El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha dicho al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que un modelo de desarrollo que está basado en un recurso que es escaso, como es el agua, y que está lejos de Murcia es un modelo «insostenible» y «todo lo demás son cortinas de humo».

   Barreda ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación en Azuqueca de Henares para enviar un mensaje al presidente de la Comunidad de Murcia «ahora que vengo de Cuenca y he pasado por los pantanos de la cabecera del Tajo».

   En ese sentido Barreda le ha dicho que «debe plantearse de una vez y cuanto antes mejor qué modelo de desarrollo quiere tener en Murcia y qué modelo de desarrollo es posible en Murcia».

   Según ha explicado el presidente de la Junta, «un modelo de desarrollo que está basado en un recurso que es escaso y que está lejos de Murcia es un modelo insostenible y todo lo demás son cortinas de humo».

Cientos de agricultores de toda Castilla-La Mancha han sido objeto en los últimos meses de robos en sus explotaciones agrarias. Estas acciones tienen como finalidad la obtención por parte de los delincuentes de material que vender en el mercado negro, principalmente en chatarrerías, ocasionando importantes pérdidas a los agricultores, que en más de una ocasión se han quedado sin posibilidad de realizar las tareas diarias en el campo debido al robo de elementos indispensables para ello. Por tanto, a la hora de evaluar el alcance de los daños no sólo se debe computar el valor material de lo robado, sino los daños ocasionados en sus faenas agrarias. Afortunadamente, y a diferencia de lo ocurrido en otras regiones, no se ha vivido ningún episodio de agresiones personales, lo que supondría elevar el nivel de gravedad de la situación.
La crónica de sucesos ha estado marcada durante muchos meses por este tipo de delitos, si bien es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han respondido con eficacia arrestando a muchas personas vinculadas a estos robos. En ocasiones se pasa por alto el trabajo de los agentes en el medio rural, que tienen que velar por la seguridad en zonas muy amplias de la Comunidad y, al mismo tiempo, llevar a la práctica investigaciones minuciosas para resolver muchos delitos. Esta es una tarea que se realiza sin altavoces ni micrófonos y por ello en ocasiones tiende a generarse en la opinión pública cierta sensación de inactividad. La realidad es bien distinta, porque de lo contrario no hubiera sido posible que, por ejemplo, en lo que va de abril se encarcelara a una docena de personas a las que se les atribuye la autoría o participación de nada menos que 165 robos en explotaciones agrarias de la provincia de Ciudad Real. Pero a lo largo de los últimos meses se han registrado más operaciones de esta índole en el resto de provincias de Castilla-La Mancha afectadas por esta oleada de robos en el campo o en zonas industriales, lo que da idea de que las fuerzas y cuerpos de seguridad están a lo que tienen que estar.
Las quejas y la indignación de las gentes del campo son lógicas y entendibles y también a ellas se debe en parte el éxito de estas operaciones. Es fundamental que exista entre ambas partes la mayor colaboración posible y ninguna desconfianza, como en alguna ocasión ha dado la sensación. Esa es la mejor manera de ir acabando poco a poco con esta situación, cada uno en la tarea que le corresponde. Cuando a un agricultor le roban una y otra vez es difícil convencerle de que ha de tener paciencia, pero es la única opción posible, empezando por la importancia de su propia seguridad personal. Al final los resultados llegan, aunque la solución no sea para siempre.    

FENACORE atribuye este descenso a la pérdida de rentabilidad que han sufrido estos cultivos, especialmente en el último año, como consecuencia de la fuerte subida de las tarifas eléctricas, que representan ya el 30% de los costes de producción.

Madrid – Agrocope

La superficie de regadío en España registró un retroceso del 0,4 por ciento en 2010, situándose en 3,4 millones de hectáreas, rompiendo así el crecimiento imparable que venía protagonizando desde el año 2006, con el consiguiente perjuicio socioeconómico y medioambiental que se deriva para el conjunto del país, según datos del Ministerio de Medio Ambiente recogidos por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).

La Federación atribuye este descenso a la pérdida de rentabilidad que han sufrido estos cultivos, especialmente en el último año, como consecuencia de la fuerte subida de las tarifas eléctricas –que representan ya el 30 por ciento de los costes de producción- y la caída del precio de los productos agrarios, lo que ha hecho prácticamente inviable su subsistencia en algunas zonas.

Esta situación ha llevado a las comunidades autónomas con mayor extensión de superficie regada a abandonar muchos de los regadíos ya históricos –de mayor producción e ingresos- y sustituirlos por cultivos de secano, con el fin de aliviar los gastos energéticos que implican los nuevos sistemas de riego más eficientes, de menor consumo de agua, pero mayor demanda eléctrica.
 
Asimismo, las regiones donde más disminuyó la superficie de riego durante el pasado año coinciden con las regiones del arco mediterráneo, que basan su economía en la producción de cítricos y hortalizas. De esta forma, los cultivos de regadío retrocedieron un 6,8 por ciento en la Comunidad Valenciana, mientras que en Murcia cayeron un 3 por ciento en 2010.

Tras las regiones que conforman la «huerta mediterránea española», se situaron las dos Castillas, que se corresponden además con las comunidades que han realizado mayor esfuerzo en la modernización de sus regadíos con más sistemas de riego eficientes y, por tanto, más afectadas por el encarecimiento de la factura eléctrica.

De esta forma, Castilla-La Mancha y Castilla y León -donde los mecanismos eficientes se emplean en más del 20 por ciento de su superficie regada- perdieron un 2,4 por ciento y un 1,5 2,4 por ciento  de sus cultivos de regadío, respectivamente, durante el pasado año.

FENACORE alerta de que este retroceso de la superficie regada supone un grave perjuicio para la economía nacional, ya que si bien la agricultura de manera aislada representa el 2,4 por ciento del PIB, su peso junto con todo el sector agroalimentario asociado constituye más del 20 por ciento del PIB para algunas provincias españolas, y este PIB desaparecería con la agricultura, de manera que el Ejecutivo debería conferir al regadío el trato que se merece por su importancia económica y social.

En este sentido, los cultivos de regadío contribuyen a fijar la población al territorio, impulsando el desarrollo demográfico y económico del lugar, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Así, los cultivos aportan oxígeno a la atmósfera y actúan como auténticos sumideros de CO2, contribuyendo a reducir el efecto invernadero. Además, reducen la erosión y la desertización del suelo; producen materias primas para biocombustibles y evitan el éxodo de población rural a los núcleos urbanos.

Por estos motivos, la Federación insiste en la necesidad de poner en marcha un paquete de medidas eficaces que promuevan la agricultura de regadío en España y permitan la modernización del más de un millón de hectáreas, cuya transformación estará en el aire hasta que no se aplique un sistema tarifario eléctrico acorde a la demanda energética del campo español.

Sólo en el último año el precio de la luz ha subido en más de un 60 por ciento y el término de potencia contratada en más de un 400 por ciento en los últimos tres ejercicios.

 La Confederación Hidrográfica del Júcar tendrá que desembalsar en los próximos cuatro meses unos 150 hm3 del pantano de Tous por motivos de seguridad para prevenir las riadas del otoño. La ley le obliga a dejar el embalse en 80 hm3 y en estos momentos el embalse está ya prácticamente lleno. La mayor parte del caudal acabará en el mar como ya sucedió en 2010 en el que se fueron por el Júcar hasta la Albufera de Valencia y después al Mediterráneo otros 170 hm3 , ya que ya estaban satisfechas todas las necesidades de los regantes del Júcar y del agua potable de Valencia.
Aprovechando la realidad y con el trasvase Júcar-Vinalopó empantanado por las diferencias entre el Ministerio y los regantes sobre el precio y la calidad del agua, la Junta Central de Usuarios va a reclamar al Ministerio que se aprovechen estas aguas con la construcción de la segunda toma aguas abajo del Júcar en el Azud de Antella.
Una opción que, según explicaron ayer desde la Junta Central, no perjudicaría a ningún usuario del Júcar. Tampoco habría que realizar tratamientos para potabilizar el caudal con lo que se eliminaría la obligación de construir una potabilizadora. Infraestructura que tiene un coste de 30 millones de euros (el ajuste presupuestario del Gobierno central la ha dejado en el cajón) y que tampoco despierta demasiados adeptos en la Junta Central. Sobre todo por el rechazo psicológico a beber el agua de Cullera, que llegará al Vinalopó después de haber recibido el impacto de los retornos de riego agrícola de la Ribera y de las depuradoras que vierten al cauce agua residual depurada (40 hm3 al año).
En este sentido el catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, apuntó ayer que «lo de la toma del Azud de la Marquesa y que se quiera que Alicante beba agua de las depuradoras de Valencia es una indignidad que la provincia no puede consentir. El Ministerio todavía se ha dado cuenta de que el agua que nos quiere enviar tiene hasta coliformes fecales».
El embalse de Tous es de los denominados de laminación (prevención de riadas) por lo que durante el otoño, cuando la Comunidad Valenciana entra en riesgo de gota fría, la ley obliga a que el caudal embalsado no supere los 80 hm3. El hecho de que hoy almacene 170 hm3 es producto de ya están satisfechas todas las necesidades de los usuarios de Júcar. «De ahí que no es una propuesta descabellada que ese caudal se derive al Vinalopó», subrayó Andrés Martínez, presidente de la Junta Central del Júcar-Vinalopó.
La Junta Central de Usuarios replicó ayer a Acuajúcar con un informe del Instituto de Geografía de la UA, que certifica, con datos del propio Ministerio de Medio Ambiente, que el agua del Júcar que se bombeará a la provincia presenta coliformes y, en concreto, 150 hm3 de caudal que llega al Azud de la Marquesa está compuesto por el agua residual depurada de 45 plantas y por retornos de riego con pesticidas. La Junta acusa a Acuajúcar de mentir al señalar que los agricultores de Valencia utilizan ese agua.

La superficie de regadío en Castilla-La Mancha registró un descenso del 2,4% en el último año, hasta situarse en 478.713 hectáreas. De esta forma, la comunidad castellano-manchega fue, por delante de Castilla y León, la segunda región española donde menos cultivos de este tipo desaparecieron el año pasado, aunque cae dos puntos más que la media nacional (-0,4%), según datos del Ministerio de Medio Ambiente recogidos por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).
La Federación atribuye este descenso de la superficie de regadío a la pérdida de rentabilidad que han sufrido estos cultivos, especialmente en el último año, como consecuencia de la fuerte subida de las tarifas eléctricas –que representan ya el 30% de los costes de producción- y la caída del precio de los productos agrarios, lo que ha hecho prácticamente inviable su subsistencia en algunas zonas. Las regiones más afectadas y que perdieron más extensión de regadío fueron la Comunidad Valenciana (-6,8%) y Murcia (-3%).  

.752 corresponden a pagos con cargo al FEAGA y 982 millones al FEADER. En marzo, la cantidad ascendió a 227 millones y 101, respectivamente. Las mayores cuantías se reparten en ayudas directas, disociadas o no, competitividad y medio ambiente.

País Vasco – Agrocope

A 31 de marzo de 2010, los pagos realizados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se elevan a 5.734 millones de euros, sólo en el tercer mes del año la cantidad ascendió a 327,5 millones de euros, lo que supone el 78,05 por ciento de lo pagado en el ejercicio 2010, que comenzó el pasado mes de octubre, según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La mayor cuantía se ha destinado a las ayudas directas desacopladas (4.223,2 millones de euros) y a las directas acopladas (282,5 millones de euros). También destaca el importante desembolso destinado al POSEICAN (112,9 millones de euros), la OCM del vino (45 millones de euros), al azúcar (16,7 millones de euros), y la OCM de frutas y hortalizas (24,2 millones de euros).

En el lado contrario, las ayudas a la apicultura (65.274 euros), el sector que recibió el menor presupuesto.

Por comunidades autónomas, Andalucía se pone a la cabeza en cuanto a cantidad percibida, con más de 1.691,5 millones de euros. Le siguen Castilla y León, con 1.049,3 millones de euros, y Castilla-La Mancha, con 852,4 millones de euros.

En el otro extremo, Baleares, con 24,3 millones de euros y La Rioja con 38,7 millones de euros.

FEADER

En cuanto a la relación con el gasto público total contemplado en los programas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para el período 2007-2013, los pagos realizados, a 31 de marzo, alcanzaron los 982 millones de euros, lo que representa un 47,05 por ciento de la previsión media para el periodo (2.087,3 millones de euros/año). Sólo en marzo, la cantidad fue de 100,7 millones de euros.

Por ejes, destacan los pagos correspondientes al 1 (competitividad), con 380,9 millones de euros, y al eje 2 (medio ambiente y entorno rural), con 466,9 millones de euros. Menor cuantía va para los pagos destinados al eje 3 (vida y diversificación), con 37,3 millones de euros, al eje 4 (LEADER), con 73,3 millones de euros y a la asistencia técnica (26,9 millones de euros).

En este caso, hay que subrayar los pagos realizados a la comunidad autónoma de Castilla y León con 168,6 millones de euros, Andalucía con 167,6 millones de euros, Galicia con 103,8 millones de euros, Asturias con 93,8 millones de euros, Aragón con más de 89 millones y Castilla-La Mancha con 76,6 millones de euros. Les siguen Extremadura (60,3 millones de euros), Cataluña (52,5 millones de euros), Comunidad Valenciana (43,2 millones de euros) y Murcia y Navarra con poco más de 25 millones de euros respectivamente.

En el lado contrario, Baleares (2,8 millones de euros), Madrid (3 millones de euros) y País Vasco (3,5 millones de euros).

Galicia anunció ayer que la Xunta está manteniendo contactos con Andalucía y Castilla-La Mancha a fin de lograr que la Unión Europea conceda a las comunidades que abandonan el objetivo de convergencia a partir de 2014 una ayuda transitoria. España podría perder el 60 por ciento de los fondos estructurales que recibe de la UE, toda vez que Galicia y las dos citadas autonomías dejan de ser objetivo de convergencia.

La organización agraria Asaja pidió ayer que se amplíe hasta el 15 de mayo el plazo para presentar la solicitud unificada de la PAC, que finaliza el próximo día 30, para que los agricultores y ganaderos tengan tiempo suficiente para pedir estas ayudas, teniendo en cuenta que el Gobierno ya está trabajando en un borrador de orden para dicha ampliación.

En una nota de prensa difundida ayer, la organización agraria argumenta que son muchas las razones, «ajenas a la voluntad del agricultor, las que impiden hacer la solicitud en tiempo y forma». Y, en este sentido, llama la atención sobre el hecho de que algunas ayudas agroambientales, como la dedicada al girasol de secano, fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Región.

Además, para percibir la ayuda de algunas medidas agroambientales, es obligatorio presentar un plan de explotación con las solicitudes anuales o iniciales.

La reserva de agua en la cuenca del Júcar ha aumentado un 10,9 por ciento en relación con la del año pasado en las mismas fechas y un 80,2 por ciento en relación con la media de los últimos diez años, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.  

   El agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado en la actualidad un 27,0 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», al del 80,2 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar.  

   En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.988 hectómetros cúbicos (ocho más que la semana anterior), cifra equivalente a un 59,6 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico.

   Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 53,7 por ciento, mientras que ahora hay un 59,6 por ciento, es decir, 5,9 puntos más que el ejercicio anterior.

   Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 20,4 puntos más que hace dos años y se dispone de 27,5 puntos más que la media de los últimos cinco años y de 26,6 puntos más que en la media de los últimos diez años.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha subrayado que en España existe voluntad para conseguir una buena gestión del agua, para lo que se necesita consenso, diálogo y compromiso colectivo entre las políticas del Estado español y las directivas de la Unión Europea (UE).
Según un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Puxeu así lo ha asegurado hoy durante una ponencia en el IV Foro del Río Yangtsé, dentro del programa River Basin Mangement Programme (RBMP), en la ciudad china de Nanjing.
Durante su intervención, ha detallado los principios básicos de la administración hidráulica española, como la unidad de cuenca, la gestión integrada de los recursos hídricos y la planificación hidrológica.
Según ha destacado, el MARM ha invertido más de 15.000 millones de euros en infraestructuras hidráulicas desde 2004, con la regularización y conducción de caudales, uso de recursos no convencionales y aplicación de tecnologías para el ahorro de agua, con el fin de aportar un modelo de futuro de gestión del agua a la sociedad.
El Gobierno ha invertido 6.200 millones de euros del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 para garantizar la calidad del recurso y ha puesto en marcha políticas para garantizar el abastecimiento, como la desalinización, el Plan Nacional de Reutilización de Aguas y el Plan Nacional de Regadíos, ha pormenorizado.
Según el comunicado, España participa como parte de la Unión Europea en el programa RBMP para ofrecer a China la experiencia comunitaria adquirida durante 25 años en gestión y protección de los recursos hídricos.
El programa -que se inició en 2006, finaliza en 2012 y cuenta con una inversión de la UE de 25 millones de euros y de la República Popular China de 79 millones-, es una plataforma de diálogo para analizar la gestión integrada del agua y la contaminación en el río Amarillo a través de un proyecto piloto, entre otras cuestiones.