El borrador del nuevo Código Penal que prepara el Gobierno incluye un agravamiento de las penas, de hasta cuatro años, para los multirreincidentes de los robos en el campo, la sustracción de cable de cobre y un endurecimiento de las penas para supuestos de incendios forestales.

Así lo reveló ayer el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador , tras reunirse con los responsables regionales de Asaja, una «reivindicación histórica» de esta organización agraria, por lo que han expresad su satisfacción.

Según dijo Labrador tras la reunión con el secretario y presidente regional de Asaja, José María Fresneda y Fernando Villena, respectivamente, se aumentan las condenas para aquellos multirreincidentes de hurtos sistemáticos en el medio rural con la agravación de las penas de dos a cuatro años, con lo cual ingresarían en prisión, y también se castiga más el concepto de grupo o banda organizada para delinquir.

Se incrementan las penas de los incendiarios, que podrá llegar hasta los nueve años de cárcel en casos agravados como que la zona afectada sea de especial protección o bien porque se produzcan cerca de núcleos poblados.

También se incluye la posibilidad -según Labrador – de que los autores de los incendios respondan con su patrimonio en la reparación de los daños.

También han tratado de la vigilancia de la Guardia Civil en las zonas rurales y aunque han constatado, según Labrador , que se están obteniendo «buenos resultados» no van a bajar la guardia y «seguiremos trabajando en ello», ha afirmado el delegado del Gobierno.

El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha agradecido «muy seriamente» al delegado que les haya llamado para explicarles esta reforma del Código Penal.

Miedo

Labrador explicó que al tratarse de una Ley Orgánica que afecta a los derechos fundamentales de las personas no se puede tramitar de urgencia como les hubiera gustado a los dirigentes de Asaja, tras el malestar de los afectados por estos robos, ha explicado Fresneda, que agradeció que se haya aumentado la vigilancia de la Guardia Civil en el medio rural.

Según el secretario regional de Asaja, en el borrador del nuevo Código Penal «se recoge todo lo que Asaja había planteado para acabar con esta sangría que está ocurriendo en nuestros pueblos».

El hecho de que estos robos dejen de ser faltas y pasen a ser delito y que los autores vayan a dar «con sus huesos en la cárcel a nosotros nos llena de satisfacción», dijo Fresneda, quien remarcó la circunstancia de que este tipo de robos se producen en lugares aislados, donde la gente pasa «mucho miedo».

«Ahora saben que quien lo haga lo pagará y no como antes que se daba el caso de que aunque cometieras doscientas faltas leves no pasaba nada».

Fresneda reiteró la satisfacción por estos cambios, ya que se trata de «una vieja reivindicación que ya tocaba y se lo tenemos que agradecer al Gobierno». Asaja va a intentar que en la tramitación de le ley se incluyan «algunas mejoras» como incluir el robo de ganado

Ha visto cumplido uno de sus sueños, tocar el agua del Júcar en el Vinalopó. No obstante, advierte que este no es el trasvase que reclaman los usuarios.

-El agua del Júcar ha comenzado a regar Alicante. ¿Cómo se siente?

-El 20 de septiembre de 2012 es un día que quedará recogido en los libros de Historia. Un día de celebración, pero también de reivindicación,: lo que se puso en marcha no era el Júcar-Vinalopó, que está inacabado, sino la solución a un problema que tenía Acuamed: el vaciado del embalse de San Diego, que había perdido más de siete hectómetros.

-Hay quien interpreta que han claudicado al aceptar el agua embalsada.

-La reivindicación y las condiciones que ponemos para usar el agua del Júcar son las mismas ahora que el 28 de julio de 2005, cuando se produjo el cambio de toma, técnicamente injustificado y políticamente impuesto. Si no se cumplen no usaremos una sola gota de agua.

-¿Qué condiciones?

-La primera exigencia es que sea un caudal con calidad suficiente, como mínimo, para regadío. El agua que estamos usando ahora no era apta en 2010, cuando se trasvasó, lo es con el paso del tiempo porque han desaparecido las bacterias y fitosanitarios. Y sigue sin ser apta para consumo. La segunda es un precio asumible. El precio que vamos a pagar por el vaciado es de cinco céntimos, pero se trata de un precio «político», no de mercado.

-Si el agua de Cullera fuese apta, ¿podrían asumir el precio?

-De ninguna manera, estaría en torno a los 40 céntimos. Hay que agradecer a Acuamed su esfuerzo para que el precio del vaciado sea viable, y para que se destine a solucionar otro problema que creó la Administración, la deuda de un millón de euros por el crédito sindicado.

-Aún así, han aceptado usar otros 12 hectómetros de la toma actual.

-Pero porque el embalse se tiene que vaciar, volver a llenar y vaciarse de nuevo. El acuerdo contempla usar el agua de este vaciado y del siguiente. Pero seguiremos reivindicando que se aplique el sentido común para un Júcar-Vinalopó sostenible técnica, económica y medioambientalmente. Es decir, desde Cortes de Pallás.

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Cambio de trazado

«Habría que pedir responsabilidades a Cristina Narbona y sus acólitos»

Los regantes del Júcar

«No tienen nada que temer, el problema no es de agua, sino de gestión»

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-¿Cuánto costaría recuperarlo?

-Calculamos que con unos 50 o 60 millones de euros estarían terminados los túneles entre el tramo I y el IV.

-Con los recortes, quizá no sea el mejor momento…

-Ya hemos trasladado a la Administración, de manera informal, que estamos dispuestos a asumir la financiación. A través de la tarifa, con una amortización a 50 años, supondría entre dos y tres céntimos por metro.

-¿Y cómo piensan vencer la resistencia de ciertas comunidades de regantes del Júcar?

-Los regantes del Júcar no tienen nada que temer, porque el trasvase siempre será de sobrantes. El problema del Júcar no es de agua, sino de gestión; el año pasado se perdieron 100 hectómetros en el vaciado de Tous. Para Alicante solo se piden 80. Y solo cuando haya sobrantes.

-¿Se sienten respaldados por las instituciones valencianas?

-Siempre hemos sentido al lado a la Generalitat. Y hoy tenemos que felicitarnos de que la apertura del embalse haya significado también la apertura del diálogo con el Gobierno. Pero el vaciado, simbólico, solo es un entremés.

-Si el Júcar-Vinalopó no entra en funcionamiento, Bruselas podría reclamar 120 millones de euros.

-Es cierto que tenemos encima esa espada de Damocles. De ahí la urgencia por firmar un nuevo convenio con Acuamed. No podemos dejar sin uso una obra que ha costado 400 millones. Hay que acabarla y, me atrevería a decir, pedir responsabilidades.

-¿Tienen nombre y apellidos esas responsabilidades?

-Cristina Narbona, en primer lugar, y luego sus acólitos, el expresidente de la CHJ Juan José Moragues, o el exdirector general del Agua Jaime Palop.

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha reiterado su intención de impulsar una política de aguas “racional, moderna, eficiente y sostenible”, a pesar de las dificultades del actual contexto de restricción presupuestaria. El ministro ha lamentado que “en los momentos de gran bonanza económica no hubiéramos tenido una planificación suficientemente racional y sostenible”. Pero ahora, ha añadido el ministro, “desde la dificultad, podemos superar la falta de recursos presupuestarios con esfuerzo, trabajo e imaginación”.

Arias Cañete hacía estas manifestaciones durante la toma de posesión de Liana Ardiles López, como nueva directora general del Agua, en un acto al que también han asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, el subsecretario del Ministerio, y los secretarios generales de Agricultura y Alimentación, y de Pesca.

En su intervención, Arias Cañete ha indicado que la nueva directora general tiene muchos retos por delante, como es, en primer lugar, terminar con los Planes de demarcación de todas las demarcaciones hidrográficas. En este sentido, el ministro ha expresado su voluntad de que esta cuestión se resuelva de una manera ágil, aunque es consciente de que la tarea “no es fácil”.

A partir de ahí, el ministro ha apuntado que, a mediados de 2013, “tendremos que lanzar ese nuevo Pacto Nacional del Agua, que acompaña al nuevo Plan Hidrológico Nacional”. Además, Arias Cañete ha señalado que habrá que poner en marcha un Plan de modernización de regadíos, “que tiene que ir acompasado con los planes de demarcación y con el nuevo Plan Hidrológico Nacional”.

Nacida en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), Liana Ardiles es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), funcionaria del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y Master de Hidrología General y Aplicada del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Inició su actividad profesional en 1997 en la Dirección General del Agua, en el área de Seguridad de Presas, y entre los años 2005 a 2010 fue responsable de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), en donde fue responsable del desarrollo de proyectos y direcciones de obras y la explotación de las infraestructuras. En la actualidad, desempeñaba el cargo de jefe de la unidad de apoyo de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático.

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha reiterado su intención de impulsar una política de aguas “racional, moderna, eficiente y sostenible”, a pesar de las dificultades del actual contexto de restricción presupuestaria. El ministro ha lamentado que “en los momentos de gran bonanza económica no hubiéramos tenido una planificación suficientemente racional y sostenible”. Pero ahora, ha añadido el ministro, “desde la dificultad, podemos superar la falta de recursos presupuestarios con esfuerzo, trabajo e imaginación”.

Arias Cañete hacía estas manifestaciones durante la toma de posesión de Liana Ardiles López, como nueva directora general del Agua, en un acto al que también han asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, el subsecretario del Ministerio, y los secretarios generales de Agricultura y Alimentación, y de Pesca.

En su intervención, Arias Cañete ha indicado que la nueva directora general tiene muchos retos por delante, como es, en primer lugar, terminar con los Planes de demarcación de todas las demarcaciones hidrográficas. En este sentido, el ministro ha expresado su voluntad de que esta cuestión se resuelva de una manera ágil, aunque es consciente de que la tarea “no es fácil”.

A partir de ahí, el ministro ha apuntado que, a mediados de 2013, “tendremos que lanzar ese nuevo Pacto Nacional del Agua, que acompaña al nuevo Plan Hidrológico Nacional”. Además, Arias Cañete ha señalado que habrá que poner en marcha un Plan de modernización de regadíos, “que tiene que ir acompasado con los planes de demarcación y con el nuevo Plan Hidrológico Nacional”.

Nacida en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), Liana Ardiles es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), funcionaria del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y Master de Hidrología General y Aplicada del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Inició su actividad profesional en 1997 en la Dirección General del Agua, en el área de Seguridad de Presas, y entre los años 2005 a 2010 fue responsable de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), en donde fue responsable del desarrollo de proyectos y direcciones de obras y la explotación de las infraestructuras. En la actualidad, desempeñaba el cargo de jefe de la unidad de apoyo de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático. 

LA TRIBUNA EL PRIMER TRASVASE AL VINALOPÓ DESATA LAS IRAS DE LOS REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL.pdf

Los peores augurios de los regantes albaceteños se han cumplido. Desde este jueves, el agua de la balsa de San Diego, ubicada en Villena (Alicante) y que se llenó «de prueba» con recursos del Júcar, riega los campos alicantinos. Este envío se interpreta, en la Comunidad Valenciana, como el comienzo efectivo del trasvase Júcar-Vinalopó, un hecho que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha denunciado porque «carece de cobertura legal».

La entidad ha mostrado su indignación por el acuerdo que ha permitido el desembalse del agua de San Diego, suscrito el pasado día 18 entre la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, «bajo el auspicio», según informó el Ministerio en nota de prensa, de la Diputación Provincial de Alicante.

El presidente de la JCRMO, Francisco Belmonte, señaló que el Ministerio «debe saber que el trasvase no tiene cobertura legal» ya que el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 prevé unas normas de explotación «que aún no se han redactado». «El artículo 24 del Plan está derogado entero por el Supremo», recordó Belmonte, quien señaló que, además, a la hora de vaciar la balsa «debió contarse con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con la JCRMO».

A juicio del máximo representante de los regantes de la Mancha Oriental, en el Ministerio «alguien no se entera», señalando que Acuamed «no tiene autoridad para iniciar un trasvase». Belmonte afirmó que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, «no puede ponerse de perfil» en este asunto, y criticó también la postura de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que a su juicio «se inhibe cuando debería decir algo».

Segunda fase

El presidente de la JCRMO explicó que la balsa de San Diego es propiedad de Acuamed porque las obras «no están entregadas» y denunció no solo el envío de agua del Júcar que ya se ha hecho, sino que según la nota difundida por el Ministerio se vaya a realizar «una segunda fase de llenado o puesta en carga, de cuya distribución se encargará también la Junta Central (de Usuarios del Vinalopó)».

La JCRMO afirmó este verano, coincidiendo con el anuncio que se hizo desde la Generalitat Valenciana de realizar hasta dos envíos de, al menos, 18 hectómetros cúbicos para los regantes del Vinalopó, que «no se han establecido las normas de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó que garanticen la prioridad de la cuenca hidrográfica cedente».

Los regantes albaceteños, que en su momento anunciaron que están dispuestos a acudir a los tribunales para defender sus derechos, hacen hincapié en que el 72% de la cuenca del Júcar está en Castilla-La Mancha, y que siguen sin resolverse cuestiones previstas en el Plan del 98 como la finalización de las obras de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental, todo ello en un momento marcado por la sequía que afecta a los cultivos de la provincia.

Para Francisco Belmonte, el envío de recursos del Júcar para regar más de 20.000 hectáreas de cultivos alicantinos es una «cuestión política» que se ha planteado «a costa de los usuarios albaceteños».

La entidad ya se ha puesto en contacto con el Gobierno regional para que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, haga valer su compromiso de que «la cuenca cedente tiene la prioridad», y tiene previsto reunirse, el próximo jueves, con la presidenta de la CHJ, la valenciana María Ángeles Ureña.

El País

María Dolores de Cospedal afirma que en España «hay agua para todos», aunque hay que distribuirla, y lo que hace falta es un Gobierno «valiente» con una política hidráulica nacional «aplicada a todo el mundo».

Se trataría, por tanto, de una cuestión de localización que se resolvería con criterios de eficiencia hidráulica y sensatez legislativa. España es un ejemplo paradigmático de desequilibrio hídrico, por lo que se hace necesaria una política hidrológica que optimice un recurso tan preciado como el agua, la cual habrá de hacerse, forzosamente, en el marco de una política europea de aguas que quizá no ha valorado adecuadamente las peculiaridades hídricas de cada Estado miembro, centrándose únicamente en criterios de calidad y despreciando los de cantidad.

Pero en cualquier caso, para que pueda obedecer a los criterios de eficiencia y sensatez antes expuestos, dicha política española de aguas deberá estar, paradójicamente, despolitizada.

Visita Turquía JCRMO.pdf

El agua del Júcar llegó ayer por fin a las comarcas alicantinas para satisfacer una reclamación histórica de 592 años. Algún viejo labrador no podía ayer dar crédito a lo que veía. El agua trasvasada ha salido desde el embalse principal de San Diego, ubicado en Villena, hasta la balsa de El Rollo en Aspe, que dispone de un hectómetro cúbico de capacidad. Tanto de lo mismo ocurrirá a partir de ahora en las diferentes balsas construidas a lo largo y ancho de la geografía alicantina y que forman parte de la margen derecha del postrasvase.

Junto a los muros del embalse de El Rollo se dieron cita ayer al mediodía los representantes de los agricultores alicantinos, quienes acompañados por el alcalde de Aspe, Manuel Díaz, que hizo de anfitrión, recibieron con un indisimulado alborozo el primer chorro que manó a través de la tubería que abastece dicha infraestructura hídrica. Y no era para menos. Al fín y al cabo, ayer se vivió una jornada histórica para los regantes de la provincia. Tras décadas de reivindicaciones y de lucha, el agua del río Júcar ha hecho su aparición y será distribuida a partir de ahora entre 20.000 agricultores de las poblaciones de Agost, Aspe, Monforte del Cid, Elche, Monóvar y La Romana.

Aunque no es la mejor de las aguas, -de hecho los regantes del Vinalopó insisten en reivindicar el cambio de toma río arriba para mejorar la calidad de los caudales, que ahora se toman casi en la desembocadura- los casi cinco hectómetros cúbicos que han quedado en la presa de San Diego servirán para aliviar la sequía del estío en los campos, al menos hasta final de año.

Así lo señaló ayer el presidente de la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, quien no podía ocultar su satisfacción al ver por fin correr el agua después de tantos y tantos sinsabores sufridos durante su mandato al frente de los regantes alicantinos.

Eso sí, Martínez no se conforma ni mucho menos con lo conseguido ayer y continúa exigiendo agua de calidad no solo para poder regar cualquier tipo de cultivo, sino «para que sea también apta para el consumo humano», reiteraba el máximo representante de los usuarios.

No en vano, el Consorcio de la Marina Baixa sigue estando integrado en la entidad que preside Martínez, a pesar de que no se ha resuelto el abastecimiento de estas localidades costeras.

Por ello, la Junta Central de Usuarios no va a cejar en su empeño de convencer a las administraciones sobre la necesidad de retomar la transferencia de agua desde la cabecera del Júcar, máxime «cuando la toma de Cortes de Pallás está ya construida», recalca Martínez.

En cualquier caso, los regantes firmaron días atrás un acuerdo con la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que aceptan recepcionar en sus campos un segundo caudal de unos 12 hectómetros cúbicos procedente del Azud de la Marquesa, que será trasvasado una vez se hayan reparado las fugas en la balsa de San Diego. Eso sí, «siempre y cuando las condiciones del agua sean óptimas para cualquier tipo de cultivo», advierte Andrés Martínez.

En este sentido, los cinco hectómetros cúbicos de agua de este primer trasvase que se pudieron salvar a pesar de las filtraciones de la infraestructura, son caudales que al haber permanecido tanto tiempo embalsados han mejorado incluso su calidad porque la acción del sol ha acabado teniendo un efecto descontaminante.

Según precisó el representante de los agricultores alicantinos, ese agua «ha perdido su toxicidad inicial a causa del sol, que ha acabado evaporando los coliformes y los residuos fitosanitarios».

Para el alcalde de Aspe, se trata de un «momento histórico» para «la comarca que más agua necesita y para toda la provincia» ya que «hace 592 años desde la primera reclamación de aguas sobrantes del Júcar». Díaz vaticina que las necesidades de agua van a ser «constantes» y pide que el trasvase sea «operativo, útil y aprovechable».