El plan de cuenca abre la puerta a la segunda toma y a eliminar limitaciones de caudalEl plan de cuenca abre la puerta a la segunda toma y a eliminar limitaciones de caudal

El plan de cuenca del Júcar, que ha comenzado a elaborarse desde cero tras el cambio en el Gobierno en 2011, podría suponer el fin de la «guerra del agua» en la Comunidad. A excepción de los regantes de Sueca, que tradicionalmente han sido los más beligerantes con el trasvase Júcar-Vinalopó, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, ha logrado unir al resto de usuarios de la región, e incluso de la vecina Castilla-La Mancha, en torno a un borrador que satisface las principales demandas de los regantes del Vinalopó.

De esta forma, según las fuentes consultadas por ABC, el Esquema de Temas Importantes del plan de cuenca del Júcar aprobado el pasado lunes abre la puerta a la segunda toma para el trasvase Júcar-Vinalopó, así como a la opción de que la cantidad anual a trasvasar no quede limitada de antemano, sino en función de las necesidades de Alicante y la disponibilid

Se mantiene el regadío

Estas fueron dos de las aportaciones de los regantes alicantinos al borrador, que salió adelante con los votos de Gobierno, Consell, Castilla-La Mancha, administraciones locales afectadas por la cuenca y regantes de las dos comunidades autónomas implicadas. Con la excepción de la comunidad de regantes de Sueca, que votó en contra, y de la Unió de Llauradors, que se abstuvo.

En lo que respecta al trasvase, así, los regantes alicantinos ven cómo el futuro plan de cuenca podría posibilitar la conexión con la segunda toma –es decir, la original, en Cortes de Pallás, que fue eliminada por Narbona–. Una opción que ya comenzaron a negociar con Acuamed a finales de 2012, tal como adelantó ABC en su momento, y que costaría unos 60 millones de euros a pagar vía tarifa en los próximos años.

Pero además, se eliminaría la limitación de 80 hectómetros anuales a trasvasar desde el Júcar que existe actualmente. La cantidad trasvasable se establecería cada año en función de los sobrantes en el Júcar y las necesidades en el Vinalopó, de forma que los años en que fuese necesario –y posible según las normas de explotación– podría llegar a Alicante un caudal superior a los citados 80 hectómetros.

La segunda gran «victoria» de los regantes valencianos y alicantinos es la no supresión de 40.000 hectáreas de regadío en la Comunidad. Tal como publicó este periódico en su día, el borrador del plan de cuenca que comenzó a elaborarse con el PSOE en el Gobierno proponía cambiar la calificación de esa superficie –de la que 18.000 hectáreas estaban en la provincia de Alicante– de «regadío» a «potencialmente regable». En la práctica, ese cambio suponía que los propietarios de dichos terrenos perdían sus derechos históricos sobre las reservas de agua en la cuenca.

El Esquema de Temas Importantes, sobre el que se articulará el futuro plan de cuenca, mantiene la calificación de regadío y por tanto preserva los derechos de los propietarios del suelo. La decisión del anterior Gobierno habría causado un perjuicio patrimonial de 1.000 millones de euros.

El plan de cuenca del Júcar, que ha comenzado a elaborarse desde cero tras el cambio en el Gobierno en 2011, podría suponer el fin de la «guerra del agua» en la Comunidad. A excepción de los regantes de Sueca, que tradicionalmente han sido los más beligerantes con el trasvase Júcar-Vinalopó, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, ha logrado unir al resto de usuarios de la región, e incluso de la vecina Castilla-La Mancha, en torno a un borrador que satisface las principales demandas de los regantes del Vinalopó.

De esta forma, según las fuentes consultadas por ABC, el Esquema de Temas Importantes del plan de cuenca del Júcar aprobado el pasado lunes abre la puerta a la segunda toma para el trasvase Júcar-Vinalopó, así como a la opción de que la cantidad anual a trasvasar no quede limitada de antemano, sino en función de las necesidades de Alicante y la disponibilidad de caudal en Valencia.

Estas fueron dos de las aportaciones de los regantes alicantinos al borrador, que salió adelante con los votos de Gobierno, Consell, Castilla-La Mancha, administraciones locales afectadas por la cuenca y regantes de las dos comunidades autónomas implicadas. Con la excepción de la comunidad de regantes de Sueca, que votó en contra, y de la Unió de Llauradors, que se abstuvo.

Se mantiene el regadío

En lo que respecta al trasvase, así, los regantes alicantinos ven cómo el futuro plan de cuenca podría posibilitar la conexión con la segunda toma –es decir, la original, en Cortes de Pallás, que fue eliminada por Narbona–. Una opción que ya comenzaron a negociar con Acuamed a finales de 2012, tal como adelantó ABC en su momento, y que costaría unos 60 millones de euros a pagar vía tarifa en los próximos años.

Pero además, se eliminaría la limitación de 80 hectómetros anuales a trasvasar desde el Júcar que existe actualmente. La cantidad trasvasable se establecería cada año en función de los sobrantes en el Júcar y las necesidades en el Vinalopó, de forma que los años en que fuese necesario –y posible según las normas de explotación– podría llegar a Alicante un caudal superior a los citados 80 hectómetros.

La segunda gran «victoria» de los regantes valencianos y alicantinos es la no supresión de 40.000 hectáreas de regadío en la Comunidad. Tal como publicó este periódico en su día, el borrador del plan de cuenca que comenzó a elaborarse con el PSOE en el Gobierno proponía cambiar la calificación de esa superficie –de la que 18.000 hectáreas estaban en la provincia de Alicante– de «regadío» a «potencialmente regable». En la práctica, ese cambio suponía que los propietarios de dichos terrenos perdían sus derechos históricos sobre las reservas de agua en la cuenca.

El Esquema de Temas Importantes, sobre el que se articulará el futuro plan de cuenca, mantiene la calificación de regadío y por tanto preserva los derechos de los propietarios del suelo. La decisión del anterior Gobierno habría causado un perjuicio patrimonial de 1.000 millones de euros.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130515/abcp-ejecutivo-regantes-torno-jucar-20130515.html

José Manuel de las Heras como Coordinador de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos tras mantener una reunión de trabajo interna en su organización ha trasladado al Ministerio de Agricultura, que en esta nueva etapa, en la que se está produciendo un nuevo impulso en la planificación hidrológica, «no se dejen las necesidades de la agricultura y ganadería en segundo lugar». Según señala en una nota, esta planificación hidrológica se inició con la elaboración de los planes de cada Demarcación Hidrográfica y culminará con la presentación del Plan Hidrológico Nacional, que lleva varios años de retraso con respecto a los plazos establecidos por la Unión Europea.

   De las Heras recuerda que aunque es cierto  que los Planes de Cuenca deberían haber estado culminados por el Gobierno anterior en el 2009, se hace necesario un importante impulso en esta nueva etapa, tanto por el retraso existente en la planificación como porque los problemas y las expectativas de solución son grandes en el sector.

    Por eso recuera que el ministro Miguel Arias Cañete, se comprometió a dar un importante impulso a la planificación hidrológica y a dejar para finales del año en curso, la planificación de todas las cuencas competencia del Estado presentada (estas cuencas o demarcaciones hidrográficas son las que se circunscriben a más de una comunidad autónoma).

    En este sentido, la Unión de Uniones recuerda  tras el reciente informe favorable del Consejo Nacional del Agua al Plan del Duero, la previsible aprobación del Plan del Ebro para este verano («una de las más complejas»)  y la apertura de consultas en el Plan de Cuenca del Tajo,» hacen necesario tener muy en cuenta en estos momentos los intereses agroalimentarios presentes y de futuro. Además del derecho al uso del agua “para beber” de los ciudadanos,  existen otros usos que aun siendo legítimos, no tienen porque priorizarse frente a los usos agrarios, como son los usos industriales, los  de generación de energía o los de ocio (campos de golf, parques acuáticos etc)».

Demandas del sector agrario

    De las Heras considera que el  Estado debe contar más con los agricultores y ganaderos en temas de gestión hídrica y ha demandado el cumplimiento de varios ejes  fundamentales en la planificación hidrológica, a juicio de su organización. En este entido ha presentado un plan en el que ser ecoje que «exista una planificación bien definida, que se cumpla en el tiempo y que permita a los agricultores y ganaderos contar con un horizonte claro para sus inversiones y planificación de cultivos».

    Asimismo piden que «se tenga en cuenta en todo momento de la planificación  la importancia económica social y medioambiental del regadío;  ya que es ahí donde se genera la mayor parte de la producción agraria, del empleo en el medio rural y de las exportaciones.Lo que debe tenerse en cuenta también a nivel presupuestario»., así como que «cuente con que la  organización Unión de Uniones va a apostar por un regadío responsable y sostenible,  para que este pueda mantenerse en el tiempo».

   Por eso, la Organización «demanda  a las administraciones un mayor esfuerzo en depuración de las aguas residuales, tanto de las industrias como de  las zonas urbanas, ya que el objetivo de tener ríos, pantanos y acuíferos  limpios con  aguas saludables contribuye, y mucho, a que en los regadíos se  produzcan  alimentos saludables para nosotros y  los animales que en muchos casos forman parte también de la cadena alimentaria».

    Por último, pero que tienen  relación con la  gestión hídrica y de conservación de la naturaleza, de las Heras ha dicho “se hace imprescindible incorporar de forma activa y permanente a los agricultores y ganaderos en el debate y en las acciones de conservación  de la naturaleza, tanto en general como en  la Red Natura 2000  en particular”,  ya que añadió “los agricultores y ganaderos somos los que realmente estamos en el medio rural y gestionamos una buena parte del mismo”.

Feragua ha demandado un procedimiento único y más claro en todo el territorio nacional para la legalización de balsas ubicadas en terrenos privados, y ha calificado la situación actual de la legislación sobre balsas como un “auténtico guirigay de pautas y exigencias muy distintas que sólo favorece el descontrol que existe en la actualidad”. Frente a esta situación, la presidenta de los regantes andaluces ha exigido unidad de criterios en todo el territorio nacional no sólo para la tramitación y legalización de estas balsas, sino también para la evaluación de sus riesgos y para el establecimiento de exigencias de control a los regantes. Además de esta dispersión de normas y criterios, Margarita Bustamante ha criticado duramente el grado de exigencia de estas normas, que a su juicio es el factor clave que está detrás de la situación generalizada de falta de regularización de las balsas privadas. “

   En su opinión, “el grado de exigencia de la norma sobre balsas hoy es tal, y tan inalcanzable para las balsas particulares que, al final, no se avanza con ellas. “¿No sería mejor empezar, me refiero a las balsas, por algo menos ambicioso e ir avanzando poco a poco?”, se preguntó Margarita Bustamante, para quien, con un planteamiento menos exigente “al menos, iríamos poniendo orden poco a poco; y no como ahora, que tenemos muy poco regularizado”.

    Feragua ha trasladado por ello a las administraciones que una flexibilización de la norma y una adaptación más realista a los diferentes tipos de balsas y a sus necesidades de control, favorecerían la regularización y puesta en orden de estas infraestructuras, que considera cruciales para el regadío modernizado. Y, en este sentido, ha pedido a los dirigentes públicos que busquen un equilibrio aceptable entre lo que es exigible y lo que es soportable económicamente por el titular de una balsa y se pongan de acuerdo para establecer criterios comunes en todas las cuencas.

    “La agricultura actual necesita de garantía del recurso agua para ser competitiva y junto a los grandes embalses de regulación que gestionan los Organismos de Cuenca para acumular reservas y laminar avenidas, las balsas o micropresas que gestionan las Comunidades de Regantes o los propios regantes, son pieza clave en la modernización de nuestros regadíos, y por tanto en el desarrollo socioeconómico de nuestra actividad productora de alimentes sanos y de calidad”, ha señalado la presidenta de Feragua, para quienes las administraciones no están prestando suficiente atención a estas infraestructuras, “y deberían hacerlo, unificando y flexibilización exigencias, favoreciendo la tramitación e incentivando con fondos públicos su ejecución, pues son infraestructuras complementarías a los grandes embalses, que también juegan un importante papel tanto en la regulación como en la laminación de avenidas, y por tanto fundamentales para un regadío sostenible y competitivo, generador de empleo y riqueza en España”.

El director general del Agua, José Alberto Comos, ha asegurado que la Generalitat no aceptará nada en lo que no estén de acuerdo los regantes y usuarios ante el Decreto de Demarcación del Júcar, y ha añadido que el Consell va a exigir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que la permanencia del trasvase Júcar-Vinalopó quede garantizada, como se ha hecho recientemente con el trasvase del Tajo-Segura en el Memorándum de entendimiento del Plan del Tajo. Comos ha realizado estas declaraciones tras participar en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que se ha celebrado en la sede de esta entidad en la ciudad de Valencia. El director general también ha destacado que la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua siempre va a estar al lado de los regantes a la hora de defender sus iniciativas y reivindicar sus demandas y necesidades.

    En este sentido, ha subrayado que Generalitat y regantes vienen trabajando conjuntamente con el único propósito de impulsar acciones y aprovechar aquellos instrumentos del estado de derecho que nos permitan defender los legítimos intereses de la Comunitat.

    Además, José Alberto Comos ha recordado que el Real Decreto de Demarcación Hidrográfica del Júcar “tiene aspectos positivos, ya que se respeta el ámbito histórico de demarcación gracias a los litigios ganados en 2011 en el Tribunal Supremo, por la Generalitat valenciana”.

   Otro aspecto positivo del Real Decreto es que la Comunitat Valenciana mantiene la mayoría en los órganos colegiados de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Asegurar que las mejoras se reflejen en el Plan de Cuenca

    “En cualquier caso -ha continuado Comos-, en el Decreto de Demarcación hay algunos aspectos que son mejorables, y la Generalitat va a estar muy vigilante para asegurar que esas mejoras se reflejen en el Plan de Cuenca, cuyo borrador va a a elaborar en las próximas semanas la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

    Como ha recordado el director general “el vicepresidente Císcar siempre ha manifestado que la Generalitat no aceptará nada en lo que no estén de acuerdo nuestros usuarios y regantes”

    De la misma manera, ha indicado que el agua es un factor clave para asegurar el futuro de los sectores productivos, especialmente el sector agrícola de la zona mediterránea, uno de los más competitivos y que más contribuye a las exportaciones y a generar riqueza, así como en el sector turístico.

    Por ello, desde la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua se apuesta por una política hidrológica estatal basada en el espíritu del consenso y en la solidaridad entre los distintos territorios.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha convocado para el próximo martes 30 de abril el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

Este organismo de representación informará sobre el Esquema de Temas Importantes (ETI), documento que relaciona los asuntos importantes en materia de agua que deben ser recogidos en el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, según ha informado la Confederación en comunicado.

El Consejo del Agua, principal órgano colegiado de participación y planificación de la cuenca, está formado por 84 miembros que representan a las todas las administraciones públicas competentes (estatal, comunidades autónomas y entidades locales), a los usuarios y a las organizaciones y asociaciones defensoras de intereses ambientales, económicos y sociales.

La CHS lidera el proceso de elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la cuenca, de acuerdo con la Directiva marco del Agua y el Reglamento de Planificación Hidrológica.

El ETI es el documento base para la elaboración del Plan, e identifica los principales problemas a los que se enfrenta la cuenca y muestra un conjunto de soluciones posibles para su debate y análisis.

El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha mostrado su «preocupación» por la «intransigencia» del comisario europeo, señaló que el reajuste de pagos directos entre agricultores dentro de un país, conocido como convergencia interna, «condicionará totalmente» la posición de España sobre la Política Agrícola Común (PAC). «Para España, la posición, el sistema que se dé a la convergencia interna, condicionará totalmente nuestra posición sobre la reforma», destacó Arias Cañete en un debate público junto a sus colegas comunitarios durante un Consejo de Ministros de Agricultura que se celebra en Luxemburgo. Los ministros comunitarios abordan los avances de la negociación a tres bandas o «trílogo» (de la que ya se han celebrado seis sesiones) entre los Estados miembros, la Comisión Europea (CE) y la Eurocámara sobre la reforma de la PAC que se aplicará entre 2014 y 2020.

    Cañete valoró positivamente «el intensísimo trabajo de la Presidencia irlandesa» de la UE para poder lograr un acuerdo final el próximo junio y se mostró dispuesto a «tener flexibilidad».

     Precisó también que «tenemos una preocupación mayor, sobre todo después de haber oído al comisario, que ha puesto encima de la mesa una intransigencia absoluta respecto de la convergencia interna».

     La CE propuesto una transición hacia una tasa plana para los pagos directos a los agricultores a nivel nacional en 2019.

    El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, insistió en su intervención en que se trata de «una evolución necesaria para garantizar la equidad» del reparto de ayudas dentro de los países y entre agricultores.

La comisión no va "a transigir en este punto"

     «La Comisión no va a transigir en este punto, y tengo la impresión de que el Parlamento Europeo (colegislador en esta materia) también será firme», dijo.

     España y otros países como Italia piden contar con mayor flexibilidad para aplicar los pagos directos entre regiones y explotaciones.

     «Para nosotros, éste es el punto clave de la reforma, y pedimos a la presidencia que defienda las proposiciones del Consejo con la flexibilidad necesaria pero con la energía necesaria», apuntó Arias Cañete.

     En su opinión, «no comprendemos cómo se puede defender a rajatabla una convergencia hacia una tasa uniforme por región que en un país como España, con una diversidad productiva, va a producir unos efectos devastadores sobre muchos cultivos».

"No comprendemos cuando las cosas no se fundamentan"

    «No comprendemos cuando las cosas no se fundamentan en razones agronómicas ni económicas ni sociales, como se dice que no va a haber ninguna flexibilidad. Creo que todos debemos hacer un ejercicio de flexibilidad», añadió el ministro español.

     Por otra parte, los ministros europeos discutieron sobre las medidas transitorias necesarias para que los agricultores puedan recibir los pagos directos correspondientes durante 2014, ya que los Estados miembros no tendrán tiempo para incorporar esas nuevas normas de la futura PAC hasta 2015.

     Esas medidas afectarán a los pagos de base, las medidas «verdes» o las ayudas a los jóvenes y pequeños agricultores, que la Comisión quiere que sean obligatorias en todos los países.

Aseguran que es una «tomadura de pelo» para la región y recurrirán a Bruselas

Como una «tomadura de pelo» para Castilla-La Mancha calificaron ayer los responsables de las Plataformas del Tajo y del Alberche y de la Asociación de Municipios Ribereños, el borrador del Plan de Cuenca del Tajo, presentado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Antonio Luengo, y los portavoces de las plataformas en defensa del Tajo en Toledo y en Talavera de la Reina, Alejandro Cano y Miguel Ángel Sánchez, respectivamente, quisieron mostrar su desacuerdo con este plan de forma conjunta y anunciaron que recurrirán a Bruselas para que «el río no desaparezca».

Indicaron que lejos de que se haya acabado la guerra del agua con las comunidades del Levante, lo que se pretende con el plan es blindar el trasvase y todo el borrador está pensado para el abastecimiento a las cuencas del Júcar y el Segura.

Describieron un panorama desolador para Castilla-La Mancha si este plan de cuenca sale adelante y reclamaron al PP y al Gobierno regional que se dejen de triunfalismos con lo conseguido porque «la guerra va a continuar».

Aunque reconocieron que no conocen los detalles del memorando firmado por Valencia y Murcia con el Ministerio, los responsables de las plataformas aseguraron que es «muy peligroso» porque establece una cesión definitiva de derechos del agua a los regantes del Levante, que ha sido una de sus aspiraciones, y porque «abre al mejor postor» el agua del Tajo.

Tampoco están conformes con el caudal ecológico asignado al río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera, ni con la reserva mínima de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, y reclaman 1.000 hectómetros cúbicos.

Incluso criticaron a las organizaciones agrarias, como Asaja, que han considerado positivo este plan, al considerar que lo hacen po

«Poco sensato»

Después de conocer estas denuncias de las plataformas, el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, aseguraba que era «poco sensato» que los municipios ribereños y las plataformas de defensa del Tajo estudien denunciar el borrador del plan de cuenca de ese río porque sería «recurrir contra los intereses de Castilla-La Mancha».

Y argumentó que en ese borrador se ha conseguido una reserva estratégica del doble de hectómetros cúbicos, hasta los 400, además de devolver el río a Talavera y establecer nuevos caudales ecológicos o aumentar los existentes, algo que hasta ahora no se había logrado.

Y lamentó el consejero que sea ahora cuando muestran sus protestas y no lo hicieron antes cuando el río tenía menos caudal y las reserva estratégica era la mitad.

El nuevo reglamento de Desarrollo Rural en el marco de la Política Agraria Común (PAC) permitirá dar un impulso a la modernización de regadíos, según ha manifestado la secretaria general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Isabel García Tejerina. García Tejerina ha clausurado en Madrid una jornada organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) sobre la importancia del regadío en la nueva planificación hidrológica, en la que también ha participado la directora general de Agua, Liana Ardiles. Ha subrayado el esfuerzo del Gobierno para que, si todo «va según parece», desde la nueva PAC se financien actuaciones en esta materia que puedan conseguir hasta un 10 % de ahorro de agua, frente al 25% de ahorro mínimo exigido que planteó la Comisión en la primera propuesta y que dejaba fuera a muchas de las intervenciones de las que se realizan en España.

    García Tejerina ha defendido un programa de desarrollo rural nacional que conviva con los autonómicos en el que se puedan incluir asuntos como las intervenciones para ahorro de agua de riego.

    Ha querido aclarar que, en la nueva programación de la PAC, el desarrollo rural de España recibirá 8.291 millones de euros, lo que supone un aumento del 3 %.

    Además de destacar el papel de las comunidades de regantes en la gestión eficiente del agua, ha insistido en que los retos se centran en que el uso el agua de riego coexista con otros y en garantizar el buen estado de todas las aguas afectadas.

    El problema de la escasez del agua es mundial y se agrava con situaciones como el calentamiento global y el aumento de la población del planeta, ha indicado.

    No obstante, ha enfatizado que los esfuerzos por conseguir un uso más eficiente del agua deben hacerse «sin perder productividad y poner en riesgo el empleo en el sector agrícola».

    Por su parte, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha informado a Efeagro de que la organización ha puesto en marcha una central de compras para ahorrar hasta un 14% en su factura eléctrica anual.

    Del Campo ha precisado que, por el momento, hay 30 comunidades asociadas, y que a partir del próximo año «serán muchos más», porque se trata de una medida positiva, como «todo lo que suponga un ahorro energético».

    Según las estimaciones de Fenacore, el ahorro potencial que el sector agrario puede obtener en términos absolutos con esta medida asciende a 59 millones de euros anuales, ya que su consumo actual se sitúa en torno a unos 5.400 millones de kilowatios por hora.

    Ha recordado que, después de la modernización del riego, se pasó de un sistema de irrigación en superficie, donde el uso del agua es más eficiente pero requiere un coste energético, que unido a la liberalización del mercado puede «hacer inviable la supervivencia de algunas explotaciones». Por ello, han solicitado al Gobierno unas tarifas «acordes con las necesidades de riego».

    Sobre planificación hidrológica, ha insistido en el problema que está ocasionando para los regantes el retraso en los planes hidrológicos, una demora que a su juicio se debe a que «cada comunidad autónoma está legislando por su cuenta y atribuyéndose competencias que son de la administración central».

    Ha definido la situación como la «contaminación política del agua», por lo que han pedido al Ministerio que «ponga y orden y cordura para que puedan salir los planes hidrológicos», que sería el precedente para un Plan Hidrológico Nacional «fundamental para los usuarios».

    También ha participado en la jornada el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Fernando Marcén, quien ha abordado la oportunidad que suponen las futuras leyes de cadena alimentaria y de concentración de la oferta, ya en trámite parlamentario.

    En declaraciones a Efeagro, Marcén ha afirmado que espera que estas normas supongan «el principio del cambio necesario en España, porque las cosas no pueden seguir así y hace falta un equilibrio de verdad».

    La situación actual «sólo nos lleva a enfrentamientos y, sobre todo, a que muchos productores no sepan si seguir produciendo o si pueden invertir porque se vende incluso por debajo de coste», mientras que el consumidor vive con la inseguridad de no saber «si lo que está comprando tiene el precio que debería de tener».

    En cuanto a la Ley para la integración de la oferta ha resaltado que ayuda a las empresas y cooperativas a poder «de manera conjunta hacer empresas que compitan mejor en el mercado».