Los socios electorales con los que Compromís se presenta en coalición en la Comunitat, Equo, apuestan por la eliminación del trasvase Tajo-Segura. La discrepancia ha llevado a miembros de las dos formaciones a mantener una acalorada discusión en Twitter. En concreto, Equo Ciudad Real asegura en su cuenta de la conocida red social que «en el programa de EQUO dice que debemos cumplir la Directiva Marco del Agua y abandonar los trasvases. En Compromís parece q no quieren». De hecho, llegan a cuestionar que comunidades con clima mediterráneo tengan cultivos de regadío.

La candidata de Compromís por Alicante Aitana Mas es una firme defensora de la llegada de agua «de manera puntual y temporal» del Tajo-Segura «una infraestructura ya hecha» a la provincia que representa, algo que le ha costado las quejas de sus compañeros de coalición, que le han pedido incluso rectificaciones por defender la llegada de agua. «No vamos a permitir que tomen decisiones programáticas unilaterales sin contar con nosotros, compañeros de coalición», le decían desde Equo a Compromís, la pasada semana. Además, recordaban que en Equo son partidario de eliminar los trasvases y en Compromís no quieren. Incluso llegan a hacer sorna con la falta de agua en la Comunitat. «Si en Compromís quieren agua de Castilla -La Mancha pueden ir a comprar una botella a un súper de Albacete».

Las críticas no han caído bien en la formación valenciana, que no ha dudado en contestar también vía Twitter. La propia Aitana Mas y el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribo, han llevado la iniciativa.

Ribó aseguró que, después de leerse la parte correspondiente al Agua, en el programa de Equo, no había encontrado ninguna alusión al fin de los trasvases. Desde Equo Ciudad Real lo tilda de «cínico y chulo». «Si quieren conseguir votos van a tener que cambiar de táctica en Compromis. Con el agua de Castilla-La Mancha no se juega», avisaron en un ‘tuit’. Eso sí, aseguran que lo sienten por los agricultores alicantinos porque están convencidos que ese agua dejará de viajar a la Comunitat «enseguida».

El rifi rafe ha levantado gran curiosidad en la red social, ya que Compromís y Equo se presentan en una misma candidatura en la Comunitat. Pero los de Equo ya avisan: «Plantaremos cara a nuestros socios. Así son las coaliciones, qué le vamos a hacer».

Noticias agencias

Los regadíos y las renovables buscan colaborar para producir energía

(Navarra) SECTORES-EMPRESAS | > AREA: Economia, negocios y finanzas

16-11-2011 / 10:50 h

Pamplona, 16 nov (EFE).- El sector de las energías renovables y el de los regadíos analizan en Pamplona una posible integración de iniciativas ante el encarecimiento que la energía ha experimentado y que, según la presidenta navarra, Yolanda Barcina, ha puesto a las explotaciones agrarias «en el límite de su viabilidad económica».

Para analizar fórmulas de colaboración, expertos de ambos sectores se reúnen durante dos días en la Comunidad Foral en el I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, organizado por el centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y el Gobierno foral a través de la división de riegos de la empresa pública INTIA.

En representación de ésta, Miguel Horta ha señalado que se trata de explorar los puntos de conexión que puede haber entre el mundo agrario y el de las energías renovables, donde ya hay alguna pequeña experiencia en marcha.

Como ejemplos ha citado la posibilidad de que los instaladores fotovoltaicos puedan disponer de terrenos agrícolas para implantar sus parques, que los productores de energía eólica puedan regular la producción, acumulando el agua en balsas propiedad de las comunidades de regantes, y que en los terrenos agrícolas se puedan cultivar plantas que permitan la producción de biodiesel, bioalcohol o biomasa.

En su opinión, «el campo de colaboración es muy amplio y el Congreso pretende dar un vistazo general a todas las posibilidades para que en el futuro tanto las comunidades regantes como los promotores de energías renovables en sus diversas facetas puedan llevar a cabo sus proyectos».

Al respecto, en la apertura del Congreso, la presidenta Barcina ha subrayado que en los últimos 5 años las tarifas energéticas para el riego han sufrido un incremento superior al 80 por ciento, una evolución y una dependencia que, ha dicho, «está en nuestra mano cambiar».

Tras recordar que Navarra ha apostado por crear nuevos regadíos y modernizar los existentes como «un activo estratégico», porque «mantiene vivos los pueblos» y «permite potenciar una poderosa industria agroalimentaria», Barcina ha destacado que el CENER ha «detectado la necesidad» de desarrollar nuevas fórmulas de producción energética en el sector agrario y en especial en los regadíos, consumidores del 2 % de la energía eléctrica de toda España.

«Se trata de que puedan integrarse armónicamente» las necesidades de los regadíos y las nuevas tecnologías de producción de energía renovable para la «sostenibilidad» y «rentabilidad» de los primeros y la disminución de la producción de CO2, ha puntualizado.

Y por ello ha animado a las empresas presentes a concretar soluciones técnicas que permitan una mejora del balance energético, y con él de la viabilidad de las explotaciones agrarias, y a las comunidades de regantes a valorar si sus productos se adecúan a las necesidades del mercado y si pueden ofrecer terreno para el desarrollo de proyectos energéticos a los que puedan suministrar materia prima.

«Donde hay una comunidad de regantes hay suelo para construir, tierras agrarias productivas, vías de comunicación, líneas eléctricas y agua», ha comentado, y ha añadido que también hay legislación agraria para «reordenar propiedades» mediante concentraciones que faciliten la ubicación de aprovechamientos energéticos y posibilidades de «financiación de infraestructuras de interés general» que reduzcan el consumo energético.

Para Barcina, hacerlo «es una auténtica necesidad que beneficiará a ambos sectores, agricultura e industria, abriendo líneas de colaboración mutuas» que reporten «nuevas oportunidades de negocio para ambos». EFE

Piden que el nuevo presidente del Gobierno haga "una manifestación expresa en defensa del Tajo-Segura" en cuanto tome posesión

  ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) –  

   Los principales colectivos de agricultores, empresarios y regantes de la provincia de Alicante han suscrito un manifiesto «en defensa de del trasvase del Ebro Tajo-Segura» y en el que no renuncian al trasvase del Ebro, al tiempo que han pedido al nuevo presidente del Gobierno un «gran pacto del agua» permanente en el tiempo e indiferente del partido que gobierne.

   Representantes de Asaja Alicante; la Confederación Empresarial de Alicante (Coepa); Riegos de Levante margen izquierda; Riegos de Levante margen derecha; el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela; la Junta Central de Usuarios del Alto Vinalopó, l’Alacantí y consorcio de Aguas de la Marina Baja; y la Comunidad de Regantes de Carrizales y la Junta Central de Usuarios de la Pedrera han constituido un comité de trabajo «imparcial y apolítico, en representación de los intereses agrarios y económicos de la sociedad alicantina».

   Este comité pretende ser «una comisión de seguimiento en materia de recursos hídricos, un lobby que analice en cada momento las repercusiones e impactos económicos del déficit hídrico y que reivindique de manera enérgica y continuada los postulados que siempre se han defendido en materia de agua».

  «Empresarios, regantes, usuarios y agricultores somos los más perjudicados por esta situación de desequilibrio hídrico y consideramos prioritario que nuestras autoridades se pongan a trabajar en los factores que impiden nuestro crecimiento, devolver la confianza a los sectores productivos, pues ahora más que nunca urge recuperar la capacidad de generar empleo», han asegurado.

   Así, han requerido que se «tengan en cuenta, a partir de los estudios técnicos objetivos elaborados, cuales son las necesidades reales de agua, presentes y futuras, en la provincia de Alicante y se reconozca la necesidad de recibir más aportes de agua externos».

   Con esta finalidad han reclamado un «gran pacto del agua, que incluya la interconexión  de cuencas y que permanezca inalterable en el tiempo, pese a la circunstancias existentes o a que se registren cambios en el poder Ejecutivo».

   En primer lugar, el manifiesto exige «el mantenimiento del Tajo-Segura en las condiciones actualmente existentes y todo ello en cumplimiento de la legislación vigente». Para ello, piden a «la formación política que llegue al Gobierno a partir del día 20 debe formular, nada más tomar posesión de sus cargos, una manifestación expresa en defensa del Tajo-Segura y su oposición rotunda a los frecuentes ataques que sufre la obra hidráulica».

   En su opinión, «deberá impedir en todo momento que las competencias hídricas pasen a las autonomías, lo que sólo conllevaría potenciar la conflictividad entre territorios y aumentar las injusticias del agua, beneficiando sólo a aquellos en los que nacen los ríos, cuando éstos son de todos los españoles, según establece la Constitución».

DAÑO ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL

  «Si se echa el cierre al Tajo-Segura, veremos cómo se degrada una obra de grandes dimensiones, ocasionando un daño irreparable en el entorno, además de ocasionar un daño humano, económico y medioambiental sin precedentes», ha añadido.

   Por ello, han continuado, «debe considerarse y reconocerse expresamente el daño medioambiental y económico que ocasionaría acabar con una obra tan importante como es la del Tajo-Segura». A modo de ver de los regantes, «es obvio que el trasvase es insustituible».

   En cuanto al trasvase Júcar-Vinalopó, han insistido en que la «paralización de las obras por la conducción: solución de Cortes y su sustitución por el nuevo proyecto desde Cullera dificulta considerablemente la recuperación de los acuíferos sobreexplotados».

   Desde su punto de vista, «no existen razones fundadas de orden hidrológico, económico y medioambiental, jurídicas, sociales, ni de eficiencia energética, que aconsejen el cambio de toma, más bien al contrario se ha demostrado  la idoneidad de la ‘solución Cortes'».

TRASVASE DEL EBRO

  Los regantes también han insistido en el trasvase del Ebro. «No renunciamos al derogado trasvase del Ebro, pues constituye un pilar fundamental en nuestro propósito de situar la agricultura y al sector agroalimentario de la zona en un motor económico diverso, multifuncional y básico para el conjunto de la economía del país», han manifestado.

   Igualmente, piden una convocatoria urgente de la comisión provincial del agua y han anunciado que trasladarán este manifiesto al nuevo presidente del Gobierno y al nuevo gobierno elegido en las urnas. También se hará llegar el documento al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, y a la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor.

Llama la atención en la campaña la falta de agua, digo como tema recurrente de enorme trascendencia para algunas regiones, sobre todo a las que afecta el Trasvase. Salvo alguna alusión aislada, es como si quisieran ponerle un dique a un tema conflictivo que tarde o temprano saldrá a la superficie, como un guadiana político que en realidad es una asignatura aplazada, sobre todo por la promesa latente de un Plan Hidrológico entre las promesas formuladas por Cospedal, que no pasaron desapercibidas en los sectores implicados, como también ocurrió al conocerse en su día, en una entrevista de Europa Press que causó cierto revuelo, su opinión favorable a la caducidad del Trasvase en el año 2015, tal y como recogía una cláusula en el Estatuto de Autonomía cuya reforma iba a debatirse en las Cortes, «porque el Tajo-Segura funciona -dijo- con unos criterios que fueron fijados hace tiempo y se tienen que modificar. El Partido Popular ha dicho siempre claramente que quiere la caducidad del Trasvase en la forma y manera que está funcionando actualmente, ya que «esa fórmula no puede continuar así. Existe un acuerdo con el PSOE para la reforma del Estatuto que establece su caducidad tal y como está planteado actualmente». Actitud que se esfumaría después con el famoso eslogan ‘agua para todos’ y la decidida oposición de Murcia y Valencia, cuyos líderes, mantuvieron un breve encuentro en Bruselas, donde asistían a un pleno del Comité de las Regiones, y ambos reiteraron que desde sus comunidades no se iba a renunciar «ni a una sola gota de agua».

Finalmente el Parlamento manchego aprobó en un Pleno extraordinario, la propuesta del PSOE para solicitar al Congreso de los Diputados la retirada del Estatuto. El PP, tal como había anunciado, votó en contra de esta decisión. El cerrojazo al Trasvase y la alternativa de una reserva hídrica quedaron en agua de borrajas.

La historia del Trasvase parece una leyenda de las Mil y Una Gotas. Tuvo su origen en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, elaborado por el ingeniero de Caminos, Manuel Lorenzo Pardo en 1933. El buen hombre quería acabar con lo que llamó ‘desequilibrio hidrológico’ del país. Venía a ser la solución a la escasez de recursos hidráulicos en el sureste peninsular, enviando agua desde la cabecera del Tajo. El ministro de Obras Públicas era el socialista Indalecio Prieto y presentó estas ideas en la tantas veces citada Asamblea de Alicante. Sin embargo, el proyecto no prosperó, hasta que fue rescatado en los planes de desarrollo franquistas y ejecutado entre 1966 y 1979, con una inversión superior a los 43.000 millones de pesetas, un 300% más de lo inicialmente previsto. En cualquier caso, no tuvo buena prensa. Calificada de faraónica, la obra se desarrolló con ciertas dificultades y una especial incidencia en el túnel del Talave a causa de filtraciones históricas y su compensación, episodio que culminó con el veredicto del Tribunal Supremo tras el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes contra la derivación, desde el acueducto hasta los regadíos de Los Llanos de Albacete, de 7,7 hectómetros cúbicos anuales, sentencia que desestimaba dicho recurso condenando además a los regantes del Segura al pago de las costas del juicio. Uno de los aspectos llamativos en el largo proceso de un Trasvase debatido, zarandeado, cuyas aguas vio pasar Albacete como un voyeur inmóvil, atado de pies y manos en cualquier decisión sobre ellas y petrificado, como los puentes del trayecto, sin el menor derecho a la gestión de las cuencas, ni siquiera como testigos de cargo.. Digo yo si, en plena sequía electoral, los que manden dentro de cinco días van a cambiar de estrategia o si llegada la Navidad, su propuesta acuática consistirá en invitarnos a cantar «pero mira como beben los peces en el río/ pero mira como beben por ver al Dios nacido».

Hace unos días, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia  se firmó la adhesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar al proceso de constitución de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel por parte de su presidente , D. Juan José Moragues Terrades , y en presencia de D. José Vicente Antón , presidente de la Asociación de Municipios Ribera del Cabriel.
    

Durante la reunión se procedió a valorar la importancia que tendría para la zona que la Unesco declarara el Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera para potenciar el desarrollo socioeconómico de los municipios integrantes de la misma y la puesta en valor de los recursos de la zona.
    

La figura del MAB, o reservas de la biosfera,  permite tener un marchamo de calidad, un sello de identidad sobre un área geográfica determinada, creando una imagen de entorno en relación a unos valores naturales singulares. Em este caso el río Cabriel, que resulta ser el río mejor conservado de clima mediterráneo del mundo.
    

El Valle del Cabriel alberga unos valores naturales de primer orden (flora , vegetación , fauna , elementos geomorfológicos , etc.) pero además los pobladores del Valle del Cabriel han dejado su impronta desde tiempos pretéritos, con un excepcional patrimonio cultural tangible ( patrimonio histórico artístico, etnográfico, histórico-cultural, etc.) e intangible (folklore , tradiciones ,artesanía , gastronomía, etc.) , que es preciso conservar y poner en valor .
     

El territorio que formaría parte de esta declaración tiene como hilo conductor al río Cabriel desde su nacimiento en la sierra de Albarracín (Teruel)  hasta su desembocadura en el Júcar (Valencia) y abarcaría algo más de 498.000 Has. , tres comunidades autónomas (Aragón , Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana ) y  4 provincias (Albacete , Cuenca , Valencia y Teruel) y 66 municipios .
  

El presidente de la Confederación se mostró muy interesado por este proyecto y se comprometió a apoyar y colaborar técnica y financieramente , así como a participar en el órgano de gestión que se constituya.
  

También agradeció a la Asociación de Municipios Ribera del Cabriel y a los Grupos de Desarrollo Rural (Prodese , Adiman , Manchuela de Albacete)  el gran papel que están llevando a cabo para conseguir esta declaración y les animó a seguir trabajando en esta línea .

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, reiteró ayer en Bruselas el rechazo de España al pago base propuesto en la reforma de la PAC y ha asegurado que el nuevo modelo de ayudas propuesto por la Comisión Europea plantea «grandes incertidumbres y problemas en cuanto a su aplicación». «Tiene un encaje muy difícil en nuestro modelo productivo, caracterizado por la gran diversidad y riqueza de las producciones», ha aseverado la ministra.

Para Rosa Aguilar, «el nuevo modelo de pagos directos que se establezca deberá dar respuesta a las necesidades de las distintas orientaciones y sistemas productivos de la agricultura y ganadería española, elemento que compartimos con los estados miembros mediterráneos». La titular del MARM ha expresado además su preocupación por los impactos a los que puede conducir la aplicación de esa reforma «tanto a nivel sectorial, como territorial e individual, ya que condiciona la viabilidad futura de muchas de las explotaciones agrarias de nuestro país produciendo desequilibrios territoriales y sectoriales». La ministra ha explicado que las inquietudes de España se concentran en los dos elementos fundamentales del nuevo modelo de ayudas: el pago de base y el llamado «componente verde». Respecto al pago de base, el reglamento propone el establecimiento que es inaceptable para España, de una tasa o pago uniforme a nivel de región o de Estado Miembro, en el año 2019 a más tardar. Con respecto al pago adicional para prácticas beneficiosas con el medio ambiente y el clima, el componente verde, Aguilar ha coincidido con los objetivos aunque ha explicado que es «imprescindible tener en cuenta que la agricultura europea, que los agricultores y ganaderos, ya cumplen con todo un conjunto de disposiciones y exigencias medioambientales recogidos en nuestro ordenamiento, que hacen que nuestra agricultura sea sostenible». En este sentido, Rosa Aguilar ha defendido que la aplicación del componente verde debe estar vinculada a «una simplificación real y efectiva de las normas». «Las medidas que se apliquen dentro de dicho componente verde han de ser sencillas, fácilmente aplicables y generalizables, y en ningún caso podrán suponer una pérdida de competitividad ni de productividad a las explotaciones europeas», ha abundado la ministra, quien ha rechazado que el incumplimiento de las obligaciones de este componente verde afectara a los pagos de las ayudas a los agricultores. Además, y buscando la mejora de la competitividad de las explotaciones europeas, el Gobierno de España entiende que habría que revisar a la baja el porcentaje del 30% de los pagos directos dispuesto para dicha ayuda verde. Por otro lado, desde España, ha afirmado la Ministra, no puede aceptarse la falta de adecuación de las medidas propuestas «hacia algunas de nuestras producciones más representativas», tales como el olivar, el viñedo, la producción frutícola, los sistemas productivos en regadío o las producciones ganaderas de las zonas de montaña, entre otras. Ante este nuevo escenario planteado por la Comisión Europea, la Ministra ha considerado «fundamental» aumentar los recursos disponibles para el componente de ayudas acopladas y flexibilizar su aplicación, al tiempo que ha subrayado «la importancia de la incorporación de jóvenes» dado el fuerte grado de envejecimiento de los activos del sector y la necesidad de fomentar el relevo generacional, así como «la incorporación de la mujer como elemento activo prioritario» en los sectores agrícola y ganadero.

En las últimas semanas, varios de los antiguos manantiales y surgencias del término municipal de Alcadozo han vuelto a la vida, a causa de las precpitaciones registradas en el anterior año hidrológico y lo que llevamos del actual.
Uno de los casos más llamativos, del que se han hecho eco los medios de comunicación de la propia localidad, es el de la Fuente del Ojo, situado entre Alcadozo y Peñas de San Pedro.
De acuerdo a los datos de un estudio realizado por la UCLM sobre los pequeños ecosistemas acuáticos de la provincia de Albacete, en el punto donde se encuentra esta fuente, que forma parte de la cuenca endorreica de Pozohondo, se había experimentado entre 1970 y 2008 un drástico descenso de los niveles piezométricos, de «aproximadamamente» 100 metros de variación.
La fuente está compuesta de dos surgencias. A finales de 2009, el caudal estimado por el equipo dirigido por el profesor Gregorio López estimó que el caudal que sumaban ambas era de 1,5 litros por segundo; un año más tarde, ya era de 20 litros por segundo, unas 13 veces mayor.

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Vuelta a la idea original. A falta de presupuesto para construir una potabilizadora que convierta en viable el trasvase Júcar-Vinalopó, el PP apuesta por recuperar en los próximos meses la toma original de la transferencia, en Cortes de Pallás. El proyecto, presentado por los regantes del Vinalopó —potenciales usuarios del trasvase, aunque ninguno ha suscrito aún el convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para recibir agua—, prevé la coexistencia de las dos tomas: la de Cortes de Pallás (que se abandonó en 2005) y la actual, en el Azud de la Marquesa.

La conexión de la transferencia, totalmente terminada desde finales del pasado año, con la toma original —descartada por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona— tendría un coste cero para las arcas públicas, dado que las obras ya estaban finalizadas cuando se cambió el trazado de la tubería. Así, frente al desembolso económico que suponía la potabilizadora prometida por el PSOE (y que nunca se llegó a presupuestar), la propuesta que estudia el PP no implica sobrecostes.

Según la propuesta de los regantes —respaldada por la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor— el protocolo de uso establecería la preferencia de la toma actual, al final del río, siempre que los niveles de calidad del agua permitiesen usarla para riego. Para vencer la resistencia de los regantes del Júcar, el proyecto que estudiará el PP contempla destinar la toma de Cortes a un «banco de agua», es decir, el agua trasvasada desde el curso medio del Júcar sería vendida por los regantes valencianos a los alicantinos, y no enviada por orden del Ministerio.

«Giro» en la CHJ

La doble toma para el Júcar-Vinalopó es solo uno de los «giros» que el PP plantea a la política hídrica desplegada por el PSOE en la Confederación del Júcar. Si los populares ganan el próximo domingo, como apuntan las encuestas, controlarán todas las instituciones con presencia en el consejo de gobierno de la cuenca —el Ministerio, la Generalitat, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valencia—.

El relevo del actual presidente de la CHJ, Juan José Moragues (nombrado por Narbona en 2004), será el primer paso para devolver la política hídrica del organismo de cuenca a los planteamientos anteriores a la llegada del PSOE al Gobierno central. Principalmente, mantener la unidad de cuenca —que se rompía con el Decreto aprobado por el Gobierno en 2009, y tumbado hace unas semanas por el Supremo—. Un criterio que facilita, precisamente, el trasvase Júcar-Vinalopó, que de otro modo se consideraría una transferencia entre cuencas distintas.

También se mantendrá la superficie de regadíos reconocida por la Generalitat en la Comunidad, y que el actual presidente de la CHJ pretendía reducir en 40.000 hectáreas. Así constaba en el Esquema de Temas Importantes (ETI), borrador del Plan de Cuenca, que ahora debe analizar el consejo del agua de la CHJ. De haberse aprobado dicha reducción —al convertir en terreno «potencialmente regable» parte del actual regadío—, se habrían revisado a la baja las necesidades de agua de Alicante.

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizan hoy el sistema de pagos directos que plantea la propuesta de la Política Agrícola Común (PAC) que la titular española, Rosa Aguilar, prevé rechazar ante sus homólogos europeos. La Presidencia polaca de turno de la UE ha preparado un cuestionario para el intercambio de opiniones sobre la reforma propuesta por la Comisión Europea, que se centra en el modelo de pagos directos y la distribución de las ayudas directas entre y en los propios Estados miembros.

La propuesta que presentó la Comisión en octubre fue recibida con indignación tanto por el sector como por la mayoría de los gobiernos. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha adelantado que rechazará en el Consejo de Ministros el modelo de pagos directos. España rechaza «el pago base» que propone la Comisión Europea, porque «no reconoce la diversidad de cultivo ni las zonas y métodos de producción». En su opinión, «pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes con alto rendimiento pero también con importantes costes productivos». La ministra reiterará que el giro que se da a los pagos directos en la propuesta de reforma «no legitima socialmente a la PAC» y es «inaceptable» porque «generará importantes desequilibrios territoriales y productivos en nuestro país». En el almuerzo, los ministros abordarán el llamado incentivo verde o prima ecológica, en virtud de la cual se debe vincular un 30 % de las ayudas directas a compromisos medioambientales, otra de las propuestas incluida en la PAC que ha suscitado controversia. España está a favor de una PAC «más verde», pero lamenta que la Comisión abogue por poner en ese sentido «el reloj a cero». «Los agricultores están haciendo ya políticas medioambientales y eso ha de valorarse», dijo Aguilar a principios de mes en la Eurocámara, donde aseguró que es «un error no valorar lo que ya se hace en la realidad cada día para preservar el medio e impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura». Se ha abierto además un debate en el seno de la UE sobre la prolongación de las cuotas de producción de azúcar más allá de 2015. Hungría lo pide y cuenta con el apoyo de Austria, Lituania, Francia y Rumanía, según fuentes diplomáticas, que han explicado que esta idea no figura en la propuesta de la Comisión Europea, pero algunos países han solicitado que se incluya. Los ministros evaluarán además el grado de aplicación en cada país de la directiva para la protección mínima de las gallinas ponedoras que entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y que establece que éstas deben disponer de al menos 750 cm2 de superficie de la jaula, de un nido, de una yacija que permita picotear y escarbar, de un bebedero apropiado y de dispositivos de recorte de uñas. Algunos países han reclamado a la UE más tiempo para que sus explotaciones puedan aplicar la norma. España está todavía en el proceso de aplicación de la directiva. En la parte de Pesca del Consejo, los ministros mantendrán un debate sobre la dimensión exterior de la Política Pesquera Común. Aguilar pedirá a la UE «una posición más decidida» en materia pesquera para «impulsar y reforzar» los acuerdos con terceros países, los cuales deben garantizar que la actividad se desarrolle «según modalidades que sean satisfactorias para ambas partes». El debate girará en torno a la convenios de asociación con terceros países, los acuerdos bilaterales, los lazos con las organizaciones regionales de gestión de pesca y con las organizaciones internacionales de conservación, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En cuanto a los acuerdos de pesca bilaterales y con terceros países, España, Francia, Portugal, Italia y Grecia defienden la continuidad de esos convenios. También defienden una fuerte presencia de la Comisión ante las organizaciones regionales.

J. SIERRA VALENCIA El número exacto de hectáreas de regadío que existen en la Comunitat Valenciana se ha convertido en los últimos meses en el penúltimo motivo de enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno central. Ni uno ni otro parecen capaces de ponerse de acuerdo sobre algo que debería ser cuantificable con relativa facilidad gracias a los recursos de la propia administración y al uso de modernas tecnologías, incluidos los satélites.

Sin embargo, las cifras que manejan la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar están muy alejadas y difieren también de las que figuran en el censo agrario del Instituto Nacional de Estadística y de las admitidas por los propios regantes.

La discusión no es baladí. En el fondo no importan tanto las hectáreas como los derechos de éste regadío a recibir agua. Pese a que nadie ha planteado una revisión concesional— a cada hectárea de regadío le corresponde una dotación teórica de agua, dependiendo del tipo de cultivo y cuyo suministro debe garantizar el Estado—, en el fondo se trata de tomar posiciones en el reparto de caudales que debe figurar en el próximo plan hidrológico y sirve también para determinar los balances de recursos y demandas que, de ser negativos, podrían utilizarse para reclamar trasvases desde otras cuencas hidrográficas.

Descenso
Según el Censo Agrario elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a a 1999, dentro de la superficie agrícola utilizada había 301.413 hectáreas de regadío de las que no se regaban ya 17.848 ha.

En contra de lo que pudiera pensarse, ni la expansión urbanística ni la crisis de la agricultura parecen haber hecho excesiva mella en el regadío. Según el censo actualizado de 2009, cuyos datos definitivos se cerraron hace unos meses, la superficie regable era de 289.949 hectáreas, lo que supone un descenso de 11.464 has. (3,8%).

En sus alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes del Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana asegura que la superficie regada es de 350.000 has. Además, se rechaza como «no aceptable» que en los cálculos que figuran en el Esquema de Temas Importantes, antesala del nuevo plan hidrológico del Júcar, «no se reconozcan las superficies que figuran en los expedientes de concesión de aguas».

Dicen que calcular la Unidad de Demanda Agrícola «atendiendo exclusivamente a la superficie realmente regada es contrario al estudio de la demanda porque niega la posibilidad de que se use el derecho al uso de las aguas en su totalidad…». Es decir, los regantes quieren que el plan les asigne el máximo teórico necesario para regar todas sus superficies, al margen de si se riegan ya o no. El excedente podría derivarse así hacia campos de golf, para los que los propios regantes piden un estatus similar al del regadío, en intercambios con otros usuarios o para atender futuras ampliaciones de las zonas regables.

La Generalitat Valenciana cuestiona también las cifras del Ministerio de Medio Ambiente. La CHJ solo ha incluido 261.000 hectáreas en sus planes para la Demarcación Júcar mientras el plan de cuenca vigente situaba la superficie regada en 300.940 has y la Generalitat calcula una superficie total de 318.995 has y que es , dice, «la que se ha de considerar».

El caso del Vinalopó
Solo en el Vinalopó-Alacantí, donde algunos caudales para la agricultura acaban en los abastecimientos urbanos, la disparidad es brutal. Según la CHJ, la superficie regada es de 30.488 has. El Instituto Interuniversitario de Geografía sostiene que trabajos de campo, fotointerpretación y encuestas directas realizadas en 2006 «confirman» la existencia de una superficie regable con derechos de uso reconocidos que supera las 85.000 has. No obstante, admite como superficie «regada» la de 70.699 has, muy lejos todavía de la considerada por la Confederación Hidrográfica.