El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) prepara una estrategia nacional para impulsar los regadíos en el país cuyo desarrollo se prevé pactar con los gobiernos de las distintas comunidades autónomas. El secretario de Estado de Agricultura, Carlos Cabanas, lo ha anunciado tras inaugurar una jornada de trabajo organizada por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón con el título «El binomio agua-energía y su repercusión en el regadío». «Nos estamos planteando y vamos a sacar -ha destacado- una estrategia nacional de regadíos para ver cómo podemos seguir avanzando y trabajando con las comunidades autónomas y comprobar hasta dónde podemos llegar». Esta propuesta llega después de anunciar recortes en las tarifas eléctricas que permitirán ahorrar 55 millones a los regantes al año.

Cabanas ha explicado que en el marco de esta estrategia se había optado por incorporar en el reglamento comunitario la posibilidad de incluir los regadíos dentro de las medidas subvencionables desde Europa.

Ha añadido, además, que dentro de las negociaciones para la reforma de la PAC (Política Agraria Comunitaria) se había trabajado en un modelo dirigido a evitar el trasvase de ayudas dirigidas al regadío a otros sectores agrarios como el secano y los cultivos permanentes.

Desde su puesta en marcha en el año 2000, el Plan Nacional de Regadíos ha permitido, con una inversión de 3.800 millones de euros, el desarrollo de 1,5 millones de hectáreas en el conjunto del país, sobre un total inicialmente previsto sobre el papel de 3,5 millones de hectáreas.

Seguir con el desarrollo de nuevos regadíos

El objetivo ministerial es continuar con el desarrollo de nuevos regadíos, en el marco de una política dirigida a potenciar la agricultura y la agroindustria como motores dinamizadores de la economía, según ha asegurado a Efe el exsecretario de Estado de Medio Rural y Aguas, Josep Puxeu.

Puxeu ha explicado que durante su etapa en el ministerio la modernización del regadío fue una prioridad que se plasmó en diferentes proyectos desarrollados junto a las comunidades autónomas en los que se combinó la inversión pública con la privada.

Unas acciones, en su opinión, a continuar ya que «hay que consolidar un regadío potente y capaz de generar una agricultura y una agroindustria con capacidad de competir en la exportación y de abastecer el mercado interior».

La jornada de trabajo ha incidido, sin embargo, en la problemática para el futuro de los regadíos derivada de la subida de los precios de la energía para el sector agrario. Según ha explicado, el ahorro medio por explotación derivado de la aplicación de estas dos medidas será de unos 650 euros.

Cabanas ha asegurado que el ministerio trabaja con el Departamento de Industria en la posibilidad de llevar a cabo contratos específicos para los regantes, aunque ha señalado que se trata de algo «complicado».

Los regantes aragoneses quieren más recortes en las tarifas

Sin embargo, los regantes consideran que estas medidas no son suficientes ya que la subida experimentada en la tarifa eléctrica ha sido de más del 100 por ciento, mientras que las medidas anunciadas supondrían un ahorro del 5 por ciento.

Así lo ha asegurado a los medios de comunicación el presidente de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de Regantes del Ebro, César Trillo, para quien «hay que seguir trabajando» en la reducción de los costes de la energía para los regantes, que suponen una media de 300 euros por hectárea y año.

Ha valorado el anuncio de medidas como la venta a bajo precio a los regantes de la reserva de energía que deben de entregar las empresas energéticas al Gobierno.

Así, la posibilidad de disponer de energía a un precio de 29 euros por megavatio en lugar de los 50 que les cuesta en la actualidad a los regantes supondría un «ahorro importante».

Trillo, sin embargo, se ha preguntado cómo se podría llevar a cabo esta posibilidad ya que, según ha afirmado, «el distribuidor es el que aplica los precios y no el productor».

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Aunque la PAC no está oficialmente aprobada, los cambios que se van aintroducir, sobre todo lo relacionado con el pago verde, esta provocando que los agricultores empiecen a planificar los cambios en sus cultivosante el inicio de la nueva siembra para adaptarse a las exigencias de la reforma agraria y no perder las ayudas. El Ministerio ya ha especificado que si la tierra de cultivo de la explotación cubre entre 10 y 30 hectáreas ha de cultivarse dos tipos de cultivos diferentes sin que el principal supere más del 75% de la tierra de cultivo. Si la superficie supera las 30 hectáreas se deberán plantar tres cultivos diferentes, sin que el principal rebase el 75% de la tierra de cultivo y los dos mayoritarios no ocupen más del 95%.

En este sentido el Magrama señala en su normas que por cultivo «diferente» se entenderán los que pertenezcan a géneros botánicos distintos, es decir, los cereales como la cebada, el trigo o el maíz entrarían en este caso. También se incluye con esta particularidad las distintas especies, como la coliflor, la col y el brócoli o el tomate y la patata o el melón y la sandía. En este apartado se debe considerar además la tierra que está en barbecho y la hierba y forrajes herbáceos.

El Ministerio explica que también cumplen con la diversificación los cultivos de invierno y de primavera (como sucede con los trigos de una y otra estación), los cultivos mixtos en hilera cuando representen al menos el 25% de la superficie o las cubiertas por un cubierto principal intercalado con un secundario. En este caso, se considerará el cultivo principal a efectos de diversificación para el derecho a ayuda comunitaria. Por último, las superficies sembradas con una mezcla de semillas se definirán como un solo cultivo.

El ministerio establece que los porcentajes de los diferentes cultivos tendrán en cuenta que las siembras sean de invierno o de primavera. Los cultivos de invierno comprenderán los que se encuentren en el terreno entre diciembre y marzo, mientras que los de primavera serán los que estarán entre mayo y agosto.

De estas medidas se excluyen la agricultura ecológica, los que cobren menos de 1.250 euros de pagos directos y los que dispongan de superficies de cultivos permanentes, como sucede con el viñedo, el olivar, los cítricos y los frutales.seun destaca F. Expósito en diariodecordoba.com.

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El Consejo de Ministros ha acordado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incrementar entre el 10 y el 33% (dos puntos porcentuales) la subvención de las principales líneas del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. Dicho incremento en la subvención base se aplica a la contratación de los módulos 2, 3 y P de ocho líneas de seguro de coberturas crecientes que iniciaron su periodo de contratación el pasado 1 de septiembre de 2014. También se destina a la contratación de la línea de seguro base, con cualquiera de las garantías adicionales posibles, del seguro de coberturas crecientes para uva de vinificación en la Península y Baleares. El módulo 2 ofrece cobertura por parcela para los principales riesgos cubiertos en cada línea (generalmente pedrisco, sequía, etc) quedando el resto de riesgos cubiertos por explotación (golpe de calor, viento, etc.

El módulo 3 ofrece cobertura por parcela para la práctica totalidad riesgos. El módulo P es un módulo básico que ofrece garantías por parcela frente a algunos riesgos, generalmente pedrisco y en ocasiones helada quedando excluidos el resto de riesgos como la sequía.

Los dos puntos porcentuales de incremento suponen una subida de los porcentajes de subvención aplicados de hasta el 10,5% para el módulo 2, el 14,3% para el módulo 3 y el 33,3% para el módulo P.

En concreto, las nueve líneas de otoño que se verán beneficiadas de este incremento son los cultivos herbáceos extensivos; uva de vinificación en Península y Baleares; uva de vinificación en Canarias; frutales; caqui y otros frutales; frutos secos; cultivos forrajeros; cultivos agroenergéticos; y olivar.

Dado que muchas de estas líneas abrieron su periodo de contratación el 1 de septiembre, las pólizas que se han suscrito entre dicha fecha y la aprobación de este acuerdo serán sometidas a un proceso de regularización por parte de AGROSEGURO, para que puedan beneficiarse del incremento de las subvenciones.

Estas nueve líneas de otoño tienen un enorme peso para el Seguro Agrario y el sector productor. Suponen un capital asegurado de 5.018 millones de euros (el 45,81% del total asegurado en el Plan 2013).

Con esta decisión del Consejo de Ministros, impulsada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), se incentiva la contratación del seguro agrario con el objetivo de mantener a los sectores productores agrarios dentro del Sistema de Seguros Agrarios. Además, esta medida supone un importante apoyo para aquellos sectores amparados por las líneas de seguro de otoño que se encuentran en un difícil contexto como consecuencia del veto ruso, así como en el caso de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, frutos secos y olivar afectados por la sequía meteorológica.

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El Grupo Parlamentario Popular propondrá en las Cortes regionales que las empresa o industrias relacionadas con transformaciones agrarias puedan instalarse en terreno rústico, para que los agricultores que quieran realizar cualquier tipo de actividad industrial en la parcela que posean no tenga que desplazarse a otra o adquirir un terreno para este fin. El PP realizará esta propuesta por medio de enmiendas al proyecto de ley por el que se modifica la Ley del Comercio de Castilla-La Mancha.

Las enmiendas no las presentarán a la ley en sí sino a la primera de las disposiciones derogatorias de la misma, modificando una serie de artículos de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) e incorporando esta modificación al texto.

Con esta modificación de la LOTAU se van a poder realizar actividades industriales relacionadas con la actividad ganadera y no perjudicará a este agricultor que lleva a cabo sus actividades en su entorno habitual, ha asegurado Cañizares.

Para llevar a cabo esta modificación de la LOTAU, el PP pretende derogar el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que data el año 86 y no está vigente en ninguna comunidad autónoma, ha afirmado Cañizares.

El portavoz ‘popular’ ha señalado que este reglamento generaba «disfunciones» en la generación de nuevas empresas y actividades industriales en los municipios, por lo que ha sido una demanda de muchos ayuntamientos de la región.

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