modificaciones legislativas necesarias para que las nuevas tarifas no excedieran la subida del IPC, tal como adelantó el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en su intervención en la Expo de Zaragoza.

Esta negativa llevó a los regantes a abandonar temporalmente el escenario político de la negociación para saltar al ámbito empresarial privado donde las principales suministradoras eléctricas parecían más predispuestas a ratificar una serie de convenios marco que facilitaran a los regantes el acceso al mercado liberalizado.

Después de arduas negociaciones, Fenacore suscribió a finales de julio -en un tiempo casi récord- sendos acuerdos marco de colaboración con las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola con el objetivo de obtener condiciones más competitivas en la contratación de energía eléctrica que permitieran hacer frente al fuerte encarecimiento experimentado por las tarifas de regadío.

En virtud de estos acuerdos marco, los regantes asociados a Fenacore están formalizando individualmente convenios de colaboración específicos con ambas suministradoras de acuerdo a sus necesidades concretas de riego, definiendo una tarifa «personalizada» y «específica» adaptada a su consumo en función de las particularidades de sus territorios, climatología y cosechas.

Dificultades en el camino

Si bien en esta senda negociadora se ha ido avanzando lentamente, también han ido surgiendo algunas trabas que hemos tenido que ir sorteando con mayor o menor dificultad. Desde mediados de septiembre las comunidades de regantes pueden beneficiarse de descuentos especiales en su factura eléctrica siempre y cuando estén acogidas a tarifas de riego y no al régimen general, lo cual ha obligado a la Federación a tener que intervenir con el fin de gestionar condiciones específicas para casos muy particulares.

Por otro lado, a finales de septiembre se aprobó un Real Decreto por el que se establecían las denominadas Tarifas de Temporada que permitían a las comunidades de regantes formalizar contratos de suministro de energía con las compañías eléctricas siempre y cuando la duración fuera inferior o igual a cinco meses. De esta forma, los precios del término de potencia se incrementan en un 35% para los meses de temporada alta, en lugar de un 100% como establece la legislación, y en un 15% para los restantes meses, siempre y cuando se cumplan unas condiciones determinadas.

Sin embargo, la aplicación de este Real Decreto que, en principio, suponía una leve mejora para los regantes, ha conllevado diversas irregularidades ya que algunas comunidades han tardado más de un mes en ver materializada su aplicación desde la firma del contrato. A modo de ejemplo basta citar el caso de algunos comuneros que, a pesar de contar con varias estaciones de bombeo, sólo disfrutan de los descuentos estipulados en la mitad de ellas.

Una negociación que debe llegar a buen puerto

A pesar de las dificultades en el camino, Fenacore, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, continúa tratando de conseguir sin éxito un acercamiento al Ministerio de Industria con el objetivo de reducir, a través de las medidas legislativas necesarias, el coste del término de potencia, de manera que los agricultores regantes paguen sólo por la potencia realmente utilizada.

Por otro lado, la Federación continúa insistiendo en la necesidad de la aplicación de un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad para los regantes por ser “usuario finalista”, de acuerdo a lo previsto en la Directiva 2006/112/CE del Impuesto sobre el Valor Añadido, tomando como antecedente inmediato el caso de Italia y haciendo valer la moción aprobada en el Senado el pasado 30 de junio.

Los regantes somos conscientes de que el camino de la negociación es duro; pero estamos dispuestos a recurrir a movilizaciones generalizadas en toda España con el fin de hacer oír nuestra voz y conseguir que se estudien los diferentes costes energéticos en el regadío y se analicen, sobre bases firmes, las modificaciones específicas propuestas por Fenacore, con el fin de facilitar la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Andrés del Campo

Presidente de Fenacore

La idea empezó como una anécdota, durante una conferencia de BT con motivo del Día del Medio Ambiente. Se invitó a la ministra a someterse al test de consumo energético que la operadora ha diseñado para sus empleados, dentro de una innovadora política de responsabilidad medioambiental. LIBERTAD DIGITAL recogió el guante y preguntó a Cristina Narbona si revelaría su gasto en electricidad, combustible y agua. La ministra rehusó, «por falta de tiempo», pero se comprometió a hacerlo «próximamente» y a hacer público el resultado.La ministra de Medio Ambiente impartió este martes, Día Mundial el Medio Ambiente, una serie de prescripciones para el consumo eficiente de energía y agua.

«Podemos ahorrar, por ejemplo, si usamos eficientemente el aire acondicionado, ya que por cada grado de aire acondicionado, se emite un 7 por ciento más de gases tóxicos a la atmósfera», dijo la ministra, advirtiendo con gestos que los directivos de British Telecom quizá habían puesto muy alta la refrigeración de sus oficinas, en un tórrido día de junio en Madrid.

Otras recomendaciones de la ministra son «usar la lavadora y el lavaplatos sólo cuando estén llenos» y apagar todos los electrodomésticos por la noche, «incluso esas lucecitas rojas que a veces se quedan encendidas, un consumo absurdo de energía que también causa emisiones tóxicas a la atmósfera».

Una periodista de La Jornada (Méjico) le había preguntado, desde su país, y por medio de la plataforma que BT habilitó para seguir en vivo la conferencia por Internet, qué más puede hacer cada uno para frenar el calentamiento global.

La ministra española no dejó pasar las habituales críticas al uso privado del coche. «Tendemos a utilizarlo más de lo imprescindible, somos el país que más lo usa en trayectos de menos de dos kilómetros», indicó sin precisar su fuente estadística.

Narbona censuró algunas prácticas en la compra de coches, como la de «elegirlo fijándonos en si corre mucho o si es más hermoso y grande, y no en cuánto CO2 emite».

Como consejo culminante para un uso eficiente de los recursos, la ministra recomendó a la población la utilización del transporte público colectivo. «Es menos contaminante», recordó Cristina Narbona, que llegó a la sede de BT en su coche oficial.

Un test de responsabilidad medioambiental

La Dirección de BT en España le explicó que disponen de un innovador test para que los empleados, voluntariamente, conozcan su perfil de consumo energético y puedan mejorar su grado de eficiencia en el uso de los recursos.

Un software recoge datos de la factura del gas, la luz, el agua y el gasto en gasolina o gasoil del coche, y traza un perfil del usuario, según explicó un directivo de la operadora que hizo de anfitrión de la ministra, durante su visita a la sede de BT en Madrid.

Medio en broma, la ministra fue invitada a someterse al test, lo que la ministra dejó correr entre sonrisas. Durante el turno de preguntas, LIBERTAD DIGITAL insistió en la iniciativa y preguntó a la ministra si estaría dispuesta a dar ejemplo y someterse al novedoso test de responsabilidad medioambiental en un día tan señalado como el Día Mundial del Medioambiente.

La ministra, ya en serio, rehusó hacerlo en el Día Mundial del Medio ambiente, pero se comprometió a someterse al cuestionario «próximamente» y a hacer públicos los resultados. «Me he sometido a pruebas más raras, como análisis para conocer el nivel de DDT en la sangre», comentó.

«Consumir menos energía es rentable»

Narbona citó algunas de las conclusiones del Informe Stern, encargado por el Gobierno británico, sobre el supuesto cambio climático.  «Con un 1 por ciento del PIB», recordó, «podemos llevar a cabo a escala mundial los cambios energéticos que se necesitan para frenar el cambio climático y, con ello, evitar la pérdida del 20 por ciento del PIB».

El eje de su política de responsabilidad medioambiental es convencer a la gente, mediante campañas publicitarias e incentivos, o a la fuerza, mediante leyes, de que consumir menos energía y agua es rentable para las empresas y los hogares.

«Reducir la contaminación significa ahorro para todo tipo de empresas. Porque estamos combatiendo la impunidad y la tolerancia hacia quienes han contaminado, desde el pasado año existe una Fiscalía especial y eso significa que contaminar ya no va a salir gratis», advirtió Narbona en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La ministra defendió la subida de la tarifa eléctrica como una eficaz medida de disuasión del consumo «no eficiente» o irresponsable.

Reiteró la apuesta del Gobierno por la implantación de las tecnologías renovables, en particular la energía solar, eólica y fotovoltáica, mediante la inversión en modernas combinaciones, como la producción de hidrógeno mediante energía eólica o la instalación de parques eólicos off-shore, en el mar, «donde es más fácil aprovechar al máximo la energía del viento».

Freno a la energía nuclear

En cambio, se mostró en contra del desarrollo de la energía nuclear, como alternativa a la producción de electricidad mediante el uso de combustibles fósiles.

«El Gobierno de España está comprometido con la reducción gradual en el uso de la energía nuclear», señaló, subrayando que ésa «es la posición de Alemania, Suecia, Bélgica y de muchos países que nunca han tenido centrales nucleares y no quieren tenerlas».

La ministra sostuvo que la energía nuclear no es ni barata, ni limpia, ni renovable.

«Cuando decimos que es barata no estamos contemplando el coste de convertir una energía que fue pensada para la destrucción, en una energía productiva. Por otra parte, está la cuestión de los residuos, su tratamiento, que exige grandes inversiones, o el uranio, que no es inagotable y cuyo precio está subiendo en los mercados», aseguró Narbona.