La consejera de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, defendió ayer la necesidad de que se retrase la reforma de la Política Agricultura Comunitaria (PAC) hasta el año 2015 hasta que se disponga de una ficha financiera adecuada.
«Castilla-La Mancha se posiciona alineada con el Ministerio y con el Gobierno de España  defendiendo esa ficha para reforma de la PAC y, de hecho, si no hay una adecuada ficha financiera, nosotros nos posicionamos para que se mantenga el statu quo en el 2014, y se retrase la entrada en vigor de la reforma de la PAC hasta el año 2015», afirmó.
María Luisa Soriano, que realizó esta declaraciones poco antes de participar en la reunión de la comisión sectorial de Agricultura, en Madrid, defendió la necesidad de «revisar profundamente» la reforma de la PAC si finalmente no se mantiene el presupuesto «necesario» para atender los múltiples retos a los que tiene que hacer frente el sector agrario porque, según subrayó, no se le puede exigir más a los productores con menos presupuesto.
«Nosotros -dijo- somos partidarios de esperar a que haya un acuerdo del presupuesto global de la UE y, a partir de ahí, comenzar con la reforma de la PAC en función al presupuesto. Por eso pedimos que se mantenga el status quo en el año 2014, que luego entraría en vigor en el 2015 con la ficha financiera adecuada».
Por otra parte, también resaltó la importancia del plan de acción de utilización de los productos fitosanitarios que aprobó la conferencia sectorial porque permitirá a los productores mejorar su uso con una gestión integrada del control de plagas y de enfermedades de las plantas cultivadas y, por lo tanto, será un valor añadido de los productos agroalimentarios.

arias cañete. Tras finalizar la reunión, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró que el marco financiero plurianual de la UE no se aprobará hasta el año que viene y que, será entonces, cuando se negocie la financiación de la PAC.
Según el ministro, todo esto lleva a que la aprobación de la PAC se puede situar al final del primer o segundo semestre del próximo año, con lo que la campaña 2013-2014 se va a hacer con la PAC actual.
«En el pasado Consejo de Ministros de la UE yo pedí al comisario europeo que la Comisión empezara a reflexionar sobre una base jurídica para trasladarle a los agricultores europeos sobre qué esquema van a obtener sus ayudas en la próxima campaña 2013-2014», afirmó el ministro de Agricultura.

Desde finales del pasado mes de octubre, varios agricultores de La Roda han recibido denuncias de la Guardia Civil, en las que se les acusa de haber cultivado marihuana en su maizales y se les imponen fuertes multas.
Los agricultores, por su parte, se quejan de ser los «paganos» de  una práctica cada vez más frecuente en Albacete, pero que ha llegado por primera vez a La Roda, la presencia de plantaciones ilegales de cannabis sativa entre sus cultivos, algo de lo que dicen no tener ningún control ni la menor responsabilidad.
El problema es que, en estricta aplicación de la ley, se sanciona al titular del terreno, ya que, como es  lógico, no hay nadie que reclame  la marihuana, una vez que ésta ha sido localizada e incautada por la Guardia Civil. Éste, por su parte, se ve obligado a recurrir y a hacer trámites, recursos y pliegos de descargo «sin tener ninguna culpa», señala J.L.H., uno de los afectados, en declaraciones a La Tribuna de Albacete.

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Mantener limpios y en buen estado los ríos y los acuíferos es una labor de todos. De los ciudadanos de a pie, de las empresas, pero también de las administraciones. Algo que no siempre se respeta ni por parte de unos ni de otros.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha impuesto en la provincia de Albacete este año un total de 15 multas por vertidos al dominio público hidráulico. Sanciones que se traducen en un montante económico que alcanza los 69.611,43 euros, según el propio organismo de cuenca. Paralelamente a estas 15 sanciones, la CHJ tiene abiertos en estos momentos otros cuatro expedientes que se encuentran en fase administrativa.

Pese a todo la cifra de multas en la provincia se ha reducido a más de la mitad en solo un año. Y es que el 2011 se saldó, según los datos de la CHJ, con 32 sanciones por un importe global cercano a los 196.000 euros.

Radiografía

Pero, ¿qué ocasiona fundamentalmente estas sanciones? Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar señalaron que en el caso de la provincia de Albacete los principales problemas están relacionados con la gestión de las aguas residuales. En concreto, según expusieron, se trata de vertidos que se realizan al dominio público hidráulico sin depurar o de aquellos que, aún estando autorizados, superan los valores límite de emisión establecidos por ley.

En cuanto al origen de estos vertidos desde el organismo de gestión hidrográfica indicaron que proceden, principalmente, de municipios o pedanías sin instalaciones de depuración o bien de aquellas localidades que, a pesar de contar con instalaciones de depuración, no logran depurar adecuadamente las aguas residuales generadas.

La sanción es el último paso cuando se detecta una actuación que puede ser irregular. Previamente la Confederación lleva a cabo un amplio procedimiento que comienza con el requerimiento al titular, es decir al responsable del vertido. Así. en caso de vertidos no autorizados, la administración requiere al responsable que proceda al cese inmediato del mismo y que en el plazo de 10 días comunique la finalización de los trabajos para realizar la correspondiente comprobación.

Si se trata de vertidos autorizados la CHJ requiere que se cese inmediatamente de verter aguas residuales. Además, debe adoptar las medidas precisas con objeto de que el vertido de aguas residuales cumpla con los valores límite de emisión autorizados y comunique en un plazo máximo de 10 días las medidas adoptadas en la estación depuradora y las gestiones realizadas.

Entre otras actuaciones la Confederación también contempla la posibilidad de regularizar vertidos no autorizados siempre y cuando éstos sean susceptibles de ser legalizados. En este caso, se requiere al titular del vertido que, en el plazo de un mes, presente la solicitud de autorización del mismo junto con la declaración.

Si se considera preciso, se exige al responsable del vertido que adopte medidas cautelares. ¿El objetivo de éstas? Minimizar el impacto que provoca el residuo durante el tiempo en que se tramite la correspondiente autorización. La apertura de un expediente sancionador se produce en última instancia. Así, la incoación se lleva a cabo en aquellos casas situaciones en las que se han producido daños en la calidad de las aguas, bien sean superficiales o subterráneas.

También puede producirse si el titular de la autorización para verter no adopta las medidas necesarias para adecuar su vertido a las condiciones establecidas en la autorización. Otro motivo que el responsable de un vertido no autorizado no responda a los requerimientos del organismo hidrográfico para legalizar su vertido.

La representante de la plataforma María José Romero, explicó tras reunirse con eurodiputados que la Comisión debe «demandar a España por incumplimiento» de directivas comunitarias relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética, así como por «la ausencia de competencia en el mercado eléctrico español».

Por una parte, esta plataforma considera que España vulnera la directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, al «haber un problema de tutela efectiva del Derecho europeo».

Desde el punto de vista de la organización, «sistemáticamente los tribunales nacionales se están oponiendo» a que se puedan plantear cuestiones prejudiciales que tengan que ver con la discriminación de algunas tecnologías renovables en España.

Así, asegura la plataforma, «el propio abogado del Estado recomienda al tribunal» nacional en cuestión que no someta cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de las directivas europeas al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo.

Asimismo, cree que España ha hecho una «ineficiente adaptación» de la directiva mediante la aprobación de una serie de decretos que, a su juicio, imponen «más barreras» al autoconsumo energético (como la instalación de placas solares en los hogares) que defiende esa ley europea.

«Vulnera la directiva en la medida en que es discriminatorio, porque penaliza más a algunas energías renovables», especialmente la cogeneración, la fotovoltaica y la termosolar, apunta la plataforma.

Por otro lado, la organización denuncia que España incumple las directivas 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y 2009/73/CE, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, y recuerda que «ha habido ya varias denuncias en la Comisión Nacional de Competencia».

Según la organización, las autoridades españolas «trasladan competencias que actualmente están en el organismo regulador en la Comisión Nacional de Energía y las manda al Ministerio de Industria», algo que «va en contra de estas directivas, que intentan que los reguladores sean independientes de los gobiernos». EFEverde

Las comunidades autónomas piden a la Unión Europea (UE) que reconozca su experiencia de más de un siglo en la gestión de los recursos hídricos a la hora de establecer la estrategia de salvaguarda de estos recursos para los próximos años.

Esta es la postura que trasladarán las comunidades autónomas, el próximo día 10, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, para que el Gobierno de España lo traslade a la próxima reunión del Consejo de Ministros del ramo de la UE, que se celebra este mes.

Así lo ha explicado hoy el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore, al inicio de la reunión preparatoria de la del día 10 en Madrid, celebrada en Logroño con la asistencia de representantes de algunas comunidades autónomas y, el resto, lo han hecho por videoconferencia.

La Rioja ostenta este semestre la coordinación de las comunidades autónomas para fijar una posición común de cara a este Consejo de Ministros.

Nagore, en declaraciones a los periodistas, ha subrayado que «es importantísimo» que los países del sur de la UE hagan entender a la Comisión Europea que sus condiciones son diferentes a las del resto porque sufren las consecuencias del cambio climático.

Los países mediterráneos, ha añadido, sufren la desertización y la escasez de agua de una forma «muy diferente» al resto de países del norte de Europa, que tienen recursos hídricos abundantes y cuyos problemas, en este aspecto, son otros.

Por ello, ha incidido en la importancia de que el nuevo programa de salvaguarda de los recursos hídricos de la UE tenga en cuenta esas diferencias y «no se eche por tierra todo un siglo de política hidráulica» desarrollada en España, que se ha basado en regulaciones.

Según Nagore, si España no hubiera acometido obras de regulación, estarían en unas condiciones «mucho más desfavorables», por lo que cree que estas cuestiones tienen que ser tenidas «muy en cuenta por la Comisión Europea», de manera que las estrategias en materia de recursos hídricos tengan en cuenta las condiciones climatológicas de cada uno de los estados miembros.

Para el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, José María Infante, «la gestión de los recursos hídricos en España es complicada, ya que no solo se trata de disponer de un agua de calidad sino en cantidad y los dos aspectos van estrechamente relacionados».

«España tiene que guardar agua cuando tiene en exceso para tenerla disponible cuando la necesita», ha indicado Infante, quien ha detallado que estas cuestiones deberá tenerlas en cuenta la Comisión al establecer las nuevas políticas de medio ambiente para los próximos años. EFEverde

La Consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, y el secretario regional de la patronal agraria Asaja , José María Fresneda, firmaron ayer un convenio por el que la organización se convierte en Entidad Agraria de Gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Gracias a este convenio, las entidades agrarias de gestión tendrán potestad no sólo para tramitar los diferentes expedientes de los agricultores y ganaderos, sino también para resolver cualquier incidencia, garantizando así a los profesionales del campo un servicio integral que abarca desde la tramitación de las ayudas incluidas en la solicitud unificada de la PAC, hasta el momento en el que se abonen las cantidades correspondientes en las cuentas corrientes de los productores, informó Asaja.
Un cambio de modelo que supondrá una agilización de los trámites y una mayor rapidez en los pagos de los agricultores de la región. Y es que, según la organización agraria, la gestión eficiente de estas ayudas comunitarias favorecerá la toma de decisiones de los productores a la hora de planificar sus campañas. Además, se evitará que se paralicen importantes inyecciones de liquidez al sistema financiero proveniente de Europa.

Bruselas, 3 dic (EFECOM).- Los ministros de Energía y Transportes de la Unión Europea pidieron hoy a la Comisión Europea que proponga nuevos umbrales de uso de energías renovables en los Veintisiete más allá de 2020, en el que está establecido el objetivo del 20 %.

La petición la recoge una declaración de los Veintisiete sobre energías renovables en la que se destaca su importancia pero no se establecen porcentajes concretos, una falta de ambición que han lamentado ya organizaciones ecologistas como Greenpeace y WWF.

Los Veintisiete dijeron «tomar nota con satisfacción» de que vaya por buen camino el objetivo de que el 20 % de la energía en la UE sea renovable para 2020.

Si bien señalaron que «para conseguir cumplir con la hoja de ruta de la Energía que prevé la CE para 2050 se requerirá establecer nuevos umbrales de consumo de renovables más allá de 2020, incluido 2030».

El ministro chipriota del ramo, Neoklis Sylikiotis, destacó que estas conclusiones «permitirán fomentar la incorporación de fuentes de energía renovables a los mercados de electricidad», al tiempo que señalan la necesidad de «una visión a más largo plazo» para el horizonte posterior a 2050.

En el texto aprobado hoy, los ministros recuerdan que es tarea de los propios Estados «asegurar que los precios de la energía renovable es asequible para los consumidores».

Además, los Veintisiete también destacaron la importancia de desarrollar un mercado interior de la energía y el gas para 2014 para facilitar la participación en el mismo de nuevos actores, incluidas las pequeñas y medianas empresas del sector de las renovables.

Tras la aprobación de las conclusiones, la organización Greenpeace hizo un llamamiento a la CE para que proponga un objetivo obligatorio del 45% de renovables de cara a 2030.

«La UE gasta alrededor de 400.000 millones al año para pagar energía fósil importada. Existe una gran dependencia energética exterior y afecta especialmente a los países que peor lo están pasando por la crisis económica», señaló el consejero de Greenpeace, Frederic Thoma, en un comunicado.

Más ambición en el establecimiento de objetivos concretos pidió también la organización WWF, que dijo en una nota que aunque los ministros «han hecho bien en pedir umbrales más altos para las renovables, fracasaron a la hora de dar una señal clara de ambición para asegurar la continuidad de las políticas efectivas hasta 2030».

«Políticas ambiciosas para las renovables conducirán hacia el crecimiento económico, la independencia de las energías fósiles, la innovación y la competitividad en Europa», señaló la consejera de WFF Imke Luebbeke.

Asimismo, los Veintisiete analizaron los avances en las negociaciones con el Parlamento Europeo y el Ejecutivo comunitario para la aprobación del paquete de «infraestructuras prioritarias» de transporte, energía y telecomunicaciones, es decir, aquellas que podrán optar a financiación de la UE.

El ministro chipriota señaló que «se han puesto las bases» para un acuerdo en el primer encuentro entre las tres partes, y señaló que habrá otra reunión el próximo 13 de diciembre.

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, subrayó la importancia del paquete «para la creación de un verdadero mercado común de energía, transporte y telecomunicaciones», y recordó que la dotación total disponible para financiar proyectos dependerá del presupuesto comunitario para 2014-2020, que aún están negociando los Veintisiete. EFECOM