Los peores augurios de los regantes albaceteños se han cumplido. Desde este jueves, el agua de la balsa de San Diego, ubicada en Villena (Alicante) y que se llenó «de prueba» con recursos del Júcar, riega los campos alicantinos. Este envío se interpreta, en la Comunidad Valenciana, como el comienzo efectivo del trasvase Júcar-Vinalopó, un hecho que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha denunciado porque «carece de cobertura legal».

La entidad ha mostrado su indignación por el acuerdo que ha permitido el desembalse del agua de San Diego, suscrito el pasado día 18 entre la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, «bajo el auspicio», según informó el Ministerio en nota de prensa, de la Diputación Provincial de Alicante.

El presidente de la JCRMO, Francisco Belmonte, señaló que el Ministerio «debe saber que el trasvase no tiene cobertura legal» ya que el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 prevé unas normas de explotación «que aún no se han redactado». «El artículo 24 del Plan está derogado entero por el Supremo», recordó Belmonte, quien señaló que, además, a la hora de vaciar la balsa «debió contarse con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con la JCRMO».

A juicio del máximo representante de los regantes de la Mancha Oriental, en el Ministerio «alguien no se entera», señalando que Acuamed «no tiene autoridad para iniciar un trasvase». Belmonte afirmó que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, «no puede ponerse de perfil» en este asunto, y criticó también la postura de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que a su juicio «se inhibe cuando debería decir algo».

Segunda fase

El presidente de la JCRMO explicó que la balsa de San Diego es propiedad de Acuamed porque las obras «no están entregadas» y denunció no solo el envío de agua del Júcar que ya se ha hecho, sino que según la nota difundida por el Ministerio se vaya a realizar «una segunda fase de llenado o puesta en carga, de cuya distribución se encargará también la Junta Central (de Usuarios del Vinalopó)».

La JCRMO afirmó este verano, coincidiendo con el anuncio que se hizo desde la Generalitat Valenciana de realizar hasta dos envíos de, al menos, 18 hectómetros cúbicos para los regantes del Vinalopó, que «no se han establecido las normas de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó que garanticen la prioridad de la cuenca hidrográfica cedente».

Los regantes albaceteños, que en su momento anunciaron que están dispuestos a acudir a los tribunales para defender sus derechos, hacen hincapié en que el 72% de la cuenca del Júcar está en Castilla-La Mancha, y que siguen sin resolverse cuestiones previstas en el Plan del 98 como la finalización de las obras de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental, todo ello en un momento marcado por la sequía que afecta a los cultivos de la provincia.

Para Francisco Belmonte, el envío de recursos del Júcar para regar más de 20.000 hectáreas de cultivos alicantinos es una «cuestión política» que se ha planteado «a costa de los usuarios albaceteños».

La entidad ya se ha puesto en contacto con el Gobierno regional para que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, haga valer su compromiso de que «la cuenca cedente tiene la prioridad», y tiene previsto reunirse, el próximo jueves, con la presidenta de la CHJ, la valenciana María Ángeles Ureña.

El País

María Dolores de Cospedal afirma que en España «hay agua para todos», aunque hay que distribuirla, y lo que hace falta es un Gobierno «valiente» con una política hidráulica nacional «aplicada a todo el mundo».

Se trataría, por tanto, de una cuestión de localización que se resolvería con criterios de eficiencia hidráulica y sensatez legislativa. España es un ejemplo paradigmático de desequilibrio hídrico, por lo que se hace necesaria una política hidrológica que optimice un recurso tan preciado como el agua, la cual habrá de hacerse, forzosamente, en el marco de una política europea de aguas que quizá no ha valorado adecuadamente las peculiaridades hídricas de cada Estado miembro, centrándose únicamente en criterios de calidad y despreciando los de cantidad.

Pero en cualquier caso, para que pueda obedecer a los criterios de eficiencia y sensatez antes expuestos, dicha política española de aguas deberá estar, paradójicamente, despolitizada.

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El agua del Júcar llegó ayer por fin a las comarcas alicantinas para satisfacer una reclamación histórica de 592 años. Algún viejo labrador no podía ayer dar crédito a lo que veía. El agua trasvasada ha salido desde el embalse principal de San Diego, ubicado en Villena, hasta la balsa de El Rollo en Aspe, que dispone de un hectómetro cúbico de capacidad. Tanto de lo mismo ocurrirá a partir de ahora en las diferentes balsas construidas a lo largo y ancho de la geografía alicantina y que forman parte de la margen derecha del postrasvase.

Junto a los muros del embalse de El Rollo se dieron cita ayer al mediodía los representantes de los agricultores alicantinos, quienes acompañados por el alcalde de Aspe, Manuel Díaz, que hizo de anfitrión, recibieron con un indisimulado alborozo el primer chorro que manó a través de la tubería que abastece dicha infraestructura hídrica. Y no era para menos. Al fín y al cabo, ayer se vivió una jornada histórica para los regantes de la provincia. Tras décadas de reivindicaciones y de lucha, el agua del río Júcar ha hecho su aparición y será distribuida a partir de ahora entre 20.000 agricultores de las poblaciones de Agost, Aspe, Monforte del Cid, Elche, Monóvar y La Romana.

Aunque no es la mejor de las aguas, -de hecho los regantes del Vinalopó insisten en reivindicar el cambio de toma río arriba para mejorar la calidad de los caudales, que ahora se toman casi en la desembocadura- los casi cinco hectómetros cúbicos que han quedado en la presa de San Diego servirán para aliviar la sequía del estío en los campos, al menos hasta final de año.

Así lo señaló ayer el presidente de la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, quien no podía ocultar su satisfacción al ver por fin correr el agua después de tantos y tantos sinsabores sufridos durante su mandato al frente de los regantes alicantinos.

Eso sí, Martínez no se conforma ni mucho menos con lo conseguido ayer y continúa exigiendo agua de calidad no solo para poder regar cualquier tipo de cultivo, sino «para que sea también apta para el consumo humano», reiteraba el máximo representante de los usuarios.

No en vano, el Consorcio de la Marina Baixa sigue estando integrado en la entidad que preside Martínez, a pesar de que no se ha resuelto el abastecimiento de estas localidades costeras.

Por ello, la Junta Central de Usuarios no va a cejar en su empeño de convencer a las administraciones sobre la necesidad de retomar la transferencia de agua desde la cabecera del Júcar, máxime «cuando la toma de Cortes de Pallás está ya construida», recalca Martínez.

En cualquier caso, los regantes firmaron días atrás un acuerdo con la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que aceptan recepcionar en sus campos un segundo caudal de unos 12 hectómetros cúbicos procedente del Azud de la Marquesa, que será trasvasado una vez se hayan reparado las fugas en la balsa de San Diego. Eso sí, «siempre y cuando las condiciones del agua sean óptimas para cualquier tipo de cultivo», advierte Andrés Martínez.

En este sentido, los cinco hectómetros cúbicos de agua de este primer trasvase que se pudieron salvar a pesar de las filtraciones de la infraestructura, son caudales que al haber permanecido tanto tiempo embalsados han mejorado incluso su calidad porque la acción del sol ha acabado teniendo un efecto descontaminante.

Según precisó el representante de los agricultores alicantinos, ese agua «ha perdido su toxicidad inicial a causa del sol, que ha acabado evaporando los coliformes y los residuos fitosanitarios».

Para el alcalde de Aspe, se trata de un «momento histórico» para «la comarca que más agua necesita y para toda la provincia» ya que «hace 592 años desde la primera reclamación de aguas sobrantes del Júcar». Díaz vaticina que las necesidades de agua van a ser «constantes» y pide que el trasvase sea «operativo, útil y aprovechable».

 El agua del Júcar almacenada en la Balsa de San Diego, en Villena (Alicante), se utilizará a partir de hoy para regar más de 20.000 hectáreas de cultivo de las comarcas alicantinas del Vinalopó. El director general de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Arcadio Mateo, y el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, bajo el auspicio de la presidenta de la Diputación Provincial de Alicante, Luisa Pastor, han suscrito hoy el acuerdo que permitirá vaciar la presa y que los regantes utilicen los 5 Hm³ de aguas del Júcar que todavía permanecen embalsados en esta gran infraestructura, punto final del trasvase Júcar-Vinalopó.

Las obras de conexión del trasvase con el post-trasvase llevadas a cabo durante los últimos meses con carácter de urgencia por la Generalitat Valenciana permiten la distribución de esos caudales por la Margen Derecha del Vinalopó, y facilitan también el vaciado de la Balsa de San Diego, donde se han detectado filtraciones superiores a las previstas y se hace imprescindible diagnosticar, localizar y reparar esas fugas antes de proceder a un nuevo llenado del embalse.

El acuerdo suscrito hoy entre Acuamed y los regantes del Vinalopó establece, entre otras cláusulas, que la Junta Central será la encargada de distribuir el agua actualmente embalsada a los usuarios miembros de la misma que estén
interesados en su uso, una vez obtenida la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar con las asignaciones correspondientes. A tal efecto se instalará un contador en la conexión del trasvase con el post-trasvase, con los certificados de calibración oportunos, que servirá para medir el agua que efectivamente entre en la conducción general de la Margen Derecha.

Otra de las cláusulas que incluye el acuerdo hace referencia a la calidad y el precio del agua. Acuamed cobrará a la Junta Central 0,05 € más IVA por cada m³ que suministre de la Balsa de San Diego, garantizando que esta sea apta para todos los cultivos, o en caso contrario la Junta Central podrá suspender de forma inmediata su entrega.

Una vez desembalsada el agua actualmente existente en la presa de San Diego, Acuamed llevará a cabo una segunda fase de llenado o puesta en carga, de cuya distribución se encargará también la Junta Central. Tanto la primera como la segunda fase del llenado de la Balsa de San Diego forman parte de su Plan de Puesta en Carga previsto en la ejecución de esta obra. Acuamed llevará a cabo las actuaciones precisas para el nuevo llenado y vaciado en el menor plazo de tiempo posible, y de esta segunda fase entregará a la Junta Central un volumen de agua previsto entre 10 y 12 Hm³, según los términos incluidos en el acuerdo suscrito hoy entre los regantes del Vinalopó y la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, lamentó que la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) sea muy perjudicial para el campo regional y español, y lo ha achacado a «la dejadez total en asuntos europeos y de agricultura» del anterior Gobierno socialista, que permitió que la Comisión Europea «llegara tan lejos», al no participar ni influir apenas en las negociaciones previas al texto que Bruselas aprobó en octubre de 2011.
Así se expresó ayer Soriano en declaraciones al programa ‘En camisa de once varas’, de Radio Castilla-La Mancha, en el que explicó el viaje a Bruselas de este lunes y martes -junto al ministro de Agricultura y los consejeros autonómicos- para defender la postura española de cara a la reforma de la PAC ante europarlamentarios europeos de todos los partidos políticos y dirigentes de la Comisión Europea.
«El Gobierno socialista tenía el campo abandonado y lo evidenció con la propia desaparición del Ministerio de Agricultura –que se integró en el de Medio Ambiente-. Esto ha llevado a que las negociaciones comiencen desde un punto de partida malo para los intereses de los agricultores españoles, aunque no por ello dejaremos de trabajar para conseguir enderezar el texto final», añadió.
En este punto, la consejera destacó que está en estrecha sintonía con el Ministerio de Agricultura y destacó que por primera vez se ha logrado pactar un documento común entre todas las comunidades autónomas en el que se recoge la postura unitaria de España, «lo que nos hace más fuertes de cara a las negociaciones».
Además, reseñó la experiencia de Miguel Arias Cañete en negociaciones europeas y su conocimiento del sector, al tiempo que resaltó que «tanto el ministro como la Junta estamos en contacto con países cuyos intereses pueden ser similares a los nuestros, como Francia, Italia o Polonia, para hacer más fuerza de cara a las negociaciones».
La propuesta actual que Bruselas planteó en octubre de 2011 prevé realizar duros recortes a las ayudas que llegan al campo, que en el caso de Castilla-La Mancha son cercanas a 1.000 millones de euros al año.

Veinte mil agricultores de las comarcas del Vinalopó y l ´Alacantí, en concreto de las comunidades de regantes de Agost, Aspe, Monforte del Cid, Elche, Monóvar y La Romana, comenzarán hoy a recibir los primeros caudales del Júcar que llegarán al Vinalopó por el trasvase Júcar-Vinalopó y, en concreto, desde el embalse regulador de San Diego (Villena), donde a día de hoy sólo quedan almacenados cinco de los doce hectómetros que impulsó la sociedad estatal Acuamed desde el Azud de la Marquesa, (Cullera), en 2010.
El agua por la que los agricultores pagan 0,05 euros/m3, mas otro importe adicional en concepto de amortización del préstamo que pidieron en su día para financiar la parte privada del trasvase (en total unos 900.000 euros), servirá para regar la uva de mesa del Vinalopó, debido a que la calidad del agua del embalse no es apta para todos los usos.
No obstante, los agricultores vivirán hoy un momento histórico porque es la primera vez que llegan caudales a la comarca alicantina más castigada por la sequía desde que se tiene constancia documental de la primera petición, cuando Elche reclamó recursos a Valencia en 1420.
Previamente al comienzo del envío de los primeros caudales, Generalitat, Junta Central de Usuarios y Confederación el Júcar firmarán el acuerdo por el que la Conselleria de Agricultura cede a los usuarios la utilización de la infraestructura del postrasvase que conecta Villena con las comunidades de regantes, y la Confederación permite, a su vez, la conexión del embalse de San Diego (estatal) con las tuberías autonómicas.
Por otro lado, el presidente de la Junta, Andrés Martínez, ha firmado también otro acuerdo esta semana con la sociedad estatal Acuamed por la que los agricultores se comprometen a recibir un segundo trasvase del Júcar desde Cullera de entre diez y hectómetros cúbicos, una vez que se hayan arreglado las filtraciones detectadas, en principio a lo largo de 2014. En el documento figura que los agricultores podrán rechazar los caudales si no son aptos para todos los regadíos.
Mientras tanto y según apuntó ayer Martínez, «seguiremos trabajando para la construcción de la segunda toma en Cortes de Pallás, porque el Gobierno y el Consell deben saber que Alicante no puede renunciar que el trasvase Júcar-Vinalopó lleve agua que sirva para regar y para beber». De hecho, el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, con Benidorm a la cabeza, sigue formando parte de la Junta Central aunque en estos momentos la comarca turística no pueda utilizar el agua de San Diego, ya que ésta sólo sirve regar la viña.
Andrés Martínez calificó, por otro lado, el cambio de rumbo del Consell como un giro «coherente pues siempre dijo que estaría con los usuarios, y somos nosotros los que hemos aceptado este reparto de agua, que es extraordinario. Nuestro objetivo es que el agua del Júcar sirva también para consumo urbano».
De momento, los agricultores del Vinalopó han optado por dar un voto de confianza a los nuevos rectores de Acuamed y la Confederación del Júcar -los pleitos judiciales contra el proyecto siguen en marcha- tras aceptar los 5 hm3, que se quedarán en unos 4,5 hm3 por las pérdidas. Hoy se inicia una nueva etapa y comienza a ser operativo un trasvase que ha tardado más de seis año en construirse y ha estado dos bloqueado por los problemas de calidad del agua. Problemas que se aparcan por la presión de la sequía sobre una comarca sin agua, y hasta ahora sin infraestructura para recibirla, y también por la mejor sintonía de la Junta Central de Usuarios del Trasvase con el Ministerio de Agricultura.

Diez millones de litros perdidos diariamente
Los defectos de construcción del embalse de San Diego han provocado que la que fue clasificada como Presa de Categoría A por el Ministerio de Medio Ambiente haya perdido 10.000 millones de litros de agua al día desde 2010, cuando se procedió a su llenado. La balsa ubicada entre Font de la Figuera (Valencia) y Villena es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en Cortes de Pallás como en la actual de Cullera. Podrá almacenar, una vez se haya reparado, más de 20 millones de m3 de aguas procedentes, en principio, del curso bajo del río Júcar, el agua suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza hídrica, San Diego podría llenarse hasta 4 veces al año, si se hubiera construido bien.
El embalse tiene un perímetro supera los 4 kilómetros de longitud; presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie de talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base de talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros.

Madrid, 18 sep (EFEverde).- El Gobierno justifica la creación de siete nuevos impuestos y tasas relacionadas con la energía en la necesidad de proteger el medio ambiente, hacer un uso más eficiente de la energía y de que el sector eléctrico cargue con los costes medioambientales derivados de la producción de energía.

Así lo establece el borrador del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética, al que ha tenido acceso hoy Efe y que establece que debe estar en vigor el 1 de enero de 2013.

Según la misma fuente, la Administración deberá dotar en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades que se correspondan con la recaudación de las nuevas figuras impositivas a fin de ajustar los ingresos y costes, entre estos, los que se derivan de los regímenes específicos que disfrutan las energías renovables.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes dicho texto, que contempla la creación de siete gravámenes para recaudar más de 2.700 millones de euros y acabar con el denominado déficit de tarifa eléctrico, explicó entonces el ministro de Industria, José Manuel Soria.

El texto añade que en la actualidad la relación cada vez mayor entre sostenibilidad ambiental, producción y consumo de energía requiere de un marco normativo «que garantice a todos los agentes el adecuado funcionamiento del modelo de producción de energía y, a la vez, contribuya a preservar nuestro rico patrimonio ambiental».

En este sentido, recuerda que la Constitución, en su artículo 45, contempla la protección del medioambiente como uno de los principios rectores de las políticas sociales y económicas.

Así, uno de los ejes de la reforma tributaria será la «internalización» de los costes medioambientales derivados de la producción de electricidad y de la generación y almacenamiento de residuos nucleares.

Este sentido, la norma pretende servir de estímulo para mejorar los niveles de eficiencia energética y permitir asegurar una mejor gestión de los recursos naturales y seguir avanzando en el nuevo modelo de desarrollo sostenible, desde los punto de vista económico, social y medioambiental.

Según la misma fuente, los valores y objetivos sobre los que se basa la futura ley deben ser coherentes con las medidas sectoriales, ya que inciden en un sector con gran impacto económico y ambiental.

Además, señala el documento, en el segmento eléctrico es necesario que las compañías, las administraciones públicas y los consumidores contribuyan a la sostenibilidad económica del sistema.

El anteproyecto contempla la creación de tres impuestos, uno sobre el valor de la producción de electricidad, otro sobre la producción de residuos nucleares y otro sobre el almacenamiento de dichos residuos.

Además, regula un canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica y se modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el carbón, suprimiéndose además las exenciones previstas para los productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad y calor útil. EFE

Castilla-La Mancha se hace con la medalla de plata en agricultura ecológica. Y es la que región es la segunda comunidad autónoma del país con una mayor superficie ecológica cultivada, en concreto, con 307.612 hectáreas, en el 2011, tan sólo superada por Andalucía, con 973.239 hectáreas y que tiene más extensión como comunidad autónoma que Castilla-La Mancha. Así lo indican los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura.
La superficie inscrita destinada a la Agricultura Ecológica fue de 1.845.039 hectáreas, frente a las 1.650.866 dedicadas en 2010, lo que supone un incremento del 11,76 por ciento. Con estos datos, España se sitúa, por cuarto año consecutivo, en el primer lugar de la Unión Europea en número de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica.
Con carácter general, casi todas las comunidades registran incrementos en la superficie destinada a este tipo de agricultura. Así, Navarra fue la comunidad donde más creció esta actividad, pasando de las 30.270 hectáreas en 2010 a las 73.432 en 2011, lo que supone un incremento del 138,24 por ciento. Esta comunidad pasa a ocupar el quinto lugar por este concepto, detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura.
De igual modo, Castilla-La Mancha también se sitúa en el segundo lugar en el número de operadores en Producción Ecológica, con un total de 7.266, tan sólo superada por Andalucía con 10.203. En el conjunto del país, el número de estos operadores fue de 32.837 frente a los 27.767 de 2010, con un crecimiento del 18,23 por ciento.
Respecto a las orientaciones productivas de la Agricultura Ecológica en el conjunto del país, destacan los pastos y praderas, con 913.786 hectáreas, con un incremento respecto al año anterior de 61.276 hectáreas; y los bosques, con 220.273 hectáreas, 2.827 más que en 2010.

Establecimientos industriales.

El total de establecimientos industriales o de elaboración ecológicos asciende en 2011 a un total de 3.697 (3.034 relacionados con la producción vegetal y 663 con la producción animal) con un aumento del 11,12 por ciento.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que cuenta con mayor número (967), seguida de Cataluña (658), Comunidad Valenciana (455), Murcia (238) y Castilla-La Mancha (232). Los ascensos más significativos se han producido en Canarias, Andalucía, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana.
La agricultura ecológica tiene incentivos económicos por parte de la Unión Europea. Ahora la nueva PAC pretende condicionar una mayor cuota de las ayudas de Bruselas a las prácticas ecológicas, lo que se conoce como el ‘verdeo’, algo que no gusta mucho a la Junta.