La transferencia más importante recogida en la reforma del Estatuto andaluz, en palabras del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se enquista. La comisión mixta de transferencias Junta-Estado al final no se ha reunido esta semana para sancionar un nuevo encaje jurídico que permita a Andalucía gestionar el río y superar la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró nulo su traspaso. La Junta culpó de ello ayer al Gobierno, hacia el que mostró, como si fuera de otro signo político, «malestar» y «preocupación», por cuando el asunto no se ha podido cerrar en plazo: la encomienda de gestión transitoria de seis meses concedida por el Estado a Andalucía concluye hoy y lo más probable es que se prorrogue, tal como sugirió ayer el vicepresidente tercero, Manuel Chaves.

La razón de que no se haya podido cerrar el traspaso, según la Junta, que en los últimos días el Gobierno ha planteado «problemas jurídicos» de última hora que no había puesto sobre la mesa en los seis meses anteriores de negociación. Los peros, sin embargo, son mucho más complejos, vienen de más atrás y tienen que ver, además del difícil encaje legal, con una muy cuestionada gestión, por partidos políticos como el PP, ecologistas, y regantes de la Agencia Andaluza del Agua (AAA).

Fondos sin justificar

Otra cuestión es que Griñán haya optado por convertir esos peros en un problema político para distanciarse del Gobierno central a pocos meses de las elecciones andaluzas, en lo que también puede verse como una huida hacia adelante en un asunto en el que ha hecho bandera electoral y del que jurídicamente es muy difícil salir.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, negó ayer en una comparecencia extraordinaria que los problemas para culminar el traspaso del río sean económicos. Sin embargo, ahí está una de las patas del conflicto, ya que las pegas que está poniendo el Gobierno para cerrar un nuevo traspaso vienen del Ministerio de Economía y Hacienda. La razón es la gestión que ha hecho la AAA de los fondos aportados por el Ministerio cuando se traspasó el río. Esas cantidades debía emplearlas la Agencia para inversiones concretas. Sin embargo, la Junta se los ha gastado en otros capítulos y no los puede justificar.

Ante esta situación Economía se resiste a liberar el dinero que debe permitir a la Junta ejercer sus competencias sobre el río, algo que también hay que encajar jurídicamente y en lo que se trabaja desde hace meses.

Encaje constitucional

Esta cuestión es la que ha complicado unas negociaciones que estaban centradas también en la necesidad de hacer un encaje de bolillos jurídico que permitiera que la Junta se hiciera con la gestión del río sorteando el fallo del Constitucional. Moreno reconoció que las negociaciones estaban muy avanzadas en cuestiones como la Policía del Agua —gracias a la nueva Ley estatal de Agua—, pero encalladas en la gestión de autorizaciones y cánones, y de la gestión y explotación de algunos embalses. Otra vez el problema económico unido la dificultad legal derivada de que es la primera vez que el Estado acomete un traspaso como este. Moreno negó la mayor e insistió en que es sólo jurídico.

La importancia de cerrar un traspaso legalmente inapelable es otra de las razones para que ambas administraciones deban afinar mucho, por cuanto será inmediatamente recurrido por los regantes, que reclaman la aplicación del fallo del TC. Este complejo encaje constitucional complica, y mucho, la situación del presidente de la Junta, quien ha hecho bandera electoral del Guadalquivir y ahora no puede dar marcha atrás.

En este contexto de huida hacia adelante y de cercanía de las elecciones podría encuadrarse el movimiento de la Junta, que convocó una rueda de prensa poco después de que Chaves —enfrentado con Griñán por el control del PSOE-A— sugiriera la posibilidad de una prórroga de la encomienda de gestión, que permita seguir negociando y que se antoja ahora como la salida más lógica para ambas administraciones. La consejera de Presidencia salió entonces a expresar el «malestar» de la Junta con el Gobierno y mostrar el nuevo perfil reivindicativo del Ejecutivo de Griñán.

Pero lo único claro hasta ahora es que se ha agotado el plazo de la encomienda de gestión y el traspaso del río sigue pendiente. También que a la Junta no le ha quedado más remedio, por su cerrada defensa del traspaso, que convertir un problema de gestión en uno político con el Gobierno.

 oct (EFE).- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se ha dirigido al Defensor del Pueblo pidiéndole que presente recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley 12/2011, en virtud del cual las CCAA podrán asumir las funciones de policía de aguas en sus respectivos territorios.

En un comunicado, este órgano colegial recuerda que siempre han defendido la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas como un principio básico para la utilización sostenible de los recursos hídricos, que «como tal se establece en la Constitución Española, la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea».

A juicio de la misma fuente, esta fragmentación de las cuencas de competencia estatal supone que cada Comunidad será responsable de la inspección, control y vigilancia de sus tramos de ríos y de la parte de sus acuíferos, que tanto unos como otros se extienden por otras Comunidades que, a su vez, serán responsables de los mismos en su territorio, así como de los embalses y otros aprovechamientos que no sean de titularidad estatal.

En estas condiciones, añade el Colegio, resulta obvia la dificultad de gestionar de forma integrada los recursos hídricos y las infraestructuras aún en situaciones de normalidad, pero «mucho más preocupante» es la gestión de situaciones de sequía, inundación o contaminación, en las que la dispersión de competencias, controles y vigilancia «es prácticamente incompatible con la seguridad de la población y la prevención de daños catastróficos».

De forma evidente, «no han concurrido además en la aprobación del Real Decreto Ley 12/2011 las circunstancias inexcusables de extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución Española, lo que, entre otras cosas, ha impedido el informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua».

El Colegio de Caminos reitera la necesidad y urgencia de llevar a cabo una reforma de la Ley de Aguas que asegure la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas mediante la adecuada armonización de las competencias estatales y autonómicas.

El órgano colegial expresa por último su convicción de que ello requiere un gran esfuerzo de diálogo entre todas las Administraciones, grupos políticos y órganos de participación, con el fin de alcanzar el máximo acuerdo posible en materia tan compleja.EFE

3 oct (EFE).- El Gobierno de Murcia estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto por el que se modifica la Ley de Aguas, al entender que «descompone íntegramente el principio de unidad de cuenca» y que supondrá poner en manos de algunas comunidades como Aragón el control y vigilancia de los ríos».

Así lo trasladó hoy el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, al presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, José Manuel Claver, en una reunión mantenida esta mañana.

Cerdá afirmó que este cambio «descompone íntegramente el principio de unidad de cuenca», y destacó el compromiso del Gobierno regional para asumir la petición de los regantes y estudiar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Claver expresó al responsable de Agricultura y Agua la preocupación e inquietud de los regantes ante la convalidación del Real Decreto por el que se reforma el texto de la Ley de Aguas.

Según Cerdá, la modificación de esta ley «supondrá trocear las cuencas y poner en manos de algunas comunidades el control y vigilancia de los ríos», en el caso de Andalucía, Cataluña y Aragón, que incluyen en sus estatutos la competencia sobre las facultades de policía de Dominio Público Hidráulico.

El consejero de Agricultura y Agua rechazó que se modifiquen las reglas de planificación hidrológica y lamentó que no se haya escuchado a los usuarios, regantes, comunidades autónomas afectadas, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, ni al Consejo Nacional del Agua.

Cerdá recordó que varias sentencias del Tribunal Constitucional «invalidan las pretensiones de ciertas comunidades para hacerse con la gestión del agua», y advierten de que la planificación de los ríos «debe volver a las confederaciones hidrográficas», por lo que dijo «no entender el motivo por el que el Gobierno socialista intenta burlar lo que dicta la justicia».

El responsable autonómico de Agua indicó que esta «alteración» de la planificación hidráulica es «una más de las políticas de atajo que practica el Gobierno socialista», y añadió que «se ha hecho saltándose todo el trámite de consulta, al igual que ocurrió con la derogación del trasvase del Ebro».

El titular de Agricultura y Agua remarcó la necesidad de que «las cuencas se gestionen de una forma unitaria» y defendió «una visión única de Estado que resuelva de una vez por todo el problema nacional del agua». EFE

(Comunidad Valenciana) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

27-09-2011 / 14:50 h

Valencia, 27 sep (EFE).- La reserva de agua en los embalses de la cuenca del Júcar se sitúa esta semana al 48,9 % de su capacidad total al albergar 1.630 hectómetros cúbicos, lo que supone 1,6 puntos porcentuales más que en la misma semana del año pasado.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cantidad de agua embalsada en esta cuenca ha crecido un 97,8 % sobre la media de los últimos diez años, con lo que ha multiplicado en 3,2 veces el incremento del 30,9 % experimentado en el conjunto de España.

Los pantanos del Júcar disponen de 25,3 puntos más de agua embalsada que en la media de los últimos cinco años, y de 28,6 puntos porcentuales mas que en los dos últimos años.

En la actualidad las reservas de la cuenca del Júcar son de 1.630 hectómetros cúbicos, lo que supone 20 hectómetros más respecto al año anterior.

Mientras que el agua embalsada en la cuenca del Júcar se ha incrementado un 97,8 % sobre la media de los últimos diez años, en la cuenca del Ebro ha descendido un 7,8 %. EFE

Los regantes alicantinos se resisten a dar por perdido el trasvase Júcar-Vinalopó, pese al —al menos, en apariencia— escaso interés que viene mostrando el Gobierno central por rentabilizar una infraestructura en la que ha invertido 303 millones de euros y que no cuenta, a día de hoy, con usuarios.

Según ha podido saber este periódico, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí ha hecho llegar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) una propuesta técnica y legal para salvar el obstáculo de la mala calidad del agua en la toma —en el Azud de la Marquesa, al final del cauce del Júcar— sin tener que

Negociación directa

Esta fórmula permite a las comunidades de regantes el intercambio y la cesión directas de derechos sobre el agua de regadío que tienen asignados. Así, una comunidad con excedentes de agua puede negociar la cesión de sus sobrantes a otra con déficit, a un precio convenido entre las dos partes.

De esta forma, los regantes alicantinos podrían utilizar el agua de la toma en el Azud de la Marquesa —a través de un convenio, todavía inexistente, con la CHJ— cuando los niveles bacteriológicos lo permitiesen, y recurrir a la compra de agua a los regantes del Júcar (no solo de Valencia, sino también de Albacete) a través de la toma en Cortes de Pallás en caso de necesidad.

Búsqueda de consenso

No es la primera vez que los regantes alicantinos proponen al Gobierno soluciones alternativas para permitir que el agua del Júcar-Vinalopó pueda destinarse al riego. No obstante, ninguna de ellas ha recibido respuesta hasta la fecha. La apuesta por los «bancos de agua» está sobre la mesa del Ministerio de Medio Ambiente desde el pasado 25 de julio, según ha podido saber ABC.

No obstante, las fuentes consultadas se muestran esperanzadas en que la nueva alternativa sea finalmente tomada en consideración. En este sentido, calculan que el más que previsible cambio en el Gobierno central el próximo 20-N y la voluntad del PP de recuperar el consenso del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 —parcialmente derogado por el PSOE— podrían hacer prosperar su iniciativa.

En cualquier caso, los potenciales usuarios del Júcar-Vinalopó consideran que la solución de la toma adicional en Cortes de Pallás precisa también del visto bueno del PSPV, para no reeditar el enfrentamiento territorial abierto en el año 2005 entre regantes alicantinos y valencianos —y alentado por los socialistas— a cuenta del nuevo trazado propuesto por Narbona.

Sin sobrecoste

Los usuarios del Vinalopó consideran que su propuesta cuenta además con otro punto a su favor: al contrario que la potabilizadora prometida por el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, y nunca proyectada por la falta de consignación presupuestaria, la toma adicional supondría un coste mínimo para obtener agua de la misma calidad.

En este sentido, cabe recordar que cuando Narbona paralizó las obras del trasvase original, la toma en Cortes de Pallás y parte de su canalización estaban ya terminadas. Así, solo restaría conectarla al trazado actual. Asimismo, el envío de agua desde el interior de Valencia implica menos estaciones de bombeo que desde Cullera, lo que abarataría el coste energético del caudal trasvasado.

En cuanto a la cuestión legal, la misma propuesta establece un protocolo de actuación que prima la toma del Azud de la Marquesa, al final del río, y establece que solo se tomarían sobrantes —y, en el caso concreto de Cortes de Pallás, cuando se alcanzase un acuerdo con los regantes del Júcar propietarios de los derechos—. Para ello, los usuarios alicantinos proponen crear una comisión de explotación específica entre la CHJ y el Ministerio.

(Extremadura) AGUA | > AREA:

15-09-2011 / 17:20 h

Madrid, 15 sep (EFE).- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado hoy a los presidentes autonómicos y al Defensor del Pueblo a interponer recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado esta organización en un comunicado.

Para ello, ha iniciado una ronda de contactos políticos con el objetivo de que se interpongan recursos de inconstitucionalidad contra el apartado 2 del artículo 94 de la Ley de Aguas, que reconoce el traspaso a Andalucía, Aragón y Cataluña de las competencias sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH).

Tras conocerse hoy la convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley, la Federación ha confirmado que hará extensiva esta apelación a los parlamentos autonómicos, así como a un centenar de diputados y senadores.

En relación al proceso seguido para la aprobación de la reforma, ha apuntado que se ha realizado con «alevosía» e incluida en un paquete de medidas para que «pasara desapercibida ante la opinión pública y conseguir sacarla adelante antes de que concluya esta legislatura».

Ha advertido de que, a falta de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional, ambos trabajan a «contrarreloj» para encontrar el modelo adecuado que permita a Andalucía recuperar el control de la cuenca, obviando alas sentencias existentes.

La Federación recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional anularon este verano las competencias de Andalucía sobre el Guadalquivir reflejadas en su Estatuto de Autonomía, lo que pone de manifiesto que «cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de arquitecturas jurídicas o estrategias legales debe ser igualmente invalidada». EFE

El Pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad de los grupos —PSOE, PP e IU— la toma en consideración de la Ley Orgánica para reclamar al Gobierno central la delegación de competencias del Guadalquivir, en respuesta a las sentencias del Constitucional y del Supremo que anularon tales atribuciones a Andalucía recogidas en el Estatuto. El PP prestó su apoyo, aunque muy condicionado, por respeto al espíritu de consenso que reinó durante la reforma estatutaria, y su presidente regional, Javier Arenas, anunció «multitud de enmiendas» durante la tramitación de la ley para conseguir un cambio «radical» del modelo de gestión en política de aguas, ya que a su juicio el trabajo desarrollado por el Gobierno andaluz en esta materia en los últimos años ha sido un «desastre».

De la defensa de la toma en consideración de la Ley Orgánica se encargó, en nombre del grupo proponente, el Socialista, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, quien en su segundo turno de palabra y pese al voto favorable anunciado por la representante del PP, Carolina González Vigo, descargó sobre el primer partido de la oposición una sarta de improperios por las críticas y las objeciones a una medida que los populares, en su fuero interno, consideran que se trata de una «farsa disfrazada de debate» de la que tendrá que dar cuenta unas Cortes «disueltas». Según González Vigo, la intención de los socialistas es «empezar a preparar la oposición» al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Debate de gestión

Señaló la portavoz del PP que el debate real no es el de las competencias sino el del modelo de gestión, «que ha fracasado —dijo— estrepitosamente». Tras valorar que los restantes grupos aceptaran solicitar del Consejo Consultivo un dictamen sobre la legalidad de la iniciativa parlamentaria, se mostró partidaria de alcanzar un gran pacto para la administración del Guadalquivir con la participación de todos los colectivos vinculados al río, un nuevo modelo de gestión que, auguró, lo llevará a la práctica el futuro Gobierno de Javier Arenas en la Junta.

Arenas, precisamente, en una visita al municipio sevillano de Gelves anunció que su partido presentará «multitud de enmiendas» a la Proposición de Ley Orgánica para propiciar «un cambio radical» del modelo de gestión en política de aguas. ya que el seguido hasta ahora ha sido, aseguró, un «desastre».

Mario Jiménez defendió con vehemencia en su primer intervención las bondades de la iniciativa legislativa, ya que a su juicio respeta la sentencias de los altos tribunales y permite dar continuidad a las reclamaciones recogidas en el Estatuto con una gestión de «máximo» de las competencias del Guadalquivir.

Y tras escuchar el posicionamiento del PP, acusó a esta formación de mantener una «actitud refractaria» hacia el texto estatutario y de no haber estado «a la altura de las circunstancias». Esta «oportunidad perdida», destacó, es una «ofensa al Estatuto» y un intento de jugar «a la confusión». Según Jiménez, los populares pretenden constantemente «limpiar el pecado original» que supuso «la traición al Estatuto de Carmona. Digan si están con Andalucía o con el centralismo que siempre ha caracterizado a la derecha española», pidió.

La postura de IU, favorable a la iniciativa, la expresó el parlamentario José Antonio Castro, quien no obstante señaló que la tramitación de la Ley Orgánica se podría haber resuelto antes de las elecciones generales del 20 de noviembre si se hubiera planteado en primavera. De forma irónica manifestó que si los socialistas han sido capaces de modificar la Constitución de manera «express», también podrían haber resuelto antes del conflicto de las competencias del Guadalquivir y recuperar la gestión de la cuenca.

Los regantes auguran nuevos conflictos por la reforma de la Ley de Aguas estatal

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió ayer de que el Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley de Aguas para ceder las competencias en materia de control y vigilancia del dominio público hidráulico «es perjudicial para todos los usuarios y, muy en particular, para los andaluces porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía». Fenacore considera que Andalucía debe acatar «en letra y espíritu» la sentencia del Alto Tribunal, por la cual se devuelve al Estado, a través de la Confederación Hidrográfica de su Demarcación, las competencias exclusivas que se atribuía su Estatuto de Autonomía sobre el río Guadalquivir.

Así lo ha explicado a EFE el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, quien recuerda que el sector agrario constituye el segundo consumidor de electricidad en España, sólo por detrás del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Ha denunciado que, tras la supresión por parte del actual Gobierno de las tarifas especiales de riego en el verano de 2008, el coste en el término de potencia para los profesionales se ha incrementado un 450 %.

Se trata de un gasto fijo para el agricultor por potencia máxima instalada durante todo el año se riegue o no -recuerda Del Campo- y que no se ajusta a las necesidades de flexibilidad y costes asumibles que reclaman los productores.

La irrigación de los campos se generaliza coincidiendo con los meses de verano, más calurosos y con ausencia pluviométrica, aunque los agricultores riegan desde marzo o abril hasta septiembre y octubre en el Norte y Centro de España, mientras que en Levante y área meridional debe hacerse casi todo el año.

Por su parte, el alza de las tarifas eléctricas propiamente dichas ha subido entre el 70 y el 80 % de media desde entonces, aunque en algunos territorios el incremento alcanza el 150 %.

De momento, estas tarifas representan ya entre el 25 y el 30 % de los costes de producción de los agricultores, según Fenacore.

Los elevados gastos han provocado ya el abandono del regadío en algunas zonas para introducir cultivos de secano, como los cereales o el girasol.

«En 2010, por primera vez en la historia, se redujeron en alrededor de 16.000 las hectáreas de regadío», detalla Del Campo.

Según los datos de Fenacore, el regadío retrocedió un 6,8 % en Comunidad Valenciana (hasta 304.624 ha), un 3 % en Murcia (hasta 162.791 ha), un 2,4 % en Castilla-La Mancha (478.712 ha) y un 1,5 % en Castilla y León (hasta 394.219 ha).

Según la Federación, en la primera fase del Plan Nacional de Regadíos se han transformado miles de hectáreas de cultivo para introducir riegos localizados más eficientes, lo que ha implicado aumentar la factura energética que, en un contexto de precios agrícolas bajos en muchos casos, impide una adecuada rentabilidad a los agricultores.

En su opinión, el «bárbaro» encarecimiento de la electricidad que utilizan los regantes para impulsar el agua hasta las fincas hace necesario «rediseñar» en el futuro algunos proyectos de modernización para adaptarlos a las nuevas condiciones de mayores costes energéticos.

Por otra parte, Del Campo ha defendido la importancia del regadío para producir más en el campo y una nueva Política Agraria Común (PAC) que fomente la productividad con el objetivo de aumentar la disponibilidad de alimentos en un 43 % antes de 2030 y en un 70 % para 2050 para evitar hambrunas, como la que padece ahora el Cuerno de África.

En su opinión, la PAC actual se ha visto afectada por el «fundamentalismo ambiental» que ha desprestigiado la actividad agraria y fomentado el abandono, de tal forma que ahora sólo un 6 % de los productores son jóvenes -menores de 35 años- frente al 40 %, que tiene más de 65 años.

Según Del Campo, sin agricultores «no habrá desarrollo rural, ni turismo rural ni calidad ambiental» y, si se abandonan zonas regables, los territorios se convierten en desérticos, como ha ocurrido en zonas de Murcia, Levante o Aragón. EFE

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cantidad de agua embalsada en esta cuenca se ha incrementado un 88,2 por ciento sobre la media de los últimos diez años, con lo que ha multiplicado en 3,2 veces el incremento del 27,2 por cien experimentado en el conjunto de España.

Así, los pantanos del Júcar disponen de 29,8 puntos más de agua embalsada que en la media de los últimos cinco y diez años.

En cambio, la diferencia entre la reserva de agua almacenada ahora y la de hace dos años se ha situado esta semana en 32,7 puntos porcentuales. EFE