El Gobierno central favorece los trasvases mediante cesiones de los derechos o ventas de agua, y bastará el permiso de la dirección general del Agua
El Gobierno central ha encontrado un atajo para allanar el camino a los trasvases y evitar la oposición de las comunidades autónomas (la de la Generalitat, por ejemplo, en el trasvase del Ebro). Los trasvases podrán hacerse mediante cesiones de derechos o ventas de aguas entre cuencas diferentes, con lo que no se requerirá el consentimiento de las autonomías. Bastará una mera autorización de la dirección general del Agua.
Hasta ahora, se daba por hecho que los futuros trasvases tendrían una planificación previa en cada cuenca hidrográfica y, como colofón, un nuevo plan hidrológico nacional refrendado por las Cortes. Sin embargo, el Gobierno ha visto que no hace falta tan compleja arquitectura legal. Ha encontrado la llave. Y para eso ha imprimido un nuevo giro recentralizador en materia de política hidráulica mediante dos enmiendas introducidas en el proyecto de la ley de Evaluación Ambiental, en trámite en el Senado. Nunca mejor dicho, se recurre al «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid…».
La primera enmienda modifica la ley de Aguas para suprimir la autorización de las Cortes en los trasvases mediante cesiones de derechos o ventas de caudales entre cuencas hidrográficas. En Catalunya, bastaría que las comunidades de regantes del Ebro y la comunidad autónoma de Valencia llegaran a un acuerdo para posibilitar una transferencia de caudales a través del canal Sénia-Xerta, ya construido. Hasta ahora, trasvases y cesiones de agua intercuencas eran algo excepcional (sequías y demás) y requerían un trámite extraordinario, así como la luz verde del Congreso, mientras que a partir ahora podrán generalizarse al suprimirse el trámite en las Cortes.
Reforma escondida
La enmienda dice que «la dirección general del Agua podrá autorizar» esta cesión de derechos y «el uso de infraestructuras que interconectan territorios de distintos planes». Josep Sabaté, senador del PSC, afirmó que «la reforma se ha hecho a escondidas y allana el camino a los trasvases sin participación». La previsión era que se aprobara anoche. «Es una reforma opaca, que contradice y elude el principio básico de planificación, al excluir del control del Plan Hidrológico las cesiones de aguas entre territorios de distintos planes hidrológicos», dice María Soledad Gallego, de la Fundación Nueva Cultura del Agua. La enmienda permitirá generalizar los mercados de agua intercuencas, de modo que las comunidades de regantes (Guadalquivir, Tajo, Xúcar) vendan los derechos a usuarios de otras cuencas siempre que haya una o varias conducciones para llevar el agua.
Una segunda enmienda modificará la ley del Plan Hidrológico Nacional (2005), para organizar «las transferencias ordinarias» entre demarcaciones. La dirección general del Agua fijará un límite máximo a los desembalses y a la disponibilidad de agua para atender la demanda interna en las cuencas cedentes. «Esto favorece la fijación de supuestos excedentes trasvasables y, además, vulnera los derechos de las instituciones y los usuarios de la cuenca cedente, que pierden capacidad de participación en la gestión del recurso», según Gallego.
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