ERC y CUP han rechazado este viernes el plan hidrológico del Ebro aprobado por el Consejo de Ministros, y han anunciado que participarán en las movilizaciones contra esta decisión del Gobierno central.

En un comunicado, el diputado de ERC en el Congreso Alfred Bosch ha reprochado al Ejecutivo central creerse que el río es suyo y que lo puede repartir con «criterios de cacique» y sin respetar al medio ambiente.

«Hace tiempo que decidieron que a los catalanes ni agua y hoy han demostrado que lo piensan cumplir al pie de la letra», ha sentenciado Bosch, que ha asegurado que el lema antitrasvase ‘Lo riu es vida’ –‘El río es vida’– es más vigente que nunca.

En un comunicado, la CUP ha dicho que el plan pone en riesgo un bien común como el agua: «Nos oponemos una vez más al totalitarismo y absolutismo del Gobierno de España que menosprecia la propuesta de caudales científicos».

Los independentistas consideran que la reforma está al servicio de los intereses económicos «de grandes empresas constructoras y especuladores del agua», por lo que se sumarán a las movilizaciones de la Plataforma en Defensa del Ebro.

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Los regantes de La Ribera no aceptarán un cambio del trasvase del río Júcar al Vinalopó. Y los principales partidos de la oposición al PP en la Comunidad Valenciana, tampoco. “No vamos a consentirlo: somos solidarios pero no tontos”. Así de tajante se ha mostrado José Pascual Fortea, presidente de la Comunitat de Regants de Sueca y portavoz de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) en el acto simbólico de apertura de compuertas para la temporada de riego de la capital de la Ribera Baixa. Este año no hubo representación institucional del Consell. “No están aquí porque la Comunitat de Regants de Sueca no les ha invitado”, explicó Fortea. Del Partido Popular (PP) tan solo asistió María Ángeles Ureña, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y José Segarra, director-conservador del parque natural de L’Albufera, ambos naturales de Sueca.

   Fortea ha lanzado durante el acto un mensaje claro a los Gobiernos autonómico y estatal de rechazo a la pretensión de los agricultores del Vinalopó de cambiar la toma de agua construida para el trasvase en el tramo final del Júcar. El presidente de los regantes de Sueca se ha mostrado crítico con la política en materia de aguas del PP y ha pedido el apoyo de los partidos de la oposición a los planteamientos de los usuarios del Júcar, zsegún recoge Josep Blay en www.elpais.com.

   “Creo que no existe un ejemplo de solidaridad más grande que el nuestro”, ha expresado para poner como ejemplo el Canal Júcar-Turia, por el que se abastece a Valencia y Sagunto, así como el actual transvase al Vinalopó, pendiente de entrar en funcionamiento. “Saben en Alicante que no va a haber problema de suministro urbano en casos de sequía extrema, como ya se ha hecho, incluso a Benidorm, a través de los Canales del Taibilla”, ha recordado Fortea.

   Durante los discursos, Pedro Arrojo, tras afirmar que “los regantes de este país han hecho muy bien sus deberes, trabajando de manera sostenible y siendo respetuosos con el medio ambiente”, ha llamado a la unidad de todos. Y ha alentado a trabajar contra una posible privatización del agua y de los ríos “por encima de las ideologías, por un Júcar vivo, L’Albufera y los caudales ecológicos”. Los representantes de los partidos se han pronunciado en términos parecidos.

    El turno de palabras lo ha cerrado Ureña, presidenta de la CHJ, quien ha asegurado que el proyecto del nuevo plan de cuenca del Júcar “mejorará con las alegaciones aportadas y, aunque nunca se puede contentar a todos, será un buen plan”.

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Con las reformas legales que introduce el PP en la Ley de Evaluación Ambiental emergen los perfiles de su nueva estrategia trasvasista, basada en la mercantilización de los derechos concesionales, lo que supondría de facto la privatización del agua.

En el 2008, el Ministerio de Medioambiente me encomendó coordinar un informe que valorara la aplicación durante la sequía 2004-2006 de las nuevas figuras de contratos de cesión y centros de intercambio. Ambas opciones habían sido introducidas por el Gobierno del Sr. Aznar, en su reforma de la Ley de Aguas, al considerar que «la experiencia de la intensísima sequía» de los noventa imponía la necesidad de buscar «soluciones alternativas» que permitieran «flexibilizar el sistema concesional». De esta forma, en ciclos de sequía, los llamados «contratos de cesión» permitirían negociar la compra-venta de derechos concesionales, de forma coyuntural y mientras durara la emergencia. Aunque esos contratos debían ser validados luego por la Administración, lo cierto es que, en plena emergencia, ese visto bueno se acabó dando sistemáticamente, sin evaluar las consecuencias sociales y ambientales de esas transferencias.

En nuestro informe oficial del 2008, nunca publicado, reseñamos los graves errores y abusos cometidos en la ejecución de los contratos de cesión firmados entre comunidades de regantes del Tajo y de Murcia (en concreto entre los Regantes del Canal de Estremeray el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura; y entre el Canal de Aves y la Mancomunidad de Canales del Taibilla), usando las infraestructuras del Trasvase Tajo-Segura. En dicho informe insistíamos en que, a la vista de estas experiencias, se podía «socavar el dominio público, reforzar tendencias de patrimonialización privada de las aguas y derivar en una degradación de los principios del sistema concesional y del interés general». Se destacaba, por otro lado, la ausencia de evaluación de impactos ambientales y de daños a terceros en la cuenca cedente. Y por último, se denunciaba la exención de pago por el uso de las infraestructuras del Trasvase Tajo-Segura (Real Decreto-Ley del 2006). Así, bajo el argumento de no encarecer la operación, cerrada en 0,20 euros / m3,se facilitó el trasvase de estos caudales, comprados por los regantes de Murcia a los del Tajo.

AQUEL informe oficial al Gobierno,no solo ha sido ignorado, sino que nuestros peores vaticinios de entonces se ven hoy confirmados en esa nueva estrategia trasvasista del Gobierno, que se puede resumir en cuatro puntos:

1- Levantar la excepcionalidad (en sequía) de esas transferencias para consagrar la mercantilización generalizada de los derechos concesionales.

2- Promover las infraestructuras de trasvase que permitan ejercer el libre mercado de esos derechos entre regantes y usuarios en general de unas y otras cuencas

3- Centralizar el visto bueno de esos trasvases en la Dirección General del Agua, sin pasar siquiera por el preceptivo debate en las Cortes.

4- Priorizar los caudales trasvasables sobre posibles usos en la cuenca cedente, limitando para ello desde Madrid,en caso de sequía, la disponibilidad máxima de caudales en dicha cuenca.

En la medida que no hay dinero, no se acometerá de momento obra alguna; pero se está avanzando de forma decidida en la arquitectura normativa y legal de esta estrategia trasvasista, basada en la comercialización de los derechos concesionales, que no es sino una forma encubierta, pero efectiva, de privatizar el agua. Desde Aragón, más allá de impugnar ante el Tribunal Constitucional el nuevo proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, deberíamos preguntarnos por el pretendido «interés general» de obras antieconómicas, como Biscarrués, o del temerario recrecimiento de Yesa, proyectos ambos justificados sobre la base de generar nuevos derechos concesionales en Bardenas y Monegros, que luego podrán venderse a otros regantes o especuladores a lo largo del litoral mediterráneo -En Murcia ya se habla de conversaciones con regantes de la cuenca del Ebro, que prometen producir negocios tan interesantes como los firmados con los regantes del Tajo-

El 21 de marzo (viernes), víspera del Día Mundial del Agua, la Red Agua Pública de Aragón (RAPA), convoca una manifestación en forma de Río contra la Privatización del Agua. Más allá de privatizarse los servicios de agua y saneamiento, está en marcha la privatización de los ríos-

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Las Cortes de Aragón van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental por considerar que permite llevar a cabo un trasvase del río Ebro. Los cinco Grupos Parlamentarios han votado a favor de esta iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA) y la Mesa y Junta de Portavoces en la sesión extraordinaria del Pleno parlamentario. El recurso se interpone contra la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta. Por su parte, El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley, «ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional» y niega que se abra la puerta a más trasvases.

    El pleno de las Cortes aprobaronel recurso al entender que abre la puerta a los trasvases. Hubo un acuerdo unánime entre todos los grupos, lo que no evitó quelos partidos se enzarzasen en el ya tradicional debate en torno a las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar agua del río Ebro a Levante.

   Los silencios del presidente del Ejecutivo central convierten el trasvase en un enemigo invisible que está siempre a punto de llegar. Su sombra se llama ahora Ley de Evaluación Ambiental. Así se puso de manifiesto en el hemiciclo. Un contundente informe de los servicios jurídicos del Parlamento estimó que la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta son anticonstitucionales y atentan contra las competencias de Aragón.

     Durante el pleno, se aseguró que el debate hidráulico surgido a tenor de la Ley de Evaluación Ambiental terminará «abriendo en canal» al Parlamento, donde se exigió a los populares que resuelvan los problemas que generan la opiniones de los presidentes de Levante: Alberto Fabra –de la Comunidad Valenciana– y Ramón Luis Valcárcel –de Murcia–, o las de la de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Antonio Torres (PP) insistió una vez más en la posición que mantiene su partido, contraria al trasvase y que por eso votaban a favor del recurso… a excepción de Luisa Fernanda Rudi.

Negativa del Magrama

    La respuesta del Ministerio no ha tardado en llegar y ha ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental, ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, según afirma en una nota.

    El Ministerio explica que las disposiciones en materia de aguas previstas en la nueva Ley de Evaluación Ambiental que se pretende impugnar desde la Comunidad Autónoma de Aragón han sido elaboradas conforme al procedimiento legalmente establecido. Contrariamente a lo defendido en el informe de las Cortes de Aragón, «no existe ni en la Constitución, ni en las normas del bloque de la constitucionalidad, una regla según la cual el monopolio de la iniciativa de la planificación hidrológica corresponda únicamente al Gobierno», asegura.

    En consecuencia, afirma que «no hay inconveniente constitucional para que tales cambios puedan ser introducidos en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda, como se hizo en este caso».

Ni se vulnera el Estatuto ni se abre la puerta a nuevos trasvases

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aclara también que, en ningún caso, se ha vulnerado el Estatuto de Autonomía de Aragón, ya que éste no resulta de aplicación a las disposiciones legales que se pretenden recurrir.

    Tampoco se produce vulneración alguna del principio de reserva de ley, recogido en el artículo 132 de la Constitución, como argumenta el informe de las Cortes de Aragón, «porque este principio no implica que cualquier aspecto que afecte de una u otra forma a los bienes de dominio público deban estar recogidos en una norma con rango legal; sino que el régimen jurídico de los bienes de dominio público se regule en una disposición con rango legal. Lo que no impide que ciertos aspectos puedan desarrollarse por normas reglamentarias, sobre todo cuando se trata de cuestiones técnicas como las que prevén en las disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura en la Ley de Evaluación Ambiental».

    Por otro lado, el MAGRAMA subraya que carecen de fundamento las interpretaciones de quienes pretenden vincular las disposiciones contenidas en la Ley con trasvases que no existen como el del Ebro. La norma recoge el acuerdo histórico con 5 Comunidades Autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) sobre el trasvase Tajo-Segura, el más importante del país.

    En definitiva, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera «totalmente infundadas» las afirmaciones de quienes pretenden atacar la constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental mediante una interpretación de las previsiones en materia de trasvases que esta norma no contempla.

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D. M./J. L. F. / alicante

Día 28/02/2014

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Aragón ha reabierto con carácter «preventivo» la guerra del agua en torno al Ebro, que parecía –al menos de momento– superada. A pesar de que la Comunidad nunca ha renunciado expresamente a reclamar el trasvase derogado por el PSOE en 2004, esta reivindicación había quedado aparcada hasta que se aprobasen los planes de cuenca (el del Júcar acaba de terminar su periodo de exposición pública) y se iniciase la negociación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

Pese a todo, el pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad, a propuesta de la Chunta Aragonesista (CHA), recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de evaluación a mbiental –precisamente, la que «blindaba» el trasavase Tajo-Segura tras el aumento de la reserva mínima en los embalses de cabecera–, al considerar que abre la puerta al trasvase del Ebro. El recurso se presentará contra varias disposiciones de la ley, en base a un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que los portavoces de los grupos consideraron «contundente» e «incontestable».

Incluso el PP aragonés, que gobierna con apoyo del PAR, consideró que a la vista del citado informe su única opción era votar a favor de presentar dicho recurso. Ello a pesar de que su portavoz señaló que la ley ambiental «no abre puertas» al trasvase y admitió que regula únicamente el del Tajo-Segura. Tanto la CHA como el PSOEe IU, en cambio, consideraron lo contrario, y acusaron al PP de querer retomar el trasvase del Ebro. El efecto colateral que podría tener el recurso al Constitucional, sin embargo, sería el de anular una norma que ha garantizado la continuidad del Tajo-Segura y que precisó del consenso de cinco autonomías y el Gobierno central.

El agua también estuvo ayer de actualidad en Alicante, puesto que Asaja aprovechó la presencia del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en una reunión con los empresarios de Coepa para reivindicar que se complete la obra de túneles y el trasvase Júcar-Vinalopó se materialice en la toma original de Cortes de Pallás. «Es una inversión pequeña y es de justicia, porque en el Azud de la Marquesa no hay agua, eso es porquería», indicó su presidente, Eladio Aniorte.

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Más de un centenar de agricultores han cortado este miércoles el tráfico de la Avenida de España  en la ciudad de Albacete  para protestar contra la subida de la luz. Lo hacían convocados por las asociaciones agrarias ASAJA y UPA , y por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, y movidos por el hartazgo a la constante subida de sus costes de producción. Esta vez la protesta se centralizaba en la subida de la luz o el “tarifazo” que los deja con menos márgenes de beneficio de los que por sí tienen.

Quieren tarifas adaptadas al consumo de los agricultores con las que paguen sólo por lo que consumen porque, dicen, ellos tienen que pagar una cuota de potencia todo el año, la utilicen o no. “Esto nos lleva a que al agricultor le sale más caro cuanto menos riega porque tiene que pagar siempre”, explicaba el  presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte.

Desde que se liberaliza el mercado la cuota de potencia ha aumentado en un 1500% tal y como ha asegura Belmotne quien además añadía: “ahora un agricultor está pagando más del doble, bastante más del doble que pagaba hace seis años”.

Esta concentración de Albacete se repetía simultáneamente en otros puntos del país reflejando el malestar del campo. “Mientras estamos tirando del país los ganaderos y agricultores cada día estamos peor. El sector agrario ya no puede más, los productos están a la baja”, enumera el secretario regional de UPA, Julián Morcillo. El 66% de la factura de la luz las controla el gobierno, viene de impuestos y de peaje.

Eso deja un panorama desolador, hay explotaciones agrícolas enteras que de hacer cuentas no seguirían adelante.

Tras la concentración han subido a darle al subdelegado del gobierno todas sus reivindicaciones donde además le detallaban cual es la situación actual del campo. Dicen que al precio al que se venden los cultivos de regadío no dan para pagar la luz y que esto llevará a que muchos agricultores se van a tener que plantear si sigue sembrando y qué cultiva.

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Regantes de Albacete y Toledo se han manifestado ante las respectivas sedes de la Delegación del Gobierno para protestar por el alto coste de la energía y exigir un escenario tarifario «más justo y competitivo» que no les «cobre por lo que no consumen».

La jornada de protesta se ha realizado en toda España convocados la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) que ha denunciado que los costes fijos del recibo eléctrico, que se pagan durante todo el año y no sólo en la campaña de riego, se han incremento en un 1.000 % en sólo seis años y ahora aumentarán de nuevo al haber decidido el Gobierno incrementar la parte fija de la factura. Los costes energéticos para el regadío, según Fenacore, superan en más de un 30% la media europea.

El Director de la Comunidad de Regantes del Canal del Bajo Alberche, Tomás Fernández, informa que desde 2008 hasta la actualidad el coste eléctrico ha aumentado un 72 por ciento y que en los últimos diez años se ha pasado a pagar, por una media de 30 o 40 hectáreas, de 6.000 a 15.000 ó 18.000 euros durante la campaña, es decir 4 o 5 meses, lo que estaría llevando al cierre de explotaciones mientras otras se plantean dejar de regar la próxima campaña.

Por ello, para Hernández la reivindicación «más importante» se centra en facturar por la potencia real registrada y no por la potencia teórica contratada para evitar pagar todo el año aunque no se riegue. «Tenemos que pagar por los meses que regamos y se nos está gravando todo el año. Protestamos para pagar porque lo que realmente se consume», afirmó.

También reclaman aplicar un IVA reducido a las comunidades de regantes, como se hace por ejemplo en Italia, ya que en el caso de España «se paga un 21 por ciento sobre una base que no consumimos”.

Además, se solicita aplicar contratos de temporada con distintas condiciones de suministro para un mismo punto de consumo sin penalizaciones, así como adaptar la norma para que en un único contrato de suministro los consumidores puedan hacer dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses.

Por último, piden fomentar la producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo con balance neto (es decir volcando a la red los excedentes) y que se les facture por la potencia real, no por la potencia teórica contratada, para evitar pagar todo el año aunque no se riegue.

El secretario general de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (ASAJA) de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha apoyado la movilización y manifestó su temor por el cierre de explotaciones, ya que los costes no compensan. Fresneda cree que «la culpa es del Gobierno de España que sube la luz y atenta contra los que generan riqueza, mientras se les llena la boca diciendo que estamos generando riqueza. Donde se genera riqueza allí va el Gobierno a ver qué pilla».

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