La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha reseñado “el rigor, la solvencia técnica, la transparencia y la eficiencia” de los presupuestos de su departamento para el año 2014, que se han diseñado “para infundir la confianza y credibilidad que necesita nuestra economía”.

Así lo ha expuesto esta tarde durante su comparecencia en la comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales, en la que ha detallado el presupuesto de la Consejería de Agricultura para 2014, que ascenderá a 1.313,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 1 por ciento con respecto a los presupuestos de este año 2013.

Esta partida se alcanza gracias a que a los 1.293,2 millones previstos se le sumarán otros 20,4 millones de este departamento que asume la Consejería de Hacienda para pagar deudas del anterior Gobierno socialista en materia agroalimentaria y medioambiental.

Soriano ha sostenido que son unos presupuestos que nacen de la “austeridad y la racionalización del gasto, para continuar con el proceso de reducción del déficit y consolidación fiscal”, en el que se han priorizado “aquellas líneas que estimamos vitales e imprescindibles para mantener o reforzar la viabilidad del sector agrícola, ganadero o de nuestras industrias agroalimentarias”.

En este punto, ha destacado que “se ha continuado con el esfuerzo de contención de los gastos corrientes” y no hay en los presupuestos “ni un solo euro que no se haya destinado a una partida totalmente imprescindible”.

La titular de Agricultura de Castilla-La Mancha ha incidido en que “para que haya crecimiento tiene que haber unas cuentas públicas saneadas”, por lo que los presupuestos de su Consejería se enmarcan “en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, con el objetivo de consolidar las bases para lograr “la creación de empleo y un crecimiento económico equilibrado, que es lo que necesita nuestra región en este momento”.

1 de cada 6 euros del presupuesto regional

María Luisa Soriano ha resaltado que los 1.313 millones de euros con los que contará la Consejería de Agricultura en 2014 suponen que el 16,5 por ciento del presupuesto regional -1 de cada 6 euros- están destinados al sector agroalimentario y medioambiental, así como a políticas de desarrollo rural, lo que la sitúa como la principal partida tras las consejerías de Sanidad y Educación.

La consejera ha detallado las partidas prioritarias, aquellas en las que incluso ha habido un incremento de fondos con el fin de ayudar a la creación de empleo y la mejora de la economía de las zonas rurales en general y del sector agroalimentario en particular.

Entre ellas, ha subrayado que se incrementan en un 34 por ciento las ayudas a las cooperativas e industrias agroalimentarias para la modernización de sus instalaciones y la mejora de sus procesos productivos, para lo que contarán en 2014 con 65,6 millones de euros, que permitirán modernizar más de 200 empresas agroalimentarias en la región, con la consiguiente consolidación del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

Por su parte, los fondos destinados a jóvenes agricultores y ganaderos también aumentan más del 15 por ciento, hasta los 31,3 millones de euros, con el objetivo de apoyar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y de ayudarles en sus primeros años, favoreciendo de esta manera el rejuvenecimiento del campo regional.

Otra partida que experimenta un fuerte incremento es la destinada a desarrollo rural, que contará con 45 millones de euros, un 62 por ciento más que en 2013. Con este presupuesto se incide en la diversificación de la economía rural y se apoya de forma decidida a las empresas y emprendedores de estas zonas.

Destacan también los aumentos en inversiones para regadío, que alcanzan los 47,2 millones de euros, un 9,5 por ciento más que en 2013; el ascenso de las ayudas agroambientales, que superan los 70,3 millones de euros (+8,6 por ciento); o el mantenimiento del presupuesto para seguros agrarios, para los que se han habilitado 4,6 millones de euros (+0,55 por ciento), en un contexto de fuertes recortes en otras comunidades autónomas.

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La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, se ha dirigido de nuevo a los colectivos de usuarios y regantes para que antes del día 29 de Noviembre presenten sus respectivas sugerencias y aportaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar, que indudablemente «abogarán por un reparto equitativo y justo del uso del agua del Júcar y encabezando la necesaria demanda de las infraestructuras hidrológicas en Albacete».

   La alcaldesa ha manifestado, en nota de prensa, que «el agua no debe de tener color político, ni debe de ser centro de batallas ni guerras electorales, sino que debe de ser un elemento de unión, colaboración y trabajo para la consecución de la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas».

   En dicha comunicación Carmen Bayod emplaza a los colectivos una vez más a trabajar conjuntamente para la elaboración racional de las alegaciones de la ciudad de Albacete al borrador del Plan Hidrológico del Júcar.

Leer más:  Bayod pide a los colectivos de regantes que presenten sus alegaciones frente al Plan Hidrológico del Júcar  http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-bayod-pide-colectivos-regantes-presenten-alegaciones-frente-plan-hidrologico-jucar-20131119143013.html#AqZ1clk2M1xQ5g7VConsigue Links a tus Contenidos en  http://www.intentshare.com

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, se ha dirigido de nuevo a los colectivos de usuarios y regantes para que antes del día 29 de Noviembre presenten sus respectivas sugerencias y aportaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar, que indudablemente «abogarán por un reparto equitativo y justo del uso del agua del Júcar y encabezando la necesaria demanda de las infraestructuras hidrológicas en Albacete».

   La alcaldesa ha manifestado, en nota de prensa, que «el agua no debe de tener color político, ni debe de ser centro de batallas ni guerras electorales, sino que debe de ser un elemento de unión, colaboración y trabajo para la consecución de la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas».

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La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, se ha dirigido de nuevo a los colectivos de usuarios y regantes para que antes del día 29 de Noviembre presenten sus respectivas sugerencias y aportaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar, que indudablemente «abogarán por un reparto equitativo y justo del uso del agua del Júcar y encabezando la necesaria demanda de las infraestructuras hidrológicas en Albacete».

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ALBACETE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) –

   La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, se ha dirigido de nuevo a los colectivos de usuarios y regantes para que antes del día 29 de Noviembre presenten sus respectivas sugerencias y aportaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar, que indudablemente «abogarán por un reparto equitativo y justo del uso del agua del Júcar y encabezando la necesaria demanda de las infraestructuras hidrológicas en Albacete».

   La alcaldesa ha manifestado, en nota de prensa, que «el agua no debe de tener color político, ni debe de ser centro de batallas ni guerras electorales, sino que debe de ser un elemento de unión, colaboración y trabajo para la consecución de la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas».

   En dicha comunicación Carmen Bayod emplaza a los colectivos una vez más a trabajar conjuntamente para la elaboración racional de las alegaciones de la ciudad de Albacete al borrador del Plan Hidrológico del Júcar.

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La CHJ da a conocer los criterios de uso del agua en la Mancha Oriental: Ver

Ecologistas en Acción detalla en un informe los negativos impactos que para la cuenca del Tajo tendrá el Memorándum suscrito entre el Gobierno Central y las comunidades de Murcia y Valencia y que condiciona la reserva de cabecera a las necesidades del Levante, entre otros perjuicios. En el informe titulado «Valoración preliminar de las modificaciones a la normativa de aguas impulsadas desde el Memorándum sobre el Trasvase Tajo-Segura», la organización ecologista afirma que el Memorándum se verá traducido en una serie de consecuencias negativas de gran calado y trascendencia que perjudican severamente a la cuenca del Tajo. Entre ellas destacan que los caudales mínimos establecidos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, se convierten en definitivos y no habrá posibilidad de aumentar o mejorar el régimen de caudales.

    En este sentido afirman que los 400 hectómetros cúbicos reservados al Tajo en cabecera ya están asignados a distintos usos en la cuenca y, además, se condiciona el régimen de desembalses en Entrepeñas y Buendía en función de las demandas del trasvase.  Así, el caudal mínimo aguas abajo de la toma del trasvase, fijado en seis metros cúbicos por segundo en Aranjuez, se mantendrá estable todo el año.

    En segundo lugar, afirman en el comunicado, la cuenca del Tajo ve recortada en al menos 23 hectómetros cúbicos las dotaciones previstas en el nuevo Plan de Cuenca aguas arriba de Aranjuez.

    Los 400 hectómetros cúbicos de reserva establecidos en los acuerdos del Memorándum no son suficientes -afirman- para cubrir las necesidades básicas de la cuenca en las zonas dependientes de cabecera y que están cifradas en 423 hectómetros cúbicos, repartidos según el Plan de Cuenca en 133 para regadíos, 102 para abastecimientos y 188 para caudales ambientales.

    Este recorte -según Ecologistas en Acción- se suma al ya realizado en el Plan de Cuenca que rebajaba en 31 hectómetros adicionales las demandas actuales.

    Por otra parte, la cesión de derechos que facilita la reforma legislativa se realizará con menoscabo de la reserva de 400 hectómetros cúbicos o de los caudales circulantes aguas abajo del Trasvase.

La Cuenca "queda maniatada" por Ley

    Ya que todos los derechos que se adquieran, independientemente del punto de la cuenca donde se localicen, han de realizarse a través de la infraestructura de Tajo-Segura y, por tanto, con cargo a las disponibilidades en Entrepeñas y Buendía.

    «De este modo la cuenca del Tajo queda maniatada por Ley para disponer de los caudales de cabecera, sea para cumplir los requisitos medioambientales y para satisfacer las demandas de la cuenca y, por tanto, queda condenada a incumplir, especialmente en su tramo medio, el objetivo de alcanzar un buen estado ecológico de las aguas»-

    Además, la teórica prioridad de los usos propios de la cuenca para disponer de las aguas de cabecera queda en nada ante las prebendas concedidas al trasvase.

    Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción considera que esta modificación normativa que afecta al trasvase y al río Tajo, transgrede tres normas de rango europeo.

Creen que transgede tres normas europeas

    Estas son, afirman, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

    También afecta a la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres al incidir gravemente al menos a 5 espacios de la Red Natura 2000.

    También contraviene -según EA- el artículo 6 sobre participación del público en las decisiones relativas a actividades específicas del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, dado el proceso «poco transparente y sin participación seguido para la tramitación del Memorándum y de la reforma legislativa».

    El informe, disponible en la página web de Ecologistas en Acción, está siendo remitido a senadores y diputados para que estén mejor informados de los impactos de la reforma legislativa a favor del trasvase Tajo-Segura.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/75/politica%20hidraulica/68774/un%20informe%20detalla%20el%20impacto%20negativo%20que%20el%20memorandum%20tendra%20en%20el%20tajo.aspx

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, valoró este lunes la labor realizada por los agricultores de la región, ya que resaltó que además de ser la «raíz del crecimiento económico» son también una «parte fundamental del futuro»

Cospedal realizó estas declaraciones con motivo de la entrega de los Premios Jóvenes Solidarios organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha y que coincidió con la presentación de los vinos castellanomanchegos de la nueva añada 2013.

Según informó la Junta, Cospedal también valoró el trabajo que realizaon los enólogos y los responsables de márketing y comercialización del vino, ya que son los encargados de «tener una buena presentación, un embotellamiento que se pueda presentar en público y una marca que se atractiva».

«Se trata de comercializar el vino», resumió la presidenta regional, que también alabó la calidad de los caldos castellanomanchegos.

Así, tras recordar que la región cuenta con más de 370.000 hectáreas dedicadas al vino y más de 90.000 explotaciones vitivinícolas reivindicó que Castilla-La Mancha «es el gran viñedo del mundo no sólo en extensión», sino también «en términos cualitativos», con vinos de una «excelente calidad que acompaña a vender mejor» el producto.

Los premiados, en esta edición, fueron, en la faceta deportiva, Isco Alarcón, mediapunta del Real Madrid y de la Selección española y el ciclista manchego, Jesús Herrada.

En cuanto a las artes escénicas, hay que destacar a María Castro, actriz de «Tierra de Lobos» y, por otra parte, la serie «El tiempo entre Costuras».

El galardón en periodismo y Comunicación recayó sobre Toñi Moreno, mientras que el humorista manchego José Mota recibió el galardón honorífico Reserva DO La Mancha 2013.

Todos ellos donaron sus premios a diferentes causas solidarias.

Además, durante este acto, la DO La Mancha entregó otros galardones a Daniel Velasco, socio fundador de Vino Premier.Com (Joven Sumiller), Javier Ares, director del Restaurante Tse Yang del Hotel Villamagna (Joven Maître) y Ángel Luis Ramos, Director del Hotel Ada Palace (Joven Director de Hotel).

ENLACE A NOTICIA: http://www.clm24.es/articulo/economia/cospedal-destaca-agricultura-parte-fundamental-futuro-clm/20131118214843028891.html

El Senado dará luz verde la próxima semana al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Esta norma incluirá el nuevo acuerdo del trasvase Tajo-Segura y multas para las gasolineras flotantes, y obliga a que el ‘fracking’ y la peligrosidad sísmica se sometan a estudios de impacto ambiental.

El proyecto de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, llegó al Senado después de que el Congreso lo aprobara en una primera lectura el pasado 30 de octubre, con el único apoyo del PP, la abstención de CiU y el rechazo del resto de los partidos.

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara Alta rechazó el pasado viernes seis propuestas de veto al proyecto de ley presentadas por todos los grupos de la oposición (Socialista, Catalán-CiU, Entesa del Progrés de Catalunya y Mixto), salvo el PNV.

Posteriormente, esta Comisión admitió el dictamen de la ponencia y tres enmiendas del PP, así como algunas correcciones técnicas, gracias a los votos del PP. El Pleno del Senado debatirá y aprobará el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental presumiblemente el próximo jueves gracias a la mayoría de senadores del Grupo Popular.

En la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, los representantes de la oposición expresaron su queja por el hecho de que la norma se tramite de forma urgente cuando en la UE se aprobará próximamente una directiva europea en materia de evaluación ambiental.

Algunos, como Joan Saura (Entesa del Progrés de Catalunya) y Jesús Enrique Iglesias (IU, en el Grupo Mixto), coincidieron en señalar que el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental remitido por el Congreso de los Diputados “legitima que quien paga puede contaminar”, y censuraron que se prevea la creación de “bancos de conservación de la naturaleza”, así como que se introduzca el reciente Memorándum del Tajo-Segura.

TRASVASE TAJO-SEGURA

El proyecto de Ley de Evaluación ambiental, que unifica las normas sobre evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, tiene como objetivo “ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental” minimizando los impactos que pueden causar al entorno los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo en toda España y puedan afectar significativamente al medio ambiente.

El Gobierno afirmó el pasado 30 de agosto, cuando aprobó esta ley para enviarla al Parlamento, que esta norma promoverá el desarrollo sostenible, generará unos 80.000 puestos de trabajo y supondrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica.

Una de las novedades incluidas durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados es el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanzó con los gobiernos de las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).

En virtud de este pacto, se establecerán mensualmente los niveles mensuales de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).

Además, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera del Tajo, cantidad de referencia que debe alcanzarse en un plazo máximo de cinco años, con escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos cada 1 de enero.

PELIGROSIDAD SÍSMICA, ‘FRACKING’ Y ‘BUNKERING’

Por otro lado, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental recoge que los estudios de impacto ambiental deben incorporar en su descripción técnica “la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto”, para evitar casos como el almacén subterráneo de gas natural ‘Castor’, emplazado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que causó más de 300 temblores en el golfo de Valencia el pasado mes de septiembre.

Además, obliga a que se sometan a un estudio de impacto ambiental los proyectos basados en “la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica”, conocidas también como ‘fracking’. Lo mismo ocurre con la construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de al menos 2.100 metros.

Tipifica como infracción administrativa muy grave (con multas de entre 200.001 a 2 millones de euros) los vertidos de materiales para rellenos no permitidos y la técnica del ‘bunkering’ o las llamadas gasolineras flotantes, esto es, “el suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible, así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque”.

(SERVIMEDIA)

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/sociedad/noticias/5319124/11/13/el-senado-aprobara-la-ley-de-evaluacion-ambiental-la-proxima-semana.html

Tres senadores del Partido Aragonés Regionalista (PAR), coaligado con el Partido Popular, han presentado enmiendas contra el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura que se tramita en la Cámara Alta, a través de las cuales solicitan que se eliminen los artículos que hacen referencia los trasvases, a los bancos de agua y al control de los desembalses. Asimismo, reclaman que no se elimine la ‘disposición Narbona’ que permite el cambio de agua desalinizada por trasvasada. El portavoz popular en la Comisión de Medio Ambiente, Vicente Aparicio, manifestó que las enmiendas no serán aceptadas. Subrayó que el texto íntegro del Memorándum serán aprobado hoy por la Ponencia de dicha Comisión.

Los parlamentarios aragoneses José María Fuster Muniesa, María Belén Ibarz Ibarz y Rosario Isabel Santos Fernández piden que desaparezca de la ley cualquier referencia a las transferencias de caudales, lo cual significaría suprimir gran parte del articulado. Aceptan que el Tajo-Segura tenga seguridad jurídica, pero no admiten el resto de medidas encaminadas a mitigar los efectos de la reserva de 400 hectómetros cúbicos, lo cual precisa de reformas en la ley de Aguas y en el Plan Hidrológico Nacional. La justificación que aparece escrita es: «Por consideralo conveniente».

El PAR está coaligado con el PP en Aragón, lo cual permite que los ‘populares’ gobiernen en dicha región con un pacto basado en el rechazo al Trasvase del Ebro. El Memorándum ha levantado recelos en esta comunidad porque apuesta por la opción trasvasista y facilita la compra de agua en cuencas diferentes.

Rechazo del PSOE

Estas iniciativas del PAR fueron dadas a conocer ayer por el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, quien manifestó que iban al parecer avaladas y firmadas por el portavoz del Grupo, José Manuel Barreiro. A juicio de Tovar, esto supone que el Partido Popular las respalda. El líder socialista señaló que su partido ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley, como ya hizo en el Congreso de los Diputados.

Varios senadores consultados por ‘La Verdad’ no pudieron confirmar ayer tarde si las enmiendas iban firmadas por el portavoz Barreiro. El senador Vicente Aparicio explicó que aún en el supuesto de que fueran avaladas, cosa que desconocía, solo lo sería a efectos de tramitación, ya que el PAR está integrado en el Grupo Popular, pero precisó que sería un formalismo porque estas propuestas no serán aceptadas.

Ponencia por el Trasvase

«Son enmiendas que presenta el PAR como partido, pero no las asume el Grupo Popular», declaró Aparicio. «No son nuestras, ni van a ser admitidas», insistió. Explicó que esta mañana se reunirá la Ponencia para dar el visto bueno al texto íntegro del Memorándum, igual que fue remitido desde el Congreso de los Diputados. Hay tres enmiendas presentadas por el Gobierno central que están referidas a la ley de Evaluación Ambiental, pero no al Trasvase, puntualizó. Si el texto del Tajo-Segura pasa por la Ponencia sin cambios, será asumido después en su integridad por la Comisión de Medio Ambiente, explicaron fuentes del PP.

En relación con el Memorándum, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, José Manuel Claver, ha sido convocado para comparecer el martes próximo en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para exponer la situación del acueducto Tajo-Segura. Por último, el Ayuntamiento de Toledo piensa denunciar ante la Unión Europea el acuerdo aprobado por la mayoría del PP en el Congreso de los Diputados sobre el Tajo-Segura. El alcalde dijo que Cañete y Cospedal han aprobado un plan que es «una vergüenza» para el río.

LOS PROTAGONISTAS

JOSÉ MARÍA FUSTER SENADOR DEL PAR

Ha presentado tres enmiendas contra el Memorándum, junto con María Belén Ibarz y Rosario Isabel Santos.

VICENTE APARICIO SENADOR DEL PP

Dirige la Ponencia del Memorándum, que hoy será aprobada sin cambios. Dice que las enmiendas del PAR no se aceptarán.

JOSÉ MANUEL BARREIRO PORTAVOZ DEL PP

Su firma suele acompañar a las enmiendas de los senadores del Grupo. Si lo hubiera hecho en este caso, sería a efectos formales, según el PP

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.laverdad.es/murcia/v/20131115/region/tres-senadores-aragon-aliados-20131115.html

J. Sierra valencia La enmiendas del Partido Popular al texto remitido al Senado de la ley de Evaluación Ambiental, que incluye el Memorándum sobre el Tajo-Segura, «flexibilizan» el rígido marco actual para la venta de agua entre usuarios de cuencas hidrográficas distintas y abre la puerta a las empresas privadas, que podrían asumir el papel de intermediarios y relevar a la Administración en la ejecución de las conducciones necesarias para los trasvases.
Una de las consecuencias directas del nuevo marco legal, en el caso de que las enmiendas pasen el filtro del Senado con su redacción actual, sería la de posibilitar la venta de agua de calidad del Júcar al Vinalopó al margen de los caudales asignados al trasvase actual: hasta 80 hectómetros cúbicos de excedentes tomados en el azud de la Marquesa, cerca de la desembocadura.
Según ha podido saber Levante-EMV, existen empresas de construcción y servicios que en los últimos meses han sondeado la viabilidad de terminar a su coste la toma iniciada en Cortes de Pallás o incluso asumir la construcción de una toma en Antella. Esta nueva «autopista» permitiría que los usuarios del Júcar vendieran parte del agua superficial que tienen asignada en concesión sustituyéndola por agua de pozos, más cara, o por la procedente del ahorro en la modernización de regadíos.
Las empresas intermediarias deberían pagar un canon al Estado por utilizar tramos del trasvase de titularidad pública y cobrarían a los usuarios finales el «peaje» para la amortización de los tramos de nueva construcción más el oportuno beneficio industrial.
El modelo sería exportable a otras zonas de España e incluso al siempre polémico Ebro. Bastaría, tal como adelantaban ayer las organizaciones ecologistas y ciudadanas que denunciaron la introducción de estas enmiendas, con obtener el permiso de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y disponer de la infraestructura adecuada.
En un futuro próximo, el ministerio trabaja en la creación de una Agencia Nacional del Agua que se encargaría de gestionar y tutelar estas transferencias y el suministro en alta del agua.

Reacciones
Los senadores del Partido Aragonés Regionalista, socios de Gobierno del PP en Aragón, presentarán enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental al entender que puede facilitar «un futuro proyecto de trasvase del Ebro». El senador del PAR, José María Fuster dijo en este sentido que la ley hace posible que «un concesionario de caudales de Tarragona pueda vendérselos de forma temporal a un regante del Levante».
Ayer también, el Grupo Parlamentario del PAR en las Cortes anunció que emplazará al Gobierno de Aragón, que preside Luisa Fernanda Rudi (PP), a «adoptar las medidas necesarias» para dejar sin efecto dos disposiciones finales de la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, actualmente en trámite en las Cortes Generales, que facilitan los trasvases.
El PP aragonés, por su parte, argumenta que las enmiendas solo afectan al trasvase del Tajo-Segura, aunque no descartan negociar una posición común con el PAR, cuyos senadores están integrados en el grupo «popular» en el Senado español.