El Consejo Nacional del Agua ha emitido esta tarde informe favorable sobre los planes de cuenca del Guadalquivir, Guadiana, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental. Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF-España han avisado que, como ya ocurrió con otros planes en el último Consejo Nacional del Agua del pasado junio, el Gobierno ha pedido el visto bueno para unos planes de cuenca que, claramente, corren el riesgo de nuevas infracciones comunitarias por repetidos incumplimientos de la Directiva Marco del Agua (DMA).

En opinión de estas organizaciones, los documentos presentados incumplen la normativa europea por graves carencias, entre ellas:

• la no recuperación de los costes del uso del agua;
• el cálculo inadecuado de los caudales necesarios para cumplir objetivos ambientales;
• la falta de análisis de los costes de las medidas propuestas, o de las alternativas a las obras hidráulicas;
• las incoherencias entre las demandas del agua para regadío y el agua necesaria para cumplir objetivos ambientales;
• las insuficiencias en los programas de seguimiento ambiental;
• la ineficacia de los procesos de participación pública; y
• la falta de garantía del buen estado de conservación de los humedales de la red Natura 2000, algunos tan emblemáticos como Doñana y las Tablas de Daimiel.

La emisión de informe favorable sobre estos planes de cuenca, deja de nuevo en entredicho el compromiso de nuestro país con el cumplimiento de las normativas comunitarias de aguas y conservación, como son la DMA, y las Directivas de Hábitat y Aves. Además, las ONG aseguran que estos planes no se atienen a los objetivos generales y contenidos establecidos en nuestra Ley de Aguas.

Según estas asociaciones, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sólo está preocupado por los retrasos en la aprobación de los planes y por mantener el anticuado modelo productivista de la gestión del agua en España, incompatible con la DMA. Es una falta de responsabilidad institucional presentar unos planes al Consejo Nacional de Agua que tan claramente incumplen las normativas europeas. Más aun si el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pide su aprobación posterior en Consejo de Ministros sin corregir las carencias graves de estos documentos, identificadas por numerosas entidades de la sociedad civil durante los procesos de elaboración, consulta pública y tramitación.

Esta urgencia del Ministerio por aprobar los planes de cuenca sólo derivará en nuevas infracciones económicas, menos capacidad de financiación en políticas como depuración de aguas o conservación de la biodiversidad, y graves inconvenientes futuros que ponen en riesgo la capacidad de gestionar y conservar adecuadamente nuestros ecosistemas acuáticos, muchos de ellos joyas de la conservación europea.

El nuevo plan hidrológico del Guadalquivir nace cojo. El consenso alcanzado en 2010 tras cinco años de debates entre todos los agentes implicados saltó por los aires con la devolución de las transferencias del Guadalquivir al Estado, en octubre de 2011. Desde ese momento, el Gobierno central empezó a recortar las inversiones y empezó a ceder a las pretensiones de los grandes usuarios del agua, las principales comunidades de regantes. El resultado se visionó este jueves con la aprobación del plan por parte del Consejo Nacional del Agua. La Junta de Andalucía, que representa a la comunidad donde se localizan el 98% de los usos de la cuenca, votó en contra de un plan que poco o nada tiene que ver con el consensuado hace dos años.

Los ecologistas creen que los problemas en Doñana se van a agravar

El plan hidrológico apuesta por la modernización de los regadíos, pero, como critica la Junta, sin excepciones de revisar los derechos de las comunidades de regantes que ya han abordado la modernización de sus infraestructuras. El consejero de Agricultura, Luis Planas, censuró también que el documento ha eliminado la limitación inicial a las grandes comunidades de regantes (aquellas que superan las 2.500 hectáreas) algo que, a su juicio, no garantiza el ahorro de agua y será imposible cumplir con la Directiva Marco de Agua de la UE. “El agua es un recurso público que, aunque esté en su totalidad en manos de concesionarios, requiere que la Administración vele por que este recurso se use de forma eficiente y generando la mayor rentabilidad social y económica posible”, subrayó Planas.

Sin embargo, el presidente de la Confederación del Guadalquivir, Manuel Romero, sostuvo que el plan establece las fórmulas para llevar a cabo una gestión sostenible del agua. Según dijo, el plan prevé la imposición a los distintos usuarios de unas eficiencias mínimas que determinarán las dotaciones brutas de agua para cada uno de los usos hídricos. Con ello, los usos agrarios y de abastecimiento a las poblaciones deberán hacer un uso más eficiente del agua e incorporar mejoras para su modernización, si bien los núcleos urbanos inferiores a 50.000 habitantes dispondrán de una moratoria temporal para ajustar sus infraestructuras.

El plan no limita los consumos y reduce las inversiones un 68%

Pero la Junta, que se abstuvo en la votación del Consejo del Agua de la Demarcación el pasado septiembre, también rechazó la drástica reducción (de un 68%) de las inversiones previstas, que pasan a 1.700 millones frente a los 4.100 que se fijaron en el plan de cuenca que se sometió a información pública.

Con todo, el plan salió adelante con solo cinco votos en contra y seis abstenciones. Entre los que se opusieron están la UPA, los regantes de Areda (con peso en el alto Guadalquivir), WWF y Ecologistas en Acción. Los ecologistas de WWF alertaron de que el documento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “agravará” los problemas de calidad y cantidad de agua en Doñana.

Entre los que apoyaron el plan está Feragua, la organización mayoritaria de los regantes andaluces y con gran influencia en el bajo Guadalquivir. Feragua votó a favor tras comprobar que el ministerio había desechado en su planificación la propuesta de la Junta de establecer dotaciones máximas para las grandes comunidades de regantes, propuesta que Feragua consideraba ilegal y discriminatoria y sin ninguna base jurídica y técnica.

La Junta sí votó a favor del Plan Hidrológico del Guadiana, la segunda cuenca intercomunitaria en importancia en Andalucía, ya que el texto sí recoge las peticiones que la Junta había efectuado.

La Consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, y el secretario de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, firmaron un convenio por el que la Organización se convierte en Entidad Agraria de Gestión, lo que supone la puesta en marcha de un nuevo servicio integral para todos sus asociados, según informó asaja.

Así, las Entidades Agrarias de Gestión tendrán potestad no solo para tramitar los diferentes expedientes de los agricultores y ganaderos, sino también para resolver cualquier incidencia, garantizando así a los profesionales del campo un servicio integral en tiempo y forma que abarca desde la tramitación de las ayudas incluidas en la solicitud unificada de la PAC, hasta el momento en el que se abonen las cantidades correspondientes en las cuentas corrientes de los productores.

Ambos firmantes destacaron la importancia del acuerdo alcanzado.

Murcia, 12 dic (EFE).- La presidenta del Instituto Euromediterráneo del Agua, Milagros Couchoud, ha considerado hoy necesario, durante el ‘Seminario regional sobre recursos hídricos no convencionales y energía’ que se celebra en Murcia, que las planificaciones de cuenca tengan en cuenta el factor energético como hacen otros países.

Añadió que países como Marruecos ya tratan a la vez energía y agua en la planificación y no se toman decisiones sin tener en cuenta ambos factores, ya que por ejemplo un plan de regadíos abordado sin tener en cuenta el coste energético podría ser inviable.

A juicio de Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, es «irrealizable» cualquier planificación hidrológica que hoy día no tenga en cuenta «la importancia de la energía como recurso necesario para completar el ciclo hídrico», de ahí que «en cualquier planificación del agua, la generación de energía, su coste derivado y la optimización del recurso sean aspectos a tener en cuenta como uno de los objetivos prioritarios a alcanzar».

Por su parte, el presidente de la Sociedad del Agua Tunecina, Meidi Belhaja, ha dicho que su país ha creado una Dirección Central de Gestión de Energía para ahorrar el 15% del consumo en 2020, que emplearán tecnología japonesa de energía fotovoltaica para una planta desalinizadora, ya que los costes actualmente alcanzan los 1,5 dólares por metro cúbico.

Belhaja ha dicho que en Murcia «hay genios» que han logrado obtener agua desalada a 1 euro el metro cúbico, un precio que consideró razonable y que da esperanzas al aprovechamiento agrícola al centro de su país.

El experto tunecino comentó que su país y Murcia tienen menos de 400 metros cúbicos de pluviometría anual y son semiáridos, si bien mientras allí la reutilización del agua no supera el 30%, en la Región de Murcia alcanza casi el cien por cien.

Además anunció la construcción de cuatro plantas desalinizadoras, una de las cuales saldrá próximamente a licitación y espera que una empresa española gane el concurso. Representantes del Icex, Sacyr, Abengoa y Acciona se encontraban en este seminario, en el que podrá salir algún futuro acuerdo comercial como el citado.

El seminario ha sido inaugurado por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, quién abogó por «una gestión eficaz del agua, vinculada a un mejor aprovechamiento energético», lo que requiere de «una acción común y de la implicación de todas las administraciones y usuarios afectados, porque sólo mediante visiones compartidas y un compromiso conjunto se pueden alcanzar los logros marcados».

El seminario está organizado por la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) del Comité de las Regiones de la UE, y patrocinado principalmente por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

El Instituto Euromediterráneo, que dirige la valenciana Milagros Couchoud desde julio del año pasado, celebra en 2013 su treinta aniversario, para lo que convocará a trescientos expertos en un encuentro en el que se darán a conocer las conclusiones del seminario celebrado hoy en Murcia, y que mañana se centrará en la visita a instalaciones de San Pedro del Pinatar.

Valcárcel destacó en este encuentro que «el empleo de recursos no convencionales, como la desalación o la reutilización de las aguas regeneradas, que diariamente son utilizados para conseguir aportaciones adicionales a nuestras zonas urbanas y agrícolas, requiere un consumo de energía en cantidades importantes, no sólo en los propios sistemas de regeneración de los volúmenes de agua, sino también en el transporte a las áreas donde el agua es necesaria».

 Recordó, además, que la Región de Murcia, dentro de la cuenca del Segura, «soporta el mayor déficit hídrico estructural de toda España, lo que obliga a hacer un uso muy intensivo de las aguas superficiales y subterráneas, a aprovechar al máximo un trasvase entre cuencas y a obtener de la depuración de aguas los mayores niveles de reutilización de recursos hídricos de toda Europa».

Para lograr la rentabilidad a medio y largo plazo de las depuradoras, mencionó la producción y el aprovechamiento del biogás que aporta la depuración de las aguas residuales.

 «Tenemos casos en los que el aprovechamiento de esta energía renovable produce ya un ahorro considerable, al aplicarla a los consumos de la propia depuradora, consiguiendo reducir hasta en un 40 por ciento el consumo de la propia planta, y a la red eléctrica de suministro urbano, contribuyendo a la eficiencia energética», concluyó. EFE

Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 39,7 de su capacidad, una décima más que la semana pasada, mientras que los del Segura están al 46,8%, seis décimas más que hace siete días.

En España, la reserva hidráulica se encuentra al 52,9 % de su capacidad total, con 29.272 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 291 hectómetros, el 0,5 % con respecto a los niveles de la semana anterior.

Los cuencas con menor porcentaje de agua embalsada son las del Duero, 31,9%; Júcar, 39,7%; Tajo, 40,6%; Miño-Sil, 45,1%, y Segura, 46,8%.

Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, las variaciones afectan a la cuenca del Tajo que ha perdido 51 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Ebro ha aumentado 224 hectómetros cúbico respecto a los datos de la pasada semana.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada

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Cantábrico 633 431 68,1 %

Miño – Sil 3.030 1.366 45,1 %

Galicia Costa 684 373 54,5 %

P. Vasco 21 19 90,5 %

Duero 7.507 2.392 31,9 %

Tajo 11.012 4.474 40,6 %

Guadiana 8.635 5.659 65,5 %

C.Atl.And. 1.880 1.380 73,4 %

Guadalquivir 8.101 5.686 70,2 %

C.Med.And. 1.177 845 71,8 %

Segura 1.141 534 46,8 %

Júcar 3.336 1.326 39,7 %

Ebro 7.494 4.402 58,9 %

Cataluña.CC I. 677 385 56,9 %

Total 55.327 29.272 52,9 %

EFE

Durante los próximos 25 años, los regantes de la comunidad de regantes del canal del río Turia disfrutará de una concesión para utilizar el agua depurada de la planta de Pinedo en los arrozales que rodean el lago de la Albufera. Así lo determina la resolución firmada por la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, que incluye varias condiciones en el permiso.

La más importante es la que se refiere al caudal máximo para no perjudicar a la fauna por un exceso de nutrientes, es decir, fósforo y nitrógeno. Según el documento, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, la concesión tiene un máximo de 32,2 millones de metros cúbicos al año, aunque durante el periodo que va de mayo a septiembre no podrá superarse la cifra de 28 millones de metros cúbicos. Esta temporada coincide con la etapa de mayor necesidad de los cultivos, aunque los técnicos han puesto un tope.

El motivo se explica en el mismo documento. «Debido a que las aguas residuales pueden aportar una carga adicional de nutrientes, sobre todo fósforo, al lago de la Albufera, especialmente en lo que se refiere a la línea de tratamiento destinado a riego, la cual no incluye una reducción específica de nutrientes, no resulta adecuado un suministro de un volumen fuera del periodo del arrozal para evitar la llegada de sobrantes y se debería ser especialmente cuidadoso con la calidad de dicho suministro».

Precisamente hace unos días un estudio de la Universitat de València alertaba del aumento de microalgas tóxicas en el humedal debido a la falta de renovación de agua de calidad, es decir, de río. Además, se hablaba también de las precauciones a tomar ante la utilización de los caudales de las depuradoras para mantener un nivel de calidad.

Los propios técnicos de la Confederación ya advierten del empleo masivo de este agua para la supervivencia del lago. Fuera del periodo del arrozal, es decir, de mayo a septiembre, indican en un informe de 2009 adjunto a esta resolución que «se debería ser especialmente cuidadoso». La toma de aguas de la depuradora de Pinedo se realiza después de un complejo proceso, donde hace años se añadió el llamado sistema terciario para eliminar impurezas que dañasen la fauna.

Las instalaciones actuales incluyen un pretratamiento con distintas rejas para el filtrado de residuos gruesos y finos, así como un tamizado y otras fases para el desarenado y desengrasador de los caudales de aguas residuales. Después llega el tratamiento primario, con la mezcla de productos químicos y la decantación.

El secundario trata de la eliminación de fangos y nitrógeno, mientras que el terciario, que permite su paso a la Albufera, consta de una desinfección del agua con ultravioletas. Los caudales que no van al lago se vierten al mar directamente a través de un emisario que descarga en los aledaños del Club Náutico. El parque natural tiene otras depuradoras de menor calado que hacen la misma función, con filtros verdes para purificar el agua, es decir, vegetación que retiene el exceso de nutrientes.

La consejera de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, defendió ayer la necesidad de que se retrase la reforma de la Política Agricultura Comunitaria (PAC) hasta el año 2015 hasta que se disponga de una ficha financiera adecuada.
«Castilla-La Mancha se posiciona alineada con el Ministerio y con el Gobierno de España  defendiendo esa ficha para reforma de la PAC y, de hecho, si no hay una adecuada ficha financiera, nosotros nos posicionamos para que se mantenga el statu quo en el 2014, y se retrase la entrada en vigor de la reforma de la PAC hasta el año 2015», afirmó.
María Luisa Soriano, que realizó esta declaraciones poco antes de participar en la reunión de la comisión sectorial de Agricultura, en Madrid, defendió la necesidad de «revisar profundamente» la reforma de la PAC si finalmente no se mantiene el presupuesto «necesario» para atender los múltiples retos a los que tiene que hacer frente el sector agrario porque, según subrayó, no se le puede exigir más a los productores con menos presupuesto.
«Nosotros -dijo- somos partidarios de esperar a que haya un acuerdo del presupuesto global de la UE y, a partir de ahí, comenzar con la reforma de la PAC en función al presupuesto. Por eso pedimos que se mantenga el status quo en el año 2014, que luego entraría en vigor en el 2015 con la ficha financiera adecuada».
Por otra parte, también resaltó la importancia del plan de acción de utilización de los productos fitosanitarios que aprobó la conferencia sectorial porque permitirá a los productores mejorar su uso con una gestión integrada del control de plagas y de enfermedades de las plantas cultivadas y, por lo tanto, será un valor añadido de los productos agroalimentarios.

arias cañete. Tras finalizar la reunión, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró que el marco financiero plurianual de la UE no se aprobará hasta el año que viene y que, será entonces, cuando se negocie la financiación de la PAC.
Según el ministro, todo esto lleva a que la aprobación de la PAC se puede situar al final del primer o segundo semestre del próximo año, con lo que la campaña 2013-2014 se va a hacer con la PAC actual.
«En el pasado Consejo de Ministros de la UE yo pedí al comisario europeo que la Comisión empezara a reflexionar sobre una base jurídica para trasladarle a los agricultores europeos sobre qué esquema van a obtener sus ayudas en la próxima campaña 2013-2014», afirmó el ministro de Agricultura.

Desde finales del pasado mes de octubre, varios agricultores de La Roda han recibido denuncias de la Guardia Civil, en las que se les acusa de haber cultivado marihuana en su maizales y se les imponen fuertes multas.
Los agricultores, por su parte, se quejan de ser los «paganos» de  una práctica cada vez más frecuente en Albacete, pero que ha llegado por primera vez a La Roda, la presencia de plantaciones ilegales de cannabis sativa entre sus cultivos, algo de lo que dicen no tener ningún control ni la menor responsabilidad.
El problema es que, en estricta aplicación de la ley, se sanciona al titular del terreno, ya que, como es  lógico, no hay nadie que reclame  la marihuana, una vez que ésta ha sido localizada e incautada por la Guardia Civil. Éste, por su parte, se ve obligado a recurrir y a hacer trámites, recursos y pliegos de descargo «sin tener ninguna culpa», señala J.L.H., uno de los afectados, en declaraciones a La Tribuna de Albacete.

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Mantener limpios y en buen estado los ríos y los acuíferos es una labor de todos. De los ciudadanos de a pie, de las empresas, pero también de las administraciones. Algo que no siempre se respeta ni por parte de unos ni de otros.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha impuesto en la provincia de Albacete este año un total de 15 multas por vertidos al dominio público hidráulico. Sanciones que se traducen en un montante económico que alcanza los 69.611,43 euros, según el propio organismo de cuenca. Paralelamente a estas 15 sanciones, la CHJ tiene abiertos en estos momentos otros cuatro expedientes que se encuentran en fase administrativa.

Pese a todo la cifra de multas en la provincia se ha reducido a más de la mitad en solo un año. Y es que el 2011 se saldó, según los datos de la CHJ, con 32 sanciones por un importe global cercano a los 196.000 euros.

Radiografía

Pero, ¿qué ocasiona fundamentalmente estas sanciones? Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar señalaron que en el caso de la provincia de Albacete los principales problemas están relacionados con la gestión de las aguas residuales. En concreto, según expusieron, se trata de vertidos que se realizan al dominio público hidráulico sin depurar o de aquellos que, aún estando autorizados, superan los valores límite de emisión establecidos por ley.

En cuanto al origen de estos vertidos desde el organismo de gestión hidrográfica indicaron que proceden, principalmente, de municipios o pedanías sin instalaciones de depuración o bien de aquellas localidades que, a pesar de contar con instalaciones de depuración, no logran depurar adecuadamente las aguas residuales generadas.

La sanción es el último paso cuando se detecta una actuación que puede ser irregular. Previamente la Confederación lleva a cabo un amplio procedimiento que comienza con el requerimiento al titular, es decir al responsable del vertido. Así. en caso de vertidos no autorizados, la administración requiere al responsable que proceda al cese inmediato del mismo y que en el plazo de 10 días comunique la finalización de los trabajos para realizar la correspondiente comprobación.

Si se trata de vertidos autorizados la CHJ requiere que se cese inmediatamente de verter aguas residuales. Además, debe adoptar las medidas precisas con objeto de que el vertido de aguas residuales cumpla con los valores límite de emisión autorizados y comunique en un plazo máximo de 10 días las medidas adoptadas en la estación depuradora y las gestiones realizadas.

Entre otras actuaciones la Confederación también contempla la posibilidad de regularizar vertidos no autorizados siempre y cuando éstos sean susceptibles de ser legalizados. En este caso, se requiere al titular del vertido que, en el plazo de un mes, presente la solicitud de autorización del mismo junto con la declaración.

Si se considera preciso, se exige al responsable del vertido que adopte medidas cautelares. ¿El objetivo de éstas? Minimizar el impacto que provoca el residuo durante el tiempo en que se tramite la correspondiente autorización. La apertura de un expediente sancionador se produce en última instancia. Así, la incoación se lleva a cabo en aquellos casas situaciones en las que se han producido daños en la calidad de las aguas, bien sean superficiales o subterráneas.

También puede producirse si el titular de la autorización para verter no adopta las medidas necesarias para adecuar su vertido a las condiciones establecidas en la autorización. Otro motivo que el responsable de un vertido no autorizado no responda a los requerimientos del organismo hidrográfico para legalizar su vertido.