Así lo ha indicado el presidente de los regantes españoles, Andrés del Campo, en una entrevista concedida a Efeagro para analizar las preocupaciones y de las principales reivindicaciones del sector.

29/03/2011 (Noticia leida 104 veces)

EFE.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha advertido de que los costes energéticos a los que tienen que hacer frente en la actualidad los agricultores españoles ponen en peligro la modernización de cerca de un millón de hectáreas de regadío.

Así lo ha indicado el presidente de los regantes españoles, Andrés del Campo, en una entrevista concedida a Efeagro para analizar las preocupaciones y de las principales reivindicaciones del sector.

Según ha explicado, si las circunstancias actuales no se modifican «va a ser difícil» modernizar los regadíos españoles y, en especial, los de zonas interiores de la Península «que son los que más lo necesitan».

Del Campo ha argumentado que esta modernización consiste en transformar unos sistemas de superficie «de coste energético cero» en riegos de presión -por aspersión o localizados-, con un coste adicional en energía, al que se suma el tiempo necesario para su amortización, «que es casi una hipoteca a 50 años».

«Se tendrá que estudiar la máxima eficiencia energética y económica de la modernización de los regadíos, y de esto dependerá si es viable o no la transformación», ha remarcado.

En esta misma línea, ha denunciado que los regadíos transformados en la primera fase del Plan de Modernización, en el horizonte 2008, -antes de la liberalización del mercado eléctrico- se acometieron con unos estudios económicos basados en costes energéticos «que eran una cuarta parte de los actuales».

Otro de los problemas planteados por Del Campo es que los agricultores que han afrontado estas reformas no pueden adaptar las nuevas infraestructuras a mejores tarifas energéticas, como la nocturna.

«Mucho de los regadíos que ya se han modernizado pueden resultar inviables y habrá que rediseñarlos de nuevo; si has hecho una programación de riego para 24 horas, no puedes regar sólo por la noche, porque si no riegas la mitad», ha incidido.

En esta fase inicial de adaptación de las estructuras de riego, los agricultores españoles remodelaron cerca de 800.000 hectáreas, con un coste aproximado de 9.000 euros por hectárea, según los datos que maneja Fenacore.

El máximo representante de los regantes ha alertado, además, de que «ya está ocurriendo» que en algunas zonas regables modernizadas se está sembrando cultivos de secano para no consumir energía, «con lo cuál la actividad agraria resulta inviable desde el punto de vista económico».

En este contexto, en el que el coste del término de potencia «se ha encarecido más de un 450 %» según datos de Fenacore, Del Campo ha constatado la «buena voluntad» del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para hacer frente a este problema, aunque «no se haya conseguido nada realmente positivo en las negociaciones» con el Ministerio de Industria.

Entre otras medidas, los regantes abogan por una reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), una petición que ya han conseguido sus colegas italianos y a la que, según Fenacore, el Senado y el Congreso dieron el visto bueno el pasado año, pero que finalmente el Gobierno rechazó.

También piden a los ministerios implicados que se priorice la producción de energía alternativa para autoconsumo de regadíos, así como la posibilidad de una tarifa específica para riego, porque de lo contrario «muchas zonas regables pueden estar abandonadas en muy breve plazo».

La reserva del agua en la cuenca del Júcar ha aumentado un 14,2 por ciento respecto a 2010 y un 86,7 por ciento en relación con la media de los últimos 10 años, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

   Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 30,4 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», al del 86,7 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar.  

   En la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.949 hectómetros cúbicos (29 más que la semana anterior), cifra equivalente a un 58,4 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico.

   Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 51,2 por ciento, mientras que ahora hay un 58,4 por ciento, es decir, 7,2 puntos más que el ejercicio anterior.

   Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 20,8 puntos más que hace dos años y se dispone de 27,8 puntos más que la media de los últimos cinco años y de 27,2 puntos más que en la media de los últimos diez años.

Los embalses de la cuenca del Júcar disponen de un total de 1.949 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 58,4 por ciento de la reserva, según han informado en un comunicado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Esta cifra supone un incremento de 29 hectómetros respecto a la semana pasada y de 7,2 puntos en relación al año pasado por estas fechas.

Respecto a hace dos años, la reserva de agua ha aumentado en 20,8 puntos, y sobre la media de los últimos cinco años ha aumentado en 27,8 puntos.

El agua embalsada en el conjunto de España ha aumentado un 30,4 por ciento sobre la media de la última década, un incremento «significativamente» inferior al experimentado por la cuenca del Júcar. EFE

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, acompañado del presidente de las Cortes regionales, Francisco Pardo, entregará este miércoles a partir de las 11.00 horas, en el Congreso de los Diputados, la Proposición de Ley del Agua de Castilla-La Mancha que el Parlamento autonómico eleva a la consideración de las Cortes Generales.

   Fue este lunes cuando el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, con la ausencia de los diputados del PP, dio luz verde a la Proposición de Ley del Agua del PSOE, que el presidente regional, José María Barreda, defenderá en el Congreso de los Diputados, tras ser designado por el Parlamento autonómico.

   Nada más empezar esta sesión plenaria la bancada ‘popular’, en la que no estaba presente la presidenta del PP y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, alzaron pancartas en las que podía leer ‘Barreda prohíbe hablar de empleo’ y otras que hacían alusión al número de parados existente en la región, después de que la Mesa de la Cortes hubiera decidido excluir del orden del día un debate sobre empleo propuesto por el PP.

   Esta actitud de los ‘populares’ provocó que el presidente del Parlamento regional, Francisco Pardo, pidiera a los diputados del PP que retiraran los carteles y realizara varias llamadas al orden, peticiones a las que los parlamentarios de la oposición hicieron caso omiso.

   Ante esta situación, Pardo decidió suspender la sesión plenaria y proceder a convocar inmediatamente reunión de la Junta de Portavoces y Mesa de las Cortes al considerar «intolerable» y «bochornosa» la actitud de los parlamentarios del PP, que, según dijo, es «contraria a cualquier uso parlamentario».

   Finalmente, el pleno se reanudó y se pudo aprobar la Proposición de Ley socialista sobre el agua con la ausencia del PP, que decidió dejar vacíos sus escaños por octava vez en la legislatura, según el PSOE.

CONTENIDO DE LA LEY

   La ley socialista tiene por objeto otorgar nuevas competencias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como desarrollar determinados preceptos de la normativa vigente en materia de agua en aras de garantizar las necesidades básicas de uso de agua en la región y hacer compatible el desarrollo económico y social con el buen estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres.

   Los socialistas estiman necesaria la existencia de una reserva de agua que garantice el cumplimiento de esos objetivos ambientales y para atender las necesidades de Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros cúbicos.

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Agua, Juan Cotino, calificó ayer de «barbaridad» y un acto de «auténtica demagogia política» la aprobación en el Parlamento castellano-manchego de la Ley del Agua, un instrumento legislativo que deberá ser refrendado en el Congreso de los Diputados y que fija una reserva de agua 4.000 hm3 en Castilla-La Mancha antes de que se pueda trasvasar agua por el Tajo-Segura. Cotino considera que, al igual que sucedió con el Estatuto, «la ley no tiene ningún futuro pero en cualquier caso el Consell la recurrirá en el Tribunal Constitucional si se produce el caso y se llega aprobar».
El vicepresidente insistió en que «estamos ante un nuevo ejemplo de la demagogia con la que el PSOE trata los temas del agua, pero creo que no tiene ningún tipo de futuro. A quién se le ocurre aprobar esa ley cuando no hace ni dos semanas que el Constitucional acaba de tumbar dos leyes similares en Andalucía y Castilla-León». Cotino insistió en que «las competencias del agua son del Estado».
Por su parte, el portavoz de la Federación Provincial de Comunidades de Regantes y de la potente Riegos de Levante de Elche -20.000 comuneros-, Ángel Urbina, acusó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de ser «un pirata y un bucanero del agua». Urbina denunció que movimientos como «la aprobación de la ley de Barreda son una provocación, crean incertidumbre en el campo y afectan a nuestro trabajo. ¿Quién va a invertir ahora en próximas cosechas pensando que en cualquier momento nos pueden cortar el agua». Urbina hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que «castiguen con su voto a los partidos que utilizan el agua como argumento electoral».
Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente ha recortado durante el primer semestre este año un 40% la dotación de agua para consumo urbano que llega a la provincia -54 municipios entre ellos Alicante y Elche- por el trasvase Tajo-Segura, para sustituirla por agua desalada, tres veces más cara. Una situación forzada por el contrato que mantiene la Mancomunidad de Canales del Taibilla con las desaladoras, a las que tiene que comprar agua todos los años, haya más o menos reserva en los embalses.
La ley del trasvase Tajo-Segura establece que Alicante y Murcia reciban todos los años 600 hm3 del Tajo, de los que 400 hm3 van para riego y el resto para abastecimiento urbano. El Tajo-Segura está sometido a múltiples ataques en los últimos tres años, justo desde que el Gobierno castellano-manchego optó por reclamar su cierre. Se han sido salvado los diferentes escollos, pero la realidad actual es que Medio Ambiente sigue recortando los recursos hídricos que envía al Segura.
Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cedentes del agua del Tajo, reciben desde 1998 alrededor de 15 millones de euros al año de los agricultores y los ayuntamientos por el caudal cedido.

La Ley del Agua aprobada ayer dice que no se podrá autorizar ningún trasvase desde el Tajo sin que previamente y en cada caso esté justificado que son recursos excedentarios de esta cuenca y que se están optimizando los recursos hídricos de la cuenca del Segura.

Señala que no se podrá trasvasar del Tajo al Segura sin la previa acreditación de que son recursos excedentarios del Tajo y si no se justifica que «los recursos procedentes de la desalinización, reutilización y modernización de los regadíos se están aplicando de forma prioritaria a sustituir los caudales procedentes del Tajo con destino a los regadíos del levante español».

Añade que la Confederación Hidrográfica del Segura realizará los estudios precisos para conocer los recursos subterráneos, y éstos se incorporarán a los balances de recursos y demandas y se destinarán a atender las necesidades sustituyendo los caudales procedentes del Tajo.

También señala que el Plan Hidrológico del Tajo garantizará la existencia de una lámina estable y permanente de agua en los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía que permita a los pueblos ribereños desarrollar actividades económicas relacionadas con el ocio y el turismo. Dice además que la Junta de Comunidades, en tanto subsista el trasvase Tajo-Segura, participará con voz y voto en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase. Y que se modificará el Plan Hidrológico Nacional y el del Tajo para que, en aplicación de la prioridad de la cuenca cedente, se concrete el volumen de agua necesario para garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos y las necesidades presentes y futuras de la propia cuenca, cifra por debajo de la cual no se podrá hacer ninguna derivación.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, con la ausencia de los diputados del PP, ha dado luz verde a la Ley del Agua del PSOE, que el presidente regional, José María Barreda, defenderá en el Congreso de los Diputados.

   Tras el incidente ocurrido a primera hora, donde los parlamentarios del PP alzaron pancartas acusando a Barreda de prohibirles hablar de empleo, se ha decidido reanudar la sesión plenaria abordando los puntos que estaban previstos en el orden del día.

   Desde la tribuna, el presidente autonómico ha acusado a la presidenta regional del PP y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, de enviar a sus diputados a exhibir pancartas mientras ella «ha preferido tomarse un café en la cafetería» porque sabe que ese comportamiento es «intolerable» y «no es aceptable».

El delegado de la Junta en la provincia de Toledo, Fernando Mora, ha asegurado que en materia de agua, la secretaria general y presidenta el PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, «es como la obra de teatro ‘Ninette y un señor de Murcia’, pero el señor de Murcia –en referencia a su presidente, Ramón Luis Valcárcel– no tiene nada que decir sobre el agua de nuestro río, que nace en Albarracín, pasa por la provincia de Toledo, y desemboca en Lisboa».

   De este modo se ha pronunciado Mora, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de gestión de legislatura, sobre las críticas realizadas por la líder de la oposición, que insiste en que en materia de agua, durante 30 años de Gobierno, el PSOE «no ha invertido ni un euro».

   Mora, que ha asegurado que las manifestaciones de la candidata ‘popular’ a la Junta de Comunidades son «mentira», ha señalado que «la evidencia prima sobre la ignorancia», y es que, en los últimos cuatro años Toledo ha recibido un total de 436 millones de euros, de los más de 2.000 que el Ejecutivo regional ha invertido en materia hidráulica.

  «Cuando no se vive, ni se trabaja en Castilla-La Mancha no se conoce su realidad» ha condenado Mora, que acto seguido ha manifestado que el cien por cien de las localidades de la provincia han visto mejorado su suministros de agua.

INFRAESTRUCTURAS

   Según el delegado de la Junta, a la llegada de Picadas a la zona de la Sagra y Toledo capital, se unen las ampliaciones de Picadas II y Picadas III, además de la potabilizadora de Valmojado, la de Seseña, la de la Campana de Oropesa, o la del Gévalo, infraestructuras «que ven los ciudadanos, y ponen en evidencia a quien las cuestiona».

    Y es que, según Fernando Mora, el agua es imprescindible para el desarrollo y para el futuro de la región, en un día en el que en el pleno de las Cortes ha aprobado la Ley del Agua, «que recoge lo que finalmente no vio la luz en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, porque quién no está, no lo apoyaba, quién no está lo quería ignorar, y quién no está pretendía hacerle el favor al señor de Murcia».

   Dicho esto, ha defendido que tanto el Gobierno como el PSOE no están dispuestos a que no se pueda discutir sobre el trasvase Tajo- Segura, «porque hay que ir pensando que no es la vía de solución de desarrollo del Levante, porque necesitamos el agua para nuestro futuro».

   Mora ha concluido apuntando que en el caso de Toledo ya no es la provincia agrícola que fue hace 20 años, sino una provincia que «apunta hacia el futuro, y es necesario, independientemente de la ideología que se procese, comprometerse con su futuro».