El Consell se pliega al Gobierno y renuncia a exigir la toma de Cortes para el Júcar-Vinalopó

El Consell sigue jugando a la indefinición en el tema del agua. Menos de una semana después de que el vicepresidente, José Císcar, se plantara ante la cúpula del regadío de Valencia y reivindicara la necesidad que tiene la provincia de Alicante de recibir agua de calidad del Júcar, ayer, el director general del Agua, José Alberto Comos, volvió a esconder la cabeza en Alicante. No hubo pronunciamiento oficial de la Generalitat sobre la reclamación al Ministerio de Agricultura de que finalice la construcción de la toma del agua de Cortes de Pallás para completar el Júcar-Vinalopó, tal como sí se acordó en el seno de la Mesa Provincial del Agua.

La firmeza de la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, del catedrático y portavoz de la comisión técnica, Antonio Gil Olcina y de los regantes sacó, sin embargo, adelante la petición de la Mesa de instar al Gobierno a retomar Cortes, y que la solución al abastecimiento de agua de Alicante no se quede en el parche, efectivo y clave ahora mismo pero un parche, del trasvase de 12 hm3 desde el embalse de Alarcón, y el envío de agua para regar desde el Azud de la Marquesa. Caudal que, por otro lado, sólo sirve, básicamente, para regar el arbolado. El Consell ve bien la toma de Alarcón como la solución definitiva.

En cuanto al trasvase de los 12 hm3 desde el embalse de Alarcón, Luisa Pastor reclamó que «si no se llega a un acuerdo con los regantes de Valencia, el Gobierno tendrá que actuar como corresponde en estos casos, porque el agua es un bien de todos y si existe una necesidad y una posibilidad contrastada de que esa agua no daña a nadie, debe garantizarse el trasvase a Alicante». Pastor recordó, por otro lado, que el Gobierno ha invertido hasta 50 millones de euros en la modernización del regadío en la Ribera. «Apoyamos esas medidas que al fin y al cabo mejoran los usos y consumos y permitirían tener más excedentes».

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Gil Olcina: «Traer caudal desde Alarcón es un parche»

El profesor Antonio Gil-Olcina recordó durante su intervención en la reunión de la Mesa Provincial celebrada en la Diputación que no es la primera vez que llegará agua desde Alarcón a la provincia, en concreto a la Marina Baixa y que, por lo tanto, es factible, pero para esta propuesta «no hacía falta gastar los 400 millones de euros que, además, cuentan con financiación europea. En cualquier caso, hay que hacer Cortes. Alarcón es un parche».

Gil Olcina subrayó, en este sentido, que «la solución para traer caudales desde Alarcón deja sin recursos a todo el Medio y Alto Vinalopó, que tendrán que seguir captando el agua en acuíferos subterráneos que están sobreexplotados». Además, el profesor Gil Olcina mostró su escepticismo con la toma del Azud de la Marquesa. «Es un disparate que se pueda plantear ese agua para regar productos que después se comercializarán para su consumo».

Por su parte, la presidenta de la Diputación, que hace dos semanas se reunió en Madrid con el secretario de Estado de Medio Rural, Federico Ramos, aseguró a los miembros de la Mesa que «el Ministerio ha comprendido la gravedad de la situación que atraviesa la provincia de Alicante respecto a la falta de agua, especialmente en las comarcas de l’Alacantí, el Vinalopó y la Marina Baixa».

Pastor apuntó, por otro lado, en que el trasvase de los 12 hectómetros cúbicos desde Alarcón es una necesidad imperiosa de la agricultura de la provincia, ya que contribuirán a rebajar el precio del agua para regadío procedente del Azud de la Marquesa y que sin el aporte de Alarcón supone unos costes económicos insostenibles para los agricultores».

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Císcar anuncia una cesión de agua del embalse de Alarcón para el Vinalopó

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El vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, aprovechó ayer su conferencia en el Foro organizado por LAS PROVINCIAS y Banco Santander para anunciar un proyecto de nuevo trasvase de 12 hectómetros cúbicos anuales desde el embalse de Alarcón (sobre el río Júcar) para socorrer a la cuenca del Vinalopó.

Ciscar dio a entender que había consenso al respecto de este asunto polémico con los regantes cedentes del agua y que el proyecto, que está muy adelantado a nivel técnico en el ministerio, sería la única solución factible para congeniar todos los intereses y permitir que el uso de agua trasvasada desde el azud de La Marquesa (cerca de la desembocadura del Júcar) llegara a precios sostenibles al Vinalopó. El agua enviada desde Alarcón se utilizaría para abastecimientos urbanos, a precios más elevados, con lo que se compensaría el sistema para abaratar los costes del resto del agua trasvasada, de menor calidad, aunque buena para regar, pero que exige mucho gasto de energía en los rebombeos para superar los 700 metros de desnivel.

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Representantes de los regantes del Júcar presentes en el Foro negaron que hubiera consenso al respecto y aseguraron que se habían acabado de enterar de las intenciones del Consell gracias a asistir a la convocatoria de LAS PROVINCIAS. El secretario de la Acequia Real del Júcar y de USUJ, Juan Valero de Palma, dijo no saber nada. Otros representantes agrícolas de la Vall d’Albaida lamentaron que en la operación de trasvase anunciada por Císcar se utilizara el caudal reservado en el embalse de Bellús, situado en la citada comarca, cuando allí están sufriendo importantes carencias de agua para regar.

Los regantes del Júcar se enteran de la nueva propuesta del Consell en el Foro LAS PROVINCIAS

Bellús, en la polémica

Según explicó el vicepresidente del Consell, al Vinalopó se asignarían oficialmente 12 hectómetros anuales de Bellús, aunque en realidad se enviarían desde Alarcón por razones de operatividad y eficiencia, utilizando infraestructuras ya existentes. A cambio, el agua que físicamente seguiría en Bellús se reasignaría a regantes de la provincia de Valencia, en una operación de intercambio cuyo funcionamiento comparó el conseller como el de las transferencias bancarias.

Pero no acabaron ahí los anuncios que hizo Císcar en el Foro Las PROVINCIAS-Banco Santander en materia de agua y trasvases. Indicó que la Comunitat Valenciana, junto a Murcia, han pedido al Gobierno central que, una vez que se han hecho los planes hidrológicos de todas las cuencas españolas, inicie un nuevo Plan Hidrológico Nacional, reavivando la petición de que en el mismo se contemplen trasvases de agua hacia estas comunidades deficitarias.

El vicepresidente dijo que lo más normal sería pedir que ese trasvase, que cifró en 350 hectómetros cúbicos necesarios cada año para la Comunitat Valenciana, viniera del Ebro, pero matizó que lo importante es que haya trasvase de cualquier cuenca para cubrir el déficit, «venga el agua de donde venga».

No del Ródano

Aunque no lo detalló, una de las posibles cuencas cedentes podría ser la del Duero. En los trabajos técnicos del ministerio está bien definida desde hace décadas tal solución alternativa. Lo que si dijo Císcar, respondiendo a quienes aventuran a menudo que se podrían adquirir caudales del Ródano francés, fue que ve muy difícil y complicada esta solución desde el país vecino.

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Císcar dedicó buena parte de su conferencia, bajo el título ‘Reconversión para una agricultura de futuro’, a asuntos relacionados con el agua para riego, con lo que vino a dar buena muestra de que es vital disponer de caudales suficientes para desarrollar una agricultura viable, moderna y competitiva, auténtico hilo conductor de su intervención. Por ello es el agua objeto de permanente inquietud y expectativas entre los agricultores valencianos, los que sufren escasez y los que temen llegar a sufrirla. De modo que si, como señaló el propio Císcar, el 95% de la producción agrícola de la Comunitat Valenciana pertenece a los cultivos de regadío, asegurar el suministro hidráulico resulta vital.

De ahí que el conseller reiterara que la modernización de regadíos será uno de los objetivos de actuación, entre las diversas líneas del Plan de Desarrollo Rural, y que el director general de Banco Santander en España, Enrique García Candelas, aludiera también en su intervención a la importancia de invertir en la reconversión de los sistemas de regadío para poder ganar competitividad en las explotaciones agrarias y eficiencia energética.

Entre las propuestas de Císcar cabe destacar la de crear un Banco de Aguas a nivel de toda España para permitir las transferencias de derechos, facilitando que no se pierdan caudales en unos sitios mientras que en otros se sufren duras sequías, como ocurre en la actualidad.

Habló en este punto de la conveniencia de modernizar la gestión hidrológica en toda España, levantando restricciones que hoy resultan absurdas y limitan la operatividad. Llegó a decir que, si fuera factible, cabría mediante este sistema que agricultores valencianos pudieran valerse de los derechos de otros que estuvieran, por ejemplo, en la cuenca del Miño. Y pagarían por ello, claro. El agua no llegaría fisicamente desde Galicia, porque no habría manera de canalizarla desde tan lejos, pero sí que sería posible hacerlo a través de un amplio sistema de transferencias que se irían compensando de unos a otros, hasta llegar a destino. Lo que sí haría falta para ello es que se avanzara en la interconexión de cuencas.

Banco de tierras

Otra iniciativa que lanzó Císcar fue la de una ley de explotaciones agrícolas para regular las múltiples iniciativas que actualmente existen en muchos municipios, donde se intenta poner en contacto a demandantes de terrenos para cultivar con propietarios que han dejado de hacerlo o que están a punto de abandonar la actividad.

Citó en este punto que en los últimos diez años se ha abandonado el cultivo de cien mil hectáreas en la Comunitat Valenciana, lo que supone la pérdida de mucha capacidad productiva y de empleo, y se trataría de promover su recuperación a través de iniciativas ordenadas y reguladas para hacer congeniar los derechos de los dueños de los terrenos y de los potenciales nuevos cultivadores.

También anunció el conseller la próxima puesta en marcha de un Registro de Explotaciones, a fin de contar con un censo fiable. Se aprovechará para su confección la próxima implantación de la nueva Política Agrícola Común, que a principios del año próximo obligará a que todos los agricultores y titulares de parcelas acudan a solicitar las ayudas correspondientes, lo que servirá para actualizar los datos.

Y en relación con estos asuntos ligados a la base territorial agraria, Císcar incidió en las limitaciones derivadas de uno de los problemas seculares del campo valenciano: el minifundismo, el más acentuado de España, señalando que el Plan de Desarrollo Rural (PDR) cuenta con mecanismos para fomentar la ampliación de explotaciones en la medida de lo posible.

Preguntado por un asistente si optaría a ser presidente de la Diputación de Alicante (su provincia natal), dijo que por un lado, sí, porque a fin de cuentas es su tierra de origen; que por otro, no, porque está en el cargo «una gran presidenta» (Luisa Pastor), para señalar por último que, en todo caso «estaré a lo que diga mi partido». O sea, puro ejercicio de ajustado equilibrio político con exquisita diplomacia.

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El Gobierno rectifica y dice ahora que el Júcar enviará agua potable a la provincia

Marcha atrás. Hay agua en el embalse de Alarcón para garantizar el abastecimiento de los 400.000 alicantinos que estaban condenados a beber de acuíferos sobreexplotados y tampoco faltará para los agricultores valencianos.

Este es el acuerdo al que llegaron ayer en Madrid, tras tres horas de reunión, la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó y la directora general del Agua, Liliana Ardiles, que sustituyó a última hora al secretario de Estado, Federico Armas, que tenía cita en Moncloa. Tras un mes de tensión, desde que la presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña, comunicara a los regantes y a la propia presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, que el Júcar no tenía excedentes, ayer el Ministerio de Agricultura dio la vuelta a la tortilla y, con los datos en la mano, tuvo que admitir que en el sistema Júcar hay caudales excedentes que superan los 12 hm3 para enviar a Alicante. El agua llegará desde el embalse de Alarcón a través de la infraestructura del Tajo-Segura, y los regantes de Valencia no perderán ni una gota, porque tendrán a su disposición la misma cantidad en el embalse de Bellús, aguas abajo de Tous. El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, valoró positivamente el acuerdo del que faltan unos flecos administrativos que deben resolverse en las próximas semanas para que el agua comience a llegar a la provincia en enero de 2015. «Eso sí, usuarios y regantes pensamos que esta solución es un parche, importante, pero un parche, ya que el objetivo final es conseguir construir la segunda toma del agua en Cortes de Pallás», subrayó ayer Andrés Martínez, presidente de la Junta Central.

El Ministerio de Agricultura ha rectificado, si no hay nuevas sorpresas, y se salva de tener que devolver los 120 millones de euros que le prestó Bruselas para construir el trasvase Júcar-Vinalopó, ya que la «solución Alarcón», permite presentar a la Comisión Europea un trasvase que sirve para beber y regar. La incorporación de los ayuntamientos al trasvase, los mismos que quedaron descolgados en 2005 cuando se cambió la toma y se decidió captar el agua en Cullera, donde sólo sirva para regar a manta cultivos leñosos, da también viabilidad económica al proyecto.

El trasvase de socorro de pasado septiembre y primero de la historia de los 8 hm3 desde el Azud de la Marquesa, se pagó a 0,15 euros el metro cúbico porque estuvo subvencionado, ya que el precio del agua era de 0,40 euros/m3.

El gran problema del río Júcar, no es el trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás. El gran problema del Júcar está en la Mancha Oriental, donde sigue la expansión imparable del regadío, que suma ya más de 135.000/ha. «Y sobre este gravísimo problema, nadie dice nada ni nadie pone solución: ni la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni el Ministerio ni los regantes de la Ribera. Hay agua del Júcar para regar maíz y alfalfas en Castilla-La Mancha pero no para beber en Alicante». subrayó anoche Antonio Rico, director del Instituto de Geografía. Ayer, los argumentos esgrimidos por la Junta Central, representada por Andrés Martínez, Francisco Santiago y Ángel Urbina, convencieron al Ministerio de Agricultura. El Júcar tiene agua para Alicante.

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Patronal y políticos se congratularon por la llegada de agua

Diversos sectores saludaron la llegada del agua del Júcar. El secretario provincial del PSOE, David Cerdán declaró que «por fin llega un agua en un momento límite, y es nuestro deseo que se produzca una estabilidad en la misma para dotar de seguridad al sector». Junto a él se encontraba el alcalde de Monóvar, Natxo Vidal, que lamentó haberse enterado por la Policía Local de la llegada del presidente de la Generalitat a su localidad.

También la organización de los empresarios agrícolas y ganaderos de la provincia de Alicante, ASAJA – Jóvenes Agricultores y la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) valoraron positivamente el trasvase así como pidieron bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, exenciones del IBI rústico, así como de los módulos de IRPF para el sector.

Por su parte, el alcalde de Villena, Javier Esquembre, recordó que el agua, «no sólo debe servir para dar de beber a los cultivos del Vinalopó, sino también para frenar las extracciones de agua de los acuíferos del Alto Vinalopó, que sufren un déficit hídrico 80 hectómetros cúbicos».

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Císcar desempolva la opción del Ebro sin haber resuelto el Júcar-Vinalopó

El vicepresidente y conseller de Agricultura, José Císcar, volvió ayer a desempolvar la vieja reivindicación del trasvase del Ebro y, aunque sin citarlo expresamente, anunció que una vez hayan entrado en vigor todos los planes de cuenca –faltan los del Júcar y Segura y la previsión es que se aprueben ese mismo mes– la Generalitat reclamará al Gobierno la redacción de un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Proyecto que incluya la necesidad de que la Comunidad Valenciana reciba todos los años un caudal extraordinario de 350 hm3 que no se puede satisfacer con recursos propios. La cantidad es la misma que debía llegar a la Comunidad con el extinto trasvase del Ebro que impulsó Aznar, paró Zapatero y Rajoy no se ha atrevido a recuperar.

Císcar no citó la fuente de la que llegará ese trasvase, limitándose a decir que el agua deberá ser en cantidad, calidad y un precio asumible para los agricultores, lo que descartaría a la desalación. Císcar y el presidente Fabra mantuvieron una reunión en Valencia con cooperativas, organizaciones agrarias y diputaciones, pero en la misma no estaba la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, la misma que lleva nueve años esperando una solución al desbloqueo que sufre la llegada de caudales desde el Júcar. Císcar optó por reactivar la vieja reivindicación pero sin haber hecho los deberes en Alicante, donde en los últimos días ha vuelto a complicarse la opción de recuperar la toma de Cortes de Pallás, la única viable. Una opción que sólo defiende con firmeza en Alicante la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, presente en la reunión.

Este mismo mes está previsto que comiencen a llegar los 15 hm3 desde el Azud de la Marquesa que se pactaron en marzo para regar el arbolado. Solución provisional que se completará con el agua potable que llegará desde el embalse de Alarcón, pero que no soluciona la sobreexplotación de los acuíferos y condena a 300.000 alicantinos a beber agua salinizada.

Por otro lado, la Generalitat actualizará el inventario y ampliará la red de pozos de sequía de manera conjunta con las Confederaciones del Júcar, Segura y Ebro; realizará perforaciones para obtener agua con la que pueda beber el ganado e impulsará ayudas para que los ganaderos puedan combatir el sobrecoste que supone la compra de piensos. También agilizará y flexibilizará los requisitos para el cobro de ciertas ayudas enmarcadas en la Política Agraria Común (Pac).

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Los altos costes eléctricos ponen en riesgo el cultivo de regadío

Las altas tarifas de electricidad están provocando el paulatino abandono de explotaciones de regadío en la provincia. El campo alicantino ha venido haciendo un importante esfuerzo en los últimos años por modernizar sus sistemas de riego y ahora los agricultores tienen que hacer frente a facturas elevadas que agravan la situación de los altos costes en el sector primario. Es una situación que constata el presidente de la Junta Central de Usuarios del Júcar- Vinalopó y vicepresidente de la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana, Andrés Martínez, en sus valoraciones tras el XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes que se ha celebrado recientemente en Huelva. Y es que, desde la supresión definitiva de los precios eléctricos especiales para riego en 2008, el coste para regar «ha subido desorbitadamente y paralelamente la preocupación entre los agricultores, que ya están con el agua al cuello por la subida del gasóleo y de los fertilizantes», argumenta Martínez.

Actualmente, el mayor lastre que soportan los regantes es tener que pagar una potencia que no consumen durante todo el año, ya que en función del tipo de regadío la campaña se extiende entre cinco y seis meses, una situación que deja a muchas explotaciones al borde de la inviabilidad. Para el representante de los regantes «es inconcebible que no se aplique el término de potencia al consumo real que no supera el 15% en muchos casos». En este sentido, sostiene que, pese a las declaraciones de la nueva ministra del rango de buscar una solución, «no vemos una voluntad real de hacerlo porque hay un claro afán recaudatorio y una postura de esclavitud hacia las compañías eléctricas. Se equivocan con su pasividad, porque están matando al sector agrícola que, en estos momentos, está siendo una bomba de oxígeno para la economía del país».

Asimismo, recuerda que se ha invertido esfuerzo y dinero en la modernización del campo y que la provincia cuenta con en un total de 150.000 hectáreas de regadío, lo que se traduce, según Martínez, en miles de puestos de trabajos directos e indirectos. «Están jugando con el pan de todas estas personas y lo que queremos son soluciones, porque sabemos que las hay», recalca.

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El Instituto de Geografía dice que cambiar la toma de Cortes por agua de Alarcón es desleal e insolidario

El Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante consideró ayer un acto de deslealtad e insolidaridad territorial contra la provincia de Alicante, la propuesta de la Conselleria de Agricultura de realizar un trasvase de agua desde el embalse de Alarcón como alternativa a la segunda toma del agua del Júcar-Vinalopó en Cortes de Pallás. Compromiso que, teóricamente mantiene el Ministerio de Agricultura, pero trata ahora de desactivar el Consell con los parabienes de un sector de los propios agricultores alicantinos, algo que amenaza con romper la unidad de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó.

Antonio Rico, director del instituto, denunció ayer que «la propuesta es una vergüenza porque deja sin caudales a zonas muy necesitadas como el Medio y Alto Vinalopó y, además, me parece indigna e insolidaria por parte de Valencia, que de un tiempo a esta parte parece que lo único que acepta enviarnos es la basura que llega a los vertederos de los municipios. ¿Tan difícil es trasvasar agua para beber a Alicante que, por ejemplo, lleva años dando caudales del río Serpis para el regadío en la Plana de Gandía. Es inconcebible», señaló Rico.

La propuesta del propio presidente Alberto Fabra, aceptada por un sector de los agricultores alicantinos, ha provocado también malestar en el seno de la propia Federación Provincial de Comunidades de Regantes que, hasta ahora sólo contemplaban esta posibilidad como un parche hasta conseguir la toma de Cortes de Pallás. «Esta solución no es la nuestra y sólo puede verse como algo provisional porque está claro que la necesidad es más que urgente. El agua del Azud de la Marquesa que hemos aceptado en un gesto de buena voluntad y por lo mal que estamos, no sirve para beber ni regar todo tipo de cultivos», recordó ayer Andrés Martínez, presidente de la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó.

Agricultura ha roto el consenso que había entre los agricultores de la provincia desde 2005 al presentar una alternativa al trasvase Júcar-Vinalopó, en concreto a la toma de Cortes de Pallás, pactada en principio con el exministro Rafael Arias Cañete, que traería el agua potable a Alicante desde el embalse de Alarcón. Una solución que compensa la mala calidad del agua del Azud de la Marquesa (Cullera), muy cara además para el regadío (0,69 euros el metro cúbico).

La opción dejaría sin recursos o a merced de los acuíferos sobreexplotados –algo que no consiente Europa– a la zona de la provincia con mayores carencias hídricas, ya que en el Medio y Alto Vinalopó -comarcas donde nació el Júcar-Vinalopó– ni tienen agua, ni conducciones desde el embalse de Alarcón

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El trasvase desde Alarcón que plantea Fabra no sirve para toda la provincia de Alicante

La Conselleria de Agricultura ha roto el consenso que había entre los agricultores alicantinos desde 2005, al presentar una alternativa al trasvase Júcar-Vinalopó, en concreto a la toma de Cortes de Pallás que se pactó con el exministro Arias Cañete, que traería el agua potable a Alicante desde el embalse de Alarcón. Una solución que compensa la mala calidad del agua del Azud de la Marquesa (Cullera), muy cara además para el regadío (0,69 euros el metro cúbico), pero que no asegura el agua para todas las comarcas.

La opción no disgusta en Elche, es válida para l´Alacantí e, incluso, la Marina Baixa, pero, sin embargo, desconecta del Júcar-Vinalopó a dos de las comarcas más afectadas por la falta de recursos, como el Medio y Alto Vinalopó, que no tienen acceso al agua de Alarcón (los costes de elevación del caudal son inasumibles) y, por lo tanto, seguirían extrayendo de los pozos subterráneos, algunos con el nivel del agua a 500 metros de profundidad.

La alternativa, propuesta por el vicepresidente Císcar y avalada por el jefe del Consell, Alberto Fabra, está a años luz de lo que reclama la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, pero ha sido recibida con agrado por un sector de los agricultores, en concreto los de Elche y la Vega Baja.

Sin embargo, el paso adelante y, en principio unilateral, dado por el Consell, vuelve a tensionar la polémica del agua en la provincia, ya que se produce apenas un mes después de que el Ministerio de Agricultura, hoy gestionado por Isabel García Tejerina, pactara con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó la recuperación de la toma de Cortes de Pallás, en un documento adjunto al plan de cuenca del Júcar que debe aprobar el consejo de ministros antes de julio.

Ahora, se vuelve a cuestionar. esta vez desde Valencia y por un gobierno del PP, la única solución que haría viable el Júcar-Vinalopó para dotar de agua de calidad a una provincia en la que existen 125.000 hectáreas en producción de regadío, y que soporta un déficit anual de agua que supera ya los 300 hm3 . En estos momentos en el acuífero de la Sierra de Crevillent, declarado sobreexplotado desde hace 20 años el agua se extrae a 600 metros de profundidad y con un contenido en sal de 1 gramo por metro cúbico.La falta de operatividad del trasvase Júcar-Vinalopó, unida a la ausencia de lluvias ha provocado que en zonas como Aspe sólo queda agua de riego hasta el mes de julio.

Por otra parte, las lluvias que desde ayer afectan buena parte de España no solucionan la sequía que desde hace meses castiga el este del territorio peninsular, especialmente Alicante, donde entre septiembre y mayo se ha registrado el periodo más seco desde que se tienen archivos de lluvias, hace 150 años. El Ministerio de Agricultura ha reconocido la gravedad del fenómeno en la Comunidad Valenciana, pero también en Murcia, este de Andalucía, sur de Aragón, Castilla-La Mancha y zonas puntuales de Castilla y León y prepara incentivos fiscales.

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Protocolo contra la sequía. La Generalitat restringirá el consumo y rebajará los impuestos de los agricultores

La Generalitat ya trabaja con el resto de Administraciones Públicas en implantat un protocolo de medidas urgentes para hacer frente a la situación desequía que sufre la Comunidad Valenciana. Entre las medidas previstas se contempla la restricción del uso del agua para garantizar el consumo humano y la implantación de exenciones fiscales para las explotaciones agrícolas y ganaderas que están sufriendo las consecuencias de la ausencia de precipitaciones.

De hecho, las organizaciones agrarias han puesto cifra ya al impacto negativo de la sequía en el campo valenciano, que ya acumula pérdidas superiores a los veinte millones de euros. Para paliar esta situación. la Generalitat ya ha entablado negociaciones con el Ministerio de Hacienda para buscar fórmulas que eviten el perjuicio en las rentas de los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Al respecto, la Generalitat ha iniciado conversaciones para poner en marcha una mesa de trabajo conjunta que involucraría a varias consellerias, ministerios y a las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura, con el objetivo de adoptar medidas conjuntas para mitigar las consecuencias de la sequía. En esta línea, el vicepresidente y conseller de Agricultura, José Císcar, desveló ayer que los técnicos están estudiando medidas para paliar la sequía que se sufre en la Comunidad Valenciana y que se van a poner en marcha «en breve».

Así, el «número dos» del Ejecutivo autonómico constató que la sequía –que las organizaciones de agricultores ya catalogan como la peor del último medio siglo– constituye «un problema muy preocupante» ya que llevamos «muchos meses sin llover».

Por este motivo, Císcar anticipó que la Conselleria está «trabajando ya en una serie de medidas» que «pronto se harán públicas» y que se pondrán en marcha «en breve». El vicepresidente de la Generalitat avanzó que se van a aplicar las medidas incluidas en el protocolo contra la sequía, pero que los técnicos están trabajando para aplicar además medidas nuevas.

El precedente de 2005

El documento que están elaborando los técnicos toma como precedente las medidas adoptadas en la última gran sequía registrada hace ahora nueve años. Entonces se acordó la reducción de las dotaciones agrícolas y la limitación determinados cultivos, así como la rebaja de la presión nocturna en redes urbanas y la limitación temporal del suministro.

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