El Consejo de Ministros ha acordado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incrementar entre el 10 y el 33% (dos puntos porcentuales) la subvención de las principales líneas del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. Dicho incremento en la subvención base se aplica a la contratación de los módulos 2, 3 y P de ocho líneas de seguro de coberturas crecientes que iniciaron su periodo de contratación el pasado 1 de septiembre de 2014. También se destina a la contratación de la línea de seguro base, con cualquiera de las garantías adicionales posibles, del seguro de coberturas crecientes para uva de vinificación en la Península y Baleares. El módulo 2 ofrece cobertura por parcela para los principales riesgos cubiertos en cada línea (generalmente pedrisco, sequía, etc) quedando el resto de riesgos cubiertos por explotación (golpe de calor, viento, etc.

El módulo 3 ofrece cobertura por parcela para la práctica totalidad riesgos. El módulo P es un módulo básico que ofrece garantías por parcela frente a algunos riesgos, generalmente pedrisco y en ocasiones helada quedando excluidos el resto de riesgos como la sequía.

Los dos puntos porcentuales de incremento suponen una subida de los porcentajes de subvención aplicados de hasta el 10,5% para el módulo 2, el 14,3% para el módulo 3 y el 33,3% para el módulo P.

En concreto, las nueve líneas de otoño que se verán beneficiadas de este incremento son los cultivos herbáceos extensivos; uva de vinificación en Península y Baleares; uva de vinificación en Canarias; frutales; caqui y otros frutales; frutos secos; cultivos forrajeros; cultivos agroenergéticos; y olivar.

Dado que muchas de estas líneas abrieron su periodo de contratación el 1 de septiembre, las pólizas que se han suscrito entre dicha fecha y la aprobación de este acuerdo serán sometidas a un proceso de regularización por parte de AGROSEGURO, para que puedan beneficiarse del incremento de las subvenciones.

Estas nueve líneas de otoño tienen un enorme peso para el Seguro Agrario y el sector productor. Suponen un capital asegurado de 5.018 millones de euros (el 45,81% del total asegurado en el Plan 2013).

Con esta decisión del Consejo de Ministros, impulsada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), se incentiva la contratación del seguro agrario con el objetivo de mantener a los sectores productores agrarios dentro del Sistema de Seguros Agrarios. Además, esta medida supone un importante apoyo para aquellos sectores amparados por las líneas de seguro de otoño que se encuentran en un difícil contexto como consecuencia del veto ruso, así como en el caso de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, frutos secos y olivar afectados por la sequía meteorológica.

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El Grupo Parlamentario Popular propondrá en las Cortes regionales que las empresa o industrias relacionadas con transformaciones agrarias puedan instalarse en terreno rústico, para que los agricultores que quieran realizar cualquier tipo de actividad industrial en la parcela que posean no tenga que desplazarse a otra o adquirir un terreno para este fin. El PP realizará esta propuesta por medio de enmiendas al proyecto de ley por el que se modifica la Ley del Comercio de Castilla-La Mancha.

Las enmiendas no las presentarán a la ley en sí sino a la primera de las disposiciones derogatorias de la misma, modificando una serie de artículos de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) e incorporando esta modificación al texto.

Con esta modificación de la LOTAU se van a poder realizar actividades industriales relacionadas con la actividad ganadera y no perjudicará a este agricultor que lleva a cabo sus actividades en su entorno habitual, ha asegurado Cañizares.

Para llevar a cabo esta modificación de la LOTAU, el PP pretende derogar el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que data el año 86 y no está vigente en ninguna comunidad autónoma, ha afirmado Cañizares.

El portavoz ‘popular’ ha señalado que este reglamento generaba «disfunciones» en la generación de nuevas empresas y actividades industriales en los municipios, por lo que ha sido una demanda de muchos ayuntamientos de la región.

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Para UPA, “les limita el uso de agua y les hace pagar un precio injusto”

30/09/2014

Denuncian que el nuevo Plan del Júcar

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha denunciado que en contra del espíritu del compromiso de la Confederación Hidrográfica con la ciudad de Albacete, por el que no tendría que pagar por beber agua del Júcar en tiempos de sequía, ahora imponen unas tasas «injustas de forma permanente; tanto para consumo humano, como para riego». Además, implica un «agravio inaceptable si se compara con el canon que van a pagar en la Comunidad Valenciana». Según señala en una nota, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete los nuevos valores del canon de regulación para los nuevos usuarios. Y, después de limitar las dotaciones a los agricultores albaceteños, además les suben la tasa en un 60%.

Por eso, para UPA «el agravio comparativo entre lo que van a pagar los regantes de la Comunidad Valenciana -por un agua que transcurre en un 70 % por Castilla-La Mancha- y lo que les va a costar a los albaceteños es una aberración. Una injusticia que no solo afectará a los regantes de la provincia sino también a los ciudadanos porque las diferencias con Valencia también incluyen el consumo humano».

Desde la organización lamentan que «se vendiera como un éxito» del nuevo Plan de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que Albacete no tuviera que pagar un sobre coste por utilizar agua del Pantano de Alarcón en situaciones de sequía, mientras tenían previsto aplicar un aumento del canon de forma permanente en un 60% a la Mancha Oriental.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo considera “muy injusto que el canon suba para los albaceteños, mientras el Vinalopó no aparece”. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha considerado ‘no imputables’ los abastecimientos y la sustitución de bombeos en esta comarca alicantina. En el cuadro de tarifas y cánones del año anterior, la comarca alicantina del Vinalopó si aparecía, por eso ahora, al declararla exenta, todos los demás usuarios tiene que pagar más.

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«Un solo error, una equivocación en la solicitud, una mala interpretación de la normativa pueden hacer que un agricultor o ganadero se queden colgados hasta 2020». Así de claro lo ha dejado el director general de GlobalCaja, Pedro Palacios, que ha sido uno de los participantes en una de las múltiples reuniones y asambleas que se están realizando estas semanas por toda España para informar de los cambios en la tramitación de la reforma agraria. Unos encuentros que están provoando una asistencias masivas, dado el interés de los afectados y, sobre todo, la desinformación que aún existe en el sector por unos cambios que pueden ser vitales de cara a los próximos cinco años. Por esta causa, y por ejemplo, la Junta de Comunidades de CLM y Globalcaja, organizan un ciclo de conferencias técnicas, a cargo de especialistas en aspectos relevantes de la nueva PAC que, además, tengan conocimiento, de primera mano, de los problemas, dudas y necesidades de los profesionales del campo.

Este ciclo comenzó en Albacete, pero está previsto celebrar dos más, de similares características, en Cuenca y Ciudad Real. Tras Palacios, llegó la primera ponencia, a cargo del jefe de Servicio de Ayudas y Pagos Directos de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Juan Ramón Serna, quien habló sobre Pago Básico, ayudas a jóvenes y Greening.

Siguieron el jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería, Miguel Martínez, quien habló sobre Ayudas acopladas, y José Garijo, jefe de Servicio de Infraestructuras, sobre Ayudas Agroambientales.

Pero no sólo las administraciones, sino también las organizaciones agrarias se están moviendo y mucho en este sentido. Asíe n los próximos días, los técnicos de ASAJA Salamanca ofrecerán 40 charlas informativas sobre la reforma de la PAC 2015-2020, enfocadas sobre todo a facilitar a los profesionales del campo la información útil para planificar la siembra de las parcelas y evitar sorpresas desagradables en la próxima solicitud de la PAC 2015.

Como insisten, el próximo año entran en vigor nuevos requisitos de la PAC, con numerosos matices que deben ser tenidos en cuenta en lo referido a la diversificación de cultivos, porcentajes de cultivos en base al número de hectáreas, el número máximo de hectáreas subvencionables en determinados cultivos o porcentajes de ponderación, entre otros detalles a tener en cuenta.

Por su parte, el sindicato UAGA-COAG organiza la cuarta edición de la Semana Agraria del Somontano. Este martes comienza este programa de ponencias que incluye charlas en Laluenga, Estadilla y El Tormillo, con temáticas centradas en las problemáticas de cada zona. La última, más general, será este viernes en Barbastro y en ella se abordarán las novedades de la PAC 2015.

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El secretario autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Alfredo González, ha exigido en la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) una concesión directa para el abastecimiento de agua de la comarca de la Ribera, según un comunicado de Generalitat. En relación a la posible permuta para los abastecimientos de la Ribera, Alfredo González ha indicado que el abastecimiento con agua de calidad a esta comarca valenciana «es desde hace unos meses una realidad, y ha sido la Generalitat quien se ha encargado de su financiación». González ha señalado que en su momento «el único marco normativo que permitía efectuar este suministro era mediante la permuta y de este modo se está llevando a cabo en la actualidad».

Ha agregado que la postura del Consell ya se expresó en las alegaciones al plan de cuenca del Júcar vigente, donde solicitó una concesión directa para este abastecimiento urbano al igual que la tienen Valencia, Sagunt y Albacete, «concesión que debe ser suficiente para sustituir las concesiones actuales de aguas subterráneas por agua superficial del Júcar».

El secretario autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua ha recordado que esta es la postura que sigue manteniendo la Generalitat y lo que va a demandar próximamente en el Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar.

En este sentido, ha precisado que el texto de la normativa finalmente aprobada por el Gobierno Central mantiene la permuta en la asignación correspondiente, pero permite que ésta pueda efectuarse en parte sin sustitución en función de las disponibilidades del sistema.

Además, ha añadido que la Generalitat «votó a favor del plan aprobado con esta redacción en aras del consenso, ya que la prioridad era abastecer a la población de la comarca Ribera».

Para el nuevo plan de cuenca del Júcar, que se ha de aprobar en 2015, Agricultura reclamará a la CHJ que la normativa del plan contenga la asignación directa de todos los volúmenes de agua superficial de calidad del río Júcar que sean necesarios para abastecer a los municipios de la comarca.

Actualmente, la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Ribera abastece al conjunto de la zona Ribera II, que incluye una población de 200.000 personas de los municipios de Alzira, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara y Llaurí.

Además, se prevé que, a lo largo del primer semestre de 2015, pueda abastecer la zona Ribera III, formada por Algemesí, Sueca, Polinyà de Xùquer, Albalat de la Ribera, Benicull de Xùquer, Fortaleny y Riola.

La inversión destinada por la Generalitat para estas infraestructuras asciende a cerca de 60 millones de euros y beneficiará a una población total de más de 350.000 ciudadanos con residencia fija y estacional.

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La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defendía recientemente que para finales de septiembre o primeros de octubre la PAC estaría ya cerrada. La primera fecha ya ha pasado y para la segunda quedan todavía en el aire muchas dudas, ya que aunque todas la organizaciones y CCAA ya disponen de todos los borradores de los reales decretos que determinarán las normas de la reforma agraria, todavía queda el complicado trámite de sentarse a rubricar una PAC que sigue provocando más dudas que expectativas, en especial porque el tiempo se acaba y antes de comenzar la siembra de otoño los agricultores ya deben saber qué hacer para no quedarse fuera de las ayudas. De hecho, no sólo las organizaciones agrarias están haciendo verdaderas giras por toda la geografía nacional para explicar sus pormenores, sino que el propio Magrama ha iniciado una campaña en su página web para intentar aclarar dudas sobre las preguntas más frecuentes que se están planteando.

Y esta situación empieza a preocupar a todo el mundo, ya que se reconoce que hay un porcentaje demasiado alto de perceptores que siguen sin saber muy bien qué deben hacer o cómo les va a afectar los cambios que conlleva esta nueva PAC, «en especial porque aún no hay un documento oficial que puedan mirar cómo les afecta, sino sólo borradores que nadie sabe si al finla se van a cambiar o no». Y el problema de fondo es que una mala tramitación puede hacer perder a muchos agricultores y ganaderos un dinero que pueden merecer pero que, por falta de información, pueden acabar viendo cómo se les escapa de las manos por una mala gestión administrativa.

Por eso, y en ocasiones casi asumiendo más el papel del propio Ministerio, las organizaciones agrarias llevan unas semanas dando un paso al frente para acercar la realidad de la nueva PAC a todos los sectores afectados. Desde charlas técnicas hasta aplicaciones informáticas sobre cómo calcular lo que se puede percibir, pasando especialmente por una campaña de concienciación para que se pongan en manos de los técnicos a la hora de cerrar sus tramitaciones, todo vale para que la PAC llegue directamente a quienes deben cobrarla.

Según reconocen desde alguna OPA, «nuestro problema ha sido que hemos hablado demasiado de lo que exigíamos y de nuestro planteamientos sobre determinadas cuestiones, como la figura del agricultor activo o el greening, que al final se nos ha olvidado explicárselo a los propios afectados».

De hecho, ambas cuestiones son las que más problemas están generando, aunque destaca en especial el llamado pago verde. El greening permite conceder un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico siempre que se respeten determinadas prácticas medioambientales. Este pago se pondrá en marcha en la Solicitud de Ayudas PAC del año 2015 por lo que los cultivos que se vayan a sembrar en el otoño de 2014 ya deben tener en cuenta, en su caso, las obligaciones derivadas del mismo.

Por eso, se reclama que «cuanto antes» se dé paso al cierre definitivo de la PAC para impedir que se pierdan fondos y se perjudique aún más a unos sectores que están pasando momentos especialmente complicados por cuestiones como la sequía, el veto ruso y, sobre todo, la caída de los precios en origen.

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