El presidente de los regantes del Vinalopó advierte sobre las nefastas consecuencias que tendría para el campo valenciano la aprobación del plan de cuenca que prepara la Confederación del Júcar.

—¿Cómo se entiende que el plan de cuenca del Júcar haga desaparecer 40.000 hectáreas de regadío?

—El plan de cuenca que prepara el Ministerio es la consecuencia de haber derogado el trasvase del Ebro. La Comunidad tiene un déficit estructural por encima de los 300 hectómetros, que siempre estará ahí por bien que se gestione el agua en la región, y que solo puede solucionarse con aportes externos. Con la derogación del Ebro, no hay agua pero sí demanda; así que solucionan el problema reduciendo la demanda. Desaparecen 40.000 hectáreas y, teóricamente, la Comunidad ya no tiene déficit. Eso solo tiene un calificativo: es un robo. De repente, porque en 2005 dejaste tu tierra en barbecho, te ves sometido a una expropiación encubierta del Gobierno para tapar sus vergüenzas. El Ministerio no tiene otra solución, porque no puede siquiera mentar el Ebro.

—El plan de cuenca se diseña entonces con datos de 2005, un año especialmente seco.

—Sí, la Confederación del Júcar hace una «foto fija» de 2005, cuando mucha tierra estaba en barbecho por la escasez. En el Vinalopó desaparecen 18.000 de las 48.000 hectáreas de regadío, pero no se dan cuenta de que las tierras afectadas están liquidando sus derramas, pagando modernizaciones de regadíos, etcétera. Se elimina una de cada dos hectáreas del Medio Vinalopó, donde hay casi un monocultivo de uva de mesa. En el Alto Vinalopó, frutales y hortalizas, como en l’Alacantí. Pero además el plan de cuenca supone una minoración patrimonial de 1.000 millones de euros. Los agricultores están pagando impuestos, y muchos incluso tienen ya concesiones de agua resueltas para este año. El elemento de planificación que quiere eliminar sus derechos es consecuencia de una carrera de locos.

—¿Se puede evitar que la desaparición de hectáreas se haga efectiva?

—Se acaba de validar el «esquema de temas importantes» para el plan de cuenca en el consejo de gobierno de la Confederación. Lo que no entendemos muy bien es por qué no hubo votación, cuando todos los regantes nos opusimos. Excepto los del Júcar, que tendrán que dar muchas explicaciones al resto. El consejo de cuenca debería parar el documento, porque no tiene ningún sentido. Debe aparecer el déficit real.

—¿Cuándo entra en vigor el plan de cuenca?

—Debió aprobarse en 2009. Hasta 2004, cuando llegó el PSOE al Gobierno, el Júcar estaba considerada por Europa una «cuenca piloto», de referencia, por lo avanzado de su planificación. Ahora, en 2011, la UE ha enviado un requerimiento al Gobierno para que cumpla su compromiso de aprobar los planes de cuenca, y les ha entrado la prisa. Hemos pasado de «cuenca piloto» a vagón de cola.

—En cuanto a la aportación de caudales, ¿confía en ver resuelto el problema con el Júcar-Vinalopó?

—Estoy convencido de que se va a resolver, poniendo soluciones factibles y reales. Pero tiene que llegar agua de calidad, que la hay en el Júcar, y a precios razonables. De hecho, estoy convencido de que al final la toma se hará en Cortes de Pallás, como estaba previsto antes de 2005. La lástima es todo el tiempo que se va a perder.

—¿Por qué está tan convencido?

—Porque la toma en Cortes es la más factible energéticamente, y en realidad no se minora ninguna de las garantías para los actuales usos del agua. En estos momentos se está volviendo a imponer el sentido común, y hay que recordar que la solución en Cortes fue calificada como «técnica, económica y medioambientalmente viable» por técnicos independientes del Banco Europeo de Inversiones. Calificativos que nunca tendrá la toma en el Azud de la Marquesa.

—¿Qué hacer con los 12 hectómetros de agua del Azud de la Marquesa que hay embalsados en Villena?

—El Ministerio tendrá que ponerle solución. Si el agua fuera de calidad, no habría inconveniente en usarla. De hecho, hemos pedido análisis para testarla. La usaremos siempre que sea válida para los dos usos reconocidos a la Junta de Usuarios, que son el regadío y el abastecimiento.

—En cuanto al nuevo Consell, ¿cómo valora el nombramiento de Maritina Hernández como consellera de Agricultura y Agua?

—Conoce perfectamente el mundo agrícola, y en un tema de vital importancia como el agua, estamos tranquilos porque nos sentimos respaldados por las máximas autoridades valencianas, como en el caso del presidente Francisco Camps, que ha mostrado siempre la máxima sensibilidad al respecto.

—Parece que el Corredor Mediterráneo no pasará por Alicante.

—Es algo tan irrenunciable como el trasvase del Ebro. No se entendería que el Corredor no pasase por la cuarta provincia de España en potencial económico e industrial.

MARM.-Se han recuperado para su recorrido espacios de interés tales como las lagunas desecadas del Salobral, Ojos de San Jorge y Estacadilla, antiguos canales y puentes, obras de fábrica, antiguas compuertas o paisajes agrícolas

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ha finalizado las obras de mantenimiento del Camino Natural del Canal de Mª Cristina y sus ramales (Albacete), que se han realizado en su recorrido y que han contado con una inversión del MARM de 229.452 euros.

Los trabajos desarrollados han consistido en acondicionamiento del firme y mejora de las plantaciones del camino con nuevos árboles. Se han recuperado, para su recorrido para todo tipo de usuarios no motorizados, espacios de interés tales como las lagunas desecadas del Salobral, Ojos de San Jorge y Estacadilla; la propia obra de ingeniería que constituyen los antiguos canales y elementos asociados como puentes, obras de fábrica, antiguas compuertas y paisajes agrícolas.

El itinerario discurre por el T.M. de Albacete, parte del Parque Fiesta del Árbol en la misma ciudad de Albacete, y enlaza con la traza de la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz (que aprovecha parte del antiguo ff.cc. Baeza – Utiel). El conjunto del recorrido suma 33,6 Km, que se corresponde con los ramales del Canal de Mª Cristina (Parque Fiesta del Árbol – Paraje del Palo), canal del Acequión (hasta la laguna del Acequión), Canal del Salobral (inicio Acequión – pedanía Aguasnuevas), Canal de los Ojos de San Jorge (desde la Huerta del Rey hasta los Ojos de San Jorge), y el Canal de la Estacadilla (desde el Canal del Salobral pasado “El Palo”, hasta la laguna de la Estacadilla).

El Camino Natural del Canal de Mª Cristina y sus ramales, discurre por los caminos de servicio contiguos a los canales de drenaje y riego del Canal de Mª Cristina y sus ramales. Este Canal se empezó a construir en 1804 para desaguar hacia el Júcar las aguas encharcadas que rodeaban Albacete, y gracias a él se habilitaron para uso agrícola numerosas tierras antes baldías y se mejoraron las condiciones sanitarias para la población; tuvo por tanto una importante función hasta mediados del siglo XX, cuando descendió el nivel freático.

Ejecutado en el pasado por el Programa de Caminos Naturales, fue promovido por el Ayuntamiento de Albacete, que se ha encargado de su mantenimiento ordinario y promoción desde entonces.

Desde el 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, dentro del Programa Caminos Naturales, y encuadrado en el Plan Español para la Dinamización de la Economía y el Empleo, ha efectuado el mantenimiento de 14 Caminos Naturales situados en la zona Sur de España y archipiélagos, con el objeto de apoyar a los promotores, con escasos recursos económicos para afrontar determinados mantenimientos extraordinarios.

El mantenimiento de los senderos y las vías verdes persigue conservar el uso turístico y deportivo de los mismos, peatonal, ciclista y no motorizado facilitando a los usuarios la aproximación hacia los diferentes elementos de interés natural de la zona, tanto desde un punto de vista de educación ambiental, como de ocio y cultural.

MARM.-Este informe forma parte de un conjunto de estudios que se están realizando en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático con el objetivo de conocer los impactos y la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en España en distintos sectores socioeconómicos.

Las proyecciones apuntan a una disminución de las precipitaciones y de la escorrentía que se irá haciendo más intensa a medida que transcurre el siglo XXI, por lo que se reduciría las disponibilidades de agua.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha presentado hoy el informe “Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural”, trabajo encargado al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

El documento ha sido presentado por la directora general del Agua, Marta Moren, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Alicia Montalvo, y el director del Centro de Estudios Hidrológicos del CEDEX, Federico Estrada.

Este informe forma parte de un conjunto de estudios que se están realizando en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático con el objetivo de conocer los impactos y la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en España de los distintos sectores potencialmente más afectados (gestión del agua, agricultura, biodiversidad, zonas costeras, salud y turismo) con el fin de establecer un diagnóstico y la definición de las medidas más efectivas de gestión y planificación para la adaptación.

En el estudio se han empleado un conjunto de seis escenarios climáticos regionalizados que representan la variabilidad del conjunto de escenarios puestos a disposición por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que fueron presentados en 2008.

La información generada por el Informe de CEDEX aporta elementos relevantes para la planificación hidrológica en España y permite progresar en la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de los recursos hídricos.

CONFIRMACIÓN DE TENDENCIAS

La mayor relevancia de los resultados radica en la consistencia en términos de tendencias del conjunto de resultados obtenidos bajos los diferentes escenarios. Estas tendencias apuntan a una disminución de precipitación y de escorrentía que se irá haciendo más intensa a medida que transcurre el siglo XXI, por lo que se reduciría las disponibilidades de agua.

En la distribución geográfica de la disminución de la escorrentía media anual por Demarcaciones Hidrográficas se obtienen valores más acusados en las cuencas del sur peninsular y Canarias.

Se prevé un aumento de temperatura y por tanto, de evaporación y transpiración por las plantas. Sin embargo, el efecto de este aumento en el ciclo hidrológico es menor por concentrarse en verano durante el cual el suelo tiene un reducido contenido de agua.

Aunque la estimación de la recarga subterránea está sujeta a grandes incertidumbres, los valores medios estimados pronostican una disminución generalizada en España confirme se reduce la lluvia, siendo menos vulnerables las áreas silíceas que las calcáreas y detríticas.

El Ministerio de Medio Ambiente se ha tomado muy en serio la reducción de superficie regable en la Comunidad Valenciana. Si el informe aprobado ayer por el consejo de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acaba plasmándose en el nuevo plan de cuenca —con rango de Ley—, la Comunidad perderá 40.000 hectáreas de regadío, sobre las 350.000 que tiene reconocidas en la actualidad.

La CHJ ha elevado al Consejo del Agua un informe con las líneas básicas del nuevo plan de cuenca que convierte 40.000 hectáreas de regadío en suelo «potencialmente regable», equivalente al secano, y por tanto, sin derechos sobre el agua de la cuenca. Un cambio de calificación que, según los cálculos de los regantes, implica unas pérdidas patrimoniales de cerca de 2.000 millones de euros en toda la Comunidad.

El precio del metro cuadrado de regadío es de entre seis y diez euros, según las fuentes consultadas por ABC. En cambio, el de secano se paga a entre cincuenta céntimos de euro y un euro. Así, la depreciación que implica el cambio de consideración de las 40.000 hectáreas (400 millones de metros cuadrados) en el plan de cuenca es de unos 2.000 millones de euros, que repercutirán directamente en el patrimonio de los agricultores afectados.

Al margen de la pérdida patrimonial, la desaparición de los citados regadíos conllevará, según los agricultores, una importante destrucción de empleo. El presidente del sindicato agrario Asaja en Alicante, Eladio Aniorte, cifró en 40.000 empleos, entre directos e indirectos, los que dependen de las hectáreas que pasarán a ser consideradas como s

Sin votación

La decisión de eliminar 40.000 hectáreas de regadío se adoptó sin mediar votación en el consejo de gobierno de la CHJ, según fuentes conocedoras de la reunión. El presidente del organismo, Juan José Moragues, decidió elevar la propuesta al Consejo del Agua pese a la oposición de varias comunidades de regantes —excepto los de Castilla-La Mancha—, el Ayuntamiento de Valencia y el Consell.

La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, señaló al término de la reunión que la medida «pone en riesgo miles de puestos de trabajo del sector agroalimentario», y recordó que las demandas del regadío valenciano «se han de fijar de acuerdo con los planes de la Generalitat, que es quien tiene esa competencia según el Estatuto de Autonomía».

En cualquier caso, una vez elevado el documento al Consejo del Agua, y si dicho órgano lo aprueba, la limitación de regadío entrará en vigor con el nuevo plan de cuenca. Una circunstancia que no están dispuestos a tolerar los regantes alicantinos.

Contencioso

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó —que representa a los damnificados por el cambio de calificación del suelo—, Andrés Martínez, avanzó que la asociación está dispuesta a defender la permanencia de las 48.000 hectáreas de regadío actuales (que la CHJ quiere reducir a 30.000) «donde sea necesario» y no descartó que los regantes acudan a los juzgados de lo Contencioso. No sería la primera vez que la Junta de Usuarios acude a los tribunales. Ya lo hizo en 2005, cuando la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, modificó unilateralmente el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó. El cambio en el Ministerio y la llegada de Josep Puxeu a la Secretaría de Estado de Agua pareció abrir un nuevo periodo de entendimiento entre y los regantes abandonaron la vía judicial. No obstante, el Júcar-Vinalopó se ha terminado con el trazado propuesto por Narbona y está previsto construir la potabilizadora prometida por Puxeu. Los regantes han solicitado un análisis del agua para determinar su calidad.

En este contexto de zozobra para el campo valenciano, el Tribunal Constitucional ha acordado rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de La Rioja contra la disposición adicional quinta del Estatuto de Aragón referida a la reserva del caudal hídrico del Ebro.

«Apreciamos temeridad en la actuación procesal de la Administración autonómica, en cuanto sus recursos denotan el propósito de impugnar de manera sistemática todo acuerdo del Consejo de Ministros en el que se decida un trasvase de aguas de la cabecera del Tajo». Es el reproche que realiza el Tribunal Supremo al Gobierno de Castilla-La Mancha que ha vuelto a perder otro recurso contra un desembalse autorizado en noviembre de 2009. En este caso, parte de los 69,4 hectómetros aprobados iban a destinarse a salvar las Tablas de Daimiel, que en aquella época estaban al borde de su desaparición por la combustión de la turba.

El magistrado ponente de la Sala Quinta, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional hasta el pasado mes de enero, subraya la «expresa imposición» de las costas procesales al Ejecutivo castellano-manchego en una sentencia del pasado día 7. Le recuerda que en otras tres sentencias ya conocidas, el anterior Gobierno de José María Barreda se había limitado a reproducir las mismas alegaciones sin cambiar de estrategia pese a las respuestas invariables de los tribunales de que los envíos de agua desde la cabecera del Tajo eran legales.

La Junta pidió la nulidad de este desembalse porque no se había hecho la evaluación de impacto ambiental y no se garantizaba el caudal ecológico del Tajo, como en otras demandas anteriores. El Supremo recuerda que el acueducto «es una infraestructura consolidada en el tiempo», y no «un proyecto para el trasvase de recursos hídricos», como planteó Barreda a través de su letrado. El magistrado subraya la preservación de las competencias estatales sobre los trasvases entre cuencas y que los envíos de agua al Segura se realizan para evitar pérdidas irreparables en el arbolado y los cultivos.

El Sindicato Central de Regantes muestra su extrañeza de que Castilla-La Mancha hubiera recurrido también el transporte de agua del Tajo a Las tablas de Daimiel, que se encontraban en una situación dramática según la Dirección General del Agua y tal y como se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión de Explotación. El agrietamiento y desecación de los terrenos del parque nacional a causa de la sequía y la autocombustión de la turba hacían necesario un envío urgente de agua a este enclave de Ciudad Real. Pese a ello, el letrado recurrió la transferencia al humedal.

El Gobierno parece haber encontrado la solución a las carencias hídricas de la provincia de Alicante. Con el trasvase Júcar-Vinalopó en entredicho por la calidad del agua trasvasada, en lugar de apostar por la aportación de caudales para paliar el déficit estructural de la provincia, el Ministerio ha optado por reducir la demanda de agua de los regantes alicantinos.

Al menos, esa es la intención de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que celebra hoy una reunión para empezar a perfilar los pilares del futuro plan de cuenca —que debería haberse aprobado hace dos años—. Según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, va a proponer reducir la sup

De barbecho a secano

La propuesta, de salir adelante, influiría de forma determinante en el nuevo plan de cuenca, dado que los acuerdos de la reunión que se celebra hoy se remitirán al Consejo del Agua del Ministerio de Medio Ambiente para guiar la elaboración del citado plan. Así, si se reduce la superficie regable, se reducen también las necesidades de agua reconocidas y, por tanto, el déficit.

Para lograr la «desaparición» de las citadas 18.000 hectáreas, la CHJ se ha servido de un llamativo estudio que convierte suelo de regadío en secano. Según las mismas fuentes, cuando los técnicos del Ministerio revisaron las tierras agrícolas del Vinalopó, 18.000 de las 48.000 hectáreas se encontraban en barbecho. En lugar de incluirlas como suelo regable, el informe las consideró solo «potencialmente regables», lo que equivale a secano.

Contra el criterio del Consell

Es decir, los propietarios de las parcelas afectadas verían así limitado de forma considerable su derecho a disponer de agua para el regadío, ya que, a efectos de la CHJ, ese suelo no se riega en la actualidad. Una apreciación que dista mucho de la realidad: según las fuentes consultadas por ABC, los regantes afectados gozan de derechos reconocidos desde hace más de cincuenta años.

Es más, la pretensión de la CHJ choca frontalmente con la realidad. La Conselleria de Agricultura y Agua, que tiene transferidas las competencias en el reconocimiento de superficies regables, sí registra las 48.000 hectáreas con derecho a riego en el Vinalopó-Alacantí.

Tanto el representante del Consell como el de los regantes alicantinos pedirán en la reunión que el informe sobre superficies regables se deje sobre la mesa, con el objeto de contrastar los datos de la CHJ con la realidad del Vinalopó. No obstante, Moragues ya ha comunicado a los implicados que se mantiene firme en su pretensión de debatir hoy la reducción de un tercio del regadío en el interior de la provincia de Alicante.

El último plan de cuenca reconocía un déficit de 160 hectómetros cúbicos al sistema del Vinalopó. Un déficit que la maniobra de la CHJ reduciría considerablemente.

El agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 24,6 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior» al experimentado en la cuenca del Júcar, que ha crecido hasta el 81,4 por ciento.

Con respecto al año pasado, las reservas han aumentado del 56,5 por ciento al 60,4 % (3,9 puntos), si bien el incremento registrado en los dos últimos años alcanza los 23,9 puntos porcentuales, y los 27,8 si se tiene en cuenta el crecimiento del último lustro. EFE

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Marm), a través de la dirección general del Agua, ha adjudicado la contratación de servicios para la red de vigilancia de la calidad de las aguas, mediante índices bióticos, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Según ha informado el Ejecutivo central en un comunicado, la empresa adjudicataria ha sido la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Laboratoris Vidal y Eptisa, Servicios e Ingeniería por un importe de 1.138.746 euros.

Esta actuación tiene como principal objetivo la explotación de la red de control biológico en ríos y lagos, dentro del ámbito territorial de la CHJ, en aplicación de la Directiva Marco del Agua.

Los trabajos a realizar por esta asistencia técnica incluyen la vigilancia en lagos de interior a través de 14 estaciones de control en la red de vigilancia provisional de lagunas interiores.

Dichas estaciones corresponden a seis lagunas y tres complejos lagunares, y en todas ellas se deben medir todos los elementos de calidad biológicos.

Además, en todos los puntos con profundidad suficiente se elaborarán perfiles físico-químicos, se medirá la profundidad de disco de Secchi y se tomarán muestras para análisis físico-químico y biológico.

Por otra parte, también se prevén 21 estaciones de control en nueve lagunas someras costeras y el control de 29 embalses en tres puntos como son presa, zona media y cola, siempre que la superficie inundada permita ubicar las tres estaciones.

La gestión del Guadalquivir, que el Estatuto andaluz aprobado en 2007 otorgaba en exclusividad a la Junta, se complica ahora con una nueva sentencia, esta vez del Tribunal Supremo, que se suma a la que dictó el pasado mes de marzo el Constitucional. Entonces, los once magistrados que integran este Tribunal consideraron por unanimidad que el artículo 51 del Estatuto, precisamente el que atribuye «competencias exclusivas» a la Junta sobre las aguas del Guadalquivir, era inconstitucional. La noticia supuso un tremendo varapalo para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien desde entonces no ha parado de repetir que el Guadalquivir es un «río andaluz». Sin embargo, los tribunales de Justicia y hasta el propio PSOE federal han cuestionado esta afirmación.

El Guadalquivir, es cierto, es un río fundamentalmente «andaluz». Más del 90% de la cuenca discurre por Andalucía, mientras que el resto se distribuye entre Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia. Este hecho lo tuvieron muy en cuenta los ponentes del PSOE cuando se comenzó a redactar el nuevo Estatuto de 2007, que apostaron desde el principio por encomendar a Andalucía las competencias exclusivas sobre el río.

Esta pretensión, sin embargo, chocaba con la doctrina jurídica seguida hasta entonces por el Estado, donde se ponía el acento en el concepto de cuenca hidrográfica y en el viejo principio de unidad de cuenca, es decir, que cuando un río discurra por varias comunidades la gestión no puede recaer en exclusiva en ninguna sino en el Gobierno central.

Debate estatutario

Por esta razón, el artículo 51 del Estatuto, el que anuló el Constitucional, fue uno de los más controvertidos y que generó más debate en la tramitación del Estatuto, tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso. De entrada, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se oponía a la pretensión andaluza. Además, el PP no se sumó al consenso en ese artículo hasta que el texto llegó al Congreso, donde el Grupo Socialista en esa Cámara rebajó las pretensiones de sus compañeros andaluces e introdujo, por recomendación de los populares, numerosas referencias a la Constitución.

A pesar de ello, la Junta de Extremadura, paradójicamente gobernada por el mismo partido que la andaluza, planteó un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto. El Tribunal Constitucional anuló el pasado marzo el polémico artículo que atribuía competencias exclusivas a Andalucía sobre la cuenca, por contradecir la Ley de Aguas y el artículo 149.1.22 de la Carta Magna.

Este último atribuye de forma clara al Estado «la competencias exclusiva» sobre «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma».

Ante este fallo, Gobierno y Junta se apresuraron a pactar una gestión transitoria del río que se formalizó a través de una encomienda que estará vigente hasta que se pacte una normativa definitiva. De esta forma, ambas administraciones se daban un tiempo para tratar de resolver el revés producido por la sentencia, aunque quedan varios interrogantes abiertos.

En primer lugar, el propio PSOE federal aprobó el pasado 20 de septiembre de 2010 un informe en el que se seguía apostando la unidad de cuenca a través de unidades de gestión del Estado, ya que se han «demostrado como las más eficaces» para la gestión del agua.

En segundo lugar, la sentencia del Constitucional abre vía libre para la impugnación de buena parte de las actuaciones de la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, que preside José Juan Díaz Trillo. Según alertó Asaja en un informe jurídico, la actual encomienda de gestión de la Junta puede devenir en un «caos administrativo», por cuanto ese informe advertía una probable «avalancha» de recursos a las actuaciones dictadas por la Agencia Andaluza del Agua que hayan sido negativos para agricultores y regantes.

La razón de esto: que pueden darse agravios comparativos entre diferentes municipios de la cuenca, porque en unos regirá la ley de agua estatal y en otros la andaluza, que plantea cánones que aquella no tiene.

Esta primavera la Europa seca está al norte. España ha duplicado sus reservas, en tanto Bélgica, Alemania o el Reino Unido viven su peor sequía

http://www.abc.es/20110612/sociedad/abcp-norte-europa-seca-mientras-20110612.html

España ha dejado atrás los duros años de la sequía y en la actualidad cuenta con unas reservas de agua que bien se podrían calificar de boyantes. Desde el 41,5% al que llegaron a estar los embalses peninsulares al comienzo de 2008, las condiciones meteorológicas han permitido prácticamente duplicar el volumen de agua almacenada y situarse en el 81% de la capacidad total de los pantanos. Si se mantienen unas condiciones normales de lluvia, «tendríamos agua para estar tranquilos durante dos campañas» de riego —que van de marzo a septiembre, aunque varían según las zonas—, asegura la directora general del Agua, Marta Morén. El dato es «muy bueno», dice, teniendo en cuenta que ya «nos encontramos en plena campaña de riego y tenemos todo el verano por delante».

Galicia, menos abundante

La abundancia es generalizada en las cuencas españolas. Solo la del Júcar, con el 60,9% y, curiosamente la del Miño-Sil, con el 65%, se encuentran por debajo del umbral del 70. Y cuatro de ellas están por encima del 90%, siendo la Cuenca Atlántica Andaluza, con el 91,6, la que se sitúa a la cabeza.

Con estos datos, se consolida la tendencia iniciada a principios de 2009, cuando España empezó a salir de uno de sus mayores periodos de sequía, que había empezado en 2004. En esos años, las restricciones para el uso de este líquido vital llegaron a extenderse de manera preocupante y las tensiones territoriales por la gestión de los recursos hidráulicos también alcanzaron altas cotas.

El sosiego que da contar con los embalses llenos es propicio para planificar sin las urgencias del momento las políticas para cuando llegue de nuevo la escasez. ¿Qué se está haciendo en la actualidad? Desde el Ministerio, se trata de agilizar la compleja redacción de los planes de cuenca, que deben adaptar la Directiva Marco del Agua de la UE y han de servir de base para las futuras actuaciones. Recientemente han salido a consulta pública los de las cuencas del Cantábrico y el Guadiana, y unos meses antes los del Duero, Miño-Sil y Guadalquivir, pero todavía faltan otros de gran envergadura, como los del Tajo, el Ebro, el Segura y el Júcar, que el Ministerio espera poder sacar en los próximos meses. Aunque la crisis ha afectado al presupuesto de obra pública en todos los departamentos del Gobierno, la directora general asegura que «no podemos descuidar nuestras obligaciones» y «todo lo posible, se hace, priorizando lo más importante».

El Ministerio no cree, pese a la tranquilidad de esta abundancia, que se deba ahora abordar el espinoso debate de los trasvases entre cuencas. «Estamos con los planes de cuenca, no en debates de trasvases» que, a su juicio, hay que plantear «de forma seria» y «global».

Entre tanto, la sequía que azota a varios países europeos, y sobre todo a Francia, ha saltado ya a la Comisión Europea fruto de la enorme influencia de este país en Bruselas. La posición oficial del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, es que por el momento la situación no es lo suficientemente grave como para dar ayudas europeas a los agricultores afectados por la sequía. Bruselas no ha autorizado tampoco al Gobierno francés para que desbloquee las ayudas nacionales para los agricultores afectados por la falta de lluvia.

La cuestión es que si un país europeo, en este caso Francia, decide dar ayudas de manera unilateral a un sector productivo como el cerealista, alteraría las normas de libre competencia que rigen dentro del mercado interior europeo y, a la postre, corre serio riesgo de tener que devolverlas a las arcas comunitarias, como ya sucedió precisamente en el sector de frutas y hortalizas galas hace un tiempo.

Más energía hidroeléctrica

La existencia de reservas de agua también es una buena noticia para la generación de energía. Según los últimos datos del sector, la producción hidráulica acumulada anual del sistema ha sido de 14.727 gigavatios hora (GWh), un 6% mas del año medio, si bien es menor que el pasado año, ya que 2010 fue histórico.

Entre enero y marzo, Iberdrola generó 6.074 GWh, el 32% del total de esta compañía en España, mientras que la producción de Endesa, en este caso de enero a mayo, fue de 3.811 GWh, el 18,5% de la producción total de esta eléctrica.