María Dolores de Cospedal dijo ayer que, hasta dónde ella sabe, los plazos para la Ley del Agua de Castilla-La Mancha «no son los más adecuados». La presidenta del PP de Castilla-La Mancha declaró que supone que esto «lo sabrá muy bien» Barreda y ha dicho que «tampoco» sabe si el presidente regional «va a hacer lo que hizo con el Estatuto, retirarlo». «No sé lo que puede pasar con ese proyecto», dijo a los periodistas, quien añadió que «eso lo sabrá el grupo socialista en el Congreso de los Diputados y lo sabrá el señor Barreda», a menos que «lo piense retirar como lo hizo con el Estatuto», concluyó.

Barreda, por su parte,opinó que la posición de Cospedal no sólo se debe a Castilla-La Mancha sino «a otros intereses», a los que, en su opinión, se pliega. Recordó que Murcia dijo que esta ley sería «letal» para su región.

El Ayuntamiento fue condenado a pagar más de un millón de euros por abastecerse de este embalse en sequía, algo con lo que acaba esta norma

Barreda entregó ayer al Congreso para su toma en consideración este proyecto legislativo

Antes de tomarse un café con José Bono, en un despacho que muchos ya denominan «el confesionario» por las muchas visitas que el presidente del Congreso atiende en él cada miércoles, el presidente de la Junta, José María Barreda, se presentó en el Registro de la Congreso de los Diputados para entregar la Ley de Agua de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes autonómicas este lunes en un accidentado pleno en el que no estuvieron presentes los diputados del PP.

«Me hubiera gustado que hoy [por ayer] estuviéramos en el registro del Congreso la señora De Cospedal y yo», declaró Barreda, mostrando así su deseo de que esta nueva norma hubiese salido de las Cortes con el voto a favor también del Partido Popular.

El PP llegó a presentar una enmienda a la totalidad a esta Ley, que fue rechazada por la mayoría socialista. Una enmienda, que según dijo ayer el concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, perjudicaba a la ciudad porque suprimía tres aspectos recogidos en esta ley que benefician a Albacete.

Hoy, a debatir en el pleno

Hoy, los socialistas, trasladarán este debate al pleno del Ayuntamiento de Albacete, «espero que aquí la señora Bayod desoiga a sus compañeros diputados del PP y vote a favor de esta moción», emplazó el concejal socialista a la portavoz municipal del PP. «En Albacete tenemos más de 45.000 hectáreas de regadío, una parte gestionada por pequeños regantes que están muy pendientes de lo que pase con esta Ley del Agua», aseguró Sotos, que destacó las «aspiraciones» albaceteñas que recoge este texto legal.

Según detalló, si se aprobase esta ley, al Ayuntamiento de Albacete ya no se le podría exigir el pago de ninguna compensación económica en favor de los regantes por abastecerse con agua del Júcar.

Hay que recordar que hace un año el consistorio albaceteño se vio obligado a recurrir al Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que le condenaba a pagar más de un millón de euros a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar) por haber tomado agua del embalse de Alarcón entre 2005 y 2008, años de sequía en los que la presa se quedó por debajo de un volumen de reserva mínimo preestablecido.

En esta ocasión, PSOE, PP e Izquierda Unida se pusieron de acuerdo en que la ciudad de Albacete no tenía por qué pagar ni un céntimo a los dueños del embalse de Alarcón, es decir, los regantes valencianos e Iberdrola por coger agua del embalse en tiempos de sequía.

Un pago que está previsto en el llamado convenio de Alarcón, un texto en el que el Ministerio de Medio Ambiente permitió fijar a los regantes valencianos fijar ese volumen de reserva y el derecho a cobrar indemnizaciones si alguien cogía de ese agua. Y que amparó el artículo 24 del Plan del Júcar aprobado en 1998, donde se recogen los usos del embalse de Alarcón y se admite la prioridad de los riegos tradicionales de la Comunidad Valenciana y el derecho de las hidroeléctricas a recibir indemnizaciones si se veían perjudicadas.

Pues bien, el texto de la Ley del Agua aprobado el lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha establece que en aplicación del «principio de prelación de usos consagrado en la legislación vigente», es decir, el agua primero para beber, después para regar y luego para los usos hidroeléctricos, se deben aprobar unas «normas de explotación» en la cuenca del Júcar que garanticen que el abastecimiento es prioritario y que «en ningún caso se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete, ni a ningún otro municipio de la cuenca del Júcar en Castilla-La Mancha, compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier otro uso de menor prioridad».

Junto a este cambio en las normas de explotación del Júcar, los socialistas consideran muy positivo para Albacete que en la Ley del Agua se pida que en la cuenca hidrográfica del Júcar los balances de recursos y demandas «se hagan para cada una de las cuencas», es decir, que a la hora de echar cuentas sobre el agua que hay y la que se necesita se hagan los cálculos «río a río» y no «como quiere el Gobierno de Valencia, mezclar todas las aguas y que eso le siga beneficiando».

El tercer y último aspecto que Ramón Sotos valoró del nuevo texto legal es que en los órganos de planificación hidrológica la comunidad autónoma esté presente conforme a los «criterios de proporcionalidad y equilibrio territorial». Recordó, a este respecto, que entre Albacete y Cuenca, «tenemos el 73% de la cuenca del Júcar».

Esta Ley del Agua, sin embargo, sólo es un proyecto que ha dado su primer paso, pues tras ser entregada ayer por Barreda en el registro del Congreso debe ser tenida en consideración por los diputados. El presidente de Castilla-La Mancha confió en que el texto tenga un mejor futuro mejor que el estatuto de autonomía, que no prosperó, y subrayó que se trata de una norma que es «perfectamente constitucional».

Estado autonómico

Barreda declaró a los periodistas que para su elaboración, su Gobierno ha tenido «muy en cuenta» todo lo que se dice del agua en otros estatutos de autonomía aprobados y no recurridos, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional allí donde lo ha hecho.

El presidente recordó que el objetivo de la Ley es «garantizar la coparticipación» del Gobierno de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión de agua , antes de hacer hincapié en que los temas del agua y la planificación hidrológica corresponden al estado, pero al autonómico. «Estoy de acuerdo con que los temas del agua y la planificación hidrológica sean un tema de Estado, pero del Estado que tenemos, de un estado autonómico, donde las comunidades tenemos transferidas las competencias», subrayó.

Barreda recalcó que la norma establece una reserva hidrológica para garantizar las necesidades de la región y propone que se modifique el reglamento que ahora regula las normas de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. En definitiva incluye, prosiguió el presidente castellanomanchego, lo que se planteaba en el estatuto de autonomía que finalmente no salió adelante por la falta de apoyo del Partido Popular.

Insistió en que el tema del agua es «fundamental» para Castilla-La Mancha -comunidad que está afectada por siete cuentas hidrográficas- y consideró una «disfunción» el hecho de no contar en los órganos de gestión del agua .

Preguntado sobre si cree que a esta ley le espera un futuro mejor, ha dicho que sí porque ahora hay más precedentes de fallos del Constitucional y estatutos que están funcionamiento en los que «se recogen cosas exactamente iguales a las que decimos nosotros». «Yo no veo ninguna razón para que lo que es posible en Aragón, no sea posible en Castilla-La Mancha», apostilló.

El secretario regional de ASAJA, José María Fresneda, ha indicado que la Ley del Agua debe establecer que «Castilla-La Mancha sea la única que gestione su agua» y evitar que se vaya ni una gota de agua a ningún sitio», y ha añadido que «no tenemos que hablar con nadie para que los agricultores aprovechen el agua que pasa por la región, porque es recurso propio de la Comunidad Autónoma».

   Así ha contestado Fresneda a preguntas de los medios sobre la Proposición de Ley del Agua de Castilla-La Mancha que el presidente regional, José María Barreda, acompañado del presidente de las Cortes regionales, Francisco Pardo, ha entregado en el Congreso de los Diputados, indicando que ASAJA apoyará la Proposición «si es el instrumento» para que la Comunidad sea la que establezca la forma de gestionar los recursos de las cuencas regionales.

   En este sentido, Fresneda ha recordado que ASAJA viene defendiendo esta postura desde hace treinta años «sin entrar en debates políticos ni electorales en materia de agua».

   En cualquier caso, el secretario general de ASAJA ha criticado la posición de las fuerzas políticas porque «el debate sobre la Ley del Agua huele a no querer hacer nada», destacando la gravedad de la situación para una región «cuya fuente principal de riqueza es la agricultura, que necesita el agua para producir».

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, ha señalado que la Ley de Agua de Castilla-La Mancha es «un ataque frontal a la Constitución Española», por lo que ha considerado que va a tener «un camino de ida y vuelta» y su retirada «va a ser muy rápida».

   En este sentido, ha señalado que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, fue este martes «muy claro y mandó un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos». Así, ha reiterado que el Gobierno regional utilizará «todos los medios que estén a su alcance y de todos los ciudadanos de la Región para impedir que esta Ley prospere».

   Al respecto, ha recordado que «ha habido reiteradas sentencias del Tribunal Supremo cada vez que se ha realizado un trasvase, así como las dos últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que dicen lo que el Gobierno murciano siempre ha dicho, es decir, que los ríos son de todos los españoles y que, por lo tanto, es competencia exclusiva del Estado su regulación».

   Reverte ha lamentado que «hemos perdido siete años magníficos desde que Zapatero llegó al poder en 2004, cuando ya teníamos un Plan Hidrológico Nacional (PHN) y, desde entonces, no es que no se haya hecho nada, sino que se ha perjudicado el consenso con el que se había acordado ese Plan».

La secretaria general del PP y candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer en Elche que «en el PP todos nos consideramos, antes que nada, españoles y cuando el PP gobierne en España y vuelva el sentido común», junto con los gobiernos autonómicos populares de Camps en la Comunidad Valenciana y de ella en Castilla-La Mancha, «tendremos la mejor política del agua para toda España y para todas las comunidades. La política del PSOE sólo ha servido para provocar división entre comunidades y eso se va a acabar. Habrá agua para todos porque hay agua para dar a todas las comunidades».
Ésa fue la referencia a la polémica del agua y del Trasvase Tajo-Segura que hizo ayer De Cospedal, quien intervino en el acto de proclamación de Mercedes Alonso como candidata del PP en Elche. Entre el público que abarrotaba el Centro de Congresos de Elche se escuchó en alguna que otra ocasión el grito de «¡Agua!» a lo que la secretaria del PP contestó que «sí, eso también es el cambio del PP».
Antes, el presidente regional del PP y de la Generalitat, Francisco Camps, también hacía una referencia insinuante al problema del agua, pero sin herir sensibilidades de la secretaria general de su partido y sin citar expresamente la Ley del Agua aprobada por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha con la ausencia de los diputados populares. «Castilla-La Mancha es una comunidad hermana y entre hermanos e iguales en una misma familia todo tiene solución, hasta aquello que nos ha preocupado todos estos años y nunca entendimos por qué ocurría».

De «tramas e historias»
El caso Gürtel también salió en el discurso de la secretaria del PP al manifestar públicamente un respaldo a Camps. «Paco, sé que lo has pasado muy mal. Has sufrido un ataque personal y un asedio indigno. Quiero que sepas que el PP de toda España está contigo», le dijo entre una cerrada ovación de los asistentes. Acto seguido añadió que «aquí hay algunos que están entretenidos en montar tramas y contar historias, mientras que se preocupan menos de solucionar el paro. La campaña sucia que han hecho no les va a servir de nada», indicó.
El resto del discurso de María Dolores de Cospedal estuvo marcado más por un tono en clave nacional, con alusiones al paro, una promesa de bajada de impuestos (incluido el IVA turístico que pidió José Joaquín Ripoll, el presidente provincial del PP, en su intervención), el caso Faisán y las críticas al ministro Rubalcaba o la reforma de la Ley del Aborto. «El PSOE siempre pone en peligro los servicios sociales y crea paro. El PP representa hoy el cambio para que vuelva la esperanza, el futuro y la prosperidad», apuntó.
Camps, por su parte, recordó que Mariano Rajoy obtuvo el apoyo necesario en Elche, precisamente, para ser candidato a la Presidencia del Gobierno de la nación; acusó a Zapatero de haber provocado durante su mandato tensión, crispación y afán independentista; dijo que quería a Elche «hasta los tuétanos» y comentó que había hablado «mil quinientos millones de veces con Mercedes Alonso de los problemas de la ciudad de Elche».
Por su parte, la portavoz del comité electoral del PSPV, Carmen Ninet, denunciaba ayer que la secretaria de los populares «viene a avalar la corrupción en la Comunidad Valenciana, como ya lo hizo el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, hace unas semanas».

Ripoll asegura que el reto de ganar en Elche se tiene que conseguir
El presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, aseguró ayer que a los populares sólo les quedan dos retos en la Comunidad: «Mejorar los resultados electorales y ganar en Elche. Esos retos los tenemos que conseguir». Ripoll se refirió especialmente a las pequeñas y a las medianas empresas y al sector turístico en Alicante. «Es el único sector que mantiene el nivel de empleo. Si no fuera por el turismo habría una auténtica crisis social», aseguró. Las alcaldesas de Alicante, Elda y Orihuela arroparon también a Mercedes Alonso.

Alonso busca la mayoría con el apoyo de los que «nunca nos han votado»
La candidata del PP en Elche, Mercedes Alonso, afirmó que Elche no va a seguir siendo una isla socialista entre gobiernos populares, como antes había señalado el diputado nacional Federico Trillo. Alonso, con el cartel «Hui més que mai», lanzó ayer su mensaje de la necesidad de un cambio en Elche tras 32 años de gobierno socialista y, para ello, según anunció, «pediré el voto a personas de otras orientaciones ideológicas que nunca nos han votado. En estas elecciones se elige entre la resignación del PSOE y la ilusión del PP», manifestó.

«Los dirigentes del PP no ha venido a apoyar esta Ley, pero está consensuada con las organizaciones profesionales agrarias, con la CEOE, con UGT y CCOO, con los regantes y con el movimiento cooperativo… Es el resultado del consenso con la sociedad de Castilla-La Mancha». Con estas palabras, Barreda hacía entrega ayer del texto de la Ley regional del Agua al registro del Congreso, junto al presidente de las Cortes, Francisco Pardo.
«Para mí, como presidente de Castilla-La Mancha, el agua es un tema importante», y recordó que el lunes se aprobó en las Cortes el proyecto de Ley del Agua a pesar de la polémica provocada por el Grupo Parlamentario Popular. «Me hubiera gustado que esta Ley se hubiera aprobado por unanimidad y que estuviéramos en el registro del Congreso la señora Cospedal y yo», añadió.
Indicó que, de la misma manera que se quedó solo en el hemiciclo del Congreso en la defensa del Estatuto hace ahora prácticamente un año, a día de hoy tampoco ha recibido el apoyo del PP en la defensa del agua para CLM con esta ley. «Para ocultar que la señora Cospedal no quiere hablar de agua en las Cortes, los miembros de su grupo organizaron un desprecio con pancarta», apostilló. También confió en que la Ley tenga un futuro mejor que el Estatuto de autonomía, que no prosperó, subrayando que se trata de una norma que es «perfectamente constitucional».
Para su elaboración, aclaró, se ha tenido en «muy en cuenta» todo lo que se dice del agua en otros estatutos aprobados y no recurridos, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional allí donde lo ha hecho.
Aseveró que el objetivo de la Ley es «garantizar la coparticipación” del Gobierno de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión de agua, antes de hacer hincapié en que los temas del agua y la planificación hidrológica corresponden al Estado, pero al autonómico. «Estoy de acuerdo con que los temas del agua y la planificación hidrológica sean un tema de Estado, pero del Estado que tenemos, que es un estado autonómico, donde las comunidades tenemos transferidas las competencias», dijo.
Recalcó que la norma establece una reserva hidrológica para garantizar las necesidades de la región y propone que se modifique el reglamento que ahora regula las normas de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. «No veo ninguna razón para que lo que es posible en Aragón, no sea posible en Castilla-La Mancha», concluyó.    

Así lo ha indicado el presidente de los regantes españoles, Andrés del Campo, en una entrevista concedida a Efeagro para analizar las preocupaciones y de las principales reivindicaciones del sector.

29/03/2011 (Noticia leida 104 veces)

EFE.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha advertido de que los costes energéticos a los que tienen que hacer frente en la actualidad los agricultores españoles ponen en peligro la modernización de cerca de un millón de hectáreas de regadío.

Así lo ha indicado el presidente de los regantes españoles, Andrés del Campo, en una entrevista concedida a Efeagro para analizar las preocupaciones y de las principales reivindicaciones del sector.

Según ha explicado, si las circunstancias actuales no se modifican «va a ser difícil» modernizar los regadíos españoles y, en especial, los de zonas interiores de la Península «que son los que más lo necesitan».

Del Campo ha argumentado que esta modernización consiste en transformar unos sistemas de superficie «de coste energético cero» en riegos de presión -por aspersión o localizados-, con un coste adicional en energía, al que se suma el tiempo necesario para su amortización, «que es casi una hipoteca a 50 años».

«Se tendrá que estudiar la máxima eficiencia energética y económica de la modernización de los regadíos, y de esto dependerá si es viable o no la transformación», ha remarcado.

En esta misma línea, ha denunciado que los regadíos transformados en la primera fase del Plan de Modernización, en el horizonte 2008, -antes de la liberalización del mercado eléctrico- se acometieron con unos estudios económicos basados en costes energéticos «que eran una cuarta parte de los actuales».

Otro de los problemas planteados por Del Campo es que los agricultores que han afrontado estas reformas no pueden adaptar las nuevas infraestructuras a mejores tarifas energéticas, como la nocturna.

«Mucho de los regadíos que ya se han modernizado pueden resultar inviables y habrá que rediseñarlos de nuevo; si has hecho una programación de riego para 24 horas, no puedes regar sólo por la noche, porque si no riegas la mitad», ha incidido.

En esta fase inicial de adaptación de las estructuras de riego, los agricultores españoles remodelaron cerca de 800.000 hectáreas, con un coste aproximado de 9.000 euros por hectárea, según los datos que maneja Fenacore.

El máximo representante de los regantes ha alertado, además, de que «ya está ocurriendo» que en algunas zonas regables modernizadas se está sembrando cultivos de secano para no consumir energía, «con lo cuál la actividad agraria resulta inviable desde el punto de vista económico».

En este contexto, en el que el coste del término de potencia «se ha encarecido más de un 450 %» según datos de Fenacore, Del Campo ha constatado la «buena voluntad» del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para hacer frente a este problema, aunque «no se haya conseguido nada realmente positivo en las negociaciones» con el Ministerio de Industria.

Entre otras medidas, los regantes abogan por una reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), una petición que ya han conseguido sus colegas italianos y a la que, según Fenacore, el Senado y el Congreso dieron el visto bueno el pasado año, pero que finalmente el Gobierno rechazó.

También piden a los ministerios implicados que se priorice la producción de energía alternativa para autoconsumo de regadíos, así como la posibilidad de una tarifa específica para riego, porque de lo contrario «muchas zonas regables pueden estar abandonadas en muy breve plazo».

La reserva del agua en la cuenca del Júcar ha aumentado un 14,2 por ciento respecto a 2010 y un 86,7 por ciento en relación con la media de los últimos 10 años, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

   Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 30,4 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», al del 86,7 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar.  

   En la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.949 hectómetros cúbicos (29 más que la semana anterior), cifra equivalente a un 58,4 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico.

   Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 51,2 por ciento, mientras que ahora hay un 58,4 por ciento, es decir, 7,2 puntos más que el ejercicio anterior.

   Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 20,8 puntos más que hace dos años y se dispone de 27,8 puntos más que la media de los últimos cinco años y de 27,2 puntos más que en la media de los últimos diez años.

Los embalses de la cuenca del Júcar disponen de un total de 1.949 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 58,4 por ciento de la reserva, según han informado en un comunicado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Esta cifra supone un incremento de 29 hectómetros respecto a la semana pasada y de 7,2 puntos en relación al año pasado por estas fechas.

Respecto a hace dos años, la reserva de agua ha aumentado en 20,8 puntos, y sobre la media de los últimos cinco años ha aumentado en 27,8 puntos.

El agua embalsada en el conjunto de España ha aumentado un 30,4 por ciento sobre la media de la última década, un incremento «significativamente» inferior al experimentado por la cuenca del Júcar. EFE