El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz, ha abogado por promover la participación de los usuarios en la gestión de las masas subterráneas existentes en el conjunto del territorio español para darles un uso adecuado y ajustado a la Directiva Marco de Agua. Díaz, que ha asistido al XIII Congreso Nacional de Regantes de España, que se celebra en Huelva hasta el viernes, ha dicho que para lograr esa participación hay que pedir a todos los organismos de cuenca que procedan «a la constitución de comunidades de regantes de aguas subterráneas de todas las masas de este tipo identificadas en sus respectivos planes hidrológicos recientemente aprobados». Asimismo, apuesta por la constitución de las comunidades de regantes entorno a estas masas de agua subterráneas y proponer los cambios normativos suficientes para clarificar la situación de los usuarios.

Ha explicado que la situación actual de las aguas subterráneas es que la mayoría «siguen siendo privadas», una situación «claramente» contraria a la pretensión de la normativa en vigor que incide en su carácter público y en unificar el régimen jurídico de las aguas.

A raíz de la puesta en marcha de la Directiva Marco de Agua (DMA), ha precisado, el papel de los regantes «tiende a experimentar un cambio importante», pues pasan como el resto de usuarios «a ser responsables del cuidado de los ecosistemas asociados al agua, lo que conlleva como consecuencia una necesaria gestión de las demandas de agua en contraposición a la tradicional oferta».

Adaptarse a la nueva situación y presionar para lograr cambios

«Se hace necesario, por tanto, adaptarse a la nueva situación poniendo en práctica medidas que rentabilicen la actividad, modernizando en el sentido de asegurar las dotaciones a través de técnicas más racionales», ha dicho.

Para todo ello, es importante, ha indicado, la constitución de las comunidades de regantes entorno a estas masas de agua subterráneas y proponer los cambios normativos suficientes para clarificar aspectos como el que «expresamente se obligue a integrarse en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas a todos los titulares al uso de agua que capten el recurso, cualquiera que sea el título que ampare el derecho del uso de agua, y en tanto se trate de aprovechamientos de aguas públicas como privadas».

Asimismo, entiende que se ha regular su participación y representación en los órganos de gobierno, administración y cooperación previstos en la ley de agua.

Por último ha considerado que al objeto de clarificar las funciones específicas de las comunidades de aguas subterráneas «en riesgo» hay que modificar y ampliar determinados preceptos de la normativa de agua, debido a la naturaleza del recurso, el estado de la masa y las afecciones a los ecosistemas afectados.

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La Política Agrícola Común (PAC) debe tener más en cuenta las preocupaciones sobre el agua en los Estados miembros e integrar mejor los objetivos de las políticas sobre la gestión de ese recurso, según un informe presentado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE). En el caso de España, señala que el programa de gestión de esa cuenca incluía medidas para completar el registro de agua y la extracción ilegal, aunque el informe de sostenibilidad medioambiental para el programa de desarrollo rural en la zona «pasó por alto el problema de la extracción ilegal de agua subterránea». El programa de desarrollo rural tampoco contenía «ningún mecanismo para animar a los beneficiarios a cumplir con los procedimientos de autorización del agua».

En su informe, donde en España se centraron en la cuenca del Guadalquivir, detectaron que había problemas relacionados con el agua que no habían sido identificados de manera general, indicaron que de acuerdo con las listas de control empleadas por los inspectores en Grecia y España, «el verdadero volumen de agua extraída en la actualidad no se esta comprobando con los permisos».

Una aplicacion «floja» de medidas de desarrollo rural en materia de agua

Como ejemplo de una aplicación «floja» de medidas de desarrollo rural, señalan que una auditoría del Tribunal en España descubrió que se había aprobado un proyecto relacionado con el desarrollo de agricultura y silvicultura a pesar de que los derechos de agua concedidos al beneficiario eran «insuficientes para que fuera económicamente viable».

En opinión de los auditores, este caso muestra que las comprobaciones para aprobar un proyecto «no fueron eficaces», dado que el beneficiario acabó consumiendo «significativamente más agua de la que tenía derecho, vulnerando así dos criterios de elegibilidad para este tipo de proyectos».

Cardiff instó a los Estados miembros a «esforzarse más por adaptar sus programas de desarrollo rural y sus acciones para proteger sus recursos hídricos», a la vez que pidió «solventar los retrasos» en la aplicación de la directiva marco del agua».

El Tribunal de Cuentas recomendó a Bruselas proponer cambios «que permitan alcanzar las metas más ambiciosas» y, a los países, «utilizar mejor la financiación» del desarrollo rural y mejorar la calidad de los planes hidrográficos.

Hay mejoras, pero se debe trabajar mejor en su integración en la PAC

El estudio de los auditores comunitarios revela que sólo se ha conseguido «parcialmente» la integración de la política del agua en la PAC, dado que los instrumentos para incorporar los problemas relacionados con el agua han sido «insuficientes» y que la directiva marco del agua se ha aplicado con «retrasos y deficiencias».

«Aunque se han realizado progresos, es necesario que la Comisión Europea y los Estados miembros integren mejor las preocupaciones de la política del agua en la PAC para garantizar una utilización de agua sostenible a largo plazo», indicó en un comunicado el responsable del informe, Kevin Cardiff, miembro del Tribunal.

Recordó que la agricultura es en Europa uno de los principales usuarios de agua (emplea alrededor de un tercio del consumo total) y constituye una «fuente de presión en los recursos hídricos», a través por ejemplo de la contaminación de los mismos por nutrientes.

Los auditores examinaron si las políticas europeas del agua están reflejadas adecuadamente en la PAC, que representa cerca del 40% del presupuesto de la UE (más de 50.000 millones de euros en 2014).

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El campo empieza a tener sed, según los agricultores y los ganaderos. «La situación es alarmante desde hace veinte días. Estamos en el mes crucial para que caiga agua y no cae. ¡Hay que regar, necesitamos regar!; si no, será la ruina de Castilla-La Mancha, un caos y una tragedia para la economía de la región. Los cereales no van a nacer, el girasol no se va a poder sembrar, la uva se va a secar, en la ganadería no habrá dinero suficiente para comprar pastos para mantenerla, los ajos no van a nacer,… ¿sigo?». Las palabras del secretario general de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja), José María Fresneda, no son nada halagüeñas sobre el futuro de la agricultura y de la ganadería de la región, si la lluvia no cae en los próximos días, algo improbable que ocurra, según las previsiones meteorológicas.

«En provincias que tienen que sembrar girasol, como en Guadalajara y Cuenca, no se deciden porque está seco todo. Y empieza a haber conflictos y muchos nervios entre los agricultores», asegura Fresneda, que eleva el tono de voz cuando se le pregunta por soluciones. «Me sienta mal tener que estar diciendo siempre lo mismo. Si aquí tenemos sequía y tenemos agua, por qué tenemos que pagar las consecuencias de no tener hechas las infraestructuras y por respetar normas de hace más de un siglo. ¡No puede ser, no puede ser!», se lamenta.

Sin embargo, desde la Consejería de Agricultura se afirma que «no es una sequía generalizada, sino que depende de zonas».

Aumento de costes

La falta de lluvias y las elevadas temperaturas, con máximas por encima de 30 grados, están afectando notablemente a las cosechas de cereales, leguminosas y oleaginosas de toda la región, según Asaja y UPA. En el caso del regadío, la falta de lluvias motiva mayores riegos, lo que origina un aumento de los costes de producción.

La sequía también está dañando al sector ganadero, ya que la falta de pastos en el campo está provocando que se empiece a alimentar a los ganados con materias primas de fuera de la explotación, lo que provoca un aumento de los costes de producción.

En Albacete, los lugareños cuentan que no han visto una falta de lluvias así en los últimos 20 años, lo que podría suponer entre un 65 y un 70% menos de cosecha que un año normal. Centro, Almansa, Sierra del Segura, Hellín y La Manchuela son las zonas más afectadas, aunque los daños también se han dejado notar en las plantas del Jardín Botánico de Albacete.

En Ciudad Real, las estimaciones de los agricultores sitúan una merma de la cosecha de entre un 15 y un 30%, según las zonas perjudicadas: La Mancha, Campo de Montiel, Campo de Calatrava y Valle de Alcudia.

No por el hecho de estar más al norte, Cuenca se libra de los efectos de la escasez de lluvias. La Alcarria está bastante afectada, principalmente la nascencia del cultivo, mientras que en el resto de la provincia, si no llueve en los próximos días, la cosecha se situará entre un 50 y un 60% menos.

Viejos recuerdos

En Guadalajara no dejan de mirar al cielo, ya que si llueve en quince días -algo improbable-, se salvará la cosecha, aunque ahora las siembras más tardías son las más preocupantes.

Y en el caso de Toledo, el panorama es muy negro en casi todo su territorio, según Asaja. «Si no llueve en seis días, habrá una reducción del 90 por ciento en algunas zonas», afirman. «El barbecho no está mal, está fresco, y en el caso de que llueva en los próximos días puede salir adelante», explican.

«Si durante las próximas semanas no llueve, los daños por esta sequía en el sector agrícola y ganadero serán catastróficos y similares, o incluso superiores, a la sequía que padecimos a mediados de los 90 en nuestra región y que en algunos sectores, como el vitícola, supuso el arranque de miles de hectáreas por esta problemática», avisa Ramón Sáez, de UPA.

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La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha indicado que cultivos de cereal y frutales en zonas localizadas de Albacete sufren ya síntomas «irreversibles» por la sequía, que se traducirán en pérdidas de producción de entre el 20 y el 30%. Pero si no llueve, añade la consejera, el problema se extenderá a otras provincias, principalmente Ciudad Real. Así lo ha explicado la consejera a preguntas de los periodistas antes de participar en el primer Consejo Consultivo de Agricultura (reunión preparatoria del próximo encuentro de ministros europeos del ramo, previsto para la semana próxima) que preside la nueva ministra del ramo, Isabel García Tejerina.

Desde la Consejería se realiza un seguimiento de la situación con los técnicos de su departamento y Soriano ha puntualizado que, si lloviese, todavía se podrían reducir los problemas derivados de la sequía.

Pero si las precipitaciones no llegan, ha concluido la consejera manchega, podrían producirse «pérdidas importantes» en cereal y leguminosas.

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Europa Press

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes a la última ley impulsada por Miguel Arias Cañete como ministro del ramo, antes de su presentación a las elecciones europeas de este mes de mayo, la Ley de Responsabilidad Ambiental.

Esta normativa ha contado con el apoyo de PP y de CiU; el voto en contra del PSOE, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y de UPyD; y la abstención del PNV. Se ha aprobado con competencia legislativa plena en la citada comisión parlamentaria, de forma que la reforma legislativa se envía directamente al Senado.

El diputado del PP Teodoro García, ha destacado que con esta normativa, y por primera vez, se va a exigir por ejemplo que una mina en Andalucía que se va a reabrir (en referencia a Aznalcóllar, donde se produjo un desastre ecológico en 1998) va a tener que suscribirse a un seguro de responsabilidad medioambiental, que antes no era obligatorio. «Esta ley es un paso importante par ala protección del patrimonio medioambiental», ha sentenciado.

Objetivos de la ley

Esta normativa tiene por objetivo aclarar la regulación de las desaladoras, reforzar los aspectos preventivos y ampliar la protección del medio ambiente marino, así como simplificar y agilizar al procedimiento de constitución de garantías financiera obligatoria y mejorar las normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental.

Así, en las reuniones previas y a puerta cerrada entre los parlamentarios se incluyeron cinco enmiendas parciales, del total de 40 que se presentaron al texto presentado por el Gobierno.

Se trata de una norma que consta de 49 artículos, agrupados en seis capítulos, y de una parte final integrada por catorce disposiciones adicionales, una transitoria y seis finales, así como de seis anexos. En concreto, se han incorporado al texto del Gobierno las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular, dos del PNV y una de CiU.

Enmiendas del PP incorporadas

En la tramitación parlamentaria se han incorporado las dos enmiendas del PP al texto del Ejecutivo, en las que los ‘populares’ han aprovechado para solicitar una modificación de la Ley de Calidad del Aire, de cara a «aclarar» la actual regulación de las evaluaciones ambientales que se aplican a las desaladoras, mediante la adición de una disposición final a la Ley de forma que se modifique la Ley de Calidad del Aire y de Protección a la atmósfera.

Concretamente, se pretende «aclarar» el régimen aplicable a las medidas ambientales de evaluación y autorización que deben aplicarse a las instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de depuración de aguas residuales, instalaciones desaladoras y desalinizadoras.

«En el caso de que las mismas estén sujetas a evaluación ambiental o sometidas a autorización ambiental integrada, no les será de aplicación el régimen previsto en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas», agrega la enmienda del PP que ha sido aprobada.

Cambiar la ley del Plan Hidrológico Nacional

En la segunda enmienda que ha presentado el PP a este proyecto de ley, y que ha sido incluida en el texto del Gobierno, los ‘populares’ proponen una modificación de la Ley de 2001 del Plan Hidrológico Nacional, para que una disposición final segunda contemple las nuevas actuaciones de interés general que se han realizado en la Demarcación del Duero, del Guadalquivir, así como en el Ebro.

Según justifica el PP, todas estas obras están incluidas en el Plan Nacional de calidad de las Aguas 2008-2015, que tiene por objetivo el cumplimiento de la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y contribuir a alcanzar el objetivo que la directiva del agua exige para 2015.

«Se entiende por procedente y oportuna la declaración como obras de interés general citadas al objeto de reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España S.A y de los órganos que deben autorizar y aprobar los proyectos y habilitar, conforme a derecho, las prerrogativas administrativas que la ley atribuye a las obras hidráulicas de interés general», subraya el PP.

Obras públicas de interés general

Asimismo, durante esta reunión parlamentaria se ha decidido incorporar al texto del Gobierno dos enmiendas del PNV. En la primera de ellas la formación ‘jeltzale’ ha propuesto modificar los aspectos relativos a la competencia del Estado en cuanto a las obras públicas de interés general, atendiendo a las normativas autonómicas sobre la materia.

A su juicio, sería inconstitucional que la Administración General del Estado, cuando se trate de obras públicas de interés general de su competencial, sea la competente para ejercer la acción de responsabilidad ambiental, sin respeto de las competencias de aquellas comunidades autónomas con competencias de aquellas comunidades autónomas con competencias de desarrollo legislativo y ejecución en la materia de medio ambiente correspondientes al territorio donde se radica la obra.

«Resulta obvio que el daño que pudiera producirse con origen en la sobras de interés general de competencia estatal, de abordarse en territorio autonómico, afectarían sin duda, a intereses de la comunidad autónoma respectiva, como pueden serlo, en palabras del propio Consejo de Estado, la tutela de un concreto ecosistema», agrega.

Junto con CiU, han propuesto, y se ha aceptado, que se incluya la previsión de que cada comunidad autónoma al territorio donde se radica la obra objeto del expediente de responsabilidad informará, con carácter vinculante, las medidas de prevención, evitación y reparación respeto de las especies y hábitats protegidos.

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Las producciones de regadío aportan el 55 por ciento del producto final agrario (PAF) de España con el 16 por ciento de la superficie labrada, según ha destacado hoy la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Begoña Nieto.

Nieto ha pronunciado la conferencia inaugural del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España, bajo el título ‘Desarrollo Rural y Regadío: retos y oportunidades en el período 2014-2020’.

Ha asegurado que sin el regadío «no existiría el sector agroalimentario de España» y ha apostado por superar «con el consenso de sector y administraciones los retos sociales, económicos y medioambientales que tiene el sector».

Ha resaltado que «una hectárea de regadío produce hasta seis veces más que una de secano generando una renta cuatro veces superior», al tiempo que «mantiene y diversifica las rentas al permitir una mayor rotación de los cultivos, previene la erosión y la desertización y sirve de soporte a la agroindustria».

En España hay entre 3,4 y 3,5 millones de hectáreas en regadíos que utilizan en torno a un 68 por ciento del agua disponible, ha indicado.

Se ha referido también a su capacidad para crear empleo directo, triplicando al que genera el secano, y de mayor cualificación gracias al uso de las nuevas tecnologías.

Nieto ha abundado también en los retos a los que ha de hacer frente el regadío español incidiendo en la necesidad de «eliminar dudas sobre las beneficios sociales de los que están en modernización» así como la necesidad de innovar y de «buscar soluciones inteligentes e imaginativas».

Tras destacar la importancia de la colaboración entre el sector y las administraciones, ha apuntado la importancia de lograr generar mayor valor añadido, superar las dificultades de financiación y hacer frente al incremento del coste de la energía.

Por lo que respecta a los retos medioambientales ha señalado el minimizar la presión sobre las masas de agua por extracción y contaminación difusa, minimizar el consumo de la energía, ganar credibilidad y mejorar la imagen ambiental del regadío.

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La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, calificó ayer de «clara y manifiesta» la voluntad del Gobierno central, concretamente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para encontrar una solución al problema derivado de la supresión de la tarifa especial para regantes establecida en 2008.

En su primer acto oficial tras su nombramiento, la inauguración en Huelva del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España, García Tejerina destacó que «el regadío es una prioridad porque el agua es fundamental para el desarrollo del medio rural».

Por ello, mostró su deseo de que este congreso sirva para tratar de hallar una fórmula que permita a los regadíos contar con un contrato de suministro adaptado a su tipo específico de consumo.

En declaraciones recogidas por europapress.es, la ministra aseguró que el Ministerio es «plenamente consciente» de este problema y asegura «estar trabajando» con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo «para atenuar el alza de los costes de la energía en el regadío, porque es un sector vital para la economía española».

Centrales de compra

Mientras tanto, García Tejerina considera «fundamental» que los regantes prosigan con la constitución de centrales de compra que permitan generar un ahorro muy sustancial de la factura anual.

Por otro lado, según indicó, el Ministerio ha tenido que superar, al menos, «dos grandes desafíos» en su labor de apoyo al sector del regadío como son el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea (UE) en materia del agua y la disponibilidad de fondos necesarios para desarrollar un regadío más moderno en España.

Así, para cumplir con estos compromisos, el Ejecutivo central «ha tenido que realizar un esfuerzo titánico» para poder cerrar la primera fase de planificación hidrológica atendiendo diferentes demandas y jugando con la protección del entorno. A su vez, remarcó que, al inicio de la legislatura, los 25 planes hidrológicos de cuencas, que «tenían que haber estado aprobados en 2009, estaban todos por hacer, y en estos dos años se han aprobado 17».

Del mismo modo, destacó la nueva titular de Agricultura y Ganadería el trabajo en el segundo ciclo de planificación para que en diciembre de 2015 se puedan disponer de todos estos planes. Por ello, insistió en que «sin este trabajo para recuperar los ocho años de tiempo perdido, no hubiéramos podido cumplir nuestros compromisos y hubiéramos tenido una sanción de 100 millones de euros por parte de la Unión Europea, que hubiera tenido que pagar el conjunto de la sociedad española», indicando además que «no hubiera sido posible utilizar fondos comunitarios porque la UE nos evalúa». Precisamente, recalcó Isabel García Tejerina, «el segundo desafío del Gobierno ha sido disponer de los fondos necesarios para contar con un regadío todavía más competitivo y moderno».

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MAGRAMA MAGRAMA

La reserva hidráulica española está al 83,3% de su capacidad total. Actualmente hay 46.108 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una disminución de -223 hm3 (el -0,4%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -56 hm³ en Miño-Sil y 3 hm³ en Cuencas de Cataluña.

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico se encuentra al 83,1%

Miño-Sil al 82,9%,

Galicia Costa al 85,7%

Cuencas internas del País Vasco al 90,5%

Duero al 91,7%

Tajo al 74,7%

Guadiana al 91,3%

Cuenca Atlántica Andaluza al 86,8%

Guadalquivir al 91,2%

Cuenca Mediterránea Andaluza al 71,2%

Segura al 76,6%

Júcar al 54,5%

Ebro al 84,5%

Cuencas internas de Cataluña al 85,5%

Las precipitaciones han sido nulas en toda España. La máxima se ha producido en Santander con 6,1 mm (6,1 l/m2).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

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