La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental niega la premisa mayor. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (PHCJ)cuyo período de alegaciones terminó el pasado día 7 ni es un plan, ni tampoco es del Júcar.
Este es el resumen que se puede hacer de las alegaciones presentadas por la Jcrmo ante la Confederación Hidrográfica, un extenso documento de 52 páginas de extensión, al que ha tenido acceso La Tribuna de Albacete.
El primer folio de los 52 mancionados lo deja bien claro, al desmenuzar una expresión que consta en el preámbulo del documento: «el contenido del presente plan se ajusta a los principios rectores de la gestión en materia de aguas, respetando la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico».
Pues bien, de acuerdo a las alegaciones de la Jcrmo, leído el borrador del PHCJ, éste no respeta «ninguno de los tres principios rectores enunciados» por causas «evidentes» a juicio de los térnicos de la Jcrmo.

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La publicación de un estudio de  la Universidad Politécnica de Valencia que alerta de la presencia de pesticidas en el agua del Júcar ha suscitado cierta controversia en la parte manchega de la cuenca. Pero no sobre el ‘qué’, sino sobre el ‘cómo’ y el ‘cuánto’.
Todas las fuentes consultadas, agricultores, investigadores y ecologistas han reconocido el hecho, que la corriente del río arrastra sustancias potencialmente perjudiciales e, incluso, algunas prohibidas por la actual legislación, como pueden ser los organoclorados o los arsenitos.
Pero donde difieren las valoraciones de estas mismas fuentes es en la dimensión del problema. Científicos y agricultores afirman que el fenómeno es una consecuencia de tiempos en los que se usaban cierta clase de productos en la agricultura sin control, algo hoy imposible.
Los ecologistas, por su parte, sostienen lo contrario. Que no solo se siguen usando estas sustancias a gran escala, sino que hay, además, un «mercado negro» de estas sustancias prohibidas, alentado y alimentado por la crisis.

persistencia. Al parecer, todo gira en torno a  un concepto denominado persistencia «que es uno de los motivos por los que estas sustancias se prohibieron, una vez que las usas y si, además, las usas en grandes cantidades, pueden pasar muchos años antes de que desaparecen del todo de un ecosistema».
Quien así habla es José Luis Moreno, investigador del CREA (Centro Regional de Estudios del Agua), un organismo con sede en Albacete y dependiente de la Universidad de Castilla-la Mancha, cuyo equipo realizó, hace seis años, un estudio similar sobre la presencia de esta clase de sustancias en el mismo río.
«Las proporciones que hay en el agua no son grandes, no suponen una amenaza inmediata para la salud -explica- pero es lógico que se controlen, especialmente en zonas donde su uso fue amplio antes de que  la UE se pusiera muy estricta con ellas, seguirá habiendo lecturas positivas durante mucho tiempo».
De hecho, Moreno señaló que, esta misma semana, tiene previsto realizar una toma de muestras  en unas de las mismas zonas en las que el equipo de investigadores de la Politécnica de Valencia cogió las suyas, el paraje de Cuasiermas, entre los términos municipales de Albacete y de Motilleja.
Los puntos en los que se tomaron las muestras de agua y se capturaron peces de distintas especies estaban en el curso del río, a su paso por Cuenca capital y también en la cabecera del río, concretamente en la localidad de Huélamo; el paraje de Cuasiermas, en la linde entre los municipios de Albacete y Motilleja; Jalance, en Valencia, y el Azud de Antella, en la comarca de la Ribera Alta, también en Valencia.
Por su parte, desde Asaja, José Pérez Cuenca no solo se adhería a la misma tesis que el CREA, sino que señalaba que, en los últimos años, el uso de pesticidas, fitosanitarios y abonos artificiales, sustancias potencialmente contaminantes para las aguas subterráneas y superficiales, ha decrecido de forma considerable en esta parte de Castilla-La Mancha. «Han bajado, y mucho, por una razón sencilla, y es la propia crisis -destacó- porque el precio de esta clase de sustancias ha subido tanto, o más, que el precio de la energía, aquellas dosis masivas que se usaron en el pasado hoy serían antieconómicas, nadie se las podría permitir, a menos que se quiera arruinar de forma deliberada».
Además, desde que la Unión Europeaempezó en endurecer su uso, se han vuelto sustancias muy controladas, que solo pueden ser manipuladas y administradas por personal cualificado. «Su uso también está sometido a trazabilidad -puntualizó- de forma que el agricultor debe  tener registros y guardar facturas que demuestren la naturaleza y la procedencia de estas sustancias para justificarlo todo si la Administración se lo requiere».

picaresca. Pero, según Ecologistas en Acción, aquí también aparecen la picaresca  y la economía sumergida. Y por ahí, afirma Cipriano Escribano, integrante de la organización conservacionista, es por donde se ‘cuelan’ al río las sustancias prohibidas. «Aquí hay un auténtico mercado negro de pesticidas ilegales -afirma- cuyo uso no ha hecho más que crecer con la crisis e, incluso, si solo nos fijamos en los pesticidas legales, su uso ha crecido en La Mancha, sobre todo a raíz de la plantación de grandes superficies de vid al amparo de la reconversión y reestructuración del viñedo, así que los resultados del estudio de la UPV no nos han sorprendido en absoluto».
Escribano recordó que, en 2008, en Valencia, ya hubo una gran controversia, entre el estamento científico y  la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre este mismo asunto que, al final, quedó en nada porque hay grandes intereses creados detrás.
«Una parte muy importante de la industria química de este país produce herbicidas, fitosanitarios, pesticidas -recordó el ecologistas- de forma que  hay un auténtico lobby al que no le interesa que esto se toque mucho, pero aunque estos productos se dejasen de usar de golpe, hay un efecto a largo plazo que no se puede pasar por alto, esto es una bomba de relojería».

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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, busca soluciones frente a la paralización de las plantas de purines por la reforma eléctrica del Gobierno y «presiona» para conseguir unas tarifas eléctricas diferenciales para los regantes. Así lo ha defendido el Arias Cañete en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a preguntas de los parlamentarios. Sobre el problemas de las tarifas eléctricas -los regantes denuncian que su alto coste hace insostenible la actividad agraria-, ha planteado que la agricultura debería beneficiarse de una cuota de potencia distinta a la de otros sectores económicos.

   Ha recordado que algunas industrias necesitan una cuota de potencia constante todo el tiempo, pero, en cambio, «es razonable» que los regantes tengan una diferenciación para atender sus necesidades específicas de consumo, como cuando bombean el agua.

Reconoce que "presionaremos" para lograr contratos específicos

    En este sentido, ha reconocido la «enorme preocupación» por el coste energético denunciado por el sector agrícola, pero ha puntualizado que el Ministerio «está sensibilizado» sobre la problemática y «presionamos» para lograr unos contratos específicos.

     También se ha referido a la situación creada por la paralización de la actividad de las plantas de tratamiento de purín ante la previsible aprobación del nuevo sistema retributivo de energía del Ejecutivo, que recortará las ayudas a renovables, cogeneración y tratamiento de purines, según los temores expresados por dichos sectores.

Este aspecto ha sido planteado por CiU, preocupada por el futuro de esta actividad tan vinculada a Cataluña. Arias Cañete ha detallado que la semana pasada tuvo una reunión con los agentes económicos involucrados con este sector para analizar la situación real y sus costes de producción, así como las posibilidades de actuación.

    «Consideramos a estas plantas como plantas generadoras de energía», deben buscarse soluciones y alternativas para evitar cualquier impacto ambiental derivada de esta actividad, ha remarcado. «Somos muy sensibles» a este tema, por lo que analizan posibles soluciones con el Ministerio de Industria y Energía, ha recalcado Arias Cañete.

    «Hoy no tengo la solución, pero les garantizo que está en las prioridades que tengo sobre la mesa», ha precisado.

Sobre su elección como candidato europeo: ni sí, ni no

     Así lo ha afirmado tras una comparecencia en la Comisión de Agricultura, en la que algún diputado le llegó a felicitar en caso de que decidiera cambiar de destino profesional y que culminó con una sesión de fotos con miembros de su partido.

     A preguntas de la prensa sobre si estas fotos sonaban a despedida cariñosa, Arias Cañete ha insistido en que «no me he despedido; me hago fotos con mis compañeros de partido, que han sido muy amables y han estado toda la comparecencia conmigo».

    «No tengo ningún dato que avale que yo me vaya a ir», ha zanjado el ministro, tras reconocer que no suele hacerse fotos con sus compañeros de partido: «Solo cuando salen bien» las cosas.

    A raíz de una valoración en su intervención que podría sonar a despedida, el ministro ha aclarado: «No, no, no. También he dicho que tenía dos años de trabajo para hacer la internacionalización del sector agrario español y que me iba a dedicar dos años a abrir mercados».

    «Así que mi intervención es de continuidad en estos momentos», ha resaltado.

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«No tengo ningún dato que avale que me vaya a ir», ha asegurado el ministro en referencia a las quinielas que lo sitúan como posible cabeza de lista del PP a los próximos comicios europeos.

Las organizaciones agrarias COAG y UPA creen que, «como mínimo, todos» los agricultores perderán un 13% de las ayudas del pago básico y del «greening», en comparación con la aportación única del sistema anterior de la Política Agraria Común (PAC). En un comunicado, ambas Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han considerado que la reforma de la PAC tiene como consecuencia que salgan perjudicados los profesionales de la agricultura en general. Se han pronunciado «radicalmente en contra» de la decisión de excluir a los sectores de frutas y hortalizas y viñedo, «señas de identidad de nuestra agricultura». A su juicio, en la elección de los años de referencia «se ha dado oportunidad a la especulación, pudiendo beneficiarse determinados perceptores de ayudas».

    En su nota, LA ALIANZA UPA-COAG muestra sus «más que razonables dudas sobre si el proceso de negociación nacional de la PAC entre Gobierno y Comunidades Autónomas se ha diseñado para beneficiar a determinados propietarios de tierras».

    Por eso, señala que el «l hermetismo sobre temas como las regiones con diferentes cuantías de ayuda, el año de referencia o el valor medio de los importes nos hace temer lo peor, y que por lo tanto se esté encubriendo un proceso de posicionamiento de determinados propietarios para beneficiarse del nuevo sistema».

    Incluso han dejado entrever que «el diseño del proceso de la negociación puede estar beneficiando a determinados propietarios de tierras que podrían llevar meses contando con información privilegiada y realizando movimientos para resultar beneficiados».

La definición de agricultor activo permite a muchos adaptarse a tiempo

   De hecho, LA ALIANZA UPA-COAG desde el inicio ha tachado como muy negativa la reforma de la PAC anunciada días atrás, por muchos y variados temas, y ese es el motivo de la manifestación que tendrá lugar el próximo 25 de febrero en Valladolid.

   Así afirman que aparte del riesgo que corren los fondos de desarrollo rural por falta de capacidad económica para cofinanciarlos," los agricultores perderán un 13% de las ayudas del pago básico más el pago greening, en comparación con el pago único del sistema anterior".

   Además la decisión de basar la decisión de la reforma de la PAC en el mantenimiento de las ayudas actuales "tiene como consecuencia que salgan perjudicados los profesionales de la agricultura y ganadería, así como los agricultores jóvenes y determinados sectores productivos muy dinámicos en nuestro modelo de agricultura y ganadería".

   De igual forma, LA ALIANZA UPA-COAG recuerda que en la elección de los años de referencia se ha dado oportunidad a la especulación, pudiendo beneficiarse determinados perceptores de ayudas que poco tienen que ver con la agricultura productiva.

     Los cálculos realizados por esta organización es que 70.000 perceptores de ayudas saldrían del sistema por la aplicación de la definición del agricultor en activo a nivel nacional, pero sin embargo "nuestra organización considera que la definición es tan laxa que está permitiendo que aquellos productores que pudieran verse afectados por la medida tomen decisiones para que eso no ocurra. Lo único que tendrían que hacer sería incrementar los ingresos por venta de productos necesarios para cumplir con el 20% del total de ingresos agrarios, y además, tienen 2 años para conseguirlo, hasta 2015".

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Los agricultores y ganaderos españoles conocerán «a finales de este semestre» y «con un detalle muy aproximado» las condiciones bajo las cuales podrán recibir sus subvenciones a partir de 2015, primer año de aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) a las ayudas directas. Así lo ha afirmado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien comparece en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para explicar los acuerdos para la aplicación de la PAC, el reparto de las partidas al desarrollo rural, distribución de los TAC’s y cuotas pesqueras o el protocolo entre la Unión Europea (UE) y Marruecos. Según ha explicado Arias Cañete, el Gobierno «está cumpliendo con el calendario» de la reforma de la PAC y que España «está yendo por delante de otros Estados Miembros. Desde la oposición no se mostró tanto optimismo.

    El ministro ha subrayado el “elevadísimo grado de consenso que hemos alcanzado con las Comunidades Autónomas en el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC)”. También ha destacado el “diálogo fluido” con el sector, cuyas propuestas se han incorporado al debate, de forma que algunas se recogen en el resultado final.

    Gracias a este consenso, el ministro ha recalcado que “se ha podido acordar un modelo de aplicación de la nueva PAC en España para que todos los sectores agrarios y ganaderos sigan siendo competitivos y realicen su actividad con unos niveles de apoyo similares a los anteriores”.

    Miguel Arias Cañete ha comparecido en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el Congreso de los Diputados, para detallar los acuerdos alcanzados por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebró los días 20 y 21 de enero pasados en el marco de la aplicación en España de la Reforma de la PAC, así como de otras cuestiones relativas al sector pesquero.

Defiende que las posiciones "divergentes han sido minoritrias"

    En su intervención, Arias Cañete ha apuntado que, una vez logrado el acuerdo político en la Unión Europea para la reforma de la Política Agraria Común, las decisiones a nivel interno se han plasmado en los acuerdos alcanzados en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de julio de 2013 y la celebrada los pasados 20 y 21 de enero. “En ambos casos, las posiciones divergentes han sido minoritarias”, ha asegurado.

    En relación con la participación de las organizaciones profesionales agrarias en la Reforma, el ministro ha recordado cómo en los últimos dos años se han mantenido más de cien reuniones y, en particular, se ha convocado al Comité Asesor Agrario en siete ocasiones.

   “Solo gracias a la negociación que hemos llevado a cabo en Europa y a los acuerdos consensuados en España, podemos hoy mirar con optimismo el futuro de nuestro sector agrario con la vista puesta en 2020”, ha explicado el ministro, tras recordar que España cuenta con una ficha financiera para el periodo 2014-2020 de 47.000 millones de euros cuando hace tan solo dos años “la financiación de la PAC estaba en el aire, con un gran número de Estados miembros dispuestos a reducir el presupuesto de la UE a costa de la PAC o a favor de otras políticas”.

Las ayudas medias se mantendrán "a un nivel similar al actual"

    Miguel Arias Cañete ha detallado los avances conseguidos en el diseño de un modelo de regionalización del territorio con arreglo al cual se concederán las ayudas del Pago Base y el Pago Verde. Según el ministro, este acuerdo minimiza los efectos negativos de la convergencia de las ayudas sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias. “Ello, junto con la limitación de la superficie máxima elegible, permitirá que la intensidad de ayuda media en las explotaciones se mantenga a un nivel similar al actual”, ha asegurado.

    Además, el titular de Agricultura ha señalado que esta reforma permite corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar los pagos directos hacia una agricultura realmente activa. Según Arias Cañete, “esta es la primera vez en la historia que se establecen este tipo de criterios para la concesión de las ayudas del primer pilar de la PAC”.

    Es decir, ha aclarado, que los beneficiarios de las ayudas directas ahora sí que tendrán que serán activos, ya que el beneficiario de las ayudas deberá ser el responsable de la actividad económica que declara, el que corra con el riesgo empresarial de la actividad, de la que debe obtener ingresos más allá de las ayudas. Para el ministro, “esta mejor orientación de las ayudas era necesaria para evitar el abandono de la actividad agraria”.

    Asimismo, el ministro se ha referido al apoyo a los jóvenes agricultores, para los que se acordó, en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio, dedicar hasta 97 millones de euros en concepto de ayuda complementaria al Pago Base, que podrán recibir durante cinco años.

   Arias Cañete también se ha referido al acuerdo alcanzado sobre los criterios y los sectores que van a percibir las ayudas acopladas. Según ha explicado, estas ayudas buscan evitar el abandono de aquellos sectores más vulnerables o que resulten más afectados por el nuevo sistema de pagos directos, “asegurando que la diversidad productiva que caracteriza a nuestra agricultura tenga cabida en la nueva PAC”.

    Sobre la aplicación de la reforma, Arias Cañete ha avanzado que los agricultores y ganaderos podrán conocer con un detalle muy aproximado, las condiciones bajo las cuales podrán recibir ayudas a partir de 2015, primer año de aplicación de esta reforma a las ayudas directas. “Desde el Gobierno estamos cumpliendo con el calendario de la reforma de la PAC, yendo muy por delante de otros Estados miembros”, ha subrayado.

En Desarrollo Rural se ha compensado "asignaciones de forma injustificada"

    Por otra parte, Arias Cañete ha indicado que en la Conferencia Sectorial de enero se acordó con las Comunidades Autónomas el reparto de fondos comunitarios   FEADER para los programas de desarrollo rural 2014-2020. Además, se informó sobre la futura contribución de la Administración General del Estado a estos programas y se acordó la creación de un grupo de trabajo para establecer los criterios y mecanismos que permitan las transferencias de fondos entre programas de desarrollo rural, en el caso de riesgo cierto de descompromiso.

   En concreto, el ministro ha explicado que de los 8.291 millones de euros que España dispondrá para desarrollo rural, se ha decidido repartir 8.053 millones entre las Comunidades Autónomas y destinar 238 a un programa nacional. 

   En este punto, Arias Cañete ha comentado que, al analizar la distribución de fondos comunitarios realizada en diciembre de 2006 para el periodo 2007-2013 “se observó que, a pesar de la importante reducción de fondos globales para España, algunas comunidades autónomas incrementaron su asignación de forma injustificada”.

    Así, en 2006 se obtuvo un presupuesto para desarrollo rural FEADER de 7.213 millones de euros, frente a los 8.957 millones obtenidos para el periodo 2000-2006, lo que supuso una disminución de fondos para España del 19%. Sin embargo, ha recalcado, al realizarse el reparto por comunidades autónomas, “Andalucía incrementó su asignación de fondos hasta el 133,6% de lo percibido en 2000-2006, alcanzando el 26,5% del FEADER asignado a España en 2007-2013, mientras que el resto de comunidades (excepto Extremadura) sufrieron notables reducciones de fondos de un 30% de media”.

   Por ello, “ahora se ha considerado oportuno no consolidar esta situación y repartir los fondos 2014-2020 según un sistema lo más objetivo posible”. Por lo tanto, ha añadido, se ha optado por aplicar la fórmula propuesta por la Comisión Europea que integra indicadores comunitarios de la situación económica, medioambiental y territorial. No obstante, ha aclarado, a este reparto se ha aplicado un estabilizador de pérdidas del 10% respecto de la situación actual y se ha valorado la buena ejecución de la programación actual, de forma que no se detraigan fondos a aquellas comunidades que presentan una ejecución adecuada de su senda financiera.

    Por otra parte, Arias Cañete se ha referido a la cofinanciación de los programas de desarrollo rural. Así, en el periodo 2007-2013 la Administración General del Estado financió de media el 44% del gasto nacional, debido principalmente a la pérdida de fondos comunitarios en ese periodo.

Justifica la reducción del 30% de la aportación nacional

   Sin embargo, las dificultades económicas y financieras que afectaron a todas las administraciones hicieron necesaria la modificación de los programas, disminuyendo la aportación de las administraciones autonómicas y, en consecuencia, de la Administración General del Estado.

   A esto se añade que en el periodo 2007-2013 se pasó a una situación en la que no existía programación nacional y las comunidades autónomas diseñaban su propio programa de desarrollo rural y orientaban sus medidas según su criterio. “De este modo, la aportación de la Administración General del Estado ha sido incondicional”, ha asegurado.

    A pesar de todo lo anterior, “el Gobierno ha considerado prioritario seguir apoyando las políticas de desarrollo rural regionales”. Así, la Conferencia Sectorial de enero ha decidido que la Administración General del Estado financie el 30% del gasto nacional de los programas de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas, calculado a la tasa máxima de participación comunitaria en la financiación.

Los partido no ven tan claro tanto optimsmo

    Por su parte, el diputado socialista Felipe Jesús Sicilia ha preguntado al ministro si «de verdad» ningún agricultor o ganadero perderá con el nuevo modelo de PAC y le ha pedido que explique cuál es el modelo de regionalización concreto -número de «comarcas» y cómo se distribuirán- y los niveles de ayudas que recibirá el sector.Por último, el portavoz del PP en la Comisión, José Cruz Pérez Lapazarán, ha acusado al PSOE de «manipular» y le ha conminado a «no meter miedo» o buscar la confrontación entre agricultores y ganaderos por la aplicación de la PAC, un acuerdo que ha sido «un éxito», «despeja el camino» y garantiza su futuro con condiciones de competitividad.

    Sicilia ha pedido pagos «acoplados» para trigo duro y olivar «de pendiente» y ha criticado especialmente los recortes en desarrollo rural -principalmente para Andalucía- que, según sus datos, a nivel global supondrá un ahorro para el Estado de 2.000 millones de euros en cofinanciación.

    En su intervención, el diputado de UPyD Toni Cantó ha considerado que se ha diseñado una PAC «a espaldas del sector», que no acaba con los agricultores «de sofá», y ha expresado sus dudas sobre los criterios acordados para su aplicación.

    Para María Olaila Fernández Davila (BNG), el Gobierno podría haber realizado un reparto más equitativo y favorecedor para Galicia de las ayudas, además de no compartir la definición de agricultor activo, por no tener en cuenta pequeñas granjas y minifundismo.

    Joan Baldoví (Grupo Mixto) ha planteado que 37.000 agricultores de la Comunidad Valenciana que cobran menos de 300 euros dejarán de percibir estas ayudas PAC, lo que supondrá una pérdida de 10 millones de euros anuales para la región, además de cuestionar que no se incluyan subvenciones para las frutas y hortalizas.

    El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha mostrado su rechazo por el modelo de regionalización y ha pedido una mayor convergencia de las ayudas y que éstas lleguen a cultivos nuevos como la patata, mientras que, en desarrollo rural, ha acusado al Gobierno de invadir sus competencias.

    Desde CiU, Marc Solsona ha preguntado al ministro si Cataluña perdería en el próximo período de programación 140 millones de euros en cofinanciación del Estado al desarrollo rural, tras criticar el modelo «recentralizador» de la PAC.

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FENACORE

De esta forma, al término de la reunión mantenida con el director general de Política Energética del Ministerio de Industria, Jaime Suárez, el presidente de Fenacore calificó el encuentro de cordial y cercano, pero reconoció que no se han producido avances significativos en la negociación como para poner freno a las movilizaciones que llevarán al regadío español al completo a manifestarse el próximo día 26 de febrero, coincidiendo con el inicio de la campaña de riego.

Desde que se suprimieran las tarifas especiales en 2008, la factura de la luz se ha encarecido con la excusa del déficit de tarifa en una media superior al 80%, con un incremento de los costes fijos -regulados- de más del 1.000%. De esta forma, los regantes están pagando a día de hoy un sobrecoste de 311 millones anuales más que hace seis años, de los cuales 100 millones corresponden sólo a la reforma energética del pasado verano.

Bajo el lema “El regadío agoniza. No al tarifazo”, más de 50.000 regantes reivindicarán la aplicación de un IVA reducido en el suministro eléctrico para regadíos, como ya sucede en Italia; el pago de la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada para evitar un gasto innecesario fuera de los meses de riego; la firma de más de un contrato al año con las compañías eléctricas o bien, la despenalización de los contratos de temporada, así como la normativa marco adecuada para la producción de energía distribuida cerca de los centros de consumo.

Según del Campo, “no pedimos subvenciones ni tratos de favor, sólo pagar de acuerdo a nuestra condición de consumidores estacionales; no tiene sentido pagar todo el año por lo que utilizamos sólo seis meses. Los regantes también somos artistas, pero de la producción de alimentos ¿por qué no podemos acceder a un IVA reducido?… De lo contrario, con semejantes costes, se está condenando al regadío a su desaparición”.

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Europa Press

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha afirmado este miércoles que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha planteado un «gran pacto nacional» en torno al nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) pero «con el trasvase del Ebro incluido«, lo que ha rechazado. Ha criticado la «debilidad» y «complacencia» de la presidenta del Gobierno autonómico, Luisa Fernanda Rudi.

Sada ha reaccionado así, en declaraciones a los medios de comunicación, a las declaraciones realizadas por el ministro este martes, durante la inauguración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), en Zaragoza, donde Cañete se ha comprometido con la ejecución de las obras del Pacto del Agua.

«Cañete es un ministro que por sus antecedentes es bastante transparente, ha sido siempre un ferviente defensor de los trasvases y en concreto del Ebro«, ha aseverado Javier Sada, quien ha añadido que «no nos esperábamos otra cosa más que poco a poco fuera diciendo la verdad, que es el trasvase del Ebro».

El portavoz socialista ha proseguido afirmando que el ministro «lo ha dejado meridianamente claro» en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, en la que «nunca ha descartado el trasvase».

Sada ha mostrado su preocupación por la «incapacidad de Rudi» para conseguir que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, «se manifieste con claridad y rotundidad frente al trasvase» y ha lamentado que «lejos de eso ha conseguido que Cospedal se haya manifestado con claridad» a favor del trasvase.

Ha echado en cara a la jefa del Ejecutivo autonómico el «silencio cómplice» que ha tenido «en muchos momentos«, en relación al trasvase y ha recordado que Rudi votó a favor del trasvase del Ebro cuando fue presidenta de las Cortes Generales.

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Europa Press

El diputado autonómico del Partido Aragonés (PAR), Antonio Ruspira, ha afirmado este miércoles que es «materialmente imposible» que haya un «total consenso» sobre el nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN), en respuesta a la propuesta del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de alcanzar un «gran pacto nacional» en torno al PHN.

«No tiene más que preguntar, espero que al 100 por cien de los aragoneses, y verán que no aceptamos ningún trasvase de agua del Ebro a ninguna otra cuenca», de tal forma que «por mucho consenso que se obtuviese con otros territorios», si el nuevo PHN implica un trasvase «ese consenso no lo va a encontrar».

Ha recordado que tanto la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, como el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, se han pronunciado contra el trasvase.

Ruspira ha exigido, además, que se ejecuten las obras pendientes del Pacto del Agua y ha avisado de que su partido «no va a bajar la guardia» en este asunto. Ha afirmado que a los aragonesistas no les «tranquiliza» el mensaje lanzado este martes por el ministro, quien se ha comprometido con el Pacto del Agua.

Cautela

«Tenemos un déficit de inversiones en infraestructuras hidráulicas de lustros», ha dicho Ruspira, quien ha lanzado un mensaje de «cautela, desconfianza, preocupación, vigilancia», añadiendo que «nos estamos jugando nuestro presente y nuestro futuro», el desarrollo socioeconómico.

El uso de los recursos hídricos «probablemente sea la mejor forma de salir adelante y luchar competitivamente con otros territorios en nuestra comunidad autónoma», ha aseverado el parlamentario del PAR.

«Lo que queremos son hechos, no mensajes», ha proseguido Antonio Ruspira, quien ha emplazado a «seguir trabajando» como en Yesa, San Salvador y Almudévar. El PAR agradece el «mensaje positivo y constructivo» de Cañete pero no bajará la guardia, ha indicado.

Iniciativa Legislativa

Antonio Ruspira ha afirmado que la proposición de Ley de Aguas y Ríos presentada este martes por el PAR está «en el candelero», agregando que los aragonesistas quieren «aprovechar al máximo las posibilidades» que ofrece el Estatuto de Autonomía.

«Aragón tiene que ser firme», ha señalado Ruspira, quien ha confiado en que todo el arco parlamentario aragonés envíe «un mensaje absolutamente inequívoco y unánime respecto a este tema». Ha apuntado que el PAR ha dialogado con el PP sobre la proposición de ley, cuyos objetivos forman parte del «ADN» del PAR.

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Como el de las obras de arte. Este el tipo de IVA que quieren pagar los regantes andaluces para mantener la rentabilidad, de lo contrario auguran un mal futuro a tenor del sobrecoste anual de unos 37 millones de euros al que han de hacer frente por la subida del recibo eléctrico. Lo ha advertido la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, durante un encuentro mantenido en Almería con representantes del sector para anunciar la concentración que llevarán a cabo los productores el próximo 26 de febrero frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Bustamante ha dado a conocer la «dramática situación» en que la subida de los costes eléctricos coloca al regadío, un sector económico de carácter estratégico para la provincia, que representa en Almería una facturación de más de 2.000 millones de euros y da empleo a más de 50.000 personas. Como ha expuesto, «el último tarifazo eléctrico» coloca al regadío en «una situación extrema, y no es ninguna exageración». La última subida contenida en el decreto del 1 de agosto «significará para el regadío almeriense un sobrecoste superior a los 4 millones de euros anuales, y para el regadío andaluz en general de 37 millones anuales».

Y es que «llueve sobre mojado» porque esta subida se suma al incremento continuado de la tarifa eléctrica que los regantes vienen soportando en el último lustro, de más del 80%, con un aumento de los costes fijos (regulados) superior al 1000% en muchas zonas regables. Este crecimiento desproporcionado, unido al mayor consumo de energía eléctrica asociado al proyecto de modernización, supone ya que de media, el 40 % de los que le cuesta el agua al agricultor de riego tenga que ser destinada al pago de la factura de la luz, llegando en algún caso a superar el 75%. Se trata de una exposición a los costes energéticos «insoportable para cualquier sector y ruinoso para un sector como el agrícola, con unos precios por los suelos, muy especialmente en el olivar, una presión impositiva más que considerable y unos márgenes que ya estaban al límite antes del último tarifazo».

Según Bustamante, «la gran paradoja es que con estas tarifas, la modernización lejos de ser una ayuda resulta una condena, porque nos permite ahorrar agua, pero nos hace gastar más energía, con lo que el futuro previsible es que nadie se modernice a partir de ahora y que, en el peor de los escenarios, las instalaciones modernizadas queden abandonadas y sin uso, volviendo los regantes a los sistemas de riego tradicionales».

Los regantes andaluces han denunciado el trato discriminatorio hacia el regadío que supone el tarifazo eléctrico, que representa para los regantes una subida del 20% de media, y para determinadas comunidades de más del 40%, mientras que para otros sectores como la industria básica significará apenas un 3% o incluso una reducción de tarifa. Un trato que agrava «la situación abusiva que venimos sufriendo los regantes desde la desaparición de la tarifa especial de riego, pues nos vemos obligados a pagar durante todo el año el término de potencia que solo necesitamos unos meses, durante la campaña de riego».

ENLACE A NOTICIA:                                  http://www.abcdesevilla.es/andalucia/almeria/20140212/sevi-regantes-exigen-para-sector-201402121809.html