Las Cortes Valencianas han aprobado la propuesta presentada por el PP para recurrir el Decreto Ley de 26 de agosto de este año por el que el Gobierno central modificó la Ley de Aguas, con el apoyo de los propios ‘populares’ y de Compromís. Por el contrario, los socialistas han votado en contra y EUPV se ha abstenido.

   Desde la oposición, han criticado la intención «electoralista» de los ‘populares’ y han recordado que el Consell presentó otro recurso el pasado viernes porque «calcularon mal los tiempos» para debatir este asunto en el Parlamento valenciano, puesto que se ha discutido tras la celebración de las elecciones generales.

   En esta línea, también han advertido de que sería más rápido que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy derogara la modificación que acudir a los tribunales, como han propuesto el PP. Además, han recordado que los ‘populares’ se abstuvieron en la votación del Decreto Ley.

   El diputado del PP David Serra, por su parte, ha defendido este recurso arremetiendo contra el fondo y las formas del Decreto Ley del Gobierno socialista. Serra ha recordado que esta reforma se aprobó el pasado 26 de agosto y se redactó sin consultar al Consejo Nacional del Agua, cuando se trata de una modificación que afecta a las competencias de las comunidades autónomas sobre las cuencas de los ríos, ha explicado.

   «El Decreto Ley es inconstitucional lo mires por donde lo mires» porque «rompe la directiva marco del agua; incumple la Ley de Agua al afectar a la unidad de cuenca» y también a la «solidaridad» hídrica, ha afirmado.

   El diputado ‘popular’ ha criticado la «falta de diálogo» del Gobierno socialista en la aprobación de este Decreto Ley, cuyo único objetivo, ha dicho, era «salvara los muebles» ante la Junta de Andalucía, a la que se le otorga competencias en la inspección, control y vigilancia de las aguas que pasan por su territorio. Unas competencias a las que también podrían acogerse otras comunidades.

   Serra ha advertido de que, de llevarse adelante la aplicación de la reforma por el Gobierno, «nos encontraríamos con que Aragón sería la que llevaría el control y la protección de las aguas que llegan a la Comunitat por el Túria, Mijares o Palencia». «En un futuro, podría pasar con Castilla-La Mancha o Murcia, las que ejerzan estas competencias, porque podrían tenerlas, sobre las aguas del Júcar o el Segura».

   Así, este recurso trata de «subsanar» el «desaguisado» competencial que ha creado el Gobierno al «romper la unidad de cuenca» entre los territorios. Además, ha insistido en su crítica porque fue aprobado el 26 de agosto y no se consultó al Consejo Nacional del Agua.

"NO TIENE SENTIDO"

   Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes ha asegurado que el recurso del PP «no tiene sentido» y su finalidad es la de «esconder la renuncia a exigir el trasvase del Ebro» y el «engaño» a los valencianos con el lema ‘agua para todos’. En este sentido, ha recordado que el Decreto Ley se aprobó con la abstención del PP en el Parlamento, lo que considera que es un «doble discurso» de los ‘populares’ porque ahora lo recurren.

   Signes ha defendido que la cuenca como unidad de gestión «no impide que sean diferentes las administraciones que actúen sobre ella, siempre que los objetivos para lograrlos sean definidos por una administración única». En este sentido, criticado que en el PPCV «extienden el concepto de unidad de cuenca hasta el punto de no querer aceptar determinadas competencias».

   Además, ha afirmado que «si los valencianos deciden tener en el estatuto las mismas competencias sobre el agua que Andalucía o Aragón, este decreto lo permitiría, pero el PP no lo quiere».

"PROPAGANDA ELECTORAL"

   Del mismo modo, el diputado de EUPV Lluís Torró ha criticado la interposición de este recurso porque su objetivo era de «propaganda electoral», pero «calcularon mal» las fechas y por eso el Consell tuvo que presentar otro recurso el pasado viernes.

   Torró también ha criticado las formas del Gobierno central a la hora de tramitar este Decreto Ley, sin consultar el Consejo Nacional del Agua y aprobado un 26 de agosto. Pero, es que estos procedimientos «son habituales» en el hacer del Consell, ha denunciado.

   En su opinión, la mejor forma de enmendar esto es que el nuevo Gobierno ‘popular’ lo derogue. «No estamos de acuerdo con el Decreto, pero tampoco con la postura del PP, absolutamente electoralista» y por eso se han abstenido.

   El diputado de Compromís Josep Maria Pañella ha advertido de que si la decisión sobre las cuencas se centra en las CCAA, es «perjudicial» para la Comunitat Valencia por la situación de sus cuencas hidrográfica. Además, ha criticado el uso político que hace el PP del agua.

   En la línea del resto de grupos, ha señalado que el PP «tiene otro camino, que es el legislativo» para modificar este Decreto Ley, «más rápido que el judicial». por ello, «cuando estén en el Gobierno se lo exigiremos», les ha advertido a los ‘populares.

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El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó ayer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra un Real Decreto del Gobierno central que permite a las autonomías que tengan asumidas las competencias hídricas ejercer labores de policía sobre el Dominio Público Hidráulico. La norma, que supone una modificación de la Ley de Aguas, tenía como objetivo mantener determinados aspectos de la gestión que normalmente realizan las confederaciones hidrográficas en manos del gobierno andaluz después de que el propio Tribunal Constitucional rechazara el traspaso a de las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta de Andalucía.
La Generalitat cuestiona ahora- el Real Decreto se aprobó en agosto- la constitucionalidad de este cambio legislativo pues considera que otorga a las comunidades autónomas capacidad para gestionar cuencas hídricas que exceden de su ámbito territorial, labor que está limitada al Estado según el artículo 149.1.22 de la Constitución Española.
En este sentido, el Consell cree que se está quebrantando el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, según lo que recogen los artículos 14 y 16 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
La nueva norma permite a Andalucía, Aragón y Cataluña, y también a la Comunitat Valenciana si lo demandara-el Estatut incluye las competencias hídricas- , «el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos y otros concesionarios». Sin embargo, el Consell cree que esta gestión, en las cuencas compartidas por varias comunidades autónomas, «no pueden separarse de la revisión, tramitación y otorgamiento de las concesiones, puesto que genera inseguridad en la gestión de los recursos públicos ya que se fraccionan los procedimientos administrativos y se duplican los órganos que los administran».
También los regantes agrupados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes han pedido a los parlamentos autonómicos que recurran la norma.

Apoyo de Camps en el CJV
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) considera en un informe que «procede » la interposición por la Generalitat de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley de agosto que introdujo una modificación en la ley de Aguas sobre el sistema de gestión de las cuencas intercomunitarias.
Así lo recoge el dictamen del CJC aprobado en su pleno del jueves por unanimidad de todos los consejeros, incluido Francisco Camps en su condición de miembro nato del organismo consultivo.
El dictamen del CJC recuerda que el decreto ley se aprobó después de que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad del artículo del Estatuto de Autonomía andaluz que atribuía a esta autonomía competencias exclusivas sobre aguas de la cuenca del Guadalquivir, al ser una cuenca hidrográfica intercomunitaria.
La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, solicitó al CJC que dictaminara con urgencia sobre el borrador de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición primera de esa real decreto, que introdujo una modificación en la ley de Aguas.

Los ponentes de la segunda jornada del Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, que se celebra en Pamplona, han destacado las ventajas de establecer vínculos entre regantes y productores de renovables, así como las ventajas de plantas como la paulownia que se cultiva en Ciudad Real.

El congreso, organizado por el Gobierno foral y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), ha valorado además los beneficios que ofrece la biomasa para la generación de energía, según han señalado en un comunicado los organizadores.

En este sentido, Peter Kasamaki, de Vicedex, ha expuesto su experiencia en el cultivo leñoso de crecimiento rápido, en concreto de la Paulownia, para la generación de energía eléctrica.

Este cultivo que se lleva a cabo en las regiones de Cádiz y Ciudad Real aporta grandes ventajas gracias a su capacidad de regeneración y a sus bajas emisiones de dióxido de carbono.

Asimismo, ha destacado que, en cuanto a los regadíos, «los cultivos energéticos son una alternativa viable frente a los altos costes de la energía convencional», y que «es muy importante establecer vínculos con las comunidades de regantes para facilitar su labor de generación de biomasa».

Por su parte, según la información facilitada por los organizadores, Alberto Lafarga, de la División Agrícola de Intia, adscrita al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la biomasa a partir de los residuos de cultivo para hacer frente a las necesidades actuales, aunque ha advertido de que «la eficiencia de este tipo de energía todavía es muy baja».

Además, ha señalado que «el coste de producción es el aspecto clave para su desarrollo» ya que éste determina que la parte de cultivo destinado para biomasa tenga o no espacio dentro de los campos agrícolas.

En lo que se refiere a los biocombustibles ha destacado que «los de segunda generación representan una oportunidad para la utilización de residuos y cultivos energéticos lignocelulósicos en la producción de etanol».

También Josep Turmo, de Abencis, ha señalado que «la búsqueda de un modelo eficiente de aprovechamiento y la reducción del coste de la biomasa es uno de los desafíos que se plantean en torno a la producción».

En este sentido ha expuesto que sus esfuerzos se centran «en la reutilización de maquinaria habitual aunque con nuevas aplicaciones como la siega de precisión por geolocalización o la generación de un sistema de compactación para su transporte».

Inés Echeverría, de Cener, ha dicho que «las previsiones indican que la demanda de biocombustibles para el transporte va a ir en aumento y con mayores exigencias de sostenibilidad».

Debido a esto «se va a requerir un desarrollo de los procesos productivos de segunda generación, para el empleo de biomasas lignocelulósicas y nuevos biocarburantes alternativos».

En lo referente a las experiencias prácticas, César Trillo, de la Comunidad de Regantes de Riegos del Alto Aragón, ha destacado «la sostenibilidad económica, medioambiental y social que suponen los saltos hidroeléctricos», los cuales, ha dicho, «son una fuente de ingresos para aliviar el incremento del coste del agua, derivado del incremento del consumo energético en los regadíos modernizados».

Además, ha señalado que «la minihidráulica es la energía cuyo aprovechamiento tiene el menor impacto ambiental asociado de entre todas las energías renovables».

Por último, Jesús García Ramos, de Aguacanal, ha expuesto experiencias de costes energéticos de explotación en la Zona Regable del Canal de Navarra como por ejemplo en el mantenimiento de estaciones de bombeo o en la utilización de telecontrol en la gestión del regadío. EFE

«El regadío es un importante generador de riqueza en Navarra y una pieza fundamental del sistema agroalimentario». Así lo señaló ayer Jesús María Echeverría Azcona, director gerente del Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA). Sin embargo, la modernización de los mismos ha supuesto una mayor demanda de energía que ha supuesto un importante incremento en los costes de las explotaciones. El reto, según Echeverría, implica una gestión racional de los distintos sistemas de riego. Para ello, se debe sustituir la energía procedente de combustibles fósiles por energías renovables.

El director gerente de INTIA presentó ayer la primera ponencia del I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables que se desarrolla en el Baluarte de Pamplona. A la cita, que se clausura hoy, acudieron unos 200 expertos. El objetivo del encuentro científico se centra en analizar las fórmulas para la rebaja de costes energéticos y aprovechar las instalaciones de regadío para la producción de energía. Miguel Horta, responsable de la División Riegos de INTIA que presidió la apertura del congreso junto a Fernando Sánchez de CENER, destacó que se busca aplicar las energías renovables a los regadíos y analizar las posibilidades de que las comunidades de regantes o regantes individuales puedan aprovechar, con el sector de energías renovables, sus propios valores como «disponibilidad del agua, de terreno, de líneas eléctricas, y de producción agraria, útiles para procesos de valoración energética», indicó.

36.000 megavatios hora

En Navarra, el regadío ocupa 117.746 hectáreas, cifra que alcanzará las 157.414 ha. En la actualidad, el consumo anual de energía en los regadíos navarros asciende a casi 36.000 megavatios-hora y el importe anual de la factura asciende a 4.733.582 euros. «En el año 2008, a raíz de la desaparición de la tarifa específica de riegos agrícolas se multiplicó por 3,5 el término para la potencia instalada. Se entiende que los regadíos son eficientes si hacen un uso correcto del agua y de la energía», indicó Echeverría.

El director gerente de INTIA señaló que entre las medidas que plantea el Plan de Energías Renovables, elaborado por el Gobierno de España, las de mayor interés para el regadío radican en las fuentes renovables: eólica, hidroeléctrica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica, así como el aprovechamiento de la biomasa.

Por ello, Echeverría enumeró algunas aportaciones que pueden hacer las comunidades de regantes y la administración en la implantación de energías renovables. El director gerente de INTIA indicó que se debe permitir la ubicación de parques solares y fotovoltaicos, ceder el uso del agua para la producción de energía, intentar evitar pérdidas en la distribución de la energía, ayudar en una mejora del balance energético del regadío y aprovechar las grandes tuberías y balsas para generar energía cuando no se rie

"La tarifa de riego ha subido más del 80% en 5 años"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, indicó que muchas explotaciones agrarias se encuentran en el límite de su viabilidad económica debido, entre otras cuestiones, al incremento de las tarifas de riego en los últimos cinco años. Ha sufrido una subida superior al 80%. Lo hizo ayer en la apertura del I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, que se desarrolla en el Baluarte.

Barcina añadió que advierte en la escalada de precios una amenaza a la rentabilidad del sector agrario, en especial del regadío, por la elevada dependencia de la energía y de su precio. «Está en nuestra mano cambiar ese orden de cosas. No en vano, en Navarra, hemos apostado por la creación de nuevas zonas regables como el Canal de Navarra-del que se han construido en los últimos 4 años más de 22.000 hectáreas- y por la modernización de regadíos tradicionales. En una estructura territorial como la nuestra, el regadío es un activo estratégico», señaló.

Asimismo, indicó que, en el sector de las energías renovables, se ha detectado la necesidad de desarrollar en el sector agrario y, en particular, en el regadío las nuevas formas de producción de energía: eólica, biomasa, hidráulica, fotovoltaica o solar térmica. «Se trata de que puedan integrarse armónicamente las necesidades energéticas de los regadíos con las nuevas tecnologías productivas aplicadas a las energías renovables, en beneficio de la sostenibilidad de nuestros regadíos, de su rentabilidad e igualmente de la disminución en la producción de CO2», aseguró Barcina.

El alcalde de Pamplona, el regionalista Enrique Maya, también participó en la sesión de apertura del congreso junto a la consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, Lourdes Goicoechea.

Maya destacó que el congreso nace con la intención de consolidarse como referencia nacional para varios sectores de la comunidad. «Nuestra tierra cuenta con tres condiciones que la convierten en espacio de referencia: liderazgo en energías renovables, la apuesta de Navarra por las zonas de regadío y nuestra pasión en todos los procesos relacionados con la investigación», señaló el alcalde de Pamplona.

EL REGADÍO EN NAVARRA

117.746 hectáreas. Ocupa la zona de regadíos en Navarra. El horizonte de ampliación con el plan foral de regadíos llevará hasta las 157.414 Ha. Con esta última cifra, la Comunidad foral conseguirá alcanzar el 20% de superficie agraria útil.

0,9% PIB. El regadío supone el 0.9% de Producto Interior Bruto, sólo si se tiene en cuenta la producción primaria.

1,8% de la ocupación. En los regadíos, se ocupa el 1,8% de la población activa total.

Valor añadido bruto. El regadío supone el 35% del VAB agrario.

Facturación. El sector agroalimentario factura 3.300 millones, de los que 2.500 corresponden a la industria transformadora, y 800, al sector primario. Es un pilar de la economía de muchos municipios

40.000 propietarios. La extensión de regadío se reparte entre 40.000 propietarios. Más de 5.000 agricultores trabajan estas propiedades.

El Gobierno ha aprobado cinco nuevas cualificaciones profesionales agrarias, que se incluirán en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para «promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional», según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Real Decreto, que entrará en vigor mañana, establece cinco nuevas cualificaciones y sus correspondientes niveles. En concreto, «Cuidados y mantenimiento de animales utilizados para la investigación y otros fines científicos» y «Cuidados de animales salvajes, zoológicos y acuarios», ambas de segundo nivel.

Añade, de tercer nivel, «Realización de procedimientos experimentales con animales para investigación y otros fines científicos»; «Asistencia a la gestión y control sanitario de animales de granja y producción» y «Asistencia en los controles sanitarios oficiales en mataderos, establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece». Según recoge el BOE, estas cualificaciones pretenden «acreditar las correspondientes competencias profesionales», así como su «evaluación y acreditación» con el objetivo de favorecer «el desarrollo profesional y social de las personas y que se cubran las necesidades del sistema productivo».

Los socios electorales con los que Compromís se presenta en coalición en la Comunitat, Equo, apuestan por la eliminación del trasvase Tajo-Segura. La discrepancia ha llevado a miembros de las dos formaciones a mantener una acalorada discusión en Twitter. En concreto, Equo Ciudad Real asegura en su cuenta de la conocida red social que «en el programa de EQUO dice que debemos cumplir la Directiva Marco del Agua y abandonar los trasvases. En Compromís parece q no quieren». De hecho, llegan a cuestionar que comunidades con clima mediterráneo tengan cultivos de regadío.

La candidata de Compromís por Alicante Aitana Mas es una firme defensora de la llegada de agua «de manera puntual y temporal» del Tajo-Segura «una infraestructura ya hecha» a la provincia que representa, algo que le ha costado las quejas de sus compañeros de coalición, que le han pedido incluso rectificaciones por defender la llegada de agua. «No vamos a permitir que tomen decisiones programáticas unilaterales sin contar con nosotros, compañeros de coalición», le decían desde Equo a Compromís, la pasada semana. Además, recordaban que en Equo son partidario de eliminar los trasvases y en Compromís no quieren. Incluso llegan a hacer sorna con la falta de agua en la Comunitat. «Si en Compromís quieren agua de Castilla -La Mancha pueden ir a comprar una botella a un súper de Albacete».

Las críticas no han caído bien en la formación valenciana, que no ha dudado en contestar también vía Twitter. La propia Aitana Mas y el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribo, han llevado la iniciativa.

Ribó aseguró que, después de leerse la parte correspondiente al Agua, en el programa de Equo, no había encontrado ninguna alusión al fin de los trasvases. Desde Equo Ciudad Real lo tilda de «cínico y chulo». «Si quieren conseguir votos van a tener que cambiar de táctica en Compromis. Con el agua de Castilla-La Mancha no se juega», avisaron en un ‘tuit’. Eso sí, aseguran que lo sienten por los agricultores alicantinos porque están convencidos que ese agua dejará de viajar a la Comunitat «enseguida».

El rifi rafe ha levantado gran curiosidad en la red social, ya que Compromís y Equo se presentan en una misma candidatura en la Comunitat. Pero los de Equo ya avisan: «Plantaremos cara a nuestros socios. Así son las coaliciones, qué le vamos a hacer».

Noticias agencias

Los regadíos y las renovables buscan colaborar para producir energía

(Navarra) SECTORES-EMPRESAS | > AREA: Economia, negocios y finanzas

16-11-2011 / 10:50 h

Pamplona, 16 nov (EFE).- El sector de las energías renovables y el de los regadíos analizan en Pamplona una posible integración de iniciativas ante el encarecimiento que la energía ha experimentado y que, según la presidenta navarra, Yolanda Barcina, ha puesto a las explotaciones agrarias «en el límite de su viabilidad económica».

Para analizar fórmulas de colaboración, expertos de ambos sectores se reúnen durante dos días en la Comunidad Foral en el I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, organizado por el centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y el Gobierno foral a través de la división de riegos de la empresa pública INTIA.

En representación de ésta, Miguel Horta ha señalado que se trata de explorar los puntos de conexión que puede haber entre el mundo agrario y el de las energías renovables, donde ya hay alguna pequeña experiencia en marcha.

Como ejemplos ha citado la posibilidad de que los instaladores fotovoltaicos puedan disponer de terrenos agrícolas para implantar sus parques, que los productores de energía eólica puedan regular la producción, acumulando el agua en balsas propiedad de las comunidades de regantes, y que en los terrenos agrícolas se puedan cultivar plantas que permitan la producción de biodiesel, bioalcohol o biomasa.

En su opinión, «el campo de colaboración es muy amplio y el Congreso pretende dar un vistazo general a todas las posibilidades para que en el futuro tanto las comunidades regantes como los promotores de energías renovables en sus diversas facetas puedan llevar a cabo sus proyectos».

Al respecto, en la apertura del Congreso, la presidenta Barcina ha subrayado que en los últimos 5 años las tarifas energéticas para el riego han sufrido un incremento superior al 80 por ciento, una evolución y una dependencia que, ha dicho, «está en nuestra mano cambiar».

Tras recordar que Navarra ha apostado por crear nuevos regadíos y modernizar los existentes como «un activo estratégico», porque «mantiene vivos los pueblos» y «permite potenciar una poderosa industria agroalimentaria», Barcina ha destacado que el CENER ha «detectado la necesidad» de desarrollar nuevas fórmulas de producción energética en el sector agrario y en especial en los regadíos, consumidores del 2 % de la energía eléctrica de toda España.

«Se trata de que puedan integrarse armónicamente» las necesidades de los regadíos y las nuevas tecnologías de producción de energía renovable para la «sostenibilidad» y «rentabilidad» de los primeros y la disminución de la producción de CO2, ha puntualizado.

Y por ello ha animado a las empresas presentes a concretar soluciones técnicas que permitan una mejora del balance energético, y con él de la viabilidad de las explotaciones agrarias, y a las comunidades de regantes a valorar si sus productos se adecúan a las necesidades del mercado y si pueden ofrecer terreno para el desarrollo de proyectos energéticos a los que puedan suministrar materia prima.

«Donde hay una comunidad de regantes hay suelo para construir, tierras agrarias productivas, vías de comunicación, líneas eléctricas y agua», ha comentado, y ha añadido que también hay legislación agraria para «reordenar propiedades» mediante concentraciones que faciliten la ubicación de aprovechamientos energéticos y posibilidades de «financiación de infraestructuras de interés general» que reduzcan el consumo energético.

Para Barcina, hacerlo «es una auténtica necesidad que beneficiará a ambos sectores, agricultura e industria, abriendo líneas de colaboración mutuas» que reporten «nuevas oportunidades de negocio para ambos». EFE

Piden que el nuevo presidente del Gobierno haga "una manifestación expresa en defensa del Tajo-Segura" en cuanto tome posesión

  ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) –  

   Los principales colectivos de agricultores, empresarios y regantes de la provincia de Alicante han suscrito un manifiesto «en defensa de del trasvase del Ebro Tajo-Segura» y en el que no renuncian al trasvase del Ebro, al tiempo que han pedido al nuevo presidente del Gobierno un «gran pacto del agua» permanente en el tiempo e indiferente del partido que gobierne.

   Representantes de Asaja Alicante; la Confederación Empresarial de Alicante (Coepa); Riegos de Levante margen izquierda; Riegos de Levante margen derecha; el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela; la Junta Central de Usuarios del Alto Vinalopó, l’Alacantí y consorcio de Aguas de la Marina Baja; y la Comunidad de Regantes de Carrizales y la Junta Central de Usuarios de la Pedrera han constituido un comité de trabajo «imparcial y apolítico, en representación de los intereses agrarios y económicos de la sociedad alicantina».

   Este comité pretende ser «una comisión de seguimiento en materia de recursos hídricos, un lobby que analice en cada momento las repercusiones e impactos económicos del déficit hídrico y que reivindique de manera enérgica y continuada los postulados que siempre se han defendido en materia de agua».

  «Empresarios, regantes, usuarios y agricultores somos los más perjudicados por esta situación de desequilibrio hídrico y consideramos prioritario que nuestras autoridades se pongan a trabajar en los factores que impiden nuestro crecimiento, devolver la confianza a los sectores productivos, pues ahora más que nunca urge recuperar la capacidad de generar empleo», han asegurado.

   Así, han requerido que se «tengan en cuenta, a partir de los estudios técnicos objetivos elaborados, cuales son las necesidades reales de agua, presentes y futuras, en la provincia de Alicante y se reconozca la necesidad de recibir más aportes de agua externos».

   Con esta finalidad han reclamado un «gran pacto del agua, que incluya la interconexión  de cuencas y que permanezca inalterable en el tiempo, pese a la circunstancias existentes o a que se registren cambios en el poder Ejecutivo».

   En primer lugar, el manifiesto exige «el mantenimiento del Tajo-Segura en las condiciones actualmente existentes y todo ello en cumplimiento de la legislación vigente». Para ello, piden a «la formación política que llegue al Gobierno a partir del día 20 debe formular, nada más tomar posesión de sus cargos, una manifestación expresa en defensa del Tajo-Segura y su oposición rotunda a los frecuentes ataques que sufre la obra hidráulica».

   En su opinión, «deberá impedir en todo momento que las competencias hídricas pasen a las autonomías, lo que sólo conllevaría potenciar la conflictividad entre territorios y aumentar las injusticias del agua, beneficiando sólo a aquellos en los que nacen los ríos, cuando éstos son de todos los españoles, según establece la Constitución».

DAÑO ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL

  «Si se echa el cierre al Tajo-Segura, veremos cómo se degrada una obra de grandes dimensiones, ocasionando un daño irreparable en el entorno, además de ocasionar un daño humano, económico y medioambiental sin precedentes», ha añadido.

   Por ello, han continuado, «debe considerarse y reconocerse expresamente el daño medioambiental y económico que ocasionaría acabar con una obra tan importante como es la del Tajo-Segura». A modo de ver de los regantes, «es obvio que el trasvase es insustituible».

   En cuanto al trasvase Júcar-Vinalopó, han insistido en que la «paralización de las obras por la conducción: solución de Cortes y su sustitución por el nuevo proyecto desde Cullera dificulta considerablemente la recuperación de los acuíferos sobreexplotados».

   Desde su punto de vista, «no existen razones fundadas de orden hidrológico, económico y medioambiental, jurídicas, sociales, ni de eficiencia energética, que aconsejen el cambio de toma, más bien al contrario se ha demostrado  la idoneidad de la ‘solución Cortes'».

TRASVASE DEL EBRO

  Los regantes también han insistido en el trasvase del Ebro. «No renunciamos al derogado trasvase del Ebro, pues constituye un pilar fundamental en nuestro propósito de situar la agricultura y al sector agroalimentario de la zona en un motor económico diverso, multifuncional y básico para el conjunto de la economía del país», han manifestado.

   Igualmente, piden una convocatoria urgente de la comisión provincial del agua y han anunciado que trasladarán este manifiesto al nuevo presidente del Gobierno y al nuevo gobierno elegido en las urnas. También se hará llegar el documento al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, y a la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor.

Llama la atención en la campaña la falta de agua, digo como tema recurrente de enorme trascendencia para algunas regiones, sobre todo a las que afecta el Trasvase. Salvo alguna alusión aislada, es como si quisieran ponerle un dique a un tema conflictivo que tarde o temprano saldrá a la superficie, como un guadiana político que en realidad es una asignatura aplazada, sobre todo por la promesa latente de un Plan Hidrológico entre las promesas formuladas por Cospedal, que no pasaron desapercibidas en los sectores implicados, como también ocurrió al conocerse en su día, en una entrevista de Europa Press que causó cierto revuelo, su opinión favorable a la caducidad del Trasvase en el año 2015, tal y como recogía una cláusula en el Estatuto de Autonomía cuya reforma iba a debatirse en las Cortes, «porque el Tajo-Segura funciona -dijo- con unos criterios que fueron fijados hace tiempo y se tienen que modificar. El Partido Popular ha dicho siempre claramente que quiere la caducidad del Trasvase en la forma y manera que está funcionando actualmente, ya que «esa fórmula no puede continuar así. Existe un acuerdo con el PSOE para la reforma del Estatuto que establece su caducidad tal y como está planteado actualmente». Actitud que se esfumaría después con el famoso eslogan ‘agua para todos’ y la decidida oposición de Murcia y Valencia, cuyos líderes, mantuvieron un breve encuentro en Bruselas, donde asistían a un pleno del Comité de las Regiones, y ambos reiteraron que desde sus comunidades no se iba a renunciar «ni a una sola gota de agua».

Finalmente el Parlamento manchego aprobó en un Pleno extraordinario, la propuesta del PSOE para solicitar al Congreso de los Diputados la retirada del Estatuto. El PP, tal como había anunciado, votó en contra de esta decisión. El cerrojazo al Trasvase y la alternativa de una reserva hídrica quedaron en agua de borrajas.

La historia del Trasvase parece una leyenda de las Mil y Una Gotas. Tuvo su origen en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, elaborado por el ingeniero de Caminos, Manuel Lorenzo Pardo en 1933. El buen hombre quería acabar con lo que llamó ‘desequilibrio hidrológico’ del país. Venía a ser la solución a la escasez de recursos hidráulicos en el sureste peninsular, enviando agua desde la cabecera del Tajo. El ministro de Obras Públicas era el socialista Indalecio Prieto y presentó estas ideas en la tantas veces citada Asamblea de Alicante. Sin embargo, el proyecto no prosperó, hasta que fue rescatado en los planes de desarrollo franquistas y ejecutado entre 1966 y 1979, con una inversión superior a los 43.000 millones de pesetas, un 300% más de lo inicialmente previsto. En cualquier caso, no tuvo buena prensa. Calificada de faraónica, la obra se desarrolló con ciertas dificultades y una especial incidencia en el túnel del Talave a causa de filtraciones históricas y su compensación, episodio que culminó con el veredicto del Tribunal Supremo tras el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes contra la derivación, desde el acueducto hasta los regadíos de Los Llanos de Albacete, de 7,7 hectómetros cúbicos anuales, sentencia que desestimaba dicho recurso condenando además a los regantes del Segura al pago de las costas del juicio. Uno de los aspectos llamativos en el largo proceso de un Trasvase debatido, zarandeado, cuyas aguas vio pasar Albacete como un voyeur inmóvil, atado de pies y manos en cualquier decisión sobre ellas y petrificado, como los puentes del trayecto, sin el menor derecho a la gestión de las cuencas, ni siquiera como testigos de cargo.. Digo yo si, en plena sequía electoral, los que manden dentro de cinco días van a cambiar de estrategia o si llegada la Navidad, su propuesta acuática consistirá en invitarnos a cantar «pero mira como beben los peces en el río/ pero mira como beben por ver al Dios nacido».