La transferencia más importante recogida en la reforma del Estatuto andaluz, en palabras del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se enquista. La comisión mixta de transferencias Junta-Estado al final no se ha reunido esta semana para sancionar un nuevo encaje jurídico que permita a Andalucía gestionar el río y superar la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró nulo su traspaso. La Junta culpó de ello ayer al Gobierno, hacia el que mostró, como si fuera de otro signo político, «malestar» y «preocupación», por cuando el asunto no se ha podido cerrar en plazo: la encomienda de gestión transitoria de seis meses concedida por el Estado a Andalucía concluye hoy y lo más probable es que se prorrogue, tal como sugirió ayer el vicepresidente tercero, Manuel Chaves.
La razón de que no se haya podido cerrar el traspaso, según la Junta, que en los últimos días el Gobierno ha planteado «problemas jurídicos» de última hora que no había puesto sobre la mesa en los seis meses anteriores de negociación. Los peros, sin embargo, son mucho más complejos, vienen de más atrás y tienen que ver, además del difícil encaje legal, con una muy cuestionada gestión, por partidos políticos como el PP, ecologistas, y regantes de la Agencia Andaluza del Agua (AAA).
Fondos sin justificar
Otra cuestión es que Griñán haya optado por convertir esos peros en un problema político para distanciarse del Gobierno central a pocos meses de las elecciones andaluzas, en lo que también puede verse como una huida hacia adelante en un asunto en el que ha hecho bandera electoral y del que jurídicamente es muy difícil salir.
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, negó ayer en una comparecencia extraordinaria que los problemas para culminar el traspaso del río sean económicos. Sin embargo, ahí está una de las patas del conflicto, ya que las pegas que está poniendo el Gobierno para cerrar un nuevo traspaso vienen del Ministerio de Economía y Hacienda. La razón es la gestión que ha hecho la AAA de los fondos aportados por el Ministerio cuando se traspasó el río. Esas cantidades debía emplearlas la Agencia para inversiones concretas. Sin embargo, la Junta se los ha gastado en otros capítulos y no los puede justificar.
Ante esta situación Economía se resiste a liberar el dinero que debe permitir a la Junta ejercer sus competencias sobre el río, algo que también hay que encajar jurídicamente y en lo que se trabaja desde hace meses.
Encaje constitucional
Esta cuestión es la que ha complicado unas negociaciones que estaban centradas también en la necesidad de hacer un encaje de bolillos jurídico que permitiera que la Junta se hiciera con la gestión del río sorteando el fallo del Constitucional. Moreno reconoció que las negociaciones estaban muy avanzadas en cuestiones como la Policía del Agua —gracias a la nueva Ley estatal de Agua—, pero encalladas en la gestión de autorizaciones y cánones, y de la gestión y explotación de algunos embalses. Otra vez el problema económico unido la dificultad legal derivada de que es la primera vez que el Estado acomete un traspaso como este. Moreno negó la mayor e insistió en que es sólo jurídico.
La importancia de cerrar un traspaso legalmente inapelable es otra de las razones para que ambas administraciones deban afinar mucho, por cuanto será inmediatamente recurrido por los regantes, que reclaman la aplicación del fallo del TC. Este complejo encaje constitucional complica, y mucho, la situación del presidente de la Junta, quien ha hecho bandera electoral del Guadalquivir y ahora no puede dar marcha atrás.
En este contexto de huida hacia adelante y de cercanía de las elecciones podría encuadrarse el movimiento de la Junta, que convocó una rueda de prensa poco después de que Chaves —enfrentado con Griñán por el control del PSOE-A— sugiriera la posibilidad de una prórroga de la encomienda de gestión, que permita seguir negociando y que se antoja ahora como la salida más lógica para ambas administraciones. La consejera de Presidencia salió entonces a expresar el «malestar» de la Junta con el Gobierno y mostrar el nuevo perfil reivindicativo del Ejecutivo de Griñán.
Pero lo único claro hasta ahora es que se ha agotado el plazo de la encomienda de gestión y el traspaso del río sigue pendiente. También que a la Junta no le ha quedado más remedio, por su cerrada defensa del traspaso, que convertir un problema de gestión en uno político con el Gobierno.